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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 102370-202218 abr 2023

nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

Fecha
18 de abril de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Santiago
Sala
Primera
Resultado
DE FALLO (DEL ACUERDO)
Cita
Corte de Apelaciones de Santiago, Rol N° 102370-2022, sentencia de 18 de abril de 2023

Resumen

Se acoge el recurso contra Caja Los Andes y se ordena reintegrar lo descontado y abstenerse de nuevos descuentos, por ejercer abusivamente una potestad contractual sin aviso previo; se rechaza respecto de Caja La Araucana, que solo actuó a requerimiento de la acreedora.

Texto íntegro

Santiago, dieciocho de abril de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes (en adelante Caja Los Andes, o Los Andes C.C.A.F.) y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana (en adelante Caja La Araucana o La Araucana C.C.A.F.), por el acto que considera arbitrario e ilegal, consistente en el “descuento intercaja”, que se ha hecho desde sus remuneraciones, sin causa legal justificada.

Refiere que, se desempeña como trabajador dependiente, en el cargo de Supervisor, en la empresa “Acciona Airport Services Chile SPA”, mediante contrato individual de trabajo, de 04 de noviembre de 2021. Sostiene, que en las últimas liquidaciones de sus remuneraciones de los meses de mayo y julio del año 2022, su empleador realizó un descuento por concepto de crédito “Caja La Araucana”, por un monto de $ 88.947, provocándole un grave impacto en su patrimonio, dada la merma del sueldo líquido a percibir.

Relata que, con anterioridad, en el año 2014, trabajó para la empresa LATAM AIRLINES, en calidad de empleado, y se encontraba afiliado a la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, la que le otorgó un crédito o mutuo de dinero, el 09 de mayo de 2014, por un monto de $ 2.046.282, más los intereses correspondientes, mediante un pagaré número 36.RUT reservado, pagadero en 36 cuotas iguales y sucesivas de $ 87.667, a partir del 30 de junio de 2014, y hasta el 30 de junio de 2017.

Arguye que, presuntamente amparadas en la Ley de Cajas de Compensación, las recurridas efectuaron los descuentos, sin información previa, los que corresponderían a una deuda que, en todo caso y para todo efecto legal, se halla prescrita, de acuerdo a las reglas generales del derecho civil.

Precisa que, la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, intentó proveerse de vías judiciales presentando demanda ejecutiva de cobro de pagaré, en su contra, ante el 4º Juzgado Civil de Santiago, bajo el rol C-24109-2015, juicio, que se encuentra extinto, mediante sentencia que declaró abandonado el procedimiento.

Agrega que, según lo relatado, la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes ha instruido a la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, la práctica de los descuentos por planilla, y ésta última, a su vez, ha comunicado a su empleador dicho descuento, quien ha procedido a efectuarlo.

Argumenta que, el acto cuya arbitrariedad ha sido constatada, vulnera las garantías consagradas en la Constitución Política de la República, en su artículo 19 Nº 3, 16 y 24, de igualdad ante la ley, libertad de trabajo, y derecho de propiedad.

Concluye, solicitando se acoja el recurso, ordenando a las recurridas: el reintegro y devolución de todas y cada una de las sumas descontadas de sus remuneraciones, a propósito de este “descuento intercaja”, debidamente reajustadas hasta el momento de la devolución; abstenerse de realizar por sí y/u ordenar que se realicen por terceros, especialmente por parte de Acciona Airport Services Chile SPA, o por cualquier otro empleador que tenga o tuviere en el futuro, o por cualquier otro organismo público o privado, descuentos desde sus remuneraciones.

Segundo: Que, informando, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, señala que, el recurrente don nombre reservado, no figura en sus registros, con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que, única y exclusivamente, a requerimiento de Los Andes C.C.A.F., y como mandataria de ésta, ha informado al empleador el protegido, la existencia de una deuda, solicitando el respectivo descuento en virtud del “Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar Cajas de Chile A.G.”

