nombre reservado con SECRETARÍA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGIÓN METROPOLITANA

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de junio de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Gustavo Mendoza Acevedo, abogado, en representación de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la petición de reintegro de $836.789 correspondiente a un supuesto pago en exceso por remuneraciones del periodo de junio (16 días) a julio (15 días) del año 2020, decisión comunicada con fecha 11 de agosto de 2022 mediante acta de notificación de fecha 2 de agosto de 2022, lo que constituye una vulneración de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y del derecho de propiedad garantizados en los números 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Funda su recurso en que su representada con fecha 9 de mayo de 2020 ingresó a prestar servicios para la recurrida desempeñándose en labores de control y fiscalización, debiendo efectuar fiscalizaciones para el cumplimiento de la cuarentena, controles de cumplimiento de cuarentena a pacientes declarados positivos a COVID-19, controles de mascarilla y de identidad en conjunto a Carabineros y fiscalizar el cumplimiento de las medidas de prevención para el contagio de COVID-19, dentro del territorio de la Región Metropolitana, y bajo subordinación y dependencia en razón de haber suscrito las partes un contrato de trabajo de plazo fijo. Precisa que cumplía una jornada laboral especial de 2 días trabajados por 2 días de descanso, desde las 08:30 hasta las 20:30 horas, con una hora de colación, distribuidos de lunes a domingo, percibiendo una remuneración de $1.428.000 mensuales.

Explica que el día 17 de marzo de 2021, la recurrente es despedida mediante una carta de despido que invocó como causal de separación aquella establecida en el artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo, esto es “incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato”, carta que sólo señaló la causal, mas no los fundamentos de hecho en los que se apoya. Por lo anterior, la actora dedujo demanda laboral de despido injustificado, que -a la fecha de interposición del recurso- se encontraba en tramitación ante el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago en causa RIT O-3031-2021 caratulada “nombre reservado / FISCO DE CHILE”, con audiencia de juicio agendada para el día 22 de septiembre de 2022. En dicha causa se solicitó el pago de $9.442.164, desglosados de la siguiente manera: $1.428.000 por indemnización sustitutiva del aviso previo; $801.108 por 16,83 días de feriado proporcional; $4.902.800 por indemnización de perjuicios por lucro cesante; y $2.310.256.- por 208 horas extraordinarias adeudadas. En la contestación de la demanda, el Consejo de Defensa del Estado no señaló que la recurrente debiera reintegrar algún dinero por ningún concepto, ni tampoco opuso excepción alguna en ese sentido.

En cuanto al acto que motiva la interposición del recurso, expone que el 11 de agosto de 2022 la señora nombre reservado recibió en su domicilio un acta de notificación, por la que se le informa que se ha realizado por parte de la recurrida, un pago en exceso por concepto de remuneraciones, por el periodo junio (16 días) a julio (15 días) de 2020; solicitándole reintegrar la suma de $836.789. Dicha acta cuenta con la firma y timbre de don nombre reservado, jefe del Subdepartamento de Gestión y nombre reservado de la recurrida. Junto a dicha acta se acompaña un certificado que señala el tiempo que la actora estuvo vinculada con la institución, su registro de asistencia de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2020, y las liquidaciones de remuneraciones del mismo periodo. Sin embargo, no se acompaña ninguna resolución ni decreto que ordene el pago, ni tampoco se hace mención en el acta de notificación a este.

Arguye que se ha dispuesto por la administración una obligación de pago en contra de la actora, sin cumplir lo dispuesto en el artículo 3º de la Ley Nº 19.880 sobre Procedimientos Administrativos; en especial la obligación de que las decisiones escritas que adopte la Administración se expresarán por medio de actos administrativos; junto con la obligación contenida en el inciso segundo del artículo 11 de la citada ley, consistente en motivar o fundamentar explícitamente en el mismo acto la decisión, los hechos y los fundamentos de derecho que afecten a las personas; así como tampoco cumple con lo establecido en el artículo 41 inciso cuarto del mismo cuerpo legal, el que ordena que debe ser fundada toda decisión del ámbito de atribuciones propias de los órganos de la administración.

Estima que el incumplimiento de dicha normativa se advierte no sólo de la vaga fundamentación del acta de notificación, sino porque además a la fecha del recurso no le ha sido entregado ni notificado el acto administrativo que dispone la obligación de reintegro que se le comunica.

