nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de julio de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que nombre reservado dedujo nombre reservado en contra de nombre reservado Borja, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en sus calidades de presidenta nacional y directoras, respectivamente, de la Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial (ANEJUD), por haberlo removido del cargo de Tesorero Nacional de dicha agrupación gremial, lo que consta en el Acta de Sesión Extraordinaria del Directorio Nacional, de fecha 4 de agosto de 2022 y que mediante Oficio 071/2022, de 8 de agosto de ese año, fue puesta en conocimiento de los asociados, lo que considera un acto ilegal y arbitrario que atenta en contra de las garantías establecidas en el artículo 19 N.º 2, 9, inciso final y 24 de la Constitución Política de la República, ya que aquella decisión fue adoptada sin haberle invitado a participar de la sesión extraordinaria donde fue adoptada, aunado lo anterior a que, en esa época, se encontraba con licencia médica.

Previo a exponer los fundamentos de su nombre reservado, realiza una contextualización de la situación actual de la ANEJUD, detallando una serie de situaciones que considera anómalas, y que dicen relación con la toma de decisiones de interés gremial, con exclusión de 11 de las 21 Asambleas Regionales, so pretexto de encontrase acéfalas, ya que, pese haberse realizado las elecciones para completar los directorios regionales que se encontraban incompletos, a la fecha de interposición de su recurso, los dirigentes regionales electos aun no habían sido notificados de los resultados del proceso eleccionario. Asimismo, expone otras situaciones relacionadas con hostigamientos, acosos y denuncias injuriosas formuladas en su contra y en contra de miembros de directivas regionales, específicamente en contra de la señora nombre reservado, a quien han denostado a tal punto de presentar denuncias injuriosas al Consejo Superior de Disciplina de Anejud Chile, por haber asistido a una Asamblea Extraordinaria de dicha regional por un accidente doméstico de rotura de cañerías en su sede regional, siendo el objetivo del encuentro gremial dar a conocer los hechos y respaldar por la Asamblea de dicha regional acéfala, para los gastos de reparaciones urgentes que debían realizar, y para los cuales está mandatada y respaldada con la debida acta protocolizada.

En cuanto a los fundamentos de hecho de su acción constitucional, explica que en el Consultivo Nacional Extraordinario de 29 de julio de 2022, se le acusó públicamente de haber cometidos actos de acoso laboral en contra de los trabajadores del Hogar Judicial, lo que considera al menos irregular, ya que aquel tema no estaba incluido en la tabla, no se le dio derecho contestar tales acusaciones ni se indicó sobre la existencia de denuncias ante la Inspección del Trabajo o demandas laborales que sirvieran de sustento a tales acusaciones. Agrega que, en aquel acto, se cambió la composición del Departamento Jurídico, designando sólo con los asistentes con derecho a voto, es decir, las 10 regionales con directivos, a los representantes del Consultivo en el Departamento Jurídico.

Refiere que, en esa oportunidad, además, tras la renuncia de los integrantes del Consejo Superior de Disciplina denunciando una serie de irregularidades, se eligió a sus nuevos integrantes, pese a que, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento Disciplinario, aquella es una facultad de la Regional Antofagasta, como encargada del Consejo Superior Disciplinario.

Luego, el día 4 de agosto de 2022, el directorio nacional sesionó exclusivamente para tratar la denuncia de acoso laboral deducida en su contra. Indica que a aquella reunión asistieron la señora nombre reservado, presidenta nacional de ANEJUD Chile, la señora nombre reservado, vice presidenta nacional, la señora nombre reservado, Secretaria Nacional, y los directores nacionales señora nombre reservado y señor nombre reservado, quienes, tras una votación de la que se abstuvo el señor nombre reservado, se decidió removerlo de su cargo como Tesorero Nacional.

Alega que la decisión adoptada por las recurridas no le fue notificada, enterándose de ella solo con motivo de la comunicación enviada a las asambleas regionales.

Considera que la actuación de las recurridas es ilegal y arbitraria, vulnerando, además, las garantías constitucionales relativas al derecho a la honra, al derecho de propiedad, a la igualdad ante la ley, a la libertad sindical y al debido proceso, materializado en su derecho a ser juzgado por un tribunal autónomo, independiente e imparcial al debido proceso, a ser oído, a no ser juzgado por comisiones especiales y a la presunción de inocencia.

