nombre reservado con COMISION MEDICA REGIONAL CONCEPCION

Santiago, veinticinco de julio de dos mil veinticuatro.

Al folio 63: a sus antecedentes.

Visto y Considerando:

Primero: Comparece don nombre reservado quien ejerce la acción de protección constitucional en contra de la Superintendencia de Pensiones, de la Comisión Médica Central y la Comisión Médica Regional de Concepción, por aceptar la primera, lo resuelto por las comisiones médicas y en razón de falta a la legalidad y de racionalidad en los procesos administrativos en las calificaciones de invalidez del recurrente, respecto de las dos últimas.

Afirma que la Superintendencia de Pensiones rechazó, arbitrariamente, por Oficio Ordinario Nº 16.013 de fecha 17 de agosto de 2022, la reposición del actor, en contra del dictamen de la Comisión Médica Central (Resolución Nº C.M.C 3970/2022, de fecha 13 de abril de 2022) que confirmaba a su vez la resolución de la Comisión Médica Regional de Concepción, (Dictamen Nº 010.384/2022 de fecha 27/01/2022) las cuales le negaron la concesión de la pensión de invalidez.

Señala que los fundamentos alegados por la Superintendencia son los siguientes:

1.- Que, el recurrente presentó solicitud de invalidez con fecha 11/11/2021 ante la Comisión Médica Regional de Concepción, la que estableció un impedimento Tinnitus, con un 5% de menoscabo laboral, habida cuenta que, sólo se encontró Tinnitus en el oído derecho;

2.- Que, no se configuran los impedimentos neurológicos señalados por el suscrito;

3. Que, no se cumple con el período mínimo de 12 meses de evaluación de acuerdo a las Técnicas para Evaluación y Calificación de la invalidez.

4. Que no se encuentra acreditado el trastorno de adaptación con inicio en el mes de abril de 2021, y por el cual, el médico consultor Psiquiatra, habría considerado, que se podría obtener una conducta adaptativa, agotando los medios terapéuticos.

Agrega que los hechos reales son los siguientes:

a) La solicitud de invalidez presentada por el recurrente a la AFP CAPITAL es de fecha 05/11/2021, y no de fecha 11/11/2021 como se señala por la Superintendencia De Pensiones.

Conforme al informe neurológico emanado del Dr. nombre reservado de fecha 23/02/2022, presentado oportunamente ante la Comisión Médica Central y que se acompaña, en un otrosí de esta presentación, el suscrito es portador de Tinnitus persistente del OD intensidad fluctuante entre los 45 y 60 dbs, que se inicia en febrero de 2020, sin hipoacusia asociada, pero con hipoexcitabilidad vestibular de OD de un 29,7%, con tratamiento de varios meses sin obtener beneficios terapéuticos. A causa de la Persistencia del Tinnitus diurno y nocturno el suscrito presenta un cuadro depresivo reactivo, que ha requerido hasta la fecha tratamiento psiquiátrico.

De acuerdo a los exámenes, el suscrito presenta dislipidemia, aparición de cefaleas, hipersomnolencia diurna, dificultad atencional y desconcentración, ansiedad con disfemia, temblor de extremidades y desequilibrios con latero pulsiones de la marcha, más evidentes hacía la derecha, nerviosismo y desanimo, amplia dificultad para realizar su actividades diarias habituales, con una importante interferencia en su desempeño laboral e interacción social.

El informe concluye que, habiendo transcurrido dos años desde el inicio del Tinnitus OD severo persistente alojado en el costado derecho del cerebro y agravación del trastorno adaptativo mixto por aparición de una Hiperacusia, patología que no tiene tratamiento efectivo conocido.

Por su parte, el INFORME DE DESEMPEÑO IVADEC-CIF procedimiento emanado desde el COMPIN con fecha 08 de agosto de 2022, que se acompañó, señala como resultados los siguientes:

ORIGEN PRINCIPAL DE DISCAPACIDAD Auditivo OTROS ORIGENES Visual/físico/menta psíquico/ GRUPO ETAREO Persona de 10 años o más INDICE DE DISCAPACIDAD 2,8 INDICE DE DESEMPEÑO 1,2 PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD 70% GRADO DE DISCAPACIDAD SEVERO Además, afirma que el FORMULARIO DE CONFIRMACION Y TRATAMIENO emanado de Redgesam, de fecha 28 de abril de 2021, presenta para el recurrente el DIAGNOSTICO GES consistente en depresión en personas de 15 años y más, Trat. Dep., con psicosis, alto riesgo suicida o refractereidad, fase aguda. Próxima atención psiquiatra.

