nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés.

A folio 29, se provee: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 25 de agosto de 2022, comparece don nombre reservado, dependiente, quien interpone acción de protección, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por el acto arbitrario e ilegal del descuento de un monto $94.642.- en su remuneración de julio de 2022, incurriendo en una vulneración de la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho de propiedad.

Sostiene que con fecha 20 de agosto de 2015 suscribió en favor de la recurrida, el pagaré Nº 167.RUT reservado, por la suma de $2.427.904.- por concepto de capital, más intereses correspondientes; que sería pagada en 48 cuotas mensuales, iguales y sucesivas de $87.373, venciendo la primera de ellas el 30 de septiembre de 2015. Asimismo, en el referido pagaré se estipuló que, el simple retardo en el pago de más de 30 días corridos de todo o parte de cualquiera de las cuotas, permitiría exigir la solución íntegra de la suma debida, considerándose la obligación de plazo vencido y capitalizados los intereses devengados y no pagados.

Indica que, por razones de problemas económicos, cayó en mora respecto del referido pagaré, a partir de la cuota con vencimiento de 28 de febrero de 2017, sin lograr pagar las cuotas establecidas, siendo instigado a repactar la deuda, para impedir el cobro por la vía ejecutiva, con grandes montos por concepto de intereses, costas y gastos, que finalmente solo significaría un aumento del valor de la deuda.

Añade que ante una absoluta incapacidad de su parte en dar cumplimiento al pagaré, la Caja de Compensación La Araucana interpuso demanda ejecutiva con fecha 19 de marzo de 2019, como consta en causa Rol C-10566-2019, tramitada ante el 10º Juzgado Civil de Santiago, que se encuentra finalizada mediante sentencia de fecha 31 de marzo de 2021, que finalmente acoge excepción de prescripción y, en consecuencia, se rechaza la ejecución; la cual se encuentra firme y ejecutoriada, según consta en certificación de fecha 16 de junio de 2021..

Precisa entonces que la Caja de Compensación, hizo en su oportunidad exigible la totalidad de la deuda al ejercicio de la cláusula de aceleración por la interposición de la demanda ejecutiva.

Alega que el actuar de la recurrida es un acto arbitrario, antojadizo y caprichoso, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordenó retener a su empleador, siendo un ejercicio de la anacrónica autotutela, pues haciendo mal uso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de esas entidades, descuenta una suma de su remuneración.

Afirma que existe ilegalidad en el actuar de la recurrida al ordenar un descuento amparándose en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, lo que es abusivo e inoportuno, como además cita jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema y la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago respecto del actuar de Caja de Compensación en cuanto a la instrumentalización abusiva del estatuto contenido en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, al haber efectuado un uso irracional de este derecho que tiene por objeto el cobro oportuno del crédito.

Arguye que la Caja de Compensación recurrida, por un lado, ordena la retención de montos superiores al de una cuota y mediante un mecanismo paralelo, por otro, ejerce la vía judicial mediante el cobro ejecutivo.

Asevera que la recurrida le priva de la posibilidad de seguir pagando las cuotas como fue estipulado inicialmente, y luego, mientras exige el total por vía judicial y encontrándose ya afinada dicha causa ejecutiva, por vías de hecho obtiene un pago parcelado y mensual superior a un pago en cuotas, todo esto a su conveniencia.

Finalmente, solicita que se acoja el presente recurso, que cese todo tipo de retención o descuento en la remuneración del recurrente, restituirle los descuentos efectuados, así como también los que puedan llevar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción, con costas.

SEGUNDO: Comparece la abogada doña Yasna Vukic Zalaquett, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, informando el presente del recurso de protección.

Sostiene que don nombre reservado, no figura en los registros de La Araucana C.C.A.F. con algún crédito social cuyo estado sea vigente o moroso, sino que única y exclusivamente, su representada a requerimiento de la C.C.A.F. Los Andes, y como mandataria de esta, ha informado a su empleador de la existencia de una deuda, solicitando el respectivo descuento en virtud del Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar Cajas de Chile A.G.

Indica que dicha Caja de Compensación ha realizado a C.C.A.F. Los Andes, dos remesas mensualmente, una con fecha 25 de agosto y otra el 23 de septiembre de 2022, en cada oportunidad por la suma $87.373, operación crédito externo N° 167.RUT reservado y por la suma $7.269.-, operación crédito externo N°09.RUT reservado.

Precisa que el crédito social se trata de una prestación de seguridad social que otorgan las C.C.A.F. a sus afiliados, consistente en préstamos en dinero otorgados al trabajador o pensionado afiliado para finalidades relacionadas con las necesidades de éstos y de sus causantes de asignación familiar. Asevera que la naturaleza de prestación de seguridad social del crédito social se manifiesta concretamente en una serie de aspectos que los diferencian significativamente respecto de otro tipo de préstamos, como lo es el mecanismo de pago, la tasa de interés, límites de descuento y límites de endeudamiento. Además, el marco normativo vigente establece un monto máximo de endeudamiento por concepto de crédito social.

Producto de ello, explica que la Superintendencia de Seguridad Social en uso de sus facultades fiscalizadores conforme lo dispone el artículo 2° letra “B” de la Ley N° 16.395, referente a la Organización y Atribuciones de la Superintendencia de Seguridad Social, ha venido impartiendo instrucciones a las Cajas de Compensación, a través de Circulares, relativas al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan de las remuneraciones de los afiliados contenida en Circulares N° 2052 del año 2003 y N° 3567 del 2021 de la Superintendencia de Seguridad Social.

