INGEPROC SPA con SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de abril de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, el 31 de agosto de 2022, comparece Jorge Andrés Ahumada Beltrán, abogado, en representación de Servicios de Ingeniería Construcción y proyectos Ingeproc SpA, (en adelante Ingeproc) e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, (en adelante la Superintendencia) por no sancionar ni fiscalizar al liquidador que ha dilatado excesiva e injustificadamente el procedimiento de liquidación concursal Rol Nº C-15639-2017 del Cuarto Juzgado Civil de Santiago, al que se encuentra sometida la recurrente, lo que vulneraría sus garantías constitucionales consagradas en los numerales 2, 4, 21 y 24 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental.

Indica que dicho procedimiento se inició el año 2017, designándose como nombre reservado a don nombre reservado.

Señala que, dentro de los activos en proceso de litigación y recuperación, estaban dineros por devolución de impuestos ante el Servicio de Impuesto Internos (SII) y dineros que se debían recuperar por concepto de boletas de garantía ante el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Agrega que, desde el año 2019, ha efectuado una serie de presentaciones ante la recurrida, debido a la negligente actuación del nombre reservado manifestada en la demora en el cierre del proceso concursal, que no habría efectuado ninguna gestión conducente al cierre del proceso.

Añade que, frente a la nula respuesta, se solicitó a la recurrida, en ejercicio de sus atribuciones, que instruyera al liquidador del proceso, nombre reservado, para que informara a la brevedad, detalladamente todas y cada una de las gestiones y acciones, judiciales y extrajudiciales, realizadas o desplegadas ante el MOP y SII, con el objeto de recuperar los fondos retenidos.

Indica que la recurrida pidió esa información, pero el liquidador no contestó lo solicitado.

Señala que, los años 2020 y 2021, se efectuaron otras solicitudes a la recurrida -y como no había información del liquidador- pidió que se ordenara rendir cuenta final o se aplicara las sanciones establecidas en la Ley Nº 20.720, es decir, que la recurrida cumpliera con su mandato legal de fiscalizar la actuación de este profesional.

Agrega que la recurrida, por medio de oficio Nº 5103, de fecha 04 de abril del año 2022, respondió al recurrente respecto de 6 ingresos efectuados, reclamando por el actuar del liquidador Sr. nombre reservado, adjuntando el oficio N° 507, dirigido al liquidador, el cual contiene 13 puntos que dan cuenta de diversos incumplimientos.

Añade que, posterior a ello, la recurrente hizo una presentación en la causa Rol C-15639-2017 del 4º Juzgado Civil de Santiago, para indagar sobre la actuación del liquidador ante el SII en lo relativo a la recuperación de dineros por conceptos de devolución de impuestos y ante el MOP por concepto de recuperación de dineros por boletas de garantía, ya que la recurrida nunca le informó al respecto. En ese marco, se acompañó un informe de MCN Auditores, fechado el 11 de julio de 2022, que da cuenta de algunas actuaciones, desde el 18 de diciembre de 2018 (después de un año de decretada la liquidación) otras actuaciones durante el año 2019 hasta el 05 de febrero de 2020, fecha en que el SII autorizó una devolución por $ 309.220.029. A casi casi 2 años y medio desde esta última fecha no se ha realizado ninguna otra gestión ante la referida institución pública.

Indica que el liquidador informó con fecha 18 de julio de 2022, en lo relativo al tema del MOP, después de más de 5 años desde que se decretó la liquidación que nunca contrató un abogado para litigar en contra del MOP.

Señala que de la simple revisión del expediente digital judicial, se puede apreciar un sin número de apercibimientos solicitados en contra del Liquidador, por diferentes apoderados de la causa, lo que está en conocimiento de la recurrida, pero no hace nada.

Alega que la recurrente viene denunciando la negligencia del liquidador a la recurrida desde el 2019.

Agrega, por último, que el 26 de julio de 2022 la recurrente pidió al director de la Superintendencia que impartiera instrucciones al liquidador para presentar la cuenta final del proceso de liquidación concursal dentro del plazo de 10 días hábiles, bajo apercibimiento de aplicársele alguna de las sanciones del artículo 338 y 339 de la Ley N° 20.720, en especial la exclusión de la nómina respectiva, a lo que la recurrida contestó el 25 de agosto de 2022 que ante la falta de respuesta del liquidador al Oficio N° 3975 dentro del plazo de 2 días que se le concedió, los antecedentes fueron derivados al Departamento Jurídico del Servicio a fin que sean evaluados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 340 y siguientes de la Ley N.º 20.720 En cuanto al derecho, alega que se vulnera su derecho consagrado en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República por el trato desigual que se le da al liquidador respecto de la recurrente; el N° 4, por cuanto las morosidades de la recurrente fueron publicadas en DICOM y no han sido eliminadas; el N° 21 por cuanto no puede acceder a créditos y el N° 24, por cuanto las acciones en contra del SII y el MOP pueden haber prescrito por la negligencia del liquidador.

