Protección contra Corporación de Desarrollo de La Reina

C.A. de Santiago Santiago, tres de septiembre de dos mil veintiséis.

A los escritos folios 26 y 27: a todo, téngase presente.

VISTOS PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, enfermera, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación de Desarrollo de La Reina, por haber dictado la Resolución N° NUM000, que rechazó el recurso de reposición deducido por la recurrente y confirmó la Resolución N° NUM001, que le aplicó la sanción de destitución por infracción al principio de probidad administrativa, fundada en el uso indebido de licencia médica por viaje al extranjero, y la consecuente carta de despido de 5 de marzo de 2026, que puso término a la relación laboral conforme al artículo 48 letra b) de la Ley N° 19.378, actuaciones que le fueron notificadas por vía electrónica el 30 de marzo de 2026, actuación que la recurrente estima ilegal y arbitraria, por cuanto la sanción de destitución le fue impuesta sin la debida ponderación de proporcionalidad, prescindiendo de sus antecedentes personales y funcionarios y de la circunstancia de tratarse de una licencia médica legítima, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, al debido proceso y a la propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución que dispuso su destitución.

Expone que se desempeñaba en el CESFAM Juan Pablo II, dependiente de la Corporación recurrida, bajo el régimen de la Ley N° 19.378. Que mediante Resolución N° NUM002 se instruyó sumario administrativo en su contra, investigándosele, entre otros funcionarios, por haber salido del país durante un período de licencia médica, sumario que culminó con la Resolución N° NUM001, de 17 de febrero de 2026, que aprobó dicho procedimiento y dispuso su destitución por supuesta infracción grave al principio de probidad administrativa, imputándosele además premeditación en la conducta desplegada.

Que, posteriormente, mediante carta de 5 de marzo de 2026, se le comunicó el término de su contrato de trabajo, notificándosele ambas actuaciones con esa misma fecha.

Sostiene, en primer lugar, que se ha vulnerado el debido proceso administrativo, por cuanto el procedimiento disciplinario no respetó los estándares de racionalidad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia administrativa y judicial en materia de sanciones. En segundo término, denuncia falta de proporcionalidad de la sanción, señalando que la autoridad aplicó directamente la medida más gravosa contemplada en el Estatuto de Atención Primaria sin ponderar sus circunstancias personales, laborales y disciplinarias, ni considerar sanciones de menor entidad. En tercer lugar, alega vulneración del derecho de propiedad, sosteniendo que los derechos emanados de la relación estatutaria constituyen bienes incorporales protegidos por el artículo 19 N° 24 de la Constitución. Finalmente, denuncia una actuación arbitraria de la autoridad administrativa, carente de razonabilidad, que afectaría gravemente su estabilidad funcionaria.

Añade que la conducta reprochada no se produjo en el ejercicio de la función pública propiamente tal, por encontrarse suspendida de sus funciones en virtud de una licencia médica legítimamente emitida y exenta de dolo o vicio de nulidad, circunstancia que la situaría fuera del núcleo típico de la conducta funcionaria susceptible de justificar una destitución, citando en apoyo de su tesis los fallos de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Punta Arenas, roles N° 298-2025 y N° 500- 2025, este último referido a la exigencia de ponderar los antecedentes personales y la carrera funcionaria del sumariado antes de aplicar la máxima sanción disciplinaria. Agrega que no se ponderaron sus antecedentes personales ni su destacada trayectoria funcionaria, invocando asimismo doctrina publicada por el Diario Constitucional sobre la aplicación automática de sanciones gravísimas en materia de fiscalización de licencias médicas, y sosteniendo que dicha omisión configura una infracción directa al principio de proporcionalidad, que exige que la sanción sea idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto.

Refiere que los actos impugnados vulneran, en primer término, la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N° 2 de la Constitución, al carecer la decisión sancionatoria de un trato objetivo y proporcional respecto de situaciones análogas; en segundo lugar, el debido proceso del artículo 19 N° 3 inciso quinto, por no haberse respetado las garantías mínimas de formulación de cargos, defensa efectiva y ponderación imparcial de la prueba; y, finalmente, el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24, al privársele de los derechos patrimoniales emanados de su relación estatutaria, tales como remuneraciones, estabilidad en el empleo y beneficios asociados, sin ajustarse a los requisitos legales que legitiman una medida de tal gravedad.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que las resoluciones impugnadas constituyen actos ilegales y arbitrarios, se deje sin efecto la resolución que dispuso su destitución y los actos posteriores que la ejecutan, se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de las garantías constitucionales vulneradas, y se condene en costas o se adopten las medidas que este Tribunal estime pertinentes.

