nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS

C.A. de Santiago Santiago, nueve de mayo de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado e interpone recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social por el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, RUT reservado, válidamente emitidas por su médico siquiatra tratante, extendidas por un total de 108 días a contar del 14 de abril de 2023, y que, a su juicio, vulnera las garantías contempladas en los N°s. 1 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

Refiere que se vio afectada por un síndrome angustioso severo y trastorno de estrés postraumático, cuya sintomatología, evolución y ajustes del tratamiento se indican en los informes de su médico tratante, de 4 de abril y 27 de julio de 2023, y los de 8 de marzo y 10 de abril de 2023, emitidos por su sicóloga, quien la trata como terapeuta desde el 10 de octubre de 2020, los que allí transcribe.

Alude también a los informes de 1 de junio y 22 de julio de 2022 de la siquiatra, en el cual se indicó que la recurrente presentaba síntomas angustiosos severos desde mediados de abril, que incluían, entre otros síntomas somáticos relacionados de alta intensidad: lumbalgia, dolor abdominal, temblores, contracturas musculares, bruxismo, aumento del apetito, labilidad emocional y tristeza, y que tenía su origen frente a situaciones altamente traumáticas vividas en su infancia, que al reactivarse gatillaron el cuadro actual.

Se remite además a los informes de la facultativa, quien la atiende desde 9 de mayo de 2022, los que datan del 14 de octubre y 4 de diciembre de 2022; y del 2 de enero y 20 de febrero de 2023.

Menciona igualmente al informe de 6 de abril de 2023, de la sicóloga clínica que la atendió entre febrero y agosto del 2022.

Señala que le dejaron de pagar las licencias emitidas a partir del 23 de julio de 2023, las que fueron rechazadas.

Explica que el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad de salud mental desencadenada por una situación aterradora, cuyos síntomas pueden incluir reviviscencias, pesadillas y angustia grave, así como pensamientos incontrolables sobre la situación, cuyos síntomas empeoran, duran meses e incluso años, e interfieren las actividades diarias.

Narra que sus síntomas se desencadenaron en su trabajo, toda vez que se desempeñaba como Educadora Diferencial en un programa de integración Escolar en un liceo emblemático de la comuna de Providencia, y tuvo que acompañar a una estudiante víctima de reiterados abusos sexuales y vulneraciones por distintos miembros de su familia.

Sostiene que los fundamentos entregados por la entidad recurrida para el rechazo de las licencias médicas en orden a que los informes del médico tratante no permitían establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, no son efectivos, pues de los documentos que acompaña se desprende dicha información, considerando que se desempeña como educadora diferencial, siendo claro que la labilidad emocional, la angustia, lumbalgia, el dolor abdominal, temblores, contracturas musculares, bruxismo, aumento del apetito, y la tristeza impiden la realización de sus labores regulares con personas o alumnos, sobre todo si debe acompañarlos en procesos personales que se desencadenan por ser víctimas de abuso sexual.

Alega que la decisión de rechazo carece de fundamento, limitándose a indicar que los reposos no se encuentran justificados, y que resulta ilegal y arbitraria pues prescinde de las conclusiones del médico tratante y sin indicar los motivos por lo que dichos informes no le permiten establecer la incapacidad laboral, sin siquiera haber realizado un peritaje previo, ni exista informe alguno que indique que la recurrente este en buen estado de salud para reincorporarse en su trabajo.

Observa que no consta que dicha entidad fiscalizadora haya accedido a algún análisis o examen de su estado de salud.

Agrega que no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 del “referido decreto supremo (sic)”, y que no existen otros antecedentes que hayan podido tener a la vista COMPIN y SUSESO que acrediten la conclusión contraria a la indicada en los referidos informes, ni se indican los informes, fundamentos, peritajes, visitas domiciliarias o cualquier otro instrumento, documento o modo de convicción en que funde la decisión de confirmar el no pago de las licencias médicas respectivas, razón por la que estima que el acto recurrido es arbitrario.

Comenta que los hechos mencionados han tenido un impacto negativo en su recuperación y le han impedido seguir el tratamiento médico de manera tranquila, ya que ha debido ocuparse de realizar reclamaciones ante las autoridades pertinentes sin contar con los recursos económicos necesarios, generando un estado emocional inestable y vulnerable, afectando su capacidad para trabajar y llevar una vida normal y llevándola a endeudarse debido a la falta de ingresos durante ese período.