Añade que la decisión recurrida no tiene fundamento, por cuanto la actora habría prestado servicios efectivos para la institución durante los meses de junio y julio de 2020, en virtud de un contrato de trabajo a plazo fijo, y en consideración que la misma recurrida emitió las debidas liquidaciones de remuneraciones, las que consignan el pago correspondiente al monto remuneracional pactado en el contrato de trabajo, sin un peso más ni un peso menos, y siempre señalando 30 días trabajados.

Agrega que se trata de una decisión adoptada en un procedimiento que no ha sido legalmente tramitado, por no estar amparada en el debido acto administrativo que debió dictarse, por lo que el acto resulta arbitrario al no estar fundado en antecedentes verídicos y comprobables, además de la falta de acto administrativo.

Alega que tampoco se explica en el acta de notificación, por qué razón o bajo qué criterios, las autoridades de la recurrida decidieron ordenar el reintegro de remuneraciones por el trabajo realizado por la actora para la institución y no la de otros funcionarios.

Asimismo, expresa que ante la ausencia de acto administrativo que disponga la obligación de reintegro de remuneraciones, se genera como consecuencia la ineficacia de la decisión adoptada, dado que las resoluciones solo producen efecto desde su notificación, conforme ha resuelto la Contraloría General de la República en sus Dictámenes Nº 28.814 de 1976 y Nº 18.661 de 1994.

Argumenta que, al no existir -o al menos, al no ser notificado a su representada- un acto administrativo que haya cumplido con las exigencias para su plena eficacia, se configura una situación antijurídica que se reconoce como “vía de hecho”, porque la administración carece de título jurídico para la ejecución de la decisión administrativa.

A mayor abundamiento, considera que la decisión de reintegro de remuneraciones comunicada a la actora, sin apoyarse en un acto administrativo dictado en un procedimiento administrativo legalmente tramitado, rompe con lo establecido en el artículo 51 de la Ley Nº 19.880, que señala que cuando se trata de actos administrativos de efectos particulares, las resoluciones “sólo producirán efectos jurídicos desde su notificación”. En concordancia con ello, el artículo 50 prohíbe a la administración la realización de “(toda) actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico”. En tal virtud, el legislador ordena que antes de realizar una ejecución material de resoluciones, la autoridad está obligada a notificar al particular interesado la resolución que autorice la actuación administrativa, lo que no ha ocurrido en el caso de marras.

Concluye que para que la recurrente esté realmente en la obligación de reintegrar las remuneraciones que la recurrida le solicita, primero, debe dictarse el debido acto administrativo, y ser notificado a la afectada, sin que a la fecha esto haya ocurrido.

Luego se refiere a la afectación de las garantías de igualdad ante la Ley y del derecho de propiedad, y finaliza solicitando que se acoja el recurso y se ordene a la recurrida dejar sin efecto la decisión de solicitar el reintegro la suma de $836.789, por un supuesto pago de remuneraciones en exceso.

SEGUNDO: Que comparece el abogado Ronald Rojas Castillo, por la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Salud Región Metropolitana, evacuando informe y solicitando el rechazo del recurso.

Ratifica que la recurrente ingresó a prestar servicios a dicha entidad el 9 de mayo de 2020, en virtud de contrato celebrado conforme a lo dispuesto por el artículo 10 del Código Sanitario y en atención al estado de alerta sanitaria que rige al país. También refiere que fue desvinculada el 17 de marzo de 2021, expresando claramente en la carta de despido la causal y hechos que lo fundan, y remitiéndose asimismo, copia de la carta de aviso a la Dirección de Trabajo, con fecha 18 de marzo de 2021. Dado lo anterior la Recurrente demanda por nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones, dictando sentencia con fecha 25 de octubre del año 2022, el 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

En lo relativo a la solicitud de reintegro, esta se fundamenta, según lo informado por el Subdepartamento de Gestión y nombre reservado de esta SEREMI de Salud, en la inasistencia a la jornada laboral que debía cumplir la recurrente, correspondiente a 16 días en el mes de junio del año 2020 y a 15 días en el mes de julio del mismo año.

