nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, tres de marzo de dos mil veintitrés.

A folio 19, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece la abogada Carla Daniela Hermosilla Órdenes, de la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, en representación de don nombre reservado, e interpone acción constitucional de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social, por el acto arbitrario e ilegal consistente en la confirmación del rechazo de las licencias médicas otorgadas al recurrente por reposo no justificado, mediante la Resolución Exenta N° R-01-DFS-106582-2022 de fecha 10 de agosto de 2022.

Manifiesta que la recurrida, pese al estado de salud del recurrente y el tratamiento que sigue por sus impedimentos físicos y un trastorno depresivo ansioso, de carácter severo, que le fue diagnosticado, confirmó la decisión de rechazar las licencias médicas que individualiza, por considerar que el reposo no se encontraba justificado.

Afirma que dicha resolución es ilegal, pues vulnera el deber de motivación de los actos administrativos, consagrado en el artículo 41 de la Ley N° 19.880, y lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 3 del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en cuando a exponer los fundamentos para adoptar la medida, sobre todo considerando que la recurrida rechaza una recomendación realizada por un especialista.

Sostiene que, aun cuando se rechace una licencia médica, la autoridad administrativa tiene facultades para obtener más información, sin embargo, ni la COMPIN ni la SUSESO solicitaron mayores antecedentes para rechazar las licencias médicas objeto del recurso.

Respecto de las garantías que estima vulneradas, precisa que se afecta el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, pues la situación descrita afecta aún más el estado de salud mental y física del recurrente, en cuanto la incertidumbre sobre su fuente de ingreso le genera un gran estrés. En lo que se refiere al derecho de igualdad ante la ley, afirma que se éste ha conculcado al no entregar la recurrida un razonamiento suficiente para rechazar el pago de sus licencias médicas. Por último, afirma que se vulnera su derecho de propiedad sobre el dinero que le corresponde por cumplir todos los requisitos para el pago de las licencias médicas.

Solicita se acoja el recurso y se ordene a la Superintendencia de Seguridad Social que admita las licencias médicas rechazadas y disponga su pago, o se le instruya practicar los exámenes médicos que estime pertinentes.

SEGUNDO: Que esta Corte al pronunciarse sobre la admisibilidad de la acción, por resolución de trece de septiembre de dos mil veintidós, solo lo hizo respecto de las licencias médicas N° 0056004331, 0056576686, 0058115452, RUT reservado, RUT reservado, 0058115468, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado; declarando en relación a las demás su inadmisibilidad por extemporáneas, esto es, relación a las licencias N° RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, considerando que del contexto del recurso y los documentos acompañados, se desprende que el acto que lo motiva es la Resolución Exenta R-01-UME-55090-2019, de 29 de octubre 2019, emanada de la Superintendencia de Seguridad Social.

TERCERO: Que evacuando el informe solicitado, comparece don nombre reservado, en representación de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) de la Región Metropolitana, señalando que las actuaciones realizadas al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica, se enmarcan dentro de parámetros objetivos, con el propósito de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

Respecto de la Licencia Médica Nº 0056004331, señala que fue rechazada por falta de antecedentes médicos que respalden o justifiquen el reposo y su diagnóstico. Expresa que en cuanto al recurso de reposición de la licencia Nº 0056004331, tratándose de una licencia médica otorgada por un médico particular, no se adjuntaron antecedentes que justifiquen prolongar el reposo, sin plan terapéutico, tratamientos realizados ni pendientes, sin derivación a GES, ni fecha de alta probable (FPA).

En lo referido a la licencia médica Nº 0056576686, afirma que ésta fue rechazada, pues se presentó sin un informe médico complementario, ni protocolizado por psiquiatra, sin fecha probable de alta, sin fotocopia de carnet de control por psicólogo, ni escala de evaluación de la actividad global, tratándose de patología GES sin documento de derivación.