Por todo lo anterior pide declarar:

1.- Que la recurrida, en razón de los hechos denunciados en el presente escrito, ha vulnerado, por omisiones ilegales y arbitrarias, las garantías señaladas en el artículo 19 Nº 2, 4, 21 y 24 de nuestra Carta Magna;

2.- Que en razón de lo anterior, la recurrida deberá proceder a instruir y ordenar al nombre reservado de la causa C-15.639-17 del 4º Juzgado Civil de Santiago, don nombre reservado, para que dentro de un plazo de 10 días, a contar de su requerimiento, presente la cuenta final de la administración de la causa antes señalada;

3.- Que, en razón de lo pedido en el numeral anterior, la recurrida deberá, dentro del plazo de 10 días, contados desde que se tenga por aprobada la cuenta final de administración, solicitar al 4º Juzgado Civil de Santiago, el término del proceso concursal Rol Nº C-15.639-2017;

4.- Que se decreten las demás medidas que SS.I., determine;

5.- Que, sea condenada a las costas de la causa.- Segundo: Que, el 14 de noviembre de 2022, Elías Gutiérrez Zenteno, abogado en representación de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, evacuó informe solicitando el rechazo del recurso, con costas, por los siguientes motivos:

A.- Porque la Superintendencia sí ha fiscalizado al liquidador y en la actualidad hay un procedimiento sancionatorio en su contra, pendiente de fallo.

Precisa que, respecto a la fiscalización efectuada, por medio de Oficio Nº 21514 de 16 de noviembre de 2020, la Superintendencia efectuó una serie de observaciones contables al liquidador, que detalla en su informe, con sus instrucciones respectivas, las que fueron reiteradas por Oficio Nº 2074 de 1 de febrero de 2021.

Indica que, respecto a las instrucciones señaladas, por Ingreso Superir Nº 6326 de 31 de enero de 2022, el liquidador solicitó prórroga del plazo para entregar todos los antecedentes requeridos, el que fue concedido por Oficio Superir N.º 2432 de 15 de febrero de 2022. Luego, por Ingreso Superir N.º 10024 de 17 de febrero de 2022, el Liquidador reiteró solicitud de prórroga de plazo para entregar los antecedentes requeridos, el que fue concedido por Oficio Superir N.º 3154 de 28 de febrero de 2022, otorgándole un plazo adicional de 1 día hábil.

Señala que, por medio de Ingreso Superir N.º 13174 de 4 de marzo de 2022, el Liquidador dio respuesta a cada uno de los puntos, considerándose insatisfactorias las respuestas dadas, por lo que, por medio de Oficio Superir N.º 3975 de 14 de marzo de 2022, se le confirió un plazo único y adicional de dos días para cumplir íntegramente lo instruido, no constando cumplimiento en la oportunidad correspondiente.

Agrega que, de acuerdo a lo expuesto, el 16 de mayo de 2022, la Superintendencia confeccionó informe sancionatorio respecto a los hechos observados en los oficios antes referidos, así como de todas las infracciones que se constataron en el procedimiento de autos, derivándose tal informe al Departamento Jurídico de este Servicio, a fin que fueren evaluados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 340 y siguientes de la Ley Nº 20.720.

Añade que, en relación con lo anterior, por Oficio Superir Nº 18217 de 28 de septiembre de 2022, la Superintendencia comunicó al Liquidador la Resolución Exenta N.º 5706 de misma fecha, relativa a la instrucción de un procedimiento sancionatorio en su contra.

Indica que luego, mediante Ingreso Superir N.º 68652 de 14 de octubre de 2022, el Liquidador formuló sus descargos contra la mencionada Resolución Exenta, que le representó las infracciones relacionadas con los artículos 6, 47, 174, 248 N.º 1 y 9 todos de la Ley N.º 20.720, el artículo 52 del Instructivo SIR N.º 1 de 6 de octubre de 2015; y a las instrucciones particulares impartidas de conformidad al artículo 337 N.º 4 de la Ley N.º 20.720. Al respecto, por Resolución Exenta N.º 6444 de 20 de octubre de 2022, la Superintendencia tuvo por formulados los descargos del Liquidador, dentro de plazo legal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 340 de la Ley N.º 20.720, notificándole la resolución señalada, mediante correo electrónico.