Cita el artículo 1° de la Ley N° 18.833, que establece que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, son entidades de previsión social constituidas como corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, y cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, encontrándose regidas por la referida ley, sus reglamentos, sus estatutos particulares y, supletoriamente, por las disposiciones del Título XXXIII del Libro I del Código Civil. En lo relativo a las prestaciones que administran, manifiesta, que respecto de todos sus afiliados, las Cajas de Compensación, entre otras funciones, administran prestaciones de seguridad social, consistentes en el régimen de crédito social, el régimen de prestaciones adicionales y el régimen de prestaciones complementarias.

En este contexto, y para dar efecto a las instrucciones emanadas de La Superintendencia de Seguridad Social, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social, pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar, y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso. De modo que, la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que el mismo, se efectúa por un tercero, a saber, otra Caja de Compensación de Asignación Familiar, permitiendo mediante este mecanismo regularizar, a través de este sistema integrado,la deuda pendiente que un trabajador tenga con una Caja de Compensación, por concepto de crédito social, en virtud de su naturaleza jurídica, esto es, por tratarse de prestaciones de seguridad social.

Agrega que, en este contrato, además, es parte la Asociación Gremial de Cajas de Compensación de Asignación Familiar, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 N°7 de la Ley N° 18.833, que autoriza, expresamente, a las Cajas de Compensación, para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social, de acuerdo lo establece el artículo 1° de la citada Ley.

Reitera que, teniendo además, en consideración, la calidad jurídica en que ha obrado en relación a lo expuesto por el recurrente, quien no ha entregado información insuficiente, pues, la razón por la cual se le aplica el descuento, lo es en calidad de mandataria de Los Andes C.C.AF., la que es su acreedor, y quien posee todos los antecedentes relativos a la acreencia; y por otra parte, el actor no ha manifestado tener algún servicio financiero contratado con su entidad.

Concluye, afirmando, que su representada, no ha vulnerado garantía constitucional alguna, no existiendo de su parte una actuación ilegal o arbitraria, por cuanto, ha obrado conforme a las atribuciones que legalmente se encuentra investida, por lo que, pide el rechazo del arbitrio.

Tercero: Que informando la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, refiere que, con fecha 9 de mayo 2014, otorgó al señor nombre reservado, un mutuo, a través de la operación de crédito código 36.RUT reservado, por monto de capital inicial de $ 2.046.282, a una tasa de interés del 2.56%, pagadero en un plazo de 36 meses, con una cuota mensual de $ 88.947, cuyo primer vencimiento correspondió al 30 de junio 2014.

Relata que, las cuotas de los meses de junio 2014 a junio 2015, se pagaron en el período comprendido, entre el 10 de julio de 2014 y el 26 de septiembre de 2022; y a la fecha, dicha operación de crédito social, se encuentra en cobranza judicial, pues, registra un estado moroso, respecto de las cuotas de los meses de julio de 2015 a mayo de 2017.

Precisa que, los descuentos, destinados al pago de las antedichas cuotas, son informados al empleador del deudor, de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, que establece que: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”.

Afirma que, la deuda cuya acción de cobro se persigue en contra del recurrente, no ha sido declarada prescrita, la que, por lo demás, según lo establecido en los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, debe ser alegada, y declarada judicialmente, lo que no ocurre en la especie.

Sin perjuicio de lo anterior, indica que, sin reconocer la extinción de la deuda, ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, la Caja Los Andes, ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al señor nombre reservado; y que dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido percibidas a partir de la reanudación de los cobros.

Hace presente, que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior a aquel en que se hacen efectivos los descuentos. No obstante, asegura, dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

En estas circunstancias, solicita el rechazo de la presente acción de protección, por cuanto, ha perdido oportunidad, toda vez, que ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y a disponer su restitución, como ha sido pedido.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley-, o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que el mérito de los antecedentes expuestos por las partes y documentos acompañados, permiten establecer:

a.- Que la recurrida Caja Los Andes, otorgó un crédito al recurrente por la suma de $ 2.046.282, el 9 de mayo de 2014, a una tasa de interés del 2,56%, con una cuota mensual de $ 88.947, pagadero en 36 meses, a contar del 30 de junio de 2014 y hasta el 30 de mayo de 2017.