Por estas razones, solicita acoger su acción constitucional y, en definitiva, restablecer el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales vulnerados, declarando: 1) Que se deja sin efecto su desvinculación como tesorero nacional;: 2) Que se ordena a las recurridas adoptar medidas urgentes para el nombramiento válido de las directivas regionales acéfalas, previo a seguir tomando determinaciones relevantes referidas a integración de entes estatutarios; 3) Que se cumpla con la transparencia de las cuentas y publicidad de registro de las sesiones de los entes estatutarios, tanto visuales, gráficas y escritas, implementando a la brevedad los canales institucionales eficaces al efecto; 4) Que se condena en costas a la recurrida, en caso de oposición.

SEGUNDO: Que, al evacuar su informe, las recurridas niegan la existencia de los conflictos sindicales señalados por el recurrente. Sostienen que este tipo de conflictos se produce al interior de un sindicato por decisiones que se han debido tomar por parte de la presidenta de la Asociación y el Directorio frente al deficiente desempeño del recurrente en el cargo de encargado de Tesorería y Comunicaciones.

En cuanto al quórum exigido por sus estatutos, indica que aquello ya fue resuelto en el Primer Consultivo Nacional Extraordinario de fecha 14 de junio de 2022, por lo que a su parecer no existe vulneración alguna. Explica que el artículo 28 inciso 1° señala: “El Consejo Consultivo Nacional celebrará cuatro sesiones ordinarias al año, más todas las sesiones extraordinarias que sean convocadas por su Presidente, o por la mayoría absoluta de sus miembros y sus acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros válidamente constituidos, en caso de empate en las votaciones los decidirá el voto del que preside, quien deberá expresar en último lugar su voto.”

En lo que respecta a la inscripción de las directivas regionales en la Dirección del Trabajo, señala que se encuentra en trámite, ingresado ante la Inspección del Trabajo con número de expediente E-210962/2022. En lo concerniente a las regionales que componen ANEJUD Chile, señala que, a la fecha de su informe, se encuentran constituidas 19 de un total de 21, ya que, al no haberse constituido en la primera vuelta, se llamó a una nueva votación, los días 3, 4 y 5 de agosto del año 2022, logrando constituirse 9 de las 11 Regionales acéfalas.

En cuanto a lo señalado respecto de la señora nombre reservado, actual presidente de la Regional Concepción-Arauco, explican que el hecho reclamado aconteció cuando la regional se encontraba acéfala, sin perjuicio de lo cual, la señora nombre reservado, realizo diversas gestiones auto designándose la calidad de Delegada Regional, cargo que no existe en los estatutos y se atribuyó la calidad de embajadora digital de la internacional de Servicio Público (cargo que no existe) y sin perjuicio de lo cual tampoco había sido elegida democráticamente para estos efectos.

Indican que, debido a su auto designación de delegada Regional, la señora nombre reservado convocó a una asamblea regional, vulnerando lo señalado en el artículo 22 de los estatutos, a la que asistió el recurrido en su calidad de Tesorero Nacional, en pleno conocimiento de que se iba a tratar temas bancarios de la Regional, que debía estar a cargo del directorio nacional, ya que aquella regional no tenia directiva.

Refiere que, a raíz de ello, se designó como directoras nacionales a cargo de dicha Regional a las señoras nombre reservado y nombre reservado, debido a la cercanía geográfica del domicilio de cada directora, ya que ambas tienen su domicilio particular en la XIV Región de Los Ríos.

En cuanto a los hechos alegados por el recurrente respecto de su destitución, señala que el 29 de julio del 2022, se celebró el Consultivo Nacional Extraordinario presencial y vía plataforma zoom. En dicha oportunidad el matrimonio compuesto por don nombre reservado, administrador; y doña nombre reservado, quien desempeña labores de aseo, ambos en el Hogar Judicial, ubicado en Cienfuegos N° 169, de Santiago, solicitaron ser escuchados por la asamblea y el directorio nacional, el matrimonio para presentar su renuncia a partir de una situación suscitada con el Tesorero Nacional, don nombre reservado.

Señala que aquellos expresaron percibir que existía cierto grado de desconfianza hacia ellos, desde que asumió el nuevo Directorio Nacional, relatando que, en reunión sostenida con el Tesorero señor nombre reservado, este la denigró, señalándole que debía ser agradecida por tener un lugar donde vivir; cuestionando, además, el gasto mensual que rendían por compra de útiles de aseo para mantener el Hogar y que estos ascendían a la suma de $100.000 (cien mil) pesos aproximadamente; señalando una serie de actitudes displicentes hacia ellos por parte del Sr. nombre reservado, como el haberla citado a una reunión en su dormitorio, haberse molestado por haber concurrido a efectuar la limpieza del lugar; no dar aviso, ni hacer entrega de llaves al retirarse.

