Protección contra Ilustre Municipalidad de Quilicura

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: El 5 de abril de 2026 comparece Óscar Olivares Jatib, abogado, en favor de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Quilicura, por haber dictado el Decreto Alcaldicio N°NUM000, de 16 de febrero de 2026, que declara su salud incompatible con el desempeño del cargo y, consecuencialmente, vacante el cargo que servía.

Considera dicha actuación ilegal y/o arbitraria, ya que se dicta en contravención al artículo 148 de la Ley N°18.883, desde que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, organismo técnico competente, determina previamente que su estado de salud es recuperable, sin pronunciarse sobre si, pese a ello, resulta incompatible con el cargo, de modo que el acto carece de los fundamentos de hecho que permitan configurar el supuesto legal y emana de una autoridad que carece de competencias técnicas en materia de salud ocupacional.

Señala que lo anterior vulnera los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y de propiedad, consagrados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que dicha Carta garantiza a todas las personas.

Solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio N°NUM000; disponer su reincorporación a sus labores habituales en los mismos términos en que las desempeñaba antes de la dictación del acto recurrido, con pago de todas las remuneraciones y estipendios devengados, debidamente reajustados, entre la fecha de su separación y la de su efectivo reingreso; y condenar en costas a la recurrida.

En cuanto a los hechos, expone que la recurrente es funcionaria del Departamento de Salud de la Municipalidad de Quilicura, se desempeña como administrativa en el CESFAM Manuel Bustos Huerta, contratada a plazo indefinido, categoría E, nivel 1, en jornada de 44 horas semanales, con 32 años de experiencia y conducta funcionaria intachable. Agrega que entre el 26 de mayo de 2023 y el 16 de mayo de 2025 hace uso de 60 licencias médicas, que totalizan 214 días.

Precisa que dichas ausencias obedecen a procesos quirúrgicos necesarios para una recuperación definitiva, a saber, patología uterina por pólipos endometriales recurrentes, tratada mediante tres intervenciones que resultan insuficientes y derivan en secuelas de incontinencia urinaria y hemorragias ginecológicas profusas, culminando en una histerectomía total, que constituye la solución anatómica y clínica definitiva. Y, de manera concomitante, un glaucoma de ángulo estrecho resuelto mediante intervención oftalmológica exitosa, con evolución postquirúrgica satisfactoria y remisión completa de la sintomatología aguda.

Añade que todas las licencias son emitidas, autorizadas y evaluadas por profesionales competentes, sin registros de rechazo, y que las patologías no corresponden a enfermedades profesionales ni accidentes del trabajo.

Indica que, requerida la evaluación técnica, la COMPIN, Subcomisión Norte, emite la Resolución de Evaluación N°NUM001, de 24 de julio de 2025, que establece que su condición de salud es recuperable.

Sostiene que, no obstante, la recurrida dicta el decreto impugnado, invocando el cumplimiento de los requisitos copulativos de ausentismo y el artículo 3° de la Ley N°18.575, y afirmando, sobre la base de jurisprudencia de la Contraloría General de la República, que la calificación de recuperabilidad no impide declarar la vacancia.

En cuanto al derecho, funda el recurso en el artículo 148 de la Ley N°18.883, cuyo inciso tercero, incorporado por la Ley N°21.050, exige requerir previamente a la COMPIN la evaluación del funcionario respecto de la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.

Por último, sostiene que la actuación vulnera su igualdad ante la ley, al desvincularla contra texto legal expreso, situándola en un pie de desigualdad respecto de otros funcionarios cuya salud ha sido declarada recuperable y que no han sido cesados, y su derecho de propiedad sobre el cargo del que es titular a plazo indefinido y sobre las remuneraciones que constituyen la única fuente de ingresos de su hogar.

SEGUNDO: La Ilustre Municipalidad de Quilicura evacua el informe requerido por esta Corte. Solicita que el recurso de protección sea íntegramente desechado, con expresa condena en costas.

En cuanto a los hechos, afirma que el acto impugnado se notifica mediante carta certificada ingresada el 25 de febrero de 2026 en la oficina de Correos de Chile, de modo que la notificación se entiende practicada el 2 de marzo de 2026.