SEGUNDO: Que evacuando el informe requerido, comparece doña nombre reservado, en representación de la Corporación de Desarrollo de La Reina, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con expresa condena en costas, reproduciendo previamente las peticiones concretas y los fundamentos de hecho expuestos por la recurrente en su libelo.

En primer término, plantea una cuestión previa consistente en que la acción de protección no constituye la vía idónea para revisar el mérito de un proceso disciplinario, por cuanto el artículo 20 de la Constitución exige la concurrencia copulativa de una acción u omisión ilegal o arbitraria que produzca privación, perturbación o amenaza de un derecho tutelado, requisitos que deben examinarse conjuntamente conforme a la doctrina citada, y que en el caso de actuaciones de la Administración operan revestidos de la presunción de legalidad que consagra el artículo 3° de la Ley N° 19.880, correspondiendo a quien las objeta desvirtuarla mediante hechos que evidentemente la contradigan. Cita en apoyo de esta tesis los fallos de la Excma. Corte Suprema roles N° 9529-2009 y N° 6121-2017, que reiteradamente han resuelto que la acción cautelar no constituye una instancia de declaración de derechos sino de protección de aquellos preexistentes e indubitados, así como el rol N° 15.068-2025, que precisa que el control judicial no puede extenderse a la revisión de cuestiones de mérito ni a la calificación de los hechos ponderados por la autoridad sumariante.

Invoca, además, por tratarse de una situación análoga a la de autos, el fallo rol N° 55.211-2025, que resolvió que el uso indebido de una licencia médica para viajar al extranjero constituye una afectación grave al principio de probidad y que, habiéndose tramitado el sumario con pleno respeto al derecho a defensa, no procede acoger la protección.

En segundo lugar, sostiene que el procedimiento sumarial cumplió íntegramente con los requisitos legales y el debido proceso, explicando que su origen se encuentra en el Oficio N° NUM003 de la Contraloría General de la República, de carácter confidencial, que puso en conocimiento de la Corporación un listado de funcionarios que, según registros de la Policía de Investigaciones y de la Superintendencia de Seguridad Social, habrían salido del país estando con licencia médica entre los años 2023 y 2024, ordenando instruir los procedimientos administrativos correspondientes, y en el Oficio N° NUM004, que impartió instrucciones específicas sobre dichos procedimientos disciplinarios conforme al Decreto N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud. Detalla que se garantizaron los derechos de la recurrente mediante la búsqueda y recopilación de antecedentes, la notificación personal de la resolución que instruyó el sumario, la toma de declaración voluntaria, la formulación de cargos concretos, precisos y fundamentados, su notificación personal, y la oportunidad de formular descargos, invocando al efecto la doctrina del profesor Bordali sobre los elementos que integran el debido proceso. Señala que la propia recurrente reconoció en su declaración haber viajado a Brasil entre el 17 y el 24 de octubre de 2023 encontrándose con licencia médica por enfermedad común y reposo laboral total entre el 27 de septiembre y el 24 de octubre de 2023, sin acompañar antecedente alguno que acreditara autorización de su médico tratante para ausentarse del domicilio de reposo, precisando que el cargo formulado no correspondió a una imputación de licencia ideológicamente falsa, sino de uso indebido de licencia médica. Añade que, tras la renuncia de la primera fiscal, la nueva fiscal designada verificó la inexistencia de diligencias pendientes y procedió a emitir la vista fiscal, concluyendo que la conducta configuró una infracción grave al principio de probidad, fundada en el uso indebido de la licencia médica, el consiguiente mal uso de recursos públicos, el quebrantamiento de la buena fe institucional, la afectación al principio de igualdad ante la ley respecto de otros funcionarios y la vulneración del principio de responsabilidad administrativa, aplicándose la destitución conforme a la letra b) del artículo 48 de la Ley N° 19.378 y al artículo 118 de la Ley N° 18.883, atendida la premeditación e intencionalidad que a su juicio existió en el actuar de la funcionaria.

En tercer término, respecto de las garantías constitucionales invocadas, sostiene que no se acreditó vulneración a la igualdad ante la ley del artículo 19 N° 2, por no haberse individualizado una situación o persona respecto de la cual se hubiere verificado un trato diverso en circunstancias análogas; que la garantía del debido proceso del artículo 19 N° 3 inciso quinto se circunscribe al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, hipótesis ajena a un procedimiento administrativo sustanciado por los intervinientes previamente establecidos por el legislador; y que el derecho de propiedad del artículo 19 N° 24 no ampara los cargos públicos ni los derechos que de ellos emanan, conforme al dictamen N° 1774/2017 de la Contraloría General de la República.

