nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES.

C.A. de Santiago Santiago, ocho de febrero de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 24 de agosto de 2022, comparece el abogado don Alex Barcaza Torres, en representación de nombre reservado, empleado, ambos con domicilio en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, corporación de derecho privado sin fines de lucro, representada por su gerente general don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario que vulnera la garantía constitucional consagradas en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, consistente en el descuento de sus remuneraciones de un crédito social, efectuado por la recurrida.

Expone que en 2018 su representado tomó un crédito social con la recurrida, pagadero en cuotas mensuales; sin embargo, al perder su trabajo, incurrió en mora a mediados de 2020, acudiendo a sucursales de la recurrida para regularizar su situación, donde se le ofreció únicamente repactar la deuda, con el aumento de la deuda que ello conlleva. Agrega que, posteriormente recibió una demanda ejecutiva de la recurrida, haciendo efectiva la cláusula de aceleración contenida en el pagaré, declinando de este modo el cobro individual de las cuotas mediante descuento directo de la remuneración.

No obstante lo anterior, el 5 de agosto de 2022, su empleador le informó que la recurrida descontó directamente de su remuneración la suma de $318.545, a causa del crédito social antes referido, arrebatándole así una parte importante de su remuneración, habiendo transcurrido más de dos años y estando prescrita la deuda, sumado a la incertidumbre de reiteración futura de esta situación.

Señala que el actuar de la recurrida vulnera el derecho de propiedad del recurrente, consagrado en el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental. Que, si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 faculta a las Cajas de Compensación para efectuar descuentos directamente de la remuneración de los trabajadores afiliados, ello se torna arbitrario al ejercerlo luego de transcurrido dos años desde el último vencimiento, sin aviso previo y sin que el recurrente tenga la posibilidad de defenderse ante una deuda cuya acción muestra seria evidencia de encontrarse prescrita, citando jurisprudencia en tal sentido.

Solicita se acoja el recurso, y se ordene a la recurrida: 1) cesar los descuentos o retenciones en su remuneración; 2) restituir los descuentos efectuados con motivo del crédito adeudado; y 3) se condene en costas a la recurrida.

Segundo: Que, con fecha 27 de septiembre de 2022, evacua informe la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el 18 de junio de 2018 se otorgó al recurrente un crédito por la suma de $7.471.285, pagadero en 48 cuotas mensuales, cuyo primer vencimiento correspondía al 31 de agosto de 2018; agrega que se pagaron las primeras once cuotas, de forma regular, sin embargo las cuotas de julio, agosto y septiembre de 2019 (cuotas 12 a 14) se pagaron los días 10 de julio, 10 de agosto y 10 de septiembre de 2022, y las restantes se encuentran en cobranza judicial. Atendido lo anterior es que se estaría ante un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones de cobro no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación conforme al procedimiento establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833 es pertinente y oportuna.

A continuación se refiere al carácter social de los créditos otorgados por las cajas de compensación y mecanismos de cobro según lo establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833; en este contexto señala que el hecho que la Caja de Compensación haya entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente, no libera a la recurrida ni a su empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del señalado artículo 22. Cita jurisprudencia en el sentido que indica.

Hace presente que la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, de cuya lectura se desprende, con toda claridad, que la prescripción debe ser alegada, declarada judicialmente y que no opera de pleno derecho. Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. Agrega que el mutuo en cuestión mantiene en morosidad sus cuotas con vencimiento a partir de septiembre de 2019, por lo que es claro que no ha transcurrido el plazo requerido de 5 años para alegar la prescripción de la deuda, todo lo cual hace que el cobro efectuado en virtud del artículo 22 de la Ley N°18.833 sea totalmente oportuno.

Alega que cualquier reparo del recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento. Por ende, mal puede el recurrente pretender evadir el pago de las obligaciones que mantiene a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

Asevera que una Caja de Compensación de Asignación Familiar sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no han sido declaradas en favor del recurrente, por lo que no se estarían vulnerando las garantías constitucionales que la recurrente alega como conculcadas; y concluye citando jurisprudencia en el sentido que indica.

Tercero: Que, por resolución de 22 de diciembre de 2022, esta Corte ordenó, como medida para mejor resolver, que la recurrida informara el estado procesal en que se encuentra la cobranza judicial que señala haber iniciado contra el recurrente.

Conforme a lo anterior, y con fecha 18 de enero de 2023, la recurrida informó que en la cobranza judicial rol C-800-2020, del 23º Juzgado Civil de Santiago, con fecha 10 de julio de 2020, se dio traslado a su representada de las excepciones opuestas por la recurrente, y luego con fecha 3 de junio de 2020 el tribunal procedió al archivo del expediente, sin haber evacuado el señalado traslado. Añade que su representada mantiene la cobranza judicial suspendida.

Cuarto: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Quinto: Que, si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 establece que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, debe ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales, lo que aconteció en el caso de autos es que la Caja respectiva, optó por judicializar el cobro de la obligación, sustrayendo así su cobro del ámbito extrajudicial que ahora pretende, retomando los descuentos de dicho crédito con el actual empleador del protegido, lo que conduce a calificar de arbitraria dicha actuación, al revivir un cobro basado en un beneficio que se concede por la ley ante cobros oportunos, calidad que no es posible predicar en este caso, de modo que tratándose de una facultad excepcional que concede la ley, su ejecución ha de ser restrictiva, en especial considerando que interpuso ante el Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Santiago la acción ejecutiva de cobro, según ha quedado asentado por los propios dichos de la recurrida a la hora de evacuar sus informes.

Sexto: Que, en ese sentido, la sujeción a la Constitución y las leyes proscribe la arbitrariedad, debiendo -de acuerdo con la función pública que ejerce la recurrida- conducirse motivada y racionalmente, encontrándose obligada, al menos, a dar noticias previas de sus determinaciones al protegido, luego de transcurrido un extenso lapso de tiempo y no actuar de improviso haciendo uso abusivo de una potestad unilateral consignada en la ley y en el contrato suscrito por las partes, sin respetar la legítima expectativa del recurrente de percibir sus remuneraciones de forma íntegra.

La recurrida, una vez elegida la vía judicial, queda privada de ejercer el derecho consagrado en el mencionado artículo 22, toda vez que, además de lo ya consignado, priva al recurrente de ejercer su derecho a la defensa de su patrimonio en la indicada sede judicial.

Séptimo: Que, constatada la arbitrariedad del acto y la afectación del derecho de propiedad del protegido, en tanto se le priva de parte de sus remuneraciones, ejerciendo abusivamente sus atribuciones, especialmente en casos como éste, al ejercerse respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo y sin aviso previo, reiniciando una cobranza extrajudicial a la que renunció al optar por la vía judicial independientemente de su estado procesal, por lo que no cabe sino acoger la acción de protección intentada, como se dirá.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Alex Barcaza Torres, en representación de nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes; disponiéndose el reintegro y devolución de las sumas descontadas y la abstención por parte de la recurrida de ordenar los descuentos que motivan el presente recurso, sin costas.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del abogado integrante Michael Camus Dávila, quien no firma, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar ausente.

N°Protección-101439-2022.