En dicho contexto, refiere que las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, con fecha 15 de abril de 2013, celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, que tiene por objeto que la Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial y necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado dicho deudor, la recaudación de las cuotas adeudadas por el crédito social moroso, por lo que la particularidad que existe en el descuento aplicado mediante Sistema InterCajas, es que se efectúa por un tercero, a saber, otra Caja de Compensación de Asignación Familiar, permitiendo mediante este mecanismo regularizar a través de este sistema integrado la deuda pendiente que un trabajador tenga con aquélla, por concepto de crédito social en virtud de la naturaleza jurídica de prestación de seguridad social de los mismos.

Manifiesta que lo anterior se encuentra refrendado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en cuanto que el sistema permite que sea la Caja de Compensación de la última afiliación, la que recaude las deudas contraídas con anterioridad, con el objeto de incentivar un ordenamiento financiero y evitar el sobreendeudamiento y al estar ante entidades de previsión social, motivo por el cual las deudas de crédito social constituyen obligaciones con instituciones de previsión social, las que conforme al artículo 58 del Código del Trabajo deben ser deducidas por el empleador de las remuneraciones de sus trabajadores. Adiciona que además ha sido validado por la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo.

Concluye que su representada no ha vulnerado garantía constitucional alguna, no existiendo de su parte una actuación ilegal o arbitraria, al haber obrado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida.

TERCERO: Cumpliendo con trámite decretado por esta Corte con fecha 9 de febrero de 2023, comparece informando el abogado don Matías Amigo García, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando que sea rechazado por no existir acto ilegal o arbitrario cometido.

Señala que en atención que con fecha 20 de agosto de 2015, se otorgó al recurrente la operación de crédito código 16700170679, por un capital de $2.427.904.- pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota de $87.373.- cuyo primer vencimiento correspondió el 30.09.2015.

Indica que las primeras 18 cuotas (septiembre de 2015 a febrero de 2017), fueron pagadas regularmente en el plazo establecido. Agrega que las cuotas del mes de marzo a julio de 2017 (19 a 23), se pagaron a través de cobranza intercaja, durante el periodo 29.08.2022 al 23.12.2022 y que a su vez con fecha 25.01.2023, se recibió la suma de $80.104.- cuyo monto se contabilizó como abono en la cuota del mes de agosto de 2017.

Afirma que la diferencia de la cuota del mes de agosto de 2017 y las cuotas del mes de septiembre de 2017 a agosto de 2019 (25 a 48), se encuentran en mora.

Sostiene que la recurrida se encuentra efectuando el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita, y se pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Explicita que, no obstante, lo informado y sin reconocer extinción de la deuda ni las alegaciones que esgrime el recurrente, Caja Los Andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a aquél y dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros. Precisa que las planillas de descuentos son generadas los días 25 del mes anterior, a aquel en que se hacen efectivos los descuentos, sin embargo, a su vez se dispondrá la devolución de toda suma que sea recibida en el intertanto.

Finalmente, solicita rechazar por falta de oportunidad la acción de protección presentada.

Complementa señalando que con fecha 27 de febrero de 2022 se realizó la devolución de las cuotas descontadas por un monto de $ 451.403.- CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, el hecho de haber efectuado la recurrida descuentos en la remuneración del demandado fundados en la existencia de un crédito social anterior, y, posteriormente, si aquella acción constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afecta o amenaza las garantías constitucionales invocadas.

SEXTO: Que, resultan ser hechos no controvertidos para el conocimiento de este arbitrio constitucional que:

1. El recurrente trabaja en EMPRESA Metbus y al recibir la liquidación de su remuneración del mes de julio de 2022, constató que existía un descuento automático informado por la recurrida por la suma de $94.642.-, procedente de un crédito social solicitado por el recurrente el 20 de agosto de 2015, por un monto de $2.427.904.- respecto del cual el actor sólo pagó hasta parte de la cuota 24 de las 48 cuotas en que debía solucionarse el monto adeudado.

2. Se siguió en relación a estos mismos hechos, causa Rol N° C-10566-2019 del 10° Juzgado Civil de Santiago, en la que se dictó sentencia definitiva de fecha 31 de marzo de 2021, por la que se acogió excepción de prescripción extintiva y se rechazó la ejecución, encontrándose ejecutoriada.

3. Con fecha 6 de marzo de 2023, la Caja de Compensación Los Andes informó a esta Corte -en el cuarto otrosí de escrito que acompañó- que, ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente y dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

SÉPTIMO: Que cabe relevar que conforme con el artículo 1° de la Ley N° 18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, entidades de previsión social son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, cuyo objeto es la administración de prestaciones de seguridad social. Por su parte, el artículo 22 de la referida ley, establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

OCTAVO: Que según se ha asentado, la propia recurrida ha sostenido que ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado y dispondrá la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, situación que no fue controvertida en estrados por la señora abogado recurrente, quien se limitó a expresar que no ha tenido noticias al respecto de su cliente, de acuerdo al contacto sostenido con éste el mes pasado, lo que permite concluir que no existe medida alguna que esta Corte pueda adoptar en favor del recurrente para restablecer el imperio del derecho, por cuanto su pretensión ya ha sido satisfecha por la institución recurrida.

En consecuencia, y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana y de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Rol N° 101545-2022 Protección.

Pronunciada por la Cuarta Sala, integrada por los Ministros señora Graciela Gómez Quitral, señora Verónica Cecilia Sabaj Escudero y el Abogado Integrante señor Sebastian Ramón Hamel Rivas.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.