Respecto a la licencia médica Nº 058115452, se rechaza por IMC SSMC no protocolizado por psiquiatra, sin fecha probable de alta, sin fotocopia de carnet de control por psicólogo, ni escala de evaluación de la actividad global, también por tratarse de una patología GES sin documento de derivación.

En cuanto al recurso de reposición de las licencias Nºs 0058115468, 0056576686 y 058115452, expresa que se adjuntó un informe médico insatisfactorio, sin fecha probable de alta, recuperabilidad, escala de gravedad, del que no se pueden desprenderse argumentos que permitan justificar la necesidad de prolongación del reposo más allá del periodo que ya ha sido autorizado previamente.

Finaliza indicando que, en cuanto a las Licencias Nº RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, el paciente completó 11 meses de reposo continuado. Adjuntó el mismo informe médico 'tipo' de fecha 13 de mayo de 2019 emitido por Dra. nombre reservado, conocida por ser alta emisora de licencias médicas, una Epicrisis de atención ambulatoria Mutual de fecha 14 de marzo del mismo año, pero que no aporta nuevos antecedentes.

CUARTO: Que el abogado Roberto Barraza Saavedra, informó en representación de la Superintendencia de Seguridad Social, alegando en primer lugar, la extemporaneidad del recurso por haber transcurrido el plazo de 30 días, debiendo computarse desde a lo menos, la notificación del dictamen N° R-01-UME-55090-2019, de fecha 29 de octubre de 2019, emitido por esa Superintendencia, hasta la fecha en que ejerció esta acción el 8 de septiembre de 2022.

Agrega que el hecho de haber reclamado ante la Superintendencia no significa que el plazo para recurrir a la acción de protección se suspenda de modo alguno y cita jurisprudencia que avala su postura.

En subsidio, alegó la improcedencia de la acción en materias de seguridad social, por cuanto la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica que se extienda de conformidad con el artículo 149 del DFL. Nº 1, de 2005 y el Decreto Supremo Nº3, del año 1984 del Ministerio de Salud; las reconsideraciones y apelaciones que se deduzcan respecto de las resoluciones de los organismos administradores de este derecho, a saber, las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) y las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y el pago, según corresponda, de la prestación pecuniaria por éstas originadas son materias que sin duda alguna pertenecen al campo de la Seguridad Social, y, por lo tanto, se encuentran expresamente excluidas por el constituyente, del ámbito de la acción de protección.

En cuanto al fondo de la acción de protección indica que la actuación de la Superintendencia de Seguridad Social, se ajusta rigurosamente a las normas constitucionales y legales que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras, contenidas en el D.F.L. Nº 1, del año 2005, en el D.S. Nº 3, del año 1984, ambos del Ministerio de Salud y D.F.L. Nº 44, del año 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y en los artículos 2º, 3°, 27, 38 de la Ley Nº 16.395, modificado recientemente por la Ley Nº 20.691, de 2013 y Ley N°20.585.

Señala que luego del estudio de los antecedentes, resolvió confirmar lo obrado por COMPIN de la Región Metropolitana y mantuvo el rechazo de las licencias médicas reclamadas, fundado en que el reposo prescrito no se encontraba justificado. Al respecto, cita lo señalado por los facultativos de ese organismo, en cuanto destacar la ausencia de informes de psicoterapia, que no exista derivación al sistema público para atención integral por patología GES, ni elementos clínicos de gravedad, no se le haya derivado a un especialista en psiquiatría ni aumentado el antidepresivo, pese a la mantención de supuestos elementos invalidantes por más de 390 días.

Alega que la interposición del presente recurso desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados y, en la especie, el “derecho a licencia médica” no reúne la condición de un derecho preexistente e indubitado; por el contrario, tras las sucesivas instancias de revisión y estudio se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de su licencia médica reclamada, lo que debe llevar a desestimar la ilegalidad y arbitrariedad en la actuación de la recurrida.

