Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintidós de agosto de dos mil veintitrés.

A los folios 8; a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente Primero: Que, comparece en su favor doña nombre reservado, de nacionalidad colombiana, interpone acción de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por el acto que estima como arbitrario e ilegal consistente en el rechazo del pronunciamiento sobre su solicitud de visa temporaria por vínculo con chileno. Estima que con ello se vulnera la garantía contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, con costas.

Para fundar su recurso indica que con fecha 31 de enero de 20218, obtuvo visa temporaria para permanecer en Chile durante un año, hasta 31 de enero 2019, ya que en octubre de 2017 su hijo nació en Chile, posteriormente el 21 de octubre de 2020, obtuvo nuevamente visa temporaria por el período de un año, ordenando estampar visa en el plazo de 60 días, y como estaba en plena pandemia, realizó todos los trámites a través de Correos de Chile.

Indica que el 7 de julio de 2022, como no ha obtenido respuesta de su solicitud, a través de la Ley 20.285, solicitó que se le informara la tramitación de su visa, obteniendo respuesta el 5 de agosto de 2022, la cual le señala que su solicitud de residencia había sido resuelta el 22 de marzo de 2021, mediante Resolución Exenta N° 35.507 y que debía concurrir personalmente a las oficinas del Servicio.

El 4 de agosto de 2022, concurrió al Departamento de Migraciones, la cual se le notificó de la resolución antes señalada, la cual rechazaba su residencia, por no haber acompañados los documentos en el plazo de 60 días establecidos por la autoridad, y se le obliga hacer abandono del país a los 15 días de notificada.

Señala que presentó lo documentos dentro de plazo, a través de Correos de Chile, que tampoco puede abandonar a su hijo ni sacarlo fuera del país sin la autorización del padre, por lo que solicita acoger el presente recurso, adoptando las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, informado el recurrido Servicio Nacional de Migraciones, solicita desde ya el rechazo de la presente acción constitucional que se ha interpuesto en su contra, ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, debiendo ser considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Respecto de la situación migratoria de la recurrente indica que con fecha 20 de abril de 2017, por el paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado, en calidad de turista, se le otorgó visación temporaria al extranjero, por el plazo de un año. Este permiso se mantuvo vigente hasta el 31 de enero de 2019.

Con fecha 2 de julio de 2019, el Departamento de Extranjería aplicó una multa a la recurrente por la suma de $56.308 por residencia ilegal en el país, la cual se pagó mediante vale vista, con esa misma fecha.

Con fecha 10 de julio de 2019, la recurrente solicitó, mediante carta certificada, una nueva visa de residencia temporaria por tener un vínculo con ciudadano chileno. La solicitud fue acogida a trámite y fue registrada como la Solicitud de Residencia Temporaria por Correo N° 116036-2019.

Mediante la Resolución Exenta N° 181427, de fecha 21 de octubre de 2020, se le otorgó a la recurrente una visa de residencia temporaria, por un año y en calidad de titular. Mediante la Notificación N° 71960-2020, de fecha 21 de octubre de 2020, se informó a la recurrente que, para materializar el beneficio, debía cumplir con requerimientos previos, esto es, a) Acreditar su sustento económico; b) Pagar una multa por haber realizado actividades remuneradas sin autorización, acompañando además el certificado respectivo de dicho pago; y, c) Pagar la orden de giro respectiva, acompañando el certificado de pago.

Se le otorgaron 60 días para que remitiera toda la documentación solicitada. Hecho esto, este Servicio habilitaría el respectivo estampado electrónico de la visa otorgada para ser descargado desde la página web de trámites de esta autoridad.

Con fecha 19 de enero de 2022, la recurrente envió nuevos antecedentes por la carta certificada con código de correo 3075955664772. Estos fueron: copia de su cédula de identidad por ambos lados, copia de su hoja de identificación de su pasaporte y el certificado de pago de la orden de giro. Sin embargo, la recurrente no acompañó el certificado de pago de multa, como tampoco documento alguno que acreditara su sustento económico en Chile.

Mediante la Resolución Exenta N° 35507, de fecha 22 de marzo de 2021, se dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 181427 y se rechazó la solicitud de visa de la recurrente, disponiendo su abandono del país, en un plazo de 15 días.

