nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, trece de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, empleado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, por el acto que considera ilegal y arbitrario, consistente en efectuar descuentos de su remuneraciones por concepto de crédito personal, vulnerando de este modo, las garantías que la Constitución Política de la República, le asegura en su artículo 19 N°s 3 y 24.

Funda su recurso, exponiendo que es trabajador de la empresa TELRAD CHILE S.A., desde el 16 de junio de 2022. Añade que, en el año 2013, solicitó un préstamo a la recurrida, que se pactó en 48 cuotas mensuales, siendo la última cuota morosa, conforme al pagaré que acompaña, la N° 48, con vencimiento en noviembre de 2017. Agrega que, con fecha 11 de septiembre de 2017, la recurrida interpuso demanda ejecutiva ante el 28° Juzgado Civil de Santiago, en el que actualmente se tramita la prescripción de la deuda.

Señala que, en su liquidación de sueldo, correspondiente al mes de agosto de 2022, evidencia un descuento con nomenclatura “Descuento Crédito Personal CCAF $268.295”. Refiere que dichos descuentos son de carácter adicional y sin relación con su actual crédito con la Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes.

En este contexto, se contactó telefónicamente con personal de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quienes informaron que dicho descuento correspondía a una deuda con dicha Caja de Compensación, del año 2013. Al preguntarles por la razón de dicho descuento, le respondieron que ellos, como Caja de Compensación, “podían y debían realizar dichos descuentos, por una deuda contraída con Caja Los Andes”, sin ofrecer más explicaciones.

Arguye que se pretende por la vía de estos descuentos, que considera ilegales, corregir la desidia y negligencia con que ha actuado la recurrida, en el ejercicio de sus acciones legales tendientes al cobro del crédito, omitiendo y obviando tanto la vía ejecutiva o sumaria; reviviendo y forzando, de manera unilateral, un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, lo cual priva al recurrente de su derecho de propiedad, sobre parte de su retribución económica obtenida con motivo de su actividad laboral que desempeña.

En cuanto a las garantías invocadas, argumenta que el hecho arbitrario e ilegal de la recurrida ha vulnerado la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que, sin fundamento legal, ha puesto al recurrente en una situación desventajosa, distinta y precaria, en relación con todos los otros deudores civiles, pues para obtener el pago de un crédito, se los debe demandar en los tribunales ordinarios, cuestión que la recurrida ha obviado, presuntamente amparada, en una norma de la ley de cajas de compensación, todo con la finalidad de proceder al cobro ilegal, abusivo y extemporáneo de la deuda que por lo demás, a la fecha se halla prescrita. Adicionalmente, va en abierta contradicción a la invariabilidad de los términos del contrato laboral, sino que, además, priva al recurrente del legítimo derecho a percibir su remuneración completa resultado de su trabajo honesto, sobre la que tiene dominio.

Finalmente, pide acoger el recurso ordenando a la recurrida:

1. El reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de las remuneraciones del recurrente, con los intereses que legalmente correspondan y debidamente reajustadas hasta el momento de dicha devolución.

2. Abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de “TELRAD CHILE S.A.”, o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro el recurrente, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos de remuneraciones.

3. Todo lo anterior con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, informando, comparece don Matías Amigo García, abogado, en representación de la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES, quien solicita el rechazo del recurso. Expone que, su representada, con fecha 05 de septiembre de 2014, otorgó al recurrente la operación de crédito, código 080656350-1, por un capital de $523.926.- a una tasa de 2.28%, pagadero en un plazo de 21 meses, con una cuota de $31.999.- cuyo primer vencimiento correspondió el 30 de noviembre de 2014. Refiere que si bien pagó las cuotas de noviembre y diciembre de 2014, los días 10 de septiembre y 10 de octubre de 2022, las restantes se encuentran en mora. Añade que, además, con fecha 04 de noviembre de 2013, otorgó al actor la operación de crédito código 080632158-3, por un capital de $3.266.825.-a una tasa de 2.59%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota de $121.713.- cuyo primer vencimiento correspondió el 31 de diciembre de 2013. Refiere que las cuotas de diciembre de 2013 a octubre de 2014, se pagaron regularmente, en el plazo establecido, mientras que las cuotas de noviembre y diciembre de 2014, fueron pagadas los días 10 de septiembre y 10 de octubre de 2022, encontrándose las restantes también en mora.

Controvierte la existencia de una actuación ilegal y arbitraria, señalando que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social, son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. Señala que el cobro efectuado, lo es respecto de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, pues no existe pronunciamiento judicial sobre la materia, no siendo la presente la vía idónea para alegar o excepcionar la prescripción. Por ende, mal puede el actor pretender evadir el pago de las obligaciones que mantiene con la recurrida a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Agrega que, no obstante lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, su representada ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente, conforme a la orden de no innovar decretada en autos como también dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, esto es, desde agosto de 2022. Señala que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

En estas circunstancias, solicita el rechazo de la acción de protección incoada, por cuanto ha perdido oportunidad, toda vez que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio del derecho de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese atributo.

CUARTO: Que son requisitos indispensables de esta acción, la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quien incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

QUINTO: Que el acto que se estima arbitrario e ilegal por parte del recurrente era aquél consistente en los descuentos de su remuneración que le pagaba la empresa TELRAD CHILE S.A., por orden de la Caja de Compensación recurrida conforme a la existencia de una deuda cuya exigibilidad se encuentra discutida ante un Tribunal de la República.

SEXTO: Que, por otra parte, también es necesario que exista un perjudicado o agraviado, esto es, alguna persona que "por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de...", requisito que, en la especie, no concurre, puesto que, conforme a lo expuesto por la parte recurrida en su informe, no solo ha cesado en descuentos de cualquier suma de dinero de sus remuneraciones por dicho motivo sino que procederá a la restitución de todas aquellas sumas que haya procedido a descontar de las mismas por los mismos fundamentos.

SEPTIMO: Que de lo precedentemente expuesto, aparece que la presente acción cautelar carece ya de objeto, al haber desaparecido el agravio, por lo que el recurso ha perdido oportunidad o actualidad jurídica, al no existir medida cautelar que pueda adoptar esta Corte para restablecer el imperio del derecho, de momento que éste no se encuentra quebrantado.

OCTAVO: Que así entonces no resulta necesario que esta Corte analice si se han quebrantado o no las garantías que se denunciaron como vulneradas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección interpuesta por nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción de la ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya.

No firma el Abogado Integrante señor Gutiérrez, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo por encontrarse con feriado legal.

Protección-102470-2022.- Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la Ministra señora Marisol Andrea Rojas Moya e integrada por la Ministra señora Inelie Duran Madina y por el Abogado Integrante señor José Ramón Gutiérrez Silva.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, trece de enero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.