Agrega que el FORMULARIO DE CONFIRMACION Y TRATAMIENTO emanado de Redgesam, de fecha 20 de mayo de 2021, confirma el mismo diagnóstico.

En cuanto a la ilegalidad y arbitrariedad señala por separado lo siguiente:

A) Por parte de la Comisión Médica Central y la Comisión Médica Regional de Concepción, se expresa que el artículo 11 del Decreto Ley Nº 3500, establece el procedimiento al que se deben someter las solicitudes de calificación de invalidez. Añade que los procesos administrativos de calificación de invalidez, no sólo deben ajustarse a la legalidad, sino que deben también estar dotados de la necesaria racionalidad exigible al actuar de la Administración, cualidad incompatible con el actuar de la Comisión Médica Central y Regional, al prescindir de un gran cúmulo de antecedentes y elementos de convicción a que están llamados a ponderar, evidenciando una omisión arbitraria e ilegal que determina el bajo porcentaje de incapacidad, que en definitiva, priva al actor de la correspondiente declaración de invalidez.

B) En cuanto a la Superintendencia de Pensiones, afirma que las comisiones médicas son independientes en la resolución de calificaciones de invalidez, no encontrándose dentro de su ámbito, incidir de forma alguna en ello, si puede y debe supervigilar, en lo que respecta a la operatividad de su funcionamiento, dentro de lo que se encuentra, sin lugar a dudas, el velar porque en el actuar éstas, en cumplimiento de sus propios fines con respecto al ordenamiento jurídico, pues aquellas cuyo principal rol es precisamente de fiscalización, conforme lo dispone el artículo 94 Nº 17 del Decreto Ley. N° 3500, función de que no cumplió al rechazar la solicitud de reposición, ratificando genéricamente y con las mismas omisiones arbitrarias e ilegales de antecedentes, que han incurrido la Comisión de Medicina Regional de Concepción, y la Comisión de Medicina Central.

Por lo expuesto, considera que el comportamiento de las recurridas es arbitrario e ilegal, por omitir la ponderación de antecedentes que están llamadas a analizar, lo que importa una discriminación en perjuicio del actor, en relación con otras personas que, en condiciones jurídicas equivalentes, han sido favorecidas con procedimientos de calificación de invalidez racionales y justos, por lo que afecta la garantía prevista en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política de la República de Chile.

En su petitorio solicita:

1º Que, la Superintendencia de Pensiones, debe cumplir con su rol fiscalización, y supervigilancia operativa conforme al artículo 94 Nº 17 del Decreto Ley. N° 3500.

2º Que, se deje sin efecto, lo resuelto en el ordinario Nº 16013, de fecha 17 de agosto de 2022 por la Superintendencia de Pensiones; el dictamen de la Comisión Médica Central (Resolución Nº C.M.C 3970/2022, de fecha 13 de abril de 2022) y la resolución de la Comisión Médica Regional de Concepción, (Dictamen Nº 010.384/2022 de fecha 27 de enero de 2022) las cuales, negaron a conceder la pensión de invalidez.

3º Que, debe practicarse una completa reevaluación de la condición de salud y grado de invalidez del recurrente, con los antecedentes médicos omitidos y presentados, o se realicen exámenes médicos actualizados al actor, por una comisión de médicos diversos de aquella que ya ha intervenido el proceso, y resolver la solicitud de invalidez del recurrente ajustándose a los nuevos exámenes, y antecedentes omitidos.

4° Que, la Superintendencia de Pensiones deberá disponer de las medidas para cumplir lo resuelto en el fallo del Recurso.

5° Que se respete la fecha original de Inicio solicitud de Pensión.

Todo ello con costas.