QUINTO: Que conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

En cuanto a la alegación de extemporaneidad:

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad, el recurso en rigor se dirige en contra de la decisión de la recurrida Superintendencia de Seguridad Social en la que confirmó el rechazo de 9 licencias médicas del recurrente, lo que fue decidido por la COMPIN y por la propia institución, y esa determinación se adoptó por Resolución Exenta N°R-01-DFS-106582-2022 de fecha 10 de agosto de 2022, con la que se puso término al procedimiento en sede administrativa.

Pues bien, en tanto el recurso se interpuso el 8 de septiembre de 2022, aparece evidentemente deducido dentro del término que prevé el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema que regula la materia, como fuera resuelto el 13 de septiembre del mismo año, por lo que la pretendida extemporaneidad debe ser desestimada.

En cuanto al fondo:

SÉPTIMO: Que, en relación a la alegación de que de acuerdo al artículo 20 de la Carta Fundamental no figura la presente materia dentro del catálogo de procedencia del mismo, que corresponden a la seguridad social como es la autorización, rechazo o modificación de licencias médicas, propias del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esa defensa se desestimará, dado que lo que se censura en este caso está dado en una supuesta falta de motivación de la propia autoridad recurrida, vinculado al derecho a la vida e integridad física y psíquica, a la igualdad de trato y del derecho de propiedad por el cese en el pago de las mismas, por lo que se rechaza la alegación en este sentido.

OCTAVO: Que, conforme a los elementos de convicción agregados por las partes, los que, analizados de conformidad a las reglas de la sana crítica, particularmente del expediente administrativo en el que consta el reclamo que rechazó licencias médicas, consta que obedeció a la causal de reposo injustificado.

Es así como la Superintendencia de Seguridad Social, previo estudio de los antecedentes del caso por parte de profesionales médicos del Departamento de Contencioso, resolvió, mediante Resolución Exenta N° R-01-DFS-106582-2022 de fecha 10 de agosto de 2022 de la Superintendencia de Seguridad Social, confirmar el rechazo de las licencias médicas N° 0056004331, 0056576686, 0058115452, RUT reservado, RUT reservado, 0058115468, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado, bajo el siguiente tenor:

“CONSIDERANDO:

Que, ha recurrido con fecha 06 de mayo de 2022 a esta Superintendencia don nombre reservado, RUN RUT reservado, solicitando se reconsidere el dictamen N°R-01-UME-55090-2019 de fecha 29 de octubre de 2019 mediante el cual se confirmó lo resuelto por la COMPIN REGIÓN METROPOLITANA, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°sRUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 96 días a contar del 24 de diciembre de 2018, por reposo no justificado.

Que, además, la parte interesada reclama por cuanto la citada Comisión Médica confirmó el rechazo de las licencia médicas N°0056004331, 0056576686, 0058115452, RUT reservado, RUT reservado, 0058115468, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, extendidaspor un total de 111 días, bajo la misma causal de rechazo.

Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 0056004331, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 0056576686, RUT reservado, RUT reservado, 0058115452, RUT reservado, RUT reservado, 0058115468, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes emitidos con fechas 13/05/19 y 23/05/2019 por la tratante, no exponen elementos psicopatológicos de gravedad que requieran tal extensión del reposo y se observa además que el tratamiento farmacológico indicado no fue el óptimo para lograr la recuperación oportuna del paciente.

Sumado a lo anterior el reclamante no acredita el haber iniciado un proceso terapéutico con un profesional psicólogo en todo el periodo de reposo. Por las razones anteriores, los elementos aportados tampoco permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo ya autorizado.

RESUELVO: Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 0056004331, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, 0056576686, RUT reservado, RUT reservado, 0058115452, RUT reservado, RUT reservado, 0058115468, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

NOVENO: Que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto.

En su artículo 156 del mencionado D.F.L., se trata del beneficio de licencia médica que también les es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Define la licencia médica en el artículo 1° del Decreto Supremo Nº 3, del año 1984, del Ministerio de Salud, que contempla el Reglamento sobre autorización de licencias médicas, agregando que, de acuerdo con las normas ya referidas, la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política y el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

DÉCIMO: Que, asimismo, el procedimiento para su autorización está regulado en el D.S. N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, artículo 11 y siguientes, corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por otra parte, las Compin deben resolver, como en el caso del recurrente acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA).