Reconoce, enseguida, la dictación del Decreto Alcaldicio R N°NUM000, de 16 de febrero de 2026, que declara la salud incompatible con el desempeño del cargo y la vacancia del mismo.

Señala que, entre el 26 de mayo de 2023 y el 16 de mayo de 2025 - fecha esta última en que se requiere la autorización para solicitar la evaluación de la COMPIN - la recurrente registra 60 licencias médicas por un total de 214 días, esto es, más de siete meses. Agrega que con posterioridad al 16 de mayo de 2025 presenta 16 licencias adicionales por 77 días más, no consideradas por la COMPIN.

Indica que la COMPIN, mediante Resolución de evaluación folio N°NUM001, de 24 de julio de 2025, resuelve que la recurrente presenta un estado de salud recuperable, y que, en mérito de ello, mediante Oficio Salud N°NUM002, de 12 de agosto de 2025, se solicita la autorización de la Alcaldesa para declarar la vacancia, autorizada por Providencia de Alcaldía N°NUM003.

Controvierte el relato sobre intervenciones quirúrgicas, pues la recurrente no acompaña antecedente alguno que lo acredite; de las 60 licencias evaluadas, solo seis exceden de cinco días y 30 son de uno o dos días; y el 90% de ellas es emitida por profesionales de centros de atención primaria del propio municipio, que no realizan intervenciones de esa naturaleza.

Añade que en casos análogos aplica el mismo procedimiento y criterios, mediante decretos alcaldicios firmes, los tres últimos confirmados por la Corte Suprema.

En cuanto al derecho, invoca el numeral 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, que fija un plazo fatal de treinta días corridos, y los artículos 46, inciso segundo, y 25 de la Ley N° 19.880, conforme a los cuales la notificación por carta certificada se entiende practicada a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos, de modo que el término vence el 1° de abril de 2026 y la acción es extemporánea.

En subsidio, sostiene que el acto no es ilegal ni arbitrario, pues se funda en los artículos 144 letra c), 147 letra a) y 148 de la Ley N°18.883, en relación con el artículo 48 letra g) de la Ley N°19.378, cuyos dos requisitos copulativos - uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años y evaluación previa de la COMPIN se cumplen a cabalidad.

Argumenta que la exigencia del inciso 3° del artículo 148 persigue contar con un antecedente técnico adicional, de manera que si la COMPIN estima recuperable la salud, la autoridad queda facultada para declarar la incompatibilidad, y solo si la informa irrecuperable procede aplicar el artículo 149.

Cita los dictámenes N°s. 17351 de 2018, E188441 de 2022, E527522 de 2024 y E209173 de 2025 de la Contraloría General de la República, este último en cuanto el cómputo debe verificarse hacia atrás desde el requerimiento del informe a la COMPIN, reconsiderando el dictamen N°20.604 de 2005; y agrega que tales dictámenes gozan de presunción de legalidad y son obligatorios conforme al inciso final del artículo 9° de la Ley N°10.336.

Invoca, asimismo, el principio de continuidad del servicio del artículo 3° de la Ley N°18.575 y la jurisprudencia de la Corte Suprema según la cual la incompatibilidad se configura aun tratándose de salud recuperable, salvo las excepciones legales de cáncer y protección de la maternidad.

Finalmente, descarta la vulneración del artículo 19 N°2, pues aplica el mismo estándar legal, requisitos y procedimiento previstos para todo funcionario que supera el umbral de licencias, sobre la base de un criterio objetivo y legal; y la del artículo 19 N°24, pues la relación estatutaria admite causales de cese previstas por la ley, aplicándose en la especie una causal expresa, con fundamento legal suficiente y controlable.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, así planteada la controversia, el acto impugnado consiste en el Decreto Alcaldicio R N°NUM000, de 16 de febrero de 2026, por el cual la Municipalidad de Quilicura declara la salud de la recurrente incompatible con el desempeño del cargo y, consecuencialmente, vacante el cargo que servía. Ésta lo estima ilegal y arbitrario, por haberse dictado pese a que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez declara recuperable su salud, con vulneración de los numerales 2° y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

La recurrida, por su parte, no niega el hecho ni alega haberlo enmendado, sino que lo justifica en la ley, sosteniendo que se limita a ejercer la potestad que le confiere el artículo 148 de la Ley N°18.883, una vez configurados sus presupuestos objetivos, y opone, en forma previa, la extemporaneidad de la acción.