Segundo: Que, comparece (pag. 79) don nombre reservado, fiscal de la Superintendencia de Pensiones, en representación de la Superintendencia de Pensiones, informando en contestación a la demanda de protección constitucional, formulando, en primer término, ciertas cuestiones previas:

1. Falta de legitimación pasiva de la Superintendencia de Pensiones. Afirma que el acto objeto del recurso, conforme a lo que en él se señala como también en la parte petitoria del mismo, no es otro que el Dictamen de Invalidez Nº 010.384/2022, de 27 de enero de 2022 y Resoluciones C.M.C Nos 3970/2022, 5619/2022, de 13 de abril y 23 de mayo de 2023, respectivamente, el primero emitido por la Comisión Médica Regional de Concepción y las dos últimas, por la Comisión Médica Central y no por dicha Superintendencia. La primera, tiene por función la evaluación y calificación propiamente tal; y la segunda, es la instancia de reclamo para las partes en contra de los dictámenes de invalidez que emiten las Comisiones Médicas Regionales.

Tales Comisiones Médicas no dependen de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones —hoy Superintendencia de Pensiones— ni forman parte de su estructura orgánica para efectos de emitir sus pronunciamientos. Más aún, por expresa disposición del artículo 18 del reglamento del Decreto Ley N° 3.500 (contenido en el Decreto Supremo N° 57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social) estas Comisiones Médicas gozan de autonomía en cuanto al conocimiento y calificación de las solicitudes de invalidez sometidas a su consideración.

Del mismo modo, el inciso tercero del artículo 19 del citado Reglamento prescribe que la Superintendencia tendrá la supervigilancia administrativa de estas Comisiones Médicas e impartirá las normas operativas que se requieran para calificar la invalidez.

Si bien por expresa disposición del inciso tercero del artículo 11 del Decreto Ley N° 3.500, esta Superintendencia de Pensiones debe designar por intermedio de concurso público, la contratación de los médicos integrantes de las referidas Comisiones Médicas, la norma que reglamenta esa disposición es el artículo 20 del Decreto Supremo N° 57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que prescribe que debe hacerlo sobre la base de honorarios y no serán funcionarios dependientes de aquélla. Agrega que este Organismo Fiscalizador no tiene la representación judicial ni extrajudicial de las Comisiones Médicas Regionales, ni de la Comisión Médica Central, de conformidad con los artículos 94 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980; 3° del Decreto con Fuerza de Ley N° 101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y 47 de la ley N° 20.255.

Sostiene que tampoco tiene el ejercicio de atribuciones resolutivas de los reclamos interpuestos por las partes en contra de los dictámenes de invalidez que emiten las Comisiones Médicas Regionales.

2. La inadmisiblidad de la acción de autos, por exceder el ámbito de la acción de protección constitucional. Sostiene que el ejercicio de las facultades jurisdiccionales de los tribunales de justicia, con el propósito de salvaguardar los derechos de las personas de un modo directo e inmediato. La jurisprudencia y la doctrina están contestes en cuanto a que el objeto de esta acción cautelar no es otro que poner remedio o solución, lo más pronto posible, a situaciones de hecho que en un determinado momento son alteradas por un tercero, siempre y cuando dicho acto afecte alguna de las garantías constitucionales que el referido artículo 20 de la Constitución Política de la República señala expresamente.

Vale decir que, por esta vía, es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende el recurrente ni que se deje sin efecto un acto administrativo, como son los dictámenes de la Comisiones Médicas Regionales o Resoluciones de la Comisión Médica Central, pidiendo se ordene retrotraer el procedimiento a un estado anterior al dictado de aquéllas, ya que no se trata de una acción de nulidad de derecho público ni un recurso de casación.

Las alegaciones de la acción son las mismas por las cuales fue rechazada la solicitud de invalidez, en el cual se determinó que las enfermedades alegadas como invalidantes no le provocan una pérdida de capacidad de trabajo que le permita acceder a pensión de invalidez, lo que confirman que en la especie no existe derecho indubitado preexistente a favor del señor nombre reservado.