De las resoluciones que las Compin emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y, por último, reclamar de la resolución de la Compin que resuelve el recurso de reconsideración ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las Compin, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

Al efecto, el DS N° 7 de 2013, del Minsal, respecto a las patologías mentales, en su artículo 4° número II establece, en relación al reposo laboral de más de 60 días, prorrogable hasta 180 días, los siguientes requisitos: “Siempre es otorgada por médico psiquiatra cualquier diagnóstico de enfermedad mental CIE 10, incluyendo el trastorno de adaptación y excluyendo trastorno de personalidad como diagnostico principal. Contar con un informe de peritaje por médico psiquiatra para ser prorrogable hasta 180 días. Síntomas de intensidad grave que producen dificultades graves en la actividad laboral. Refractariedad o resistencia al tratamiento y con evaluaciones periódicas durante los 60 días previos. Podrían requerirse nuevos periodos de reposo hasta completar un máximo de 180 días. El reposo laboral debería ser indicado por el médico psiquíatra por períodos de 15 días cada vez (excepcionalmente se podría justificar un periodo de 30 días cuando existen circunstancias ocasionales que impiden un acceso a psiquíatra más frecuente). Cada episodio clínico debe considerar para la indicación del reposo laboral: tratamiento farmacológico, psicoterapia e intervenciones psicosociales (recomendable terapia cognitiva conductual). Teniendo como referencia las Guías Clínicas disponibles en el Ministerio de Salud en su sitio.”

UNDÉCIMO: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Es la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, señala las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por su parte, el artículo 27 de la Ley N° 16.395, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

En efecto, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 3 que aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, en lo pertinente, preceptúa: “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia”.

Asimismo el artículo 21 del cuerpo normativo que precede dispone que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.”

DUODÉCIMO: Que la parte recurrida, ha manifestado que para para rechazar las licencias, se tuvo como fundamento que no existen antecedentes médicos que respalden la prolongación del reposo al periodo previamente autorizado.

DECIMOTERCERO: Que, en relación a los argumentos expuestos por la Superintendencia recurrida, el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº 3, del Ministerio de Salud, de 1984 señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe, en lo pertinente, dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. Del mismo modo, el artículo 11 de la Ley N° 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte” y “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.

DECIMOCUARTO: Que, de esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante el fundamento del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver. Por lo anterior, los actos administrativos recurridos, consistente en la resolución que rechaza las licencias ya indicadas, carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que las decisiones de la SUSESO, solo se asientan en que los antecedentes no justifican la prolongación del reposo, en circunstancias que aquéllos, pueden obtenerse conforme al artículo 21 del Reglamento ya indicado, pues el órgano recurrido cuenta con facultades oficiosas para decretar medidas para lograr un mejor acierto de su decisión, disponer peritajes o exámenes y requerir otros, esto es, acudir a un elemento de convicción que otorgue mayor razonabilidad a la decisión administrativa, máxime cuando en la especie se aprecian licencias que han sido autorizadas en relación al recurrente, en forma previa a aquellas que motivan la presentación de la acción cautelar.

DECIMOQUINTO: En efecto, este actuar vulnera el derecho de propiedad de la recurrente, consagrado en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, dado que tal rechazo implica la imposibilidad de recibir el subsidio que correspondía por el tiempo no trabajado, lo que obviamente afecta su patrimonio.

DECIMOSEXTO: Que con fecha 18 de agosto de 2021, la Corte Suprema en causa Rol N° 56.305-2021, resolvió que: “Cuarto: Que, conforme dan cuenta los antecedentes de autos, la decisión adoptada por la recurrida no se apoya en ningún elemento de convicción que la avale, soslayando hacer mención a otros factores objetivos que corroboren el dictamen a que arribó, carencias que la privan de contenido, sin que sea dable discernir que aquélla se basta a sí misma si no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho al reposo prescrito.