Agrega que no ha existido arbitrariedad ni ilegalidad en su actuar, por cuanto obró conforme a la normativa vigente y a las instrucciones de la Contraloría General de la República, invocando el fallo de la Excma. Corte Suprema rol N° 52.153-2025, que en un caso idéntico revocó la sentencia que había acogido la protección, razonando que el uso indebido de una licencia médica para fines particulares constituye una afectación grave a la probidad y que el procedimiento respectivo se tramitó con pleno respeto al derecho a defensa.

Por estas razones, pide se tenga por evacuado el informe y se rechace en todas sus partes el recurso de protección interpuesto por carecer de fundamento, con costas.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que, para el correcto análisis del presente arbitrio, debe consignarse que se recurre en contra de la dictación, por parte de la Corporación de Desarrollo de La Reina de la Resolución N° NUM000, que rechazó el recurso de reposición deducido por la recurrente y confirmó la Resolución N° NUM001, que le aplicó la sanción de destitución por infracción al principio de probidad administrativa, fundada en el uso indebido de licencia médica por viaje al extranjero, y la consecuente carta de despido de 5 de marzo de 2026 que puso término a la relación laboral.

QUINTO: Que, del análisis de los antecedentes allegados - particularmente de la Resolución N° NUM002, de 26 de mayo de 2025, que ordenó instruir el sumario administrativo; de la Resolución Exenta N°NUM001, de 17 de febrero de 2026, que aprobó dicho sumario y aplicó la medida disciplinaria de destitución; y de la Resolución N° NUM000, de 4 de marzo pasado, que rechazó el recurso de reposición- aparece que su tramitación se ajustó a la normativa legal, habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 118 y siguientes de la Ley N° 18.833 sobre Estatuto Administrativo, referidos a la sustanciación del procedimiento sumario. En efecto, según consta de los propios antecedentes, a la recurrente se le formularon cargos, presentó descargos, acompañó antecedentes documentales, interpuso recurso de reposición y obtuvo decisión fundada respecto del mismo, de modo que tuvo plena oportunidad de ejercer su defensa durante el íter procedimental.

SEXTO: Que, por otro lado, los actos impugnados aparecen debidamente fundados en razón de los motivos que en los mismos se consignan y la entidad de la medida impuesta, atendidas las conductas infractoras constatadas, consistentes en el incumplimiento del reposo médico prescrito por el facultativo en las licencias médicas otorgadas a la recurrente durante el año 2023, mediante la realización de un viaje Brasil, entre los días 17 y el 24 de octubre de ese año, las que se estimaron constitutivas de infracción grave al principio de probidad administrativa consagrado en el artículo 8°, inciso primero, de la Constitución Política de la República, y en los artículos 13, inciso primero; 52, inciso segundo; y 62 N° 4 de la Ley N° 18.575, y del artículo 48 letra b) de la Ley N°19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

SÉPTIMO: Que, según fluye del marco atributivo de potestades legales antes reseñado, en vinculación con los antecedentes que fundamentan los actos formalmente recurridos, no se advierte ilegalidad o arbitrariedad en el obrar de la Corporación de Desarrollo de La Reina, quien ha actuado en uso de sus atribuciones y dando cumplimiento a sus deberes legales, conforme a las normas vigentes que justifican racionalmente sus decisiones, entregando razones para decidir como lo ha hecho, motivo por el cual el presente arbitrio no podrá desde ya prosperar.

OCTAVO: Que, además, a juicio de esta Corte se ha empleado el recurso de protección excediendo el ámbito que lo autoriza, al ser ejercido como medio de impugnación en reemplazo de los mecanismos recursivos que contemplan los estatutos especiales administrativos, requiriendo la sustitución del juicio sobre la entidad de las conductas acreditadas, por uno diverso, lo que resulta improcedente, máxime teniendo en cuenta que la sanción disciplinaria aplicada es una prevista en el decálogo que rige a la recurrente y para cuya determinación la autoridad cuestionada ha explicitado los criterios que le permiten atribuir la entidad pretendida a los quebrantamientos acusados, los que dicen relación con las obligaciones que indudablemente gravan a sus funcionarios, escenario en el cual el reproche sobre la arbitrariedad de lo decidido se corresponde en mejor manera con el de la discrepancia con lo resuelto, y que escapa de aquello susceptible de ser revisado por la vía pretendida.

NOVENO: Que descartada ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

DÉCIMO: Que, conforme a lo anteriormente expuesto, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de doña nombre reservado y en contra de la Corporación de Desarrollo de La Reina.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-10158-2026.