Se reservó a la recurrente el recurso administrativo establecido en el artículo 142 bis del Reglamento de Extranjería y los recursos contemplados en la Ley N° 19.880. Dichos recursos no fueron ejercidos por el recurrente.

No se ha dictado acto administrativo por parte de esta autoridad que aplique la medida de expulsión a la recurrente.

Indica que la resolución que rechazó la solicitud de visa temporaria, fue dictada por la autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones, es decir, el Servicio Nacional de Migraciones, en el ejercicio de las facultades que le confiere el Decreto Ley N°1.094 de 1975, Ley de Extranjería, vigente a la época.

Sostiene que la resolución se basó en causales legales para rechazar la solicitud de visación temporaria de la recurrente, contempladas en el artículo 64 N° 4, en relación con el artículo 15 N° 4, y en el artículo 65 N° 5, en relación con el artículo 70, todos del Decreto Ley N° 1.094 y 135 del Reglamento; las que dicen relación con que la recurrente no remitió a ese Servicio documento alguno que sirviera para acreditar su sustento económico, y como tampoco acompañó el respectivo certificado del pago de la multa aplicada por haber ejercido un trabajo remunerado sin la debida autorización, por lo que se rechazó su solicitud, en los términos del artículo 64 del Decreto Ley N° 1.094 y del artículo 138 N° 5 del Reglamento.

En cuanto a la orden de abandono del país, la autoridad migratoria se encuentra siempre, en principio, obligada a disponer el abandono del territorio nacional de un extranjero a quien se le haya rechazado o revocado un permiso de residencia. Así lo dispone el artículo 67 inciso 2° del Decreto Ley N° 1.094 de nombre reservado. Indica que no consta el abandono voluntario por parte de la recurrente, tampoco se ha dictado el acto administrativo por parte de esa autoridad que aplique la medida de expulsión.

Finalmente, en la resolución que rechazó la solicitud de visa de la recurrente, se reservó expresamente a la recurrente el recurso administrativo establecido en el artículo 142 bis del Reglamento de Extranjería y los recursos contemplados en la Ley N° 19.880, la cual no intentó dicho recurso. En virtud del artículo 142 bis, el recurso de reconsideración tiene efecto suspensivo, por lo que la recurrente, de haber procedido mediante la vía administrativa, hubiese retrotraído su condición migratoria a una regular, por suspenderse los efectos del rechazo de su solicitud de visa y los efectos de la orden de abandono dispuesta en su contra.

Por estas razones, y tras dar cuenta del marco normativo al que se sujetó el procedimiento administrativo, concluye que la decisión que por esta vía se impugna, ha sido dictada por autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, y fundada en causal expresa de la legislación migratoria vigente al momento de emitir el Decreto, por lo que solicita el rechazo del recurso de protección deducido, con expresa condena en costas.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, por la vía del presente recurso se cuestiona el actuar del Servicio de Migraciones, por no haber rechazado su solicitud de residencia temporaria sobre la base de no acompañar los documentos solicitados por ésta, esto es, acreditar su sustento económico y certificado de pago de multas por haber realizado actividades remuneradas sin autorización.

Sexto: Que, del texto de la resolución impugnada, aparece claramente que la autoridad migratoria ha expresado los fundamentos que conducen a su decisión, haciendo aplicación de las causales legales ya transcritas respecto de la protegida.

Séptimo: Que en este escenario no puede atribuirse al Servicio Nacional de Migraciones alguna actuación ilegal al momento de resolver rechazar la solicitud de residencia temporaria de la recurrente, por cuanto lo hizo con los antecedentes que fueron aportados por la misma, sin que se diera cumplimiento a la normativa al efecto, ni subsanara dentro de plazo lo requerido por la administración, sin que pueda entenderse que se vulnera garantía constitucional alguna del amparado al momento de dar cumplimiento a las exigencias establecidas por la ley en materia de migraciones.

Octavo: Que, en consecuencia, no existiendo acción u omisión por parte de la autoridad administrativa respecto de la que esta Corte pueda tomar alguna medida al efecto, por lo que el presente recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones, atendido, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado, en contra del Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Sin perjuicio del derecho de la parte recurrente, para regularizar su situación migratoria, teniendo en consideración el antecedente de haber tenido un hijo chileno, ante la autoridad pertinente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-101732-2022.