Sostiene que en aquella oportunidad el recurrente hizo sus descargos en forma verbal ante todo el Consultivo, debiendo intervenir en más de una oportunidad alguno de los asistentes, para solicitar que no amedrentare a los colaboradores, ya que sus descargos fueron efectuados en forma displicente, incluso llegó a responsabilizar a doña nombre reservado de la situación diciéndoles “¿y para que Ud. entro a la pieza?” y que en base a lo que denuncio doña nombre reservado, él podría perder su trabajo.

Ante esta situación, relata que el Consultivo les brindó su absoluto apoyo, rechazando su renuncia y encomendando al directorio nacional tratar el tema para adoptar las medidas pertinentes. Conforme a ello, refiere, la presidenta nacional, citó a reunión extraordinaria para tratar dicho tema, llevada a efecto el día 4 de agosto de 2022 vía plataforma zoom, a la que asistieron cinco de los nueve directores, no compareciendo el recurrente, por estar haciendo uso de licencia médica.

Indica que, considerando la gravedad de los hechos denunciados por sus colaboradores, a modo de ofrecerles a ellos la tranquilidad que situaciones como la vivida no se repetirán en el tiempo, se adoptó por votación remover al recurrente del cargo de Tesorero Nacional, habida consideración que este es un cargo de confianza de la presidenta y elemental para el normal desarrollo del funcionamiento de la asociación, lo que fue informado a los denunciantes.

Estima que su actuar no es ilegal ni arbitrario, por lo que solicita el rechazo de la acción constitucional deducida en su contra.

TERCERO: Que el nombre reservado de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

CUARTO: Que, por consiguiente, para que pueda brindarse protección por medio de la acción constitucional de autos, es necesario que se haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que amenace, prive, o perturbe al recurrente el legítimo ejercicio de alguna de las garantías y derechos que señala el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

QUINTO: Que, el acto que el recurrente califica de ilegal y arbitrario consiste en haber sido sancionado en un procedimiento que, a su juicio, no satisface las garantías a la honra de las personas, al debido proceso en la dimensión de ser oído y no ser juzgado por comisiones especiales, de propiedad, y de libertad sindical, garantías reconocidas en el artículo 19 de la Carta Fundamental.

SEXTO: Que, conforme a los antecedentes tenidos a la vista en el presente nombre reservado corresponde analizar si se reúnen algunos de los requisitos y exigencias para que que el arbitrio pueda prosperar.

SEPTIMO: Que, al efecto cabe analizar si las alegaciones del recurrente llevan a esta Corte a ponderar si ha existido un ataque en contra del legítimo ejercicio de las garantías fundamentales invocadas, en especial, como se visualiza más nítidamente, la de igualdad ante la ley, esto es, que el recurrente haya recibido de parte de las recurridas un trato ilegal o arbitrariamente discriminatorio que merezca protección por esta vía y de no ser juzgado por una comisión especial.

OCTAVO: Que, para tales fines, es necesario dilucidar si al recurrente se le aplicó la normativa reglamentaria vigente para la actividad gremial disciplinaria regulada para el funcionario judicial, que es socio y miembro del directorio nacional y tesorero de la Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial.

Al efecto, el Reglamento del Consejo Superior de Disciplina, COSUDI, cuyo objeto es velar por el fiel cumplimiento y respeto de los Estatutos y Reglamentos de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, en el artículo 2.- enseña que constituye una obligación de moral gremial, el eficiente y esmerado desempeño de los cargos de representación dentro de la Asociación.

Agrega el artículo que todo asociado, así como tiene el derecho de elegir a sus representantes, tiene la obligación de asumir los cargos de representación aludidos precedentemente.

El artículo 4.- dispone que los casos que deba conocer COSUDI serán sometidos a un procedimiento breve y sumario y sólo se considerarán aquellos en que el o los denunciantes y denunciados estén debidamente individualizados y los hechos constituyan trasgresión a los Estatutos vigentes o al Código de Ética.