Por lo anterior, solicita se acoja el recurso, se aprueben y ordene el pago, por quien corresponda, de las licencias médicas que motivan el recurso, o bien la declaración que esta Corte se sirva efectuar en tal sentido.

SEGUNDO: Que comparece, por la Superintendencia de Seguridad Social, don nombre reservado, abogado, solicitando en primer lugar que se rechace la acción de protección por haber sido ejercida de forma extemporánea, con costas.

Argumenta al efecto que el presente recurso se ejerció de manera subsidiaria a las otras que contempla el procedimiento establecido en el Decreto N°3, de 1984, del Ministerio de Salud, contrariando su evidente naturaleza cautelar.

Precisa que el 3 de agosto de 2023 la recurrente presentó a dicha entidad un reclamo respecto del rechazo de las licencias médicas por parte de COMPIN, lo que evidenciaría que pasaron más de 30 días entre la fecha de la interposición de esta acción y el conocimiento que la recurrente tuvo del rechazo de las licencias médicas.

En subsidio alega la improcedencia de la acción de protección, por cuanto la materia sobre la que versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el N° 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, el que no está amparado por la acción cautelar de protección.

Y, en subsidio de lo anterior, evacuó su informe en cuanto al fondo, solicitando el rechazo del recurso deducido en su contra, con costas, argumentando que dicho servicio no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario que haya vulnerado, respecto de la recurrente, alguna de las garantías que la Constitución Política de la República establece en su artículo 19.

Luego de ilustrar sobre la normativa aplicable a las licencias médicas, y las facultades de la Superintendencia en esa materia, alega ausencia de arbitrariedad e ilegalidad en lo actuado por esa institución, debido a que su decisión se basó en un análisis riguroso de los antecedentes médicos, siguiendo los procedimientos establecidos, proporcionando una fundamentación clara para las decisiones, contando la recurrente con la revisión de instancias superiores.

Razona que la interposición del presente recurso desborda los límites de aplicación de la acción de protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, situación en la que no se encuentra el derecho a licencia médica de la recurrente.

Añade que esa Superintendencia, mediante sus médicos, los antecedentes del caso, quienes comentaron: “Mujer de 36 años, trabaja como profesora. Con permiso autorizado por 106 días con diagnóstico de F43.1 - Trastorno de estrés postraumático. En IMT no describe síntomas de gravedad o incapacitantes que le impidan trabajar. Con múltiples LM rechazadas previo al periodo reclamado. En peritaje de fecha 22.08.2022 se concluye reposo no justificado, periodo no relacionado con el reclamado. Se rechaza”

Aclara que en la especie se contó con la existencia de un peritaje, el que fue analizado por sus expertos, llegando a la conclusión que no procede autorizar el reposo solicitado.

Advierte que lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar las licencias médicas de la recurrente, se encuentra médico-administrativamente justificada.

Por último, sostiene que no ha existido vulneración de las garantías constitucionales que se denuncian amagadas.

TERCERO: Que también ha rendido informe la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana, señalando que esa repartición revisó los antecedentes remitidos por la recurrente, resolviendo ratificar la decisión de la Isapre Consalud, en el sentido de mantener el rechazo de las licencias médicas, en base a las siguientes razones:

1.- La licencia médica N°RUT reservado se rechaza, en atención de que la recurrente acumula 331 días de reposo psiquiátrico. Periodo no justificado con peritaje psicológico de fecha 22 de agosto de 2022. Se estima que la recurrente se encontraba en condiciones de reintegrarse a su trabajo desde antes del comienzo de la licencia evaluada. Lo anterior fue ratificado por Resolución Exenta Nº 131-23-066480 y por Resolución Exenta Nº 131-23-075097.

2.- La licencia médica N°RUT reservado se rechaza, en atención a los mismos argumentos antes esgrimidos. A su vez peritaje de fecha 11 de enero de 2023 estimó como escala de funcionabilidad del recurrente un 70%, concordando con evaluación previa, estimó que la usuaria se encontraba en condiciones de reintegro laboral, previo al inicio de actual licencia evaluada. Lo anterior fue ratificado por Resolución Exenta Nº 131-23-075601 y por Resolución Exenta Nº 131-23-085129.

3.- La licencia médica N°RUT reservado se rechaza, en atención a los mismos argumentos antes esgrimidos. Lo anterior fue ratificado por Resolución Exenta Nº 131-23-085108.

4.- La licencia médica N°RUT reservado se rechaza, en atención a los mismos argumentos antes esgrimidos. Lo anterior fue ratificado por Resolución Exenta Nº 131-23-085113.