El actor lo que reclama es su disconformidad con el porcentaje de invalidez otorgado respecto de las patologías alegadas como invalidantes, pretendiendo transformar así esta acción cautelar.

—En cuanto al fondo, señala la legalidad del acto impugnado y la carencia de arbitrariedad.

Expresa que mediante el Oficio N° 10.083, de 2 de junio de 2022, la Superintendencia respondió la presentación del señor nombre reservado, informándole que la calificación de invalidez está regida por los artículos 4° y 11° del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, que la Superintendencia no puede intervenir sobre ella.

1. En cuanto a la legalidad del acto impugnado. Refiere sobre la acusación de que este organismo no cumplió su rol fiscalizador consagrado en el número 17 del artículo 94 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, infringiendo de esta forma la garantía constitucional consagrada en el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, reitera que la Superintendencia no ha tenido participación en el proceso de evaluación y calificación de la invalidez. Agrega que la Superintendencia se limitó a informar y señalar que el proceso de evaluación se ajustó a la normativa y no hubo irregularidad en el mismo y que los únicos órganos que pueden intervenir en dicho proceso son las Comisiones Médicas Regionales y Comisión Médica Central.

Sostiene que el actuar de la Comisión Médica Regional de Concepción como la Comisión Médica Central, se encuentran debidamente motivado, ya que luego de haberse analizar las interconsultas médicas y luego de un debido razonamiento de todos los antecedentes médicos recabados, se realizó un estudios y análisis necesarios frente a la presentación y reclamaciones realizadas por el actor.

Asevera que la función de esta Superintendencia está determinado en el numeral 17 del artículo 94 del Decreto Supremo N° 57 de 1990, limitándose sólo a supervisar administrativamente las Comisiones Médicas Regionales y Central e impartir las normas operativas.

2. En cuanto a la carencia de arbitrariedad. Argumenta que tampoco puede estimarse que la Superintendencia actuó arbitrariamente, toda vez nunca intervino en el proceso de evaluación ni calificación del grado de invalidez del recurrente, y la presentaciones que realizó ante el Órgano Fiscalizador fueron informadas debidamente, haciendo presente que esta Superintendencia no tiene competencia para intervenir en el proceso de calificación , denunciando alguna irregularidad en el proceso de solicitud de invalidez.

Concluye que sobre la base de las consideraciones que anteceden, esta Superintendencia no ha incurrido en actos de privación, perturbación o amenaza de los derechos constitucionales fundamento del recurso Tercero: Que, comparece (pag. 127) doña nombre reservado, Presidenta de la Comisión Médica Central, en representación de la Comisión Médica Central.

—Señala diversas cuestiones previas:

A) Falta de legitimación pasiva de la Comisión Médica Central. Sostiene que las Comisiones Médicas Regionales y esta Comisión Médica Central no tienen personalidad jurídica ni patrimonio propios y son supervigiladas por la Superintendencia de Pensiones conforme con lo dispuesto en el artículo 94 N° 17 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980 y los artículos 18, 19 y 37 del Decreto Supremo N° 57, de 1990, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que contiene el Reglamento de dicho decreto ley. Consecuente con ello, estas Comisiones Médicas pertenecen a la Administración Central del Estado, de modo que su representación judicial corresponde al Consejo de Defensa del Estado.

B) La inadmisiblidad de la acción de autos, por exceder el ámbito de la acción de protección constitucional, sostiene una argumentación en la misma línea que la Superintendencia de Pensiones.

—En cuanto al fondo, señala que el actor el 11 de noviembre de 2021, presentó solicitud de pensión y calificación de invalidez, la que motiva la presente acción cautelar. En esta oportunidad, el recurrente fundó su solicitud de invalidez alegando como principales enfermedades: probable Méniere inicial, trastorno adaptativo, tinnitus severo, tratamiento depresivo con psicosis, alto riesgo suicida o refractariedad, fase aguda.

Del proceso de evaluación conoció la Comisión Médica Regional de Concepción, la que para una acertada evaluación requirió peritajes con médicos interconsultores neurólogo, otorrino y psiquiatra.

