Protección contra Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones

Santiago, catorce de agosto de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de don nombre reservado, ciudadano venezolano, quien deduce acción de protección en contra de la Subsecretaría del Interior y del Servicio Nacional de Migraciones, impugnando la Resolución Exenta N.º 2.634, de 3 de marzo de 2026, notificada el 18 del mismo mes y año, mediante la cual se rechazó la solicitud de regularización migratoria extraordinaria formulada por el recurrente.

Expone que su representado ingresó a Chile por un paso fronterizo no habilitado, motivado por la difícil situación política, económica y social existente en Venezuela, y que posteriormente efectuó una autodenuncia voluntaria ante la Policía de Investigaciones, con el propósito de ponerse a disposición de la autoridad y comenzar a regularizar su permanencia en el país.

Señala que presentó una solicitud de regularización extraordinaria fundada en los numerales 8 y 9 del artículo 155 de la Ley N.º 21.325, la que fue desestimada porque los antecedentes aportados no permitirían calificar su situación como excepcional o humanitaria, sino como una de carácter genérico y eventualmente aplicable a numerosas personas que se encuentran en circunstancias semejantes.

Sostiene que la decisión es ilegal y arbitraria, pues, si la autoridad consideraba insuficientes los antecedentes acompañados, debió requerirle que subsanara su presentación o aportara documentación complementaria, conforme al artículo 31 de la Ley N.º 19.880, en lugar de rechazarla directamente.

Añade que el recurrente ha mantenido una conducta intachable durante su permanencia en Chile, carece de antecedentes penales y sanciones administrativas, cuenta con trabajo estable y cotizaciones previsionales, y mantiene una relación de convivencia civil con doña nombre reservado, todo lo cual demostraría su arraigo familiar y laboral y su permanente intención de regularizar su situación migratoria.

Argumenta que la potestad conferida a la autoridad por el artículo 155 de la Ley N.º 21.325 es discrecional, pero no arbitraria, pues debe ejercerse dentro de los límites impuestos por los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y motivación, quedando además sometida al control de los tribunales de justicia. En ese sentido, afirma que la resolución impugnada no contiene una fundamentación fáctica suficiente, en los términos exigidos por los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley N.º 19.880, sino que se limita a una afirmación general que no pondera las circunstancias particulares del interesado, su conducta, sus vínculos con el país ni la situación humanitaria existente en Venezuela.

Agrega que la decisión terminal debió ser precedida de un procedimiento racional y justo, respetuoso de los principios de contradictoriedad, imparcialidad y transparencia, de acuerdo con los artículos 3 y 7 de la Ley N.º 21.325, que obligan al Estado a respetar los derechos humanos de las personas extranjeras, cualquiera sea su condición migratoria, y a promover que cuenten con los permisos necesarios para permanecer y desarrollar sus actividades en el país. Invoca, asimismo, la Declaración de Cartagena de 1984 y la Declaración de nombre reservado de 1994, destacando que la migración irregular debe ser examinada desde una perspectiva de derechos humanos y no únicamente a partir de la constatación del ingreso clandestino.

Cita jurisprudencia de la Corte Suprema relativa a la importancia del arraigo familiar y laboral, la protección de la familia y el principio de reunificación familiar, sosteniendo que esos elementos deben ponderarse al decidir solicitudes de regularización migratoria. Estima que la autoridad actuó de forma antojadiza, inmotivada y desproporcionada, incurriendo en una diferencia arbitraria y vulnerando la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N.º 2 de la Constitución Política de la República.

Por estas razones, solicita que se acoja la acción, se deje sin efecto la Resolución Exenta N.º 2.634 y se ordene a la autoridad efectuar un nuevo estudio de los antecedentes, permitiendo al recurrente complementar la documentación necesaria y emitir una nueva decisión debidamente fundada y ajustada a derecho.

SEGUNDO: Que comparece el abogado don Sebastián Álvarez Moscoso, en representación de la Subsecretaría del Interior, quien evacua el informe solicitado y pide que la acción de protección sea rechazada íntegramente, con expresa condena en costas.