5.- La licencia médica N°RUT reservado se rechaza, en atención a los mismos argumentos antes esgrimidos. Lo anterior fue ratificado por Resolución Exenta Nº 131-23-085030.

Sostiene que las actuaciones realizadas por esa entidad al decidir si aprobar o rechazar una licencia médica se enmarcan dentro de los parámetros objetivos que se han dispuesto por la Ley, y las Normativas vigentes. Todo ello, en la búsqueda de asegurar que el uso de las licencias médicas cumpla verdaderamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras el trabajador recupera su salud para volver a ejercer sus funciones laborales.

CUARTO: Que, en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio, aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que, primeramente, en cuanto a la extemporaneidad del recurso, ésta se rechazará, por cuanto, lo que se impugna mediante la presente acción cautelar, es la Resolución Exenta N° R-01-UME-08415-2024, de 16 de enero de 2024, que rechazó las licencias médicas objeto del recurso, por lo que, desde esta fecha, es que debe contabilizarse el plazo, de modo que, habiéndose interpuesto la presente acción de protección, el día 15 de febrero de 2024, ésta se encuentra dentro del plazo contemplado en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección.

SEXTO: Que, en relación a que, en el caso de autos, no sería procedente el recurso incoado, por corresponder a un derecho de seguridad social, atendida la circunstancia de encontrarse entre aquellos respecto de los que procede el recurso de protección, ha de observarse, que si bien es efectivo lo que señala la recurrida, no se debe olvidar que los derechos que la recurrente estima como vulnerados, son aquellos previstos en los N°s 1° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, contra los cuales, sí es procedente el presente arbitrio, por lo que, dicha alegación no resulta procedente.

SÉPTIMO: Que en razón de todo lo expuesto es que es necesario determinar la eventual ilegalidad o arbitrariedad en la decisión de los recurridos.

OCTAVO: Que, en cuanto al fondo, es necesario tener presente la normativa aplicable al caso de marras. Así, el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto. En su artículo 156, se trata del beneficio de licencia médica que también le es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Asimismo, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, conforme al artículo 19 Nº 18 inciso 4º de la Constitución Política; y, el artículo 2º de la Ley Nº 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley Nº 16.395.

NOVENO: Que, por su parte, el procedimiento para la autorización de las licencias médicas, está regulado en el Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, específicamente, artículo 11 y siguientes, “corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos”.

De las resoluciones que las COMPIN emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y/o reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

DÉCIMO: Que, por su parte, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del N°18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley Nº 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, se señalan las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social: “a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.” “c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.” Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.” En su inciso segundo, la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico- social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.” Por último, en el artículo 27, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

UNDÉCIMO: Que, de lo antes expuesto, debe concluirse que, corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social, la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley, teniendo la calidad de organismo técnico de control de las instituciones de previsión, entre las que se encuentra la COMPIN.

DUODÉCIMO: Que, por otra parte, debe considerarse que una de las características principales de la licencia médica es su temporalidad, así se desprende del artículo 1 del Decreto Nº 3, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que preceptúa que :“entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la "COMPIN", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "SEREMI", o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

DÉCIMO TERCERO: Que, en efecto, lo decidido por la resolución exenta impugnada mediante el presente arbitrio constitucional, guarda correspondencia con el concepto de temporalidad que de las licencias médicas entrega el artículo señalado en el motivo precedente, puesto que el argumento para el rechazo de las licencias de la recurrente, es que “(…) los antecedentes evaluados entre los que se encuentra el maestro histórico de licencias médicas y los informes del médico tratante, no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado, el cual alcanza a 106 días por la misma patología. Los informes médicos no describen el compromiso funcional de los síntomas, su evolución ni ajustes en tratamiento de lo cual se desprenda rol terapéutico del reposo.”

DÉCIMO CUARTO: Que, tal como se advierte, el fundamento para rechazar las licencias médicas es que, los antecedentes evaluados -maestro histórico de licencias médicas, informe de médico tratante y los dos peritajes evacuados por la Isapre- no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado por la misma patología, por lo que no se justifica el rol terapéutico del reposo del recurrente.

DÉCIMO QUINTO: Que, de todo lo reseñado en los considerandos precedentes, dable es concluir que la actividad realizada por la Superintendencia se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

DÉCIMO SEXTO: Que, descartada la ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías constitucionales alegadas como vulneradas.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto en estos autos por doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-1017-2024.