El interconsultor neurólogo, Dr. nombre reservado., evaluó al recurrente el 20 de diciembre de 2021, quien señaló que el paciente de 59 años, con trastorno del ánimo, tinnitus y síntomas neurológicos (temblor y voz escandida de cuatro meses de evolución), que, aún cuando impresiona temblor psicógeno, sus trastornos neurológicos, de ser orgánicos, deben tener al menos 12 meses de evolución para ser configurados.

Por su parte, la interconsultora otorrinolaringóloga, Dra. nombre reservado, evaluó al Señor nombre reservado, el 22 de diciembre de 2021, sugiriendo configurar impedimento por Tinnitus, con 5% de menoscabo. Sin antecedentes de exposición a ruidos. Indica que presenta tinnitus en oído derecho desde hace aproximadamente dos años. Señala que examen físico de oídos y audiometrías son normales, y que el único hallazgo tinnitus en oído derecho. Adicionalmente, el estudio funcional de equilibrio es absolutamente normal, sin nistagmo espontáneo ni posicional y prueba calórica normal y simétrica.

El 12 de enero de 2022, el recurrente fue evaluado por interconsultora psiquiatra, Dra. nombre reservado, quien señaló que el señor nombre reservado tiene como antecedentes un probable síndrome de Menière, tinnitus y encefalitis a los cuatro años. Se controla con psiquiatra desde marzo del 2019 y hace, aproximadamente, un año en control en plan Auge-Ges. Además, controlado por dos psicólogos, uno de manera privada por vía telemática desde Santiago, desde una fecha indeterminada, y con psicólogo a través de plan Auge Ges hace dos meses. Indicó que está con un buen esquema de tratamiento farmacológico y en dosis terapéuticas, tomando desde marzo 2019 un antidepresivo dual, Ectien XR (Venlafaxina XR 150mg/día, dosis máxima 225mg/día), un ansiolítico que es Clotiazepam 20 mg/día y Quetiapina, en dosis hipnótica, 25mg/noche. Agrega que presenta un Trastorno de adaptación, de intensidad moderada y frecuencia constante, que interfiere en el área de la eficiencia social, doméstica, desplazamiento. Considera el cuadro clínico como impedimento no configurado porque puede lograrse una conducta mas adaptativa, ya que no se han agotado las alternativas terapéuticas disponibles y a su alcance, tales como optimización de la dosis de Venlafaxina, uso de dos antidepresivos con distintos mecanismos de acción, derivación a hospital diurno, etc.

Señala que luego de todo ello se recibieron los informes la Comisión Médica Regional de Concepción, en Sesión N° 20 de 27 de enero de 2022, procedió a estudiar los antecedentes del caso. Agrega que se le hace dos entrevistas, una telefónica con la médico asesor de afiliado Dra. nombre reservado, y otra personal al señor nombre reservado, teniendo en cuenta evaluaciones de interconsultores neurólogo, otorrino y psiquiatra, con las que concuerda.

Se dictaminó de acuerdo a los artículos 4° y 11° del Decreto Ley 3500 de 1980, que el señor nombre reservado sí padecía de tinnitus y que su porcentaje es 5. Por lo expuesto es que la Comisión Médica Regional de Concepción, mediante Dictamen de Invalidez N°010.384/2022 de 27 de enero de 2022, determinó rechazar la solicitud de pensión de invalidez, toda vez que las enfermedades alegadas como invalidantes, no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de a lo menos el 50%.

Mediante Resolución C.M.C. N°3970/2022 de 13 de abril de 2022, esta Comisión Médica Central confirmó el dictamen N°010.384/2022 sobre la base del mismo diagnóstico.

El 18 de mayo de 2022, interpuso un recurso de reposición en contra de la Resolución C.M.C. N°3970/2022, de 13 de abril de 2022, manifestando su disconformidad con la resolución. Hizo crítica a la idoneidad de los interconsultores y del proceso. No adjuntó nuevos antecedentes. Del recurso conoció, nuevamente, esta Comisión Médica Central en Sesión N°358 de 23 de mayo de 2022, integrada por médicos distintos de quienes conocieron de la apelación. El médico asignado al caso, estableció que el recurrente fue bien evaluado según Normas vigentes. Fue evaluado por interconsultor neurólogo, el que señaló que no configura impedimento de su especialidad. Planteó que el recurrente le refirió temblor y voz robótica de cuatro meses de evolución. Da cuenta de temblor que desaparece con distracción. Sospecha origen psicógeno. Plantea no cumple periodo observación.