Expone, en primer término, que la normativa aplicable es la Ley N.º 21.325 y no el derogado Decreto Ley N.º 1.094, pues las normas de derecho público rigen in actum y toda solicitud resuelta con posterioridad al 12 de febrero de 2022 debe decidirse conforme al nuevo estatuto migratorio.

Explica que la Ley N.º 21.325 contempla dos mecanismos distintos de regularización: uno general, previsto en los artículos 69 inciso segundo y 155 N.º 8, cuyos requisitos deben ser establecidos previamente por la Subsecretaría del Interior y cuya ejecución corresponde al Servicio Nacional de Migraciones; y otro particular y excepcional, contemplado en el artículo 155 N.º 9, que faculta indelegablemente al Subsecretario del Interior para otorgar permisos de residencia temporal, con independencia de la condición migratoria del solicitante, únicamente cuando se presenten casos excepcionales, calificados o fundados en motivos humanitarios.

Precisa que actualmente no existe un procedimiento general de regularización vigente, de modo que la petición del recurrente solamente podía ser examinada bajo la segunda hipótesis, cuyo otorgamiento constituye una facultad excepcional de la autoridad y no una obligación.

Como primera alegación, sostiene que la acción de protección no es la vía idónea para resolver la controversia, por tratarse de una acción cautelar, urgente y sumaria, destinada exclusivamente a proteger derechos preexistentes e indubitados frente a ilegalidades o arbitrariedades manifiestas, y no a declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas relacionadas con la obtención de una concesión migratoria.

Añade que la Ley N.º 21.325 contempla recursos administrativos especiales contra las decisiones de la autoridad, remitiéndose en sus artículos 139 y 140 a los mecanismos regulados en la Ley N.º 19.880, cuya interposición incluso suspende los efectos del acto impugnado. Sostiene, además, que por esta vía no corresponde que los tribunales sustituyan a la Administración en la valoración del mérito, oportunidad, necesidad o conveniencia de las medidas adoptadas en materia migratoria, pues la facultad de regularización ha sido entregada por el legislador al Subsecretario del Interior y su ejercicio supone un margen de apreciación privativo, sujeto a parámetros de racionalidad y proporcionalidad.

En consecuencia, afirma que la jurisdicción no puede ordenar a la autoridad el contenido específico de la decisión que debe adoptar, pues ello implicaría intervenir en atribuciones propias de otro poder público, contrariando los artículos 6 y 7 de la Constitución y el artículo 4 del Código Orgánico de Tribunales.

En cuanto al fondo, señala que el permiso regulado en el artículo 155 N.º 9 es de aplicación excepcionalísima, pues permite remediar una infracción migratoria en la que el extranjero incurrió voluntariamente y altera la regla general conforme a la cual no deben admitirse a tramitación solicitudes de residencia presentadas por personas que se encuentran en condición migratoria irregular, según lo establecido en el artículo 50 inciso final del Decreto N.º 296, de 2022.

Indica que la autoridad examinó los antecedentes acompañados y concluyó fundadamente que estos no configuraban un caso excepcional, calificado o humanitario, porque las circunstancias invocadas se relacionaban con el bienestar económico, laboral y personal del recurrente y eran de carácter general, sin demostrar una afectación concreta y especialmente grave que justificara su regularización pese a haber ingresado por un paso no habilitado. Precisa que la autoridad no desconoció la existencia de su acuerdo de unión civil, de su contrato de trabajo ni de sus vínculos familiares y laborales, sino que, aun teniéndolos por efectivos, consideró que no eran suficientes, por sí solos, para configurar la hipótesis excepcional prevista en la ley. Agrega que el arraigo familiar y laboral puede ser relevante en el ámbito migratorio general, pero no obliga a la autoridad a calificar una situación como excepcional o humanitaria, particularmente cuando no se acredita además un arraigo social significativo.

