SOCIEDAD DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO MINERO con EQUIFAX CHILE S.A

Santiago, veintidós de febrero de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que a fojas 1 comparece Felipe Reposi Malfanti, abogado, en representación de Sociedad de Exploración y nombre reservado, conocida como EXPLODESA, domiciliados para estos efectos en domicilio reservado, a fin de que respetando las garantías constitucionales que esgrime, se restablezca el imperio del derecho disponiendo que se elimine de la base de datos DICOM las supuestas morosidades publicadas en su contra representadas en las facturas N° 1206 y N° 1208.

Como fundamento señala, en síntesis, que existió entre su parte y doña nombre reservado una relación de subcontratación –servicio de transporte con chofer- y que debido al incumplimiento del deber de información procedió en abril de 2015, de conformidad a lo que dispone el inciso tercero del artículo 183 C del Código del Trabajo, a retener la acreencia de que gozaba la contratista a partir de la factura N° 1206, situación que aún se mantiene y, por tanto, con fecha 27 de octubre de 2015 solicitó a la recurrida la eliminación o bloqueo del documento supuestamente “moroso” por tratarse de información carente de fundamentos y de dudosa procedencia, por no estar en ninguna de la hipótesis del artículo 1551 del Código Civil, por cuanto la ley 19.983 exige requerimiento para constituir al deudor en mora y su parte no ha recibido requerimiento judicial alguno respecto de la factura en cuestión, sin que baste para tal efecto la mera exigibilidad. Además su parte tiene reparos y defesas que hacer valer.

Señala que el 4 de diciembre de 2015 la recurrida rechazó la solicitud de su parte señalando que “EQUIFAX CHILE por cuenta de su cliente COMERCIAL DE VALORES S.A. FACTORING, comunica el citado documento, conforme a la normativa legal vigente, ya que este se encuentra recepcionado por su representada y no fue reclamado dentro del plazo de 8 días que indica la ley 19.983”.

Expone que el recurrido infringe lo dispuesto en el artículo 1°, inciso segundo, de la ley 19.628 al negarse a eliminar la información carente de fundamento legal; modificarla por errónea, inexacta e incluso equivocada o bloquear las publicaciones que afectan a su parte; la publicación transgrede el artículo 3 de la ley 19.983, por cuanto la falta de reclamo y por consiguiente la “aceptación irrevocable” de la factura no otorga exigibilidad ni constituye morosidad sobre las obligaciones contenidas en el documento.

Agrega que la información comercial sobre protestos y morosidades solo pueden incluir el protesto o la falta de pago de los títulos de crédito o de obligaciones de pagar una suma de dinero que son absolutamente indubitadas y actualmente exigibles más no el supuesto incumplimiento de obligaciones que emanan de contratos en general, cuya exigibilidad requiere el pronunciamiento previo declarativo de un tribunal de la República. En el caso de la factura de autos esta no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 17 de la ley 19.628 y al mismo tiempo ha operado el artículo 183 C del Código del Trabajo.

Como garantías conculcadas denuncia la consagradas en los numerales 3°, inciso séptimo, 4, 21 y 24 de la Carta Fundamental.

2°.- Que a fojas 72, informando la recurrida solicita el rechazo de la acción cautelar intentada, en primer lugar por ser extemporánea; sostiene que el recurrente al menos el 6 de octubre de 2015 sabía de la existencia de la publicación pues envió una carta a su representada solicitando que la publicación fuera eliminada.

En cuanto al fondo, argumenta que en razón de contratos válidamente suscritos procesa y transmite en línea en la base de datos DICOM información aportada por empresas y organismos del Estado, Instituciones Financieras, sociedades comerciales e industriales, empresas de leasing, de factoring, comerciantes e industriales. La base de datos se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios asociados al sistema, como ocurre en el caso sublite, siendo el asociado el único responsable de la exactitud de la información proporcionada. Lo anterior consta del contrato suscrito entre EQUIFAX y COMERCIAL DE VALORES S.A.; en la especie esta sociedad remitió a la recurrida los respaldos de la información y con ello procedió a incluir y tratar la información a solicitud expresa de la acreedora de la factura en cuestión conforme al artículo 3° de la ley 19.983 y 160 del Código de Comercio. La circunstancia de no haberse iniciado cobro ejecutivo de la factura en nada modifica el hecho de existir una obligación de plazo vencido en los términos del N°1 del artículo 1551 del Código Civil.