QUINTO: Que corresponde hacerse cargo, en primer término, de la alegación de extemporaneidad, por incidir en la admisibilidad misma de la acción deducida.

El numeral 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales establece un plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o, según su naturaleza, desde que se tiene noticia o conocimiento cierto del mismo.

En la especie, el decreto impugnado se remite a la recurrente por carta certificada ingresada el 25 de febrero de 2026 en la oficina de Correos de Chile, según da cuenta el comprobante de envío acompañado. Conforme al inciso 2° del artículo 46 de la Ley N°19.880, tales notificaciones se entienden practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda, lo que situaría la notificación el 2 de marzo de 2026. Sin embargo, revisada la trazabilidad de la correspondencia, aparece que la carta llegó a la oficina de Correos de Chile de Renca, de donde se despacha a la recurrente, recién el 3 de marzo de 2026, por lo que la notificación se entendería hecha el 6 de marzo de 2026, al arribar en esa data a la correspondiente oficina de correos, vale decir, la más próxima o a cuyo respecto ya no hay oficinas intermedias.

De ello se sigue que el término fatal vence el 5 de abril de 2026.

Y como el recurso se deduce en dicha fecha, éste no resulta extemporáneo.

SEXTO: Dicho lo anterior, en cuanto al fondo, no concurre en la especie el acto ilegal o arbitrario que se denuncia por cuanto ha operado un motivo legal de conclusión o término de la función pública a partir de antecedentes que justificar su aplicación, habiéndose librado la providencia por autoridad competente para ello en uso de facultades regladas, según se razona a continuación.

SÉPTIMO: Que, en efecto, el ordenamiento distingue dos causales diversas de vacancia por motivos de salud. Por una parte, la del artículo 149 de la Ley N°18.883, que supone una declaración técnica de salud irrecuperable y habilita los beneficios allí previstos.

Por otra, la del artículo 148, que autoriza al alcalde para declarar la vacancia cuando el funcionario ha hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable. Se trata, así, de una hipótesis de carácter objetivo, cuya concurrencia no depende de una apreciación clínica sobre la aptitud actual del funcionario, sino de la constatación de un hecho verificable: la extensión del ausentismo dentro del bienio legal.

OCTAVO: Que, de lo anterior se sigue que la resolución de la COMPIN que declara recuperable la salud de la recurrente no obsta a la aplicación de la causal, sino que satisface uno de sus presupuestos, desde que la norma opera precisamente cuando no media declaración de irrecuperabilidad. El informe exigido por el inciso 3° del artículo 148, incorporado por la Ley N°21.050, cumple la función de discernir entre una y otra hipótesis, sin que el legislador haya radicado en dicho organismo la ponderación de la compatibilidad.

NOVENO: Que, en la especie, los presupuestos legales concurren. La recurrente registra 60 licencias médicas por un total de 214 días entre el 26 de mayo de 2023 y el 16 de mayo de 2025, superando con creces el umbral legal; la evaluación técnica se requiere por Oficio Salud N°NUM004 y se materializa en la resolución de la COMPIN de 24 de julio de 2025, folio N°NUM001; y la declaración se autoriza por Providencia de Alcaldía N°NUM003, antes de dictarse el acto terminal. Tampoco se invocan reposos comprendidos en las hipótesis excluidas del cómputo.

DÉCIMO: Que, siendo ello así, el acto se sustenta en una potestad expresamente conferida por la ley, ejercida sobre presupuestos objetivos previamente verificados y expuestos en sus considerandos, de manera que no puede reputarse contrario a la ley ni producto del mero capricho de la autoridad. La discrepancia de la recurrente con el criterio jurisprudencial que le sirve de sustento no transforma su ejercicio en ilegal o arbitrario, máxime si el ausentismo de la protegida no obedece a patologías que puedan adscribirse a una categoría catastrófica o de índole análoga, en términos que permitan anteponer la persistencia de la función por sobre las necesidad de normalidad y continuidad de la función pública.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Óscar Olivares Jatib en favor de nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Quilicura.