Respecto de la alegación fundada en el artículo 31 de la Ley N.º 19.880, sostiene que dicha disposición solo obliga a requerir la subsanación cuando la solicitud omite los requisitos formales mínimos señalados en el artículo 30 de la misma ley, circunstancia que no ocurrió en este caso, pues la presentación contenía la individualización del interesado, los hechos, fundamentos, petición, fecha, firma y autoridad destinataria. Por ello, no existía obligación de solicitar nuevos documentos para mejorar los fundamentos sustantivos de la petición, correspondiendo al propio interesado aportar los antecedentes necesarios para acreditar el carácter calificado o humanitario de su situación.

Afirma, asimismo, que el rechazo no vulneró la igualdad ante la ley, pues el recurrente no indicó casos equivalentes en los que la autoridad hubiese resuelto de manera diferente y, por el contrario, concederle el permiso con base en circunstancias genéricas podría privilegiarlo injustificadamente frente a otros extranjeros cuyas solicitudes fueron rechazadas por razones semejantes. Sostiene que tampoco existe privación, perturbación o amenaza de una garantía protegida por el artículo 20 de la Constitución, pues la obtención de un permiso excepcional constituye una mera expectativa y las consecuencias de la irregularidad migratoria derivan del ingreso voluntario del recurrente por un paso no habilitado y no del acto impugnado. Por estas consideraciones, concluye que la Resolución Exenta N.º 2.634 se encuentra suficientemente fundada, fue pronunciada por la autoridad competente y no contiene ilegalidad ni arbitrariedad alguna, razón por la cual solicita rechazar la acción en todas sus partes y condenar en costas al recurrente, por estimar que carece de motivos plausibles para litigar.

TERCERO: Que comparecen los abogados don Antonio Beltrán Henríquez y doña Katherina Fuentes Lazo, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quienes evacuan el informe requerido y solicitan que la acción de protección sea rechazada respecto de su representado, por no haber incurrido este en acto u omisión ilegal o arbitrario alguno. Exponen que no existe registro de un ingreso regular al país de don nombre reservado, por lo que se presume que ingresó por un paso no habilitado, circunstancia por la cual fue denunciado mediante Parte Policial N.º 300, de 23 de enero de 2021, de la Policía de Investigaciones de Chile.

Agregan que el recurrente presentó una carta solicitando la regularización de su situación migratoria al amparo del artículo 155 N.º 8 de la Ley N.º 21.325 y que dicha petición fue rechazada mediante Resolución Exenta N.º 2.634, de 3 de marzo de 2026, pronunciada y suscrita por el Subsecretario del Interior. Sostienen que el Servicio Nacional de Migraciones carece de legitimación pasiva respecto de la acción, pues no emitió el acto administrativo impugnado ni posee competencia para resolver la solicitud de regularización excepcional planteada.

Explican que, desde la entrada en vigencia de la Ley N.º 21.325, el Servicio constituye un organismo público descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto de la Subsecretaría del Interior, aunque se encuentre sometido a la supervigilancia del Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior. Señalan que el artículo 155 N.º 8 entrega a la Subsecretaría del Interior la facultad de establecer mecanismos generales de regularización para extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular y que su numeral 9 confiere indelegablemente al Subsecretario del Interior la potestad de otorgar, en casos excepcionales, permisos de residencia temporal fundados en situaciones calificadas o motivos humanitarios.

Por consiguiente, afirman que corresponde exclusivamente a dicha Subsecretaría informar acerca del fondo de la controversia y defender la legalidad de la resolución recurrida. En razón de ello, solicitan que se tenga por evacuado el informe y se rechace la acción respecto del Servicio Nacional de Migraciones, toda vez que este no dictó la Resolución Exenta N.º 2.634 ni ha ejecutado una conducta que prive, perturbe o amenace el ejercicio legítimo de alguna de las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

QUINTO: Que, el acto denunciado mediante el presente arbitrio constitucional corresponde al rechazo de la solicitud de regularización migratoria extraordinaria formulada por el recurrente, sin haber ponderado adecuadamente los antecedentes acompañados, lo cual perjudica su situación migratoria.