Finalmente, se estudió el informe del médico interconsultor psiquiatra, quien sugiere no configurar Trastorno neurótico, ya que estaba en controles en salud mental desde marzo 2019. Hace un año tratamiento ocurre en GES. Se controla con dos psicólogos.

Atendido lo anterior, mediante Resolución C.M.C. N° 5619/2022 de 23 de mayo de 2022, esta Comisión Médica Central acordó rechazar el recurso de reposición administrativo, confirmando la Resolución C.M.C. N° 3970/2022, de 13 de abril de 2022.

El 12 de agosto de 2022, el recurrente interpuso un recurso de revisión extraordinario, limitándose a adjuntar evaluación realizada por el área Salud GES de Fonasa en San Pedro de la Paz, refiriendo que la negativa a concederle pensión de invalidez era arbitraria y ajustada a la conveniencia de esta Comisión Médica Central.

La Comisión Médica Central en Sesión N° 661 de 29 de septiembre de 2022, determinó que el Recurso Extraordinario de Revisión no cumple los requisitos que, para ser acogido a tramitación, exige la Ley Nº 19.880, en su Art. 60º. Mediante Resolución C.M.C. N°10638/2022 de 29 de septiembre de 2022, esta Comisión Médica Central rechazó el recurso de revisión extraordinario, confirmando la Resolución C.M.C. N° 5619/2022 de 13 de abril de 2022. Las patologías alegadas como invalidante no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de a lo menos un 50%.

—En cuanto a los antecedentes de Derecho, sostiene que el artículo 4° del Decreto Ley N° 3.500 de 1980, desde el punto de vista médico, el derecho a pensión de invalidez de los trabajadores afiliados al Sistema está condicionado al hecho que presenten o sufran un menoscabo laboral permanente de a lo menos un cincuenta por ciento, para invalidez parcial y, mayor de dos tercios para invalidez total, a causa de enfermedades o debilitamiento de sus fuerzas físicas o intelectuales.

Sostiene que el legislador ha establecido un procedimiento médico administrativo especial, de evaluación y calificación de invalidez de doble instancia, cuya función corresponde a las Comisiones Médicas establecidas en el artículo 11 la misma ley.

El artículo 22 inciso tercero prescribe que los antecedentes aportados por el afiliado no podrán ser determinantes por sí solos en la calificación de la invalidez del solicitante y formarán parte del expediente respectivo.

Sólo los impedimentos configurados permiten asignar el menoscabo laboral porcentual que dictan estas normas. El impedimento configurado es aquel que cumple con los requisitos siguientes:

1. Es objetivable según conocimientos médicos validados o evidencia médica.

2. Es demostrable por medios clínicos, de laboratorio, pruebas funcionales o imagenología.

3. Las medidas generales y terapias médicas o quirúrgicas accesibles por el evaluado están efectuadas o no revertirán el impedimento de acuerdo a la evidencia médica. La falta de acceso a tratamientos por su complejidad o costo está demostrada por peritaje sociolaboral.

4. La evolución según la probabilidad médica se ha estabilizado o está en agravación y no existe en el estado actual del arte tratamientos accesibles que reviertan la condición.

5. Los períodos de observación clínica indicados en estas normas para las especialidades respectivas están cumplidos. Hará excepción de esto, aquel impedimento cuyo curso clínico sea objetivamente irreversible e inexorable.

En ausencia de alguno de estos cinco requisitos, el impedimento se considerará no configurado y, por lo tanto, no procederá asignar menoscabo laboral permanente.

Existiendo posibilidades de acceso a tratamiento a través de Garantías Explícitas de Salud (GES) u otros programas ministeriales, estos esquemas de terapia se considerarán exigencias mínimas para configurar, con excepción de las terapias paliativas.

Los Impedimentos no configurados no señalan ausencia de enfermedad, sólo el incumplimiento de las condiciones que permiten considerarlo para calificar la invalidez.