El artículo 6.- dispone que son faltas a la disciplina y a la ética del gremio, cualquier contravención a las obligaciones dispuestas en los Estatutos Sociales, en especial las obligaciones contenidas en el artículo 12 del mismo cuerpo normativo, entre las cuales se encuentran:

a.- No acatar los acuerdos y resoluciones adoptados por los máximos organismos dude la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial.

b.- Asumir actitudes o ejecutar acciones que dañen el prestigio de la Asociación, de sus dirigentes y socios o actitudes funcionarias que propendan a la división del gremio, disminución de prestigio de sus miembros o que involucren daño inmerecido a la carrera funcionaria.

Sin perjuicio de otras conductas cuestionables y que trasgredan el Código de Ética, y el respeto entre los asociados y hacia los dirigentes (as).

El Título IV del citado Reglamento, artículo 9.- dispone que, las denuncias que cumplan con las exigencias del artículo 2º de este Reglamento, serán por escrito y entregadas por la vía más expedita al Presidente del COSUDI o quien lo subrogue, quien hará citar al resto de los integrantes de este Consejo, de conformidad al procedimiento establecido en este Reglamento, plazo que no podrá exceder de dos días hábiles, debiendo constituirse en un plazo no superior a cinco días hábiles desde el día de la citación.

El artículo 10.- expresa que en la reunión citada para el efecto, se revisarán los hechos denunciados, y este Consejo tendrá la facultad de iniciar la correspondiente investigación, siendo obligación fundamentar la negativa y dar cuenta de ello al Consejo Consultivo Nacional más próximo.

El Título V del Reglamento, artículo 11.-, enseña que la denuncia deberá ser presentada ante el Presidente del COSUDI o quien lo subrogue, dentro de quince días hábiles de ocurridos el o los hechos contravenidos.

El artículo 12.- dispone que el COSUDI, ordenará practicar la notificación de la denuncia al o a los acusados, por intermedio del Secretario, notificación que deberá ejecutarse dentro de los diez días hábiles siguientes de iniciada la investigación, plazo que podrá por resolución fundada, extenderse a diez días hábiles más.

El artículo 13.- ordena que la primera notificación al/los denunciados /s será personal cuando éstos tengan domicilio en la misma ciudad de quien deba practicar la notificación y por carta certificada, si tienen domicilio en otro lugar. En ambos casos se entregará copia de la denuncia.

Para que el denunciado efectúe la contestación o los descargos correspondientes señalando las alegaciones o defensas del caso, tendrá el plazo de quince días hábiles, contados desde la notificación, plazo que podrá ser ampliado por cinco días más a petición de parte o de oficio por parte del Consejo por resolución fundada.

El artículo 14.- dispone que si vencido el plazo no contesta, el Secretario certificará este hecho y el COSUDI procederá a fallar en rebeldía, en consideración al denuncio y a los antecedentes que se hayan recopilado en el proceso.

Además el artículo 15.- indica que, evacuada la contestación y el o los acusados ofrecen pruebas, éstas se recibirán dentro de los quince días corridos siguientes, contados desde el día siguiente al de la fecha de vencimiento del plazo para contestar. Agorado el término de prueba, incluidas aquellas que el COSUDI decretare de oficio, se dictará resolución inmediatamente.

NOVENO: Que al informar las recurridas aceptan que, con fecha 29 de julio de 2022, se celebró el Consultivo Nacional Extraordinario presencial y vía plataforma Zoom.

En dicha oportunidad el matrimonio compuesto por don nombre reservado, administrador, y doña nombre reservado, quien se desempeña en labores de aseo, ambos en el Hogar Judicial, ubicado en Cienfuegos Nº 169, Santiago, lugar en el que habitan junto a sus hijos, solicitaron ser escuchados por la asamblea y el Directorio Nacional, para presentar su renuncia a partir de una situación suscitada con el Tesorero Nacional, don nombre reservado. Que la compareciente nombre reservado expuso que en reunión sostenida con el Tesorero don nombre reservado, éste la denigró, señalándole que debía ser agradecida donde tener que vivir; cuestionando, además, el gasto mensual que rendía por compra de útiles de aseo para mantener el Hogar y que éstos ascendían a la suma de $ 100.000, aproximadamente, aseverando otra serie de actitudes displicentes hacia ellos por parte del señor nombre reservado, como el haberla citado a una reunión en su dormitorio, por haberse molestado al haber concurrido a efectuar la limpieza del lugar; no dar aviso, ni hacer entrega de llaves al retirarse.