Quinto: Que, por lo demás, parece insoslayable reflexionar que de acuerdo a la normativa precedentemente reseñada, es factible sostener que la Compin directamente o a instancia de la Superintendencia, con miras a acatar el mandato legal consistente en resolver las apelaciones promovidas por los afiliados contra los decretos del régimen de salud, puede recabar los antecedentes que habiliten adoptar una providencia fundada frente a los requerimientos de los usuarios del sistema, cometido omitido injustificadamente en el actual litigio.

Sexto: Que, en consecuencia, la conducta del organismo recurrido no se ajustó a la preceptiva que gobierna la cuestión, tanto por no especificar los fundamentos de su determinación, como al no decretar nuevos exámenes o disponer una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición actual de salud del recurrente. En atención a lo expuesto, tanto la ausencia de justificación, como la circunstancia de no haber sometido al paciente a nuevos exámenes, controles o una evaluación clínica por los servicios administrativos competentes, son componentes que debieron detallarse con mayor rigurosidad antes de resolver el asunto en sede administrativa, diligencias imprescindibles para objetivar el diagnóstico y no dejarlo sujeto a la mera discrecionalidad de los entes recurridos, con la subsecuente falta de pago de las licencias médicas correspondientes.

Séptimo: Que es así como se torna del todo arbitrario desestimar un permiso médico concedido por facultativos sin ningún motivo adicional suministrado por las entidades criticadas, simplemente sobre la base de la ponderación de los antecedentes tenidos a la vista, sin un elemento de juicio complementario de contraste para disipar, frente a la paciente y terceros interesados, cualquier duda, en especial, sometiéndola a evaluaciones médicas accesorias. En semejantes coyunturas, ante colofones tan definitivos para las personas, cabe exigir un mínimo de diligencia a la autoridad, sobre quien pesa su actuar de oficio y respeto por los axiomas de no discriminación, objetividad y exhaustividad en su proceder.

Octavo: Que de esta manera, se advierte que la negativa de las licencias médicas esgrimida por la parte recurrente implica de parte de la autoridad el desempeño de una facultad formal simplemente potestativa, con desconocimiento de la certeza y seguridad jurídica a que la ciudadanía tiene derecho, al ejercitar sus prerrogativas, en concreto, si como en este negocio se hallan involucradas garantías primordialmente protegidas por el constituyente, como la vida y la salud de las personas.

Noveno: Que en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral, por tal motivo y en uso de las facultades que otorga el Auto Acordado sobre la presente materia, que permite tomar todas las medidas para resguardar la protección de las garantías constitucionales, el presente recurso es acogido en los términos que se indicarán en lo resolutivo del fallo.”

DECIMOSÉPTIMO: Que, en las circunstancias apuntadas, habiendo quedado de manifiesto la concurrencia de un acto arbitrario que afecta los derechos constitucionales del recurrente, la protección que se solicita mediante la presente acción cautelar ha de ser otorgada, del modo que a continuación se dispone.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se acoge, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado contra de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región Metropolitana, dejándose sin efecto la Resolución Exenta N° R-01-DFS-106582-2022 de fecha 10 de agosto de 2022 de la SUSESO, debiendo la recurrida disponer que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio de la parte recurrente encargue un nuevo informe médico acerca de la dolencia que da cuenta el presente arbitrio en relación a la capacidad residual del actor, a fin de determinar la procedencia de los días de reposo que disponen las licencias médicas, que resolvió confirmar el rechazo de las licencias médicas Nºs 0056004331, 0056576686, 0058115452, RUT reservado, RUT reservado, 0058115468, RUT reservado, RUT reservado y RUT reservado y cumplido ello, se pronuncie nuevamente acerca de la que ha sido objeto del presente libelo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-102089-2022.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por el Ministro señora Veronica Cecilia Sabaj Escudero, el Ministro (S) señora Isabel Margarita Zuñiga Alvayay y el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, tres de marzo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.