—En cuanto a la ilegalidad del acto, señala que la acusación de que en el proceso de evaluación de invalidez no hubo la necesaria racionalidad exigible al actuar de la Administración, toda vez que afirma que se prescindió de un gran cúmulo de antecedentes y elementos de convicción a que están llamados a ponderar, evidenciando una omisión arbitraria e ilegal, no es correcta.

Agrega que del relato de los hechos puede apreciarse que tanto el dictamen de la Comisión Médica Regional como la resolución de esta Comisión Médica Central, se encuentra debidamente motivada, y atendido los antecedentes médicos a los que se ha hecho referencia. De esta manera, el actuar del órgano ha sido legal, ceñido estrictamente al procedimiento especial de evaluación y calificación de invalidez.

Señala que el actor no explica de manera alguna cuáles serían éstos antecedentes no tomados en consideración, ya que el recurrente no solo fue examinado por tres médicos especialistas, sino que también hay exámenes complementarios que se tuvieron en consideración al momento de evaluar, a modo de acreditar todas las patologías descritas y establecer así el grado de invalidez que correspondiera ni solicitó nuevas evaluaciones.

La letra c) del inciso quinto del artículo 11 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980 dispone que la Comisión Médica Central estudiará los antecedentes que le sean enviados y podrá disponer que se practiquen al afiliado nuevos exámenes o análisis. No se practicaron nuevos exámenes atendido los antecedentes e informes que obraban en el expediente.

Insiste en que los antecedentes allegados al procedimiento por la parte, no es determinante para resolver.

Existiendo un procedimiento administrativo especial para la evaluación y calificación de invalidez, regulado en los artículos 4 y 11 del Decreto Ley N°3.500, al cual se ha hecho referencia latamente, no puede considerase que se incumplió con la Ley 19.880, ya que debe ceñirse al procedimiento especial establecido al efecto, tal como lo efectuó —En cuanto a la arbitrariedad del acto. Los actos emitidos por esta Comisión Médica Central han sido el resultado de un procedimiento legal, técnico científico, debidamente razonado a la luz de los resultados de las pericias médicas y exámenes complementarios y de lo previsto para cada impedimento por las Normas de Evaluación, de modo que nada hay de arbitrario en ello, resoluciones que se encuentran debidamente fundadas, por lo que no hay arbitrariedad alguna.

Cuarto: Que, comparece (pag. 230) doña nombre reservado, Presidenta Coordinadora de la Comisión Médica Regional de Concepción, en representación de la Comisión Médica Regional de Concepción, informando en contestación de la demanda de protección constitucional, se remite a lo expuesto por la Comisión Médica Central.

Quinto: Que, la acción constitucional de protección de garantías fundamentales establecida en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción conservadora destinada a salvaguardar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de cuidado o providencias urgentes para restablecer el imperio del Derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace su ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia de la acción constitucional de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos o condiciones: a) legitimación activa y pasiva; b) se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; c) se establezca la ilegalidad —esto es, contrario a la ley— o arbitrariedad —producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él— de esa acción u omisión; d) que de la misma se siga directo e inmediato atentado —esto es, privación, perturbación o amenaza— contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; e) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la actual u oportuna protección, mediante la adopción de alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de aquella acción u omisión; y f) que se ejerza dentro del plazo fatal previsto por el Auto Acordado de la Corte Suprema que regula el Recurso de Protección.

Sexto: En cuanto a las excepciones previas, que requieren un pronunciamiento previo a la decisión de fondo de la acción cautelar, esto es, de la pretensión de protección misma. Respecto a la falta de legitimación pasiva, debe señalarse que en general a la legitimación se le puede configurar como el reconocimiento que el Derecho hace a una persona de la posibilidad de ejercitar y mantener con eficacia una pretensión procesal determinada (legitimación activa), o de resistirse a ella eficazmente (legitimación pasiva), según si se tiene o no cierta posición o calidad jurídica.