Además, las recurridas expresan en el informe que, concluida la intervención de doña nombre reservado y don nombre reservado, se le otorga la palabra al señor nombre reservado, el que en un comienzo hizo ademán de retirarse del Consultivo, para luego optar por hacer sus descargos en forma verbal ante éste, debiendo intervenir en más de una oportunidad alguno de los asistentes, para solicitar que no amedrentare a los colaboradores, ya que sus descargos fueron efectuados en forma displicente, e incluso llegó a responsabilizar a doña nombre reservado de la situación diciéndoles: “y para que Ud. entró a la pieza?(…)". y que en base a lo que denunció doña nombre reservado él podría perder su trabajo.

DECIMO: Que, asimismo, no es discutido que el Directorio Nacional integrado por las recurridas sesionó exclusivamente para tratar el caso de la denuncia efectuada en el Consultivo Nacional por el matrimonio contratado por Anejud Chile, para efectuar servicios en el Hogar Judicial. Sesión efectuada el día 04 de agosto de 2022, con el único tema a tratar: “Situación del Tesorero Nacional don nombre reservado, ante la denuncia verbal, efectuada en el Segundo Consultivo Nacional Ordinario, realizado con fecha veintinueve de julio del año 2022”.

Que, además, no se encuentra controvertido que el Directorio Nacional, con el voto a favor de las recurridas, adoptó, con la abstención del director nombre reservado, la resolución que contiene el Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio, de fecha 04 de agosto de 2022, de remover al recurrente nombre reservado del cargo del tesorero nacional.

UNDECIMO: Que, por consiguiente, con las actuaciones antes reseñadas y las disposiciones transcritas del Reglamento del Consejo Superior de Disciplina de la Asociación Nacional de Empleados Judiciales, se evidencia que lo aseverado por los comparecientes en la audiencia de la Asamblea Consultiva Nacional, de fecha 29 de julio de 2022, nombre reservado y nombre reservado, no puede ser considerado como una denuncia de carácter disciplinario porque no reúne los requisitos esenciales de ésta, por ello no puede interpretarse una contestación regular la intervención en la audiencia del recurrente nombre reservado.

Por consiguiente, las recurridas de autos luego de tal incidencia, sin que haya mediado denuncia, notificación y emplazamiento formal, contestación, ni prueba no podían atribuirse bajo ningún pretexto la facultad para remover al recurrente de su cargo de tesorero nacional, pues, no tenían ni autoridad o derecho para dictar una verdadera sentencia definitiva condenatoria de carácter disciplinario en el Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio, de fecha 04 de agosto de 2022.

DUODÉCIMO: Que, en estas condiciones, el recurrente ha sido efectivamente afectado en la garantía protegida por la acción constitucional de igualdad ante la ley, reconocida en el numeral 2º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en la dimensión que, en sus derechos como funcionario judicial asociado, ha recibido un trato discriminante en comparación con cualquier otro socio dentro de un procedimiento sancionador, pues sin razón legal o racional que lo justifique ha sido diferenciado en la forma antes señalada.

Que, además, se ha incurrido en la vulneración de la garantía del numeral 3º del artículo 19 de la Constitución, que también alega el recurrente, determinadamente, la del inciso quinto del precepto constitucional: “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señale la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”, que es el inciso que literalmente protege la disposición constitucional por la vía del presente nombre reservado, pues efectivamente al carecer de competencia en primera instancia el Directorio y el Consultivo Nacional para conocer y resolver sancionar disciplinariamente al recurrente, en el hecho se constituyó en una verdadera comisión especial, la que ha llevado a las recurridas a los abusos o infracciones de derecho descritos en el considerando UNDECIMO de esta sentencia, por vía de arbitrariedad y falta de legalidad en la forma en que han operado.

Y, vistos, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se resuelve:

Que se acoge el nombre reservado interpuesto por nombre reservado en contra de las directoras nacionales de la Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial - ANEJUD - nombre reservado Borja, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, respectivamente, y en consecuencia, se decreta la reincorporación del recurrente al cargo de Tesorero Nacional de la Asociación Nacional de Empleados y Empleadas del Poder Judicial, sin costas.

Redacción del Ministro señor Jorge nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-102026-2022.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Jorge Luis Zepeda Arancibia, señor Tomás Gray Gariazzo y el Abogado Integrante señor Euclides Ortega Duclercq.

En Santiago, diecisiete de julio de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.