Protección contra Subsecretaría del Interior

C.A. de Santiago Santiago, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 8; téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha veintisiete de marzo de dos mil veintiséis, comparece Magdalena Paz Ortega Puebla, abogada, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría del Interior, legalmente representada por Máximo nombre reservado, por haber dictado la Resolución Exenta N.º NUM000, de fecha 25 de febrero de 2026, notificada con fecha 6 de marzo de 2026, que confirma la resolución que rechazó su solicitud de regularización migratoria extraordinaria del artículo 155 N° 9 de la ley 21325. Actuación que considera ilegal y arbitraria, pues a su parecer, dicha resolución carece de una fundamentación suficiente y específica al rechazar un recurso de reposición interpuesto contra la negativa de una solicitud de regularización migratoria extraordinaria, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y a ser sometido a un procedimiento racional y justo, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19, numerales 2 y 3, por lo que solicita que se deje sin efecto el acto impugnado y se ordene a la autoridad recurrida emitir un nuevo pronunciamiento que pondere debidamente los antecedentes del caso.

Expone la recurrente que ingresó a territorio nacional el 26 de abril de 2022 por paso no habilitado, compelida por la crisis política y económica de su país de origen, con el objeto de proveer sustento a sus dos hijos, uno de los cuales padece de síndrome de déficit de atención con hiperactividad, circunstancia que le exige obtener una situación migratoria regular para acceder a mejores empleos y seguridad social.

Refiere que, con fecha 22 de diciembre de 2023, solicitó una regularización extraordinaria por motivos humanitarios al amparo del artículo 155 N.° 9 de la Ley N.° 21.325, petición que fue rechazada mediante Resolución Exenta N.° NUM001, de 4 de octubre de 2024. Frente a este último acto, dedujo recurso de reposición, el cual fue desestimado por la Resolución Exenta N.° NUM000 ahora impugnada, cuya fundamentación califica de genérica, estandarizada y carente de un análisis real sobre su situación particular.

En cuanto a los fundamentos de derecho, sostiene que la resolución recurrida infringe el deber de motivación de los actos administrativos consagrado en los artículos 11 y 41 de la Ley N.º 19.880, así como el principio de transparencia de la Ley N.º 18.575. Argumenta que, si bien la autoridad tiene facultades discrecionales, estas no pueden ejercerse de forma antojadiza, especialmente cuando el propio acto administrativo reconoce como ciertos los hechos invocados pero omite explicar por qué estos no califican como excepcionales. Invoca jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que sanciona la falta de fundamentación específica en materia migratoria como un vicio de ilegalidad y arbitrariedad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto la Resolución Exenta N.º NUM000 y se ordene a la Subsecretaría del Interior emitir un nuevo pronunciamiento debidamente fundado respecto del recurso de reposición en el plazo que el tribunal estime pertinente.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe solicitado, comparece Paulina Rivas Núñez, abogado, en representación de la Subsecretaría del Interior, quien solicita el rechazo íntegro de la acción de protección interpuesta, con expresa condena en costas. Inicia su exposición precisando el marco normativo aplicable, señalando que, conforme al artículo 24 de la Ley N° 21.325 y al Decreto Supremo N° 296 de 2022, el Estado debe promover una migración regular y ordenada, siendo un deber que el ingreso se realice por pasos habilitados.

Sostiene que la regularización migratoria es una facultad discrecional de la autoridad y no una obligación, rigiéndose toda solicitud actual por la Ley N° 21.325 bajo el principio de aplicación in actum de las normas de derecho público.

En cuanto a la improcedencia de la vía elegida, arguye que la acción de protección, dada su naturaleza cautelar, autónoma y excepcional, no es el arbitrio idóneo para declarar derechos preexistentes ni tutelar meras expectativas, máxime cuando el ordenamiento jurídico prevé vías administrativas específicas en la Ley N° 19.880 y en el artículo 139 de la Ley N° 21.325.

Respecto al fondo del asunto, afirma que no existe un actuar ilegal ni arbitrario, por cuanto la autoridad ponderó debidamente los antecedentes de la recurrente, determinando que sus alegaciones de carácter genérico sobre bienestar económico y familiar no configuran un caso excepcional, calificado o humanitario que justifique el uso de la potestad extraordinaria del artículo 155 N° 9 de la citada ley.

Añade que la recurrente no ha acreditado un arraigo social y familiar de carácter significativo según el estándar de la Excelentísima Corte Suprema. Finalmente, advierte que de acogerse la acción se vulneraría el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, al otorgar un privilegio injustificado frente a otros extranjeros que cumplen con la normativa vigente.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que el acto impugnado la Resolución Exenta N.º NUM000, de fecha 25 de febrero de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra de la negativa de la solicitud de regularización migratoria extraordinaria del N° 9 del artículo 155 de la Ley N° 21.325.

QUINTO: Que en lo que atañe a la recurrida Subsecretaria del Interior, esos mismos antecedentes dan cuanta que esta autoridad administrativa ha actuado ejerciendo las facultades que la configure la ley, fundando de manera debida el acto que emite, desde que en éste se expresan suficientemente las razones que justifican el rechazo de la solicitud. Es posible advertir del acto administrativo que motiva el recurso que éste se hace cargo de todos los aspectos a que se refiere el citado N° 9 del artículo 155 de la Ley N° 21.325, lo que impide formularle un reproche de arbitrariedad, y además se ajusta a la normativa sobre migración y extranjería, de tal modo que tampoco puede reprochársele alguna ilegalidad, máxime si las alegaciones de la recurrente son de carácter genérico sobre bienestar económico y familiar no configurando un caso excepcional, calificado o humanitario que justifique el uso de la potestad extraordinaria de la disposición legal citada, sobre todo existiendo vías administrativas para obtener lo que pretende mediante la presente acción constitucional.

SEXTO: Que, luego de lo dicho, sólo cabe concluir que la autoridad recurrida al pronunciar la resolución impugnada actuó con estricto apego a la normativa legal que regula la materia, no existiendo actuación ilegal ni arbitrario que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio del derecho que invoca la actora.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°10.171-2026.