Acordada con el voto en contra del Ministro señor Caro Moreno, quien estuvo por acoger el recurso de protección y dejar sin efecto la resolución que declara la vacancia del cargo del recurrente, por las siguientes razones: 1.- Que, en primer término, en concepto del disidente, del tenor literal del artículo 151 del Estatuto Administrativo, luego de la modificación introducida por la Ley 21.050, se colige que la intención del legislador al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la COMPIN, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar tanto si la salud del funcionario resulta o no recuperable, como también si la misma le permite o no desempeñar el cargo, ello a propósito de fundar la incompatibilidad, de manera tal que, de declararse que la salud es recuperable, en principio, no es posible aplicar la causal del citado artículo 151, si es que la COMPIN no concluye, a su vez, que la salud del funcionario no le permite desempeñar el cargo. 2.- Que, en este sentido, la norma legal es expresa en cuanto a que la evaluación del funcionario es “respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud” y “que no le permite desempeñar el cargo”, de manera tal que si la COMPIN concluye que la salud es irrecuperable, corresponde dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 152 del Estatuto Administrativo; en cambio, si dicha comisión concluye que la salud es recuperable, para que el jefe superior del servicio pueda dar aplicación al artículo 151, se requiere que además la COMPIN evalúe si la salud del funcionario no le permite desempeñar el cargo. 3.- Que, dicha interpretación es la única coherente con la intención del legislador al incorporar el nuevo inciso tercero del artículo 151, pues de otra forma se permitiría que la autoridad administrativa resolviera con independencia de la opinión del organismo técnico, con lo cual la decisión quedaría desprovista de dicha evaluación experta, al prescindirse del informe obligatorio de la COMPIN, el que no sólo ha de referirse a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario, sino también a la compatibilidad de la misma con el desempeño del cargo. 4.- Que, por lo demás, aun si se estimara que el Informe de la COMPIN no requiere referirse al carácter incompatible de la salud del funcionario respecto del cargo que desempeña, la sola circunstancia que el funcionario haya hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, únicamente constituye el presupuesto normativo que habilita al jefe superior del servicio para ejercer la facultad de declarar que la salud del funcionario es incompatible con el desempeño del cargo, pero en ningún caso la concurrencia de dicho presupuesto habilitante puede calificarse como el fundamento para ejercer la mentada facultad, sino que para ello se requiere expresar razones adicionales que justifiquen la incompatibilidad, acorde además con el deber de fundamentación consagrado en los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880. De otro modo, de no exigirse que el ejercicio de la facultad de declarar salud incompatible sea fundada, se permitiría un ejercicio discrecional, que no cumple con el principio de igualdad ante la ley, máxime si las desvinculaciones de este tipo se determinan caso a caso, dependiendo de las funciones que desempeña cada funcionario. 5.- Que, la conclusión anterior, resulta además coherente con la historia de la Ley 21.050, en cuanto previo a dicha modificación legal uno de los reproches a la legislación vigente, radicaba en que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era realizada por el jefe superior del servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional. Por ello, al alero de la antigua normativa, el Tribunal Constitucional sostenía que: “la mera circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años no habilita por sí sola al Jefe superior del servicio para considerar que el funcionario que ha disfrutado de ellas tenga salud incompatible con el desempeño del cargo que le corresponde, sino cuando ellas sean indicativas de que el afectado no podrá recuperar el estado de salud que le permite desempeñar el cargo”(STC Rol NUM005, de 13 de diciembre de 2012).

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional expresó que: “no basta para fundamentar la declaración de salud incompatible con el cargo el solo hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, y que, de existir efectivamente un estado de salud en el funcionario afectado que le impida desempeñar el cargo, ella es constitutiva de falta de idoneidad personal -que no es ciertamente culposa- para continuar en su trabajo, circunstancia que, al igual que ocurre con la capacidad, la Carta Fundamental contempla específicamente como factor de diferenciación en materias laborales, al aludir de modo expreso a la “idoneidad personal” (STC NUM006, de 29 de septiembre de 2016). En razón de dichas objeciones, el Ejecutivo propuso modificar el artículo 151 de la Ley N°18.834, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la Compin respectiva, esto es, por un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios y laborales, proyecto de ley que dio origen al actual inciso tercero del artículo 151, norma que replica, entre otros, en el artículo 148 de la Ley 18.883.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N° Protección-10169-2026.