b.- Que el recurrente incurrió en mora en julio de 2015.

c.- Que la Caja Los Andes, judicializó el cobro de las cuotas morosas del crédito, interponiendo demanda ejecutiva, en contra del señor nombre reservado, la que ingresó bajo el rol N° C-24109-2015, ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, causa que se declaró abandonada.

d.- Que la Caja Los Andes, mediante el convenio de cobro intercajas, procedió por medio de la Caja La Araucana, a notificar al actual empleador del actor el descuento de las cuotas del crédito social, directamente por planilla de sus remuneraciones mensuales, en los meses de mayo y julio de 2022, por montos de $ 88.947 mensuales.

e.- Que Caja Los Andes, reconoció haber dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito en cuestión, y que dispondrá la restitución de aquellas sumas que se hayan recibido desde la reanudación de los cobros, y todas aquellas percibidas en el intertanto.

f.- Que el recurrente, reconoció en estrados, en la vista de la causa, que los descuentos habían cesado, pero que aún no le habían reembolsado lo descontado.

Sexto: Que, en cuanto a la normativa legal aplicable al caso, si bien el artículo 22 de la Ley N° 18.833, establece, que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, debe ser deducido de su remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

En este caso, la Caja respectiva, ante la mora en el pago, optó por judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo así su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, retomando los descuentos de dicho crédito con el actual empleador del protegido, lo que conduce a calificar de arbitraria dicha actuación, al revivir un cobro basado en un beneficio que se concede por la ley ante cobros oportunos, calidad que no es posible predicar en este caso, de modo que, tratándose de una facultad excepcional la que le concede la ley, su ejecución ha de ser restrictiva, en especial considerando que ejerció ante el Cuarto Juzgado Civil de esta ciudad la acción de cobro ejecutiva, según ha quedado asentado, y que la circunstancia de encontrarse abandonado el procedimiento incoado, en ningún caso importa que la recurrida Caja Los Andes, quede habilitada para perseguir el cobro mediante el mecanismo establecido en el precepto legal precitado.

Séptimo: Que, en ese sentido, la sujeción a la Constitución y las leyes proscribe la arbitrariedad, debiendo de acuerdo con la función pública que ejerce la recurrida conducirse motivada y racionalmente, encontrándose obligada, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al protegido, luego de transcurrido tan extenso lapso de tiempo y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la ley y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa del recurrente de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

Octavo: Que, constatada la arbitrariedad del acto en que ha incurrido Caja Los Andes, y la afectación al derecho de propiedad del protegido, en tanto se le priva de parte de sus remuneraciones, ejerciendo abusivamente sus atribuciones, especialmente en casos como éste, al ejercerse respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo sin aviso previo, reiniciando una cobranza extrajudicial a la que renunció al optar por la vía judicial, independientemente de su estado procesal, no cabe sino acoger la acción de protección intentada respecto de la citada Caja de Compensación.

Noveno: Que en lo que toca a la Caja La Araucana, procederá desestimar el presente arbitrio interpuesto en su contra, toda vez, que no le cabe responsabilidad en el acto denunciado, por cuanto, ésta solo ha actuado a requerimiento de la Caja Los Andes, solicitando el descuento de las cuotas sociales al actual empleador del protegido, en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar Cajas de Chile A.G., y remesándolas a Caja Los Andes, que es la acreedora del mutuo otorgado al señor nombre reservado.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección:

I.- Se acoge, el deducido por don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, disponiéndose el reintegro y devolución de las sumas descontadas y la abstención por parte de dicha entidad recurrida de ordenar los descuentos que motivan el presente recurso; y II.- Se rechaza, el presente arbitrio, deducido, por el señor nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción de la Ministro señora Duran Madina.

Ingreso Corte N° 102370-2022 Protección Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya, e integrada, además, por la Ministro señora Inelie Duran Madina, y Abogado Integrante señor Claudio García Lamas. No firma el abogado integrante señor García, quien concurrió a la vista del causa y al acuerdo, por haber cesado sus funciones en esta Corte.