SEXTO: Que resultan ser hechos no controvertidos para el conocimiento de este recurso que:

a) Que el recurrente ingresó al territorio nacional por un paso fronterizo no habilitado, sin que exista registro de un ingreso regular al país, hecho que, según expone, obedeció a la difícil situación política, económica y social existente en Venezuela;

b) Que, el 23 de enero de 2021, la Policía de Investigaciones de Chile emitió el Parte Policial N.º 300, mediante el cual fue denunciado por ingreso clandestino, sosteniendo el recurrente que se presentó voluntariamente ante dicha autoridad con la finalidad de autodenunciarse, ponerse a su disposición e iniciar las gestiones destinadas a regularizar su permanencia en Chile;

c) Que, desde su ingreso, ha permanecido en el territorio nacional en condición migratoria irregular, período durante el cual afirma haber desarrollado arraigo familiar y laboral, al mantener una relación de convivencia civil con doña nombre reservado, contar con contrato de trabajo y registrar cotizaciones previsionales, sin presentar antecedentes penales ni sanciones administrativas;

d) Que, con posterioridad, solicitó la regularización extraordinaria de su situación migratoria, el 8 de agosto de 2023;

e) Que la solicitud fue examinada como una petición de otorgamiento excepcional de permiso de residencia temporal, al amparo del artículo 155 N.º 9 de la Ley N.º 21.325;

f) Que, mediante Resolución Exenta N.º 2.634, de 3 de marzo de 2026, la Subsecretaría del Interior rechazó la solicitud, por considerar que las circunstancias invocadas no configuraban un caso excepcional, calificado o humanitario, sino que correspondían a situaciones de carácter general relacionadas con el bienestar personal, familiar, económico y laboral del interesado;

g) Que la resolución precedentemente indicada fue notificada al recurrente el 18 de marzo de 2026.

SEPTIMO: Que resulta incomprensible la falta de un auténtico procedimiento de aplicación general, advirtiéndose en la especie que, si bien la administración pudo considerar insuficientes las alegaciones de la recurrente para asilarla en una autorización de carácter extraordinario, en cumplimiento al deber de información que recae sobre la autoridad migratoria respecto de todos los derechos que amparan a los extranjeros -atenta su precaria situación en un país que no es el suyo- desechada la situación humanitaria, debió dar tramitación a la petición conforme al procedimiento de general aplicación, requiriendo al ciudadano extranjero, la aportación de todos los antecedentes que fueren conducentes a tal pretensión, todo ello, con miras a promover y facilitar la regularización migratoria que es uno de los objetivos de la política estatal sobre la materia.

OCTAVO: Que, como se aprecia, al omitir la satisfacción de su deber de informar, la recurrida ha incurrido en una arbitrariedad, infringiendo el derecho establecido en el ordinal tercero del artículo 19 de la Constitución Política, desde que ha impedido a la extranjera el ejercicio de todos sus derechos.

NOVENO: Que tampoco puede ignorarse en este caso, que el recurrente no solo lleva más de 5 años en este país, sino que, sobre todo, debe tenerse en consideración que reside en Chile con su conviviente civil, quien cuenta con residencia definitiva. A lo anterior se añade que el recurrente tiene un contrato de trabajo indefinido y cotiza en una AFP; de modo que presenta arraigo familiar y laboral en el país y ha justificado que no registra antecedentes penales en su país de origen.

En razón de lo señalado, se accederá a la acción promovida para el solo efecto de que la autoridad respectiva, dé tramitación a la solicitud del ciudadano venezolano, conforme a las prescripciones propias de una solicitud de residencia de carácter temporal, requiriendo del extranjero la información que estime pertinente.

Por estas razones y de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se acoge el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado y se ordena a la recurrida Subsecretaría del interior dar tramitación a la solicitud promovida por el señor nombre reservado como petición de residencia temporal de acuerdo con el procedimiento ordinario.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad archívese.

N°10127-2026 Protección.

Redacción de la ministra Claudia Lazen Manzur.

No firma el ministro Sergio Córdova Alarcón por encontrarse ausente.