Luego en cuanto al documento que informa el pago en exceso por concepto de remuneraciones, manifiesta que atendida la forma de organización del Estado, en donde los Ministerios se desconcentran territorialmente mediante Secretarías Regionales Ministeriales que están a cargo de un Secretario Regional Ministerial, que funciona como el representante del Ministerio respectivo en la Región y por tanto subordinadas al nivel central, y no contando las Secretarías Regionales Ministeriales con patrimonio propio, todo aquello que tenga relación con disposición de dinero, debe ser validado y aprobado por el Ministerio correspondiente, no sin antes dar cumplimiento a los procedimientos establecidos a este respecto, los cuales tienen como finalidad no solo el resguardo del patrimonio fiscal y su uso eficiente y eficaz, sino también respetar los derechos de todo aquel que integre la Administración del Estado, dando cumplimiento a la normativa vigente.

Conforme lo anterior, el acta de notificación impugnada en el presente recurso, encuentra su sustento jurídico, primeramente en el Decreto Nº 136 del año 2004, que contiene el “Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud”, específicamente en su artículo 38, que dispone la facultad del Secretario Regional Ministerial para organizar, dentro de los marcos legales vigentes, la estructura interna de la entidad, de manera que le permita el cumplimiento de las funciones y atribuciones que la ley le confiere, tanto en el área técnica como en la administrativa. Conforme dicha regulación mediante Resolución Exenta Nº 28 de fecha 20 enero de 2021, la SEREMI de la época nombra a don nombre reservado, como Jefe del Subdepartamento de Gestión y nombre reservado de la Secretaría Regional Ministerial De Salud de la Región Metropolitana. Es por el citado acto administrativo, que se le delegan las facultades necesarias al referido para la solicitud de reintegro de la suma de $836.789.

Por otro lado, la Circular Interna B41 Nº 16 de fecha 5 de noviembre de 2020, emanada de la Subsecretaria de Salud Pública, superior jerárquico de esta SEREMI de Salud, reitera instrucciones sobre la oportuna justificación de la asistencia de jornada ordinaria de trabajo y utilización de formularios de reloj control. Complementando además las circulares vigentes relacionadas a la inasistencia de los funcionarios y las funcionarias. Instruyendo además, la obligación de descontar en las remuneraciones, por ejemplo, los días no trabajados.

Explicita que, sin perjuicio de la definición en sentido estricto de acto administrativo que establece el artículo 3º, inciso 2º, de la Ley 19.880, el inciso 6° del mismo artículo dispone: “Constituyen, también, actos administrativos los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias”, definiendo, por tanto, en un sentido amplio lo que se entiende por Acto Administrativo.

Arguye que, conforme lo anteriormente expresado, el acto administrativo no se reduce a un decreto o resolución, considerando las diversas manifestaciones formales que pueden asumir, tales como acuerdos, declaraciones de juicio, o aquellos que contienen una mera declaración de conocimiento. Así, estima que la recurrente yerra al sostener que el documento que informa el reintegro del dinero por conceptos de días no trabajados, tiene el carácter de orden de pago o requerimiento de pago, puesto que su finalidad es la de poner en conocimiento el pago en exceso que efectuó dicha Autoridad Sanitaria a la actora en la época ahí señalada, adjuntando los documentos que sirven de sustento para tal decisión.

Destaca que los funcionarios en el desempeño de la función pública tienen el derecho a percibir el pago de una remuneración, que es la contraprestación que recibe toda persona que ejerce una labor, y que responde al principio retributivo que sustenta toda relación laboral, esto es, que por el trabajo realizado corresponda el pago de la remuneración respectiva. No obstante ello, cuando se ha producido un pago erróneo -como ocurrió en la especie-, se produce un enriquecimiento ilícito en favor de los funcionarios, surgiendo la obligación de reintegrar las sumas mal percibidas, a objeto de saldar la obligación que tienen con el Fisco, siendo obligación de los organismos públicos hacer efectivos, oportunamente, los créditos de que sean titulares y adoptar, conforme a la normativa vigente, los resguardos pertinentes para obtener el resarcimiento de los perjuicios ocasionados por la percepción indebida de remuneraciones.

Acota que para el cumplimiento de lo anterior, el artículo 67 de Ley N° 10.336, concede a la Contraloría General de Republica, la facultad de ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios, en las condiciones que determine y adoptando los resguardos necesarios, las sumas que éstos adeuden por concepto de beneficios pecuniarios que hayan percibido indebidamente, agregando que, por resolución fundada podrá liberar total o parcialmente de la restitución de las remuneraciones de que se trata, cuando, a su juicio, hubiere habido buena fe o justa causa de error. Lo anterior, a través de un procedimiento en el que los funcionarios afectados podrán interponer una solicitud de condonación o descuento en cuotas, según lo previsto en el inciso cuarto del artículo referido, considerando, especialmente, su buena o mala fe.