La presente acción se trata de una de tipo cautelar que busca de la mayor salvaguarda de las garantías de las personas de un modo directo e inmediato, con los rasgos de informalidad adecuados para lograr la tutela de dicho aseguramiento. En vista de dicha finalidad jurídica es que se considera que la legitimación en general es amplísima y flexible, en el sentido que puedan accionar entidades con o sin personalidad jurídica. En este sentido, se puede proceder en diversas circunstancias directamente contra el órgano que a quien se impute la infracción a las garantías constitucionales, órgano que será el que deberá implementar directamente las medidas protectoras o correctores, si es que así correspondiese.

Por dichas razones es que se desechará la excepción de falta de legitimación pasiva.

Séptimo: Que, en cuanto a la inadmisibilidad de la acción de protección contra un sumario, debe considerarse que cuando se interpone como cuestión previa, implica que ello constituye un presupuesto o impedimento procesal para dictarse una sentencia de fondo, en este caso respecto a la procedencia de la cautela de los derechos.

Bajo tales consideraciones debe tenerse presente que el constituyente ha pretendido mediante esta acción una protección amplísima y flexible para la tutela de los derechos constitucionales, según lo dispone en términos generales el artículo 20 del Código constitucional, sin limitar el tipo de actos u omisiones respecto de los cuales dicha acción sea procedente, en los simples términos de obtener una cautela de urgencia, prevista también con un sentido amplio. En el mismo sentido, se pronunció la Corte Suprema cuando declaró la admisibilidad de la presente acción, para efectos de proceder al pronunciamiento del objeto del proceso de cautela constitucional.

Octavo: Que, en cuanto al fondo del asunto, y, en resumen, la discusión se plantea en que los organismos evaluadores señalan que el grado de discapacidad del actor es de un 5%, según los exámenes que le hicieron; mientras que el demandante de protección expresa que de los antecedentes documentales, en particular, del instrumento de Valoración de Desempeño en Comunidad (IVADEC-CIF) de la Compin, se expresa que aquel último tiene un 70% de discapacidad, lo que se considera severo, a lo que se agrega alto riesgo suicida, y de los documentos de la Redgesam que indican un alto riesgo de suicidio, que son los que estima el actor que no le han sido considerados.

Noveno: Que, en tal sentido, obran a favor de unas y otras instituciones estatales, antecedentes técnicos de evaluación del actor, respecto a su padecimiento, esto es, del Tinnitus y sus consecuencias.

Sin embargo, lo que pide el actor de autos requiere de un examen de fondo de los informes técnicos, ya que precisamente en la recursividad del procedimiento administrativo se inicio con la evaluación de la Compin, para luego pasar a las sucesivas evaluaciones de las recurridas, la Comisión Médica Regional de Concepción y la Comisión Médica Central, las que por razones de fondo pasaron a reevaluar, bajo cuyas decisiones se fue sustituyendo el primer parecer. De esta manera, debe recordarse que el proceso de protección no constituye una nueva apelación de revisión del mérito de lo decidido, sino que es constituye un instrumento amplio, pero al de ser un medio para la adopción de medidas inmediatas, asume un carácter sumarísimo, que impide someter los antecedentes a un evaluación de fondo (y de lato conocimiento o discusión) como pretende el actor, y que se requiere para la mejor decisión.

Dentro de tal línea, es que respecto a las cuestiones de fondo acerca de los exámenes del actor, y habiéndose evaluado por los recurridos la situación del actor, esta Corte sólo puede estar a lo resuelto técnicamente por las instancias finales del procedimiento administrativo, en tanto que si no consta otra prueba superior que decida el mérito de lo examinado por todas las instancias administrativas, el actor no logra superar el estándar de prueba para lograr convicción, de tal manera que no aparece su derecho invocado como cierto o indubitado; motivo por el cual no se procederá a acoger la presente acción de protección constitucional.

Por estas consideraciones y con lo previsto, además, en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, la acción de protección constitucional deducida por don nombre reservado en contra de la Superintendencia de Pensiones, de la Comisión Médica Central y la Comisión Médica Regional de Concepción.

Regístrese y archívese.

Redacción a cargo del abogado integrante señor E. Gandulfo, quien no firma por ausencia. Asimismo, no firma el Ministro (s) señor Córdova, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

ROL: Protección-102.310-2.022