Agrega que el procedimiento sancionatorio contra el Liquidador titular nombre reservado se encuentra en actual tramitación, encontrándose pendiente la resolución que se dicte, en definitiva, la que se pronunciará sobre las alegaciones y defensas del infractor, y contendrá la declaración de la sanción impuesta si correspondiere.

Añade que, respecto a las gestiones pendientes en el procedimiento de autos, en Junta Extraordinaria de Acreedores de 31 de agosto de 2022, se acordó la contratación especializada del abogado don Alejandro Usen Vicencio, con el objeto de entablar las acciones tendientes a recuperar y reintegrar los activos o estados de pagos y o retenciones que mantiene la empresa deudora con el MOP, tanto con la Dirección de Vialidad como con la Dirección de Arquitectura; así como cualquier otro que se encuentre en dicha situación en conformidad a la ley.

Indica que según consta en cuenta provisoria publicada el 12 de octubre de 2022, el procedimiento de autos tendría fondos disponibles por la suma de $ 181.300.998, encontrándose pendiente una nueva propuesta de reparto de fondos en el concurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 y siguientes de la Ley N.º 20.720.

B.- Porque la conducta de la Superintendencia no ha sido ilegal ni arbitraria, pues sí ha fiscalizado al liquidador y se encuentra tramitando un procedimiento sancionatorio en su contra.

C.- Por una falta de legitimación pasiva de la recurrida, dado que, en las propias palabras de la recurrente, las supuestas vulneraciones a sus derechos constitucionales invocados se dan por una “lentitud, desprolijidad y negligencia del liquidador”, y no por un actuar de esa parte.

D.- Porque la Superintendencia no puede poner término al procedimiento concursal, dado que dentro de las competencias de este Servicio no se comprende la de intervenir en el concurso, o la de rehabilitar al Deudor, no obstante, lo dispuesto en el inciso final del artículo 6 de la Ley N.° 20.720, que dispone la eliminación, modificación o bloqueo de los datos del Deudor en el Boletín Concursal, en conformidad con lo establecido en la Ley N.° 19.628, sobre protección de la vida privada, una vez cumplidos los presupuestos procesales para ello, lo que en el caso de marras no ha ocurrido.

E.- Porque el término del procedimiento depende del liquidador, la Junta de Acreedores y el Juzgado Civil competente, más no de la Superintendencia.

F.- Porque, por las razones ya expresadas y otras que precisa el informe, no han sido vulneradas las garantías invocadas por la recurrente.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, acto u omisión que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

Cuarto: De los antecedentes incorporados por las partes al presente arbitrio se puede desprender que la recurrida ha adoptado las medidas que están a su alcance para remediar el retraso del liquidador en la tramitación del proceso concursal a que está sometida la empresa recurrente. En efecto, ha pedido cuenta al mentado liquidador de lo pendiente y ante las respuestas de éste –que consideró insatisfactorias- ha instruido el respectivo sumario administrativo, imponiendo al liquidador nombre reservado la sanción pertinente, la cual ha sido impugnada por el aludido sumariado.

Por ende, no puede sostenerse, como lo asevera la recurrente, que la Superintendencia recurrida haya incurrido en omisiones ilegales y arbitrarias, toda vez que, por el contrario, esa entidad fiscalizadora sí ha respondido ante la demora que el liquidador demuestra en el citado proceso concursal, dentro de la órbita de su competencia.

Por otra parte, es claro que no corresponde a la recurrida intervenir en el proceso concursal, requiriendo las diligencias pertinentes para acelerar el procedimiento, ya que no cuenta con atribuciones legales en ese sentido.

En consecuencia, no advirtiéndose más medidas que pueda tomar la recurrida en torno a esta situación, desde que se ha instruido el sumario administrativo pertinente y se ha aplicado la sanción respectiva, la que ha sido recurrida por el liquidador, la presente acción cautelar no puede prosperar, al no advertirse la existencia de un acto ilegal o arbitrario imputable al proceder de la recurrida.

Mérito de lo antes razonado, resulta inoficioso ponderar las garantías fundamentales que la recurrente estima que han sido infringidas.

Por las consideraciones anteriores, más lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza el recurso de protección deducido por el abogado Jorge Andrés Ahumada Beltrán, abogado, en representación de Servicios de Ingeniería Construcción y proyectos Ingeproc SpA, en contra de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, sin costas.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Tomás Gray.

Protección N° 101802-2022.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por el ministro señor Jorge Luis Zepeda Arancibia, e integrada, además, por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y la abogada integrante señora Magaly Carolina Correa Farías. No firma el ministro señor Zepeda Arancibia no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse en comisión de servicios.

En Santiago, diecinueve de abril de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.