La ley 19628 no es aplicable a las personas jurídicas por lo cual no podría existir ilegalidad y tampoco su actuar es arbitrario desde que ha incluido la información que la empresa aportante ha remitido.

Añade que su parte no está obligada a hacer un examen de razonabilidad de la deuda, simplemente trasmite la información comercial comunicada por el aportante.

Finalmente afirma que su actuación se ajusta a la legalidad y que al no ser tampoco arbitraria no existe vulneración a las garantías constitucionales que se denuncias por el recurrente.

3°.- Que la acción cautelar deducida en estos autos protege a los individuos mediante la adopción de ciertos resguardos que eviten los efectos de un acto arbitrario o ilegal que haya afectado el ejercicio de un derecho indiscutido.

En el caso de autos es un hecho pacífico de la causa que EQUIFAX, conforme a su giro, sistematiza, ordena y publica datos de carácter comercial y financiero y que en relación a la empresa recurrente efectivamente incluyó en el boletín de deudores morosos una supuesta morosidad de las facturas N° 1206 y 1208, emitidas por nombre reservado y cedidas a Comercial de Valores S.A. Factoring por la suma de $ 5.065.830 y $3.530.730, vencidas el 13 de julio y 28 de agosto de 2015, respectivamente, según detalle que se lee en los documentos de fojas 30 y 34.

4°.- Que en cuanto a la extemporaneidad alegada en el informe, para rechazarla basta considerar que el cómputo del plazo debe iniciarse desde la fecha en que la recurrida comunica a la recurrente su decisión de no eliminar de la base de datos la información cuestionada, lo que tuvo lugar el 4 de noviembre de 2015, de suerte que siendo éste el actuar que en definitiva se reprocha por esta vía, la acción constitucional resulta oportuna.

5°.- Que por otro lado -como reiteradamente lo ha señalado la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema- este arbitrio constitucional en ningún caso puede tener por objeto la declaración de derechos en atención a la naturaleza misma de la institución, a las circunstancias procesales en que ella debe desenvolverse y a la finalidad del recurso de protección, cual es la adopción de medidas urgentes de seguridad y tutela.

En la especie, en los términos en que se ha planteado el conflicto este tribunal no advierte un litigio del orden constitucional que amerite una respuesta urgente por este mecanismo de cautela. En efecto, lo solicitado por el recurrente, como se indicó en motivo 1° de este fallo, dice relación con la existencia de la morosidad que se publica, desde que entiende que el ejercicio de la facultad del artículo 183 C del Código del Trabajo –no acreditada- impide la verificación de la mora y, por cierto, tal análisis importaría disponer diligencias probatorias con el objeto de verificar si la recurrente ha dado cumplimiento o no al contrato de prestación de servicios suscrito con la señora nombre reservado y, declarar en su caso, si el recurrente adeuda el importe de las facturas N° 1206 y 1028; lo anterior llevaría también a revisar la conducta de la empresa cesionaria que en definitiva aporta la información en virtud de un acuerdo contractual válido, cuya copia se agrega a fojas 64, el que formalmente se ajusta a la legalidad.

Conforme a la idea que se viene desarrollando ha de concluirse entonces, que el asunto plateado excede los márgenes de la acción constitucional que se interpone, pues no es esta la vía procesal para el fin que se persigue.

6°.- Que la situación específica de que se trata debe ser dirimida en un juicio de lato conocimiento, pues en dicha instancia las partes pueden exponer sus argumentos y probar los hechos controvertidos. Por consiguiente, no existe medida de protección que esta Corte pueda adoptar al respecto, debido a que lo pretendido escapa al marco de este recurso.

7°.- Que, por lo antes razonado, la acción cautelar debe ser desestimada, sin perjuicio de los derechos que las partes puedan hacer valer a través de los procedimientos que la normativa les reconoce para la adecuada discusión de la materia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso el recurso de protección deducido en lo principal de la presentación de fojas 1, sin costas.

Regístrese y archívese.

Redacción de la Ministra señora González Troncoso.

No firma el ministro señor Silva, por hacer uso de su feriado legal.

Rol N° 102.134-2015.- Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Mauricio Silva Cancino e integrada por el ministro señor Mario Rojas González y por la Ministra señora Jessica González Troncoso.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a veintidós de febrero de dos mil dieciséis, notifiqué en secretaría por el estado diario la resolución precedente.