Precisa que la Contraloría General de la República, inició auditoria a dicha Secretaria de Estado, que tuvo como resultado el “Informe de Investigación Especial” Nº 407/2021, de fecha 31 de marzo del año 2022, entre los puntos observados, se señala aquel denominado “Registros de Asistencia no proporcionados por la SEREMI de Salud RM” (capitulo II, examen de la materia investigada, numeral 6). Conforme a lo anterior, se detectó por parte de la SEREMI de Salud, que para un grupo de 21 funcionarios contratados bajo la modalidad Código del Trabajo, no había registros de asistencia, lo que conllevó a determinar que estas personas, a las cuales se les pagó la totalidad de la remuneración del mes observado, se generó un sobrepago. De los 21 casos, 9 de ellos fueron justificados por la Autoridad Sanitaria en el proceso de respuesta del informe final, manteniendo 12 de ellos con la observación de la Contraloría General de la República, dentro de las cuales, se encuentra la recurrente. Frente a esta situación comenzaron las gestiones de reintegro de los valores sobrepagados. Por tal razón, en agosto 2022, se inició el proceso de notificación a las personas que mantenían las observaciones del Ente Contralor. Luego, el 30 de mayo 2023, el ente Contralor mediante el Oficio Nº E350857, efectúa seguimiento de las observaciones del “Informe de Investigación Especial” Nº 407/2021, solicitando a esta SEREMI de Salud informar a esa Entidad Control, de las acciones de cobranza de los 12 empleados indicados en el anexo 8 del informe Nº 407/2021, por lo que para dar cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría General de la República, la Autoridad Sanitaria, iniciara las gestiones de reintegro de los pagos en exceso, emitiendo los actos administrativos correspondientes.

Alega también como defensa, la improcedencia del recurso de protección por cuanto su ámbito de aplicación se limita a comprobar aquellos actos cuya arbitrariedad o ilegalidad afectan derechos prexistentes e indubitados, de forma evidente u ostensible, lo que en el caso no se aprecia, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer la actora ante la autoridad o los tribunales competentes.

Por todo lo anterior solicita el rechazo de la acción.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que el acto que se reprocha es la notificación de la solicitud de reintegro efectuada por la recurrida, la cual estima la actora que no se encuentra fundada y carece de un acto administrativo –resolución- que la sustente.

QUINTO: Que, de los antecedentes acompañados por la propia recurrente, se advierte que el acta de notificación impugnada, emana de un órgano de la Administración del Estado, y deja constancia de una situación –deber de reintegrar lo pago en exceso-, por lo que es consistente con la definición, en sentido amplio, de acto administrativo, descrita en el inciso sexto del artículo 3° de la Ley 19.880, gozando por tanto de presunción de legalidad.

Además, se advierte que ha sido dictada por la autoridad competente, dentro de sus facultades y apegándose al procedimiento legal establecido, en específico la Circular Interna B41 Nº 16 de fecha 5 de noviembre de 2020, emanada de la Subsecretaria de Salud Pública.

Por lo demás, de la lectura de dicha acta se aprecia que contiene el motivo de la solicitud de reintegro –pago realizado en exceso por concepto de remuneraciones-, detallando el periodo que se cobra y el monto, y además informa a la afectada de la posibilidad de regularizar su situación y acogerse a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 10.336, por lo que dicha actuación cuenta con la debida fundamentación.

SEXTO: Que sumado a lo anterior, conforme lo indicado por la recurrida, el acto impugnado tiene como antecedente una instrucción de la Contraloría General de la República en el marco de una auditoría a la Secretaría Regional Ministerial de Salud, lo que le da sustento a la actuación, por lo que se descarta que se trate de una decisión discrecional por parte de la recurrida.

SÉPTIMO: Que, en síntesis, el acto cuestionado por esta vía, no es ilegal, desde que la Secretaría Regional Ministerial ha actuado dentro del ámbito de sus facultades y conforme la normativa vigente, y tampoco es arbitraria, desde que no se trata de una determinación tomada por mero capricho de la misma, encontrándose debidamente justificada, por lo que la presente acción se desestimará.

Por estas consideraciones, atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza el recurso de protección deducido en contra la Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-102075-2022.