nombre reservado con ITAU-CORPBANCA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, ocho de junio de dos mil veintitrés.

Al escrito folio 27: a todo, téngase prsente.

Al escrito folio 28: a sus antecedentes.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 19 de agosto de 2022, comparece don Alejandro Marcelo Cuevas Pizarro, abogado, en favor de don nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Banco Itaú CorpBanca S.A., representado por su gerente general don nombre reservado, por la actuación arbitraria e ilegal de rechazar, sin fundamento, la apertura de una cuenta corriente en dólares, lo que a su vez le ha impedido disponer de un remesa de US$ 606.570 que el recurrido mantiene a su nombre, afectado sus derechos constitucionales de igualdad ante la ley y de propiedad.

Señala que el 21 de febrero de 2022 una entidad internacional le informó mediante carta que era beneficiario de la voluntad testamentaria de doña nombre reservado, fallecida el 11 de marzo de 2014, y que se le iba a pagar su asignación en la herencia, con el beneficio de la liquidación de un trust que figuraba a nombre de la causante.

Da cuenta que el actor es cliente del banco recurrido, manteniendo diversos productos contratados, y que en razón a la información recibida, solicitó a su ejecutiva mediante correo electrónico del día 17 de marzo de 2022, la apertura de una cuente corriente en dólares, recibiendo el abogado del actor un llamado el mismo día de parte de otra persona que actuaba en representación del banco, para iniciar las gestiones de la apertura solicitada. Al día siguiente, su abogado le requirió a la ejecutiva y a la persona que lo había llamado que le informara los requisitos para abrir la cuenta, correo que a la fecha no ha tenido respuesta.

Luego, con fecha 22 de marzo de 2022, una ejecutiva de la mesa de inversiones del banco le señaló al abogado que el recurrente ya tiene una cuenta en la administradora de fondos del banco, y que los fondos quedarían -en el evento de llegar- a su cuenta “Money Market Cash Dollar”, cuenta de inversiones que el actor tiene contratada.

Se le señaló al banco, por correo de 25 de marzo de 2022, que para el fin buscado -retirar los fondos- no servía esa cuenta de inversiones, solicitando nuevamente la apertura de una cuenta corriente en dólares, reiterando la petición de informar los requisitos, sin obtener respuesta.

Afirma que luego de sucesivas conversaciones telefónicas con ejecutivas del banco, sostenidas por el abogado del actor, se le indicó que se iba a aperturar la cuenta solicitada, por existir un plan piloto exclusivo para sus clientes, y que iba a estar aperturada al momento en que se recepcionaran materialmente los fondos, acuerdo que no consta por escrito.

Agrega que el 22 de junio de 2022, el actor recibió los fondos desde el extranjero, por orden de envío, ascendentes a US $606.570, lo que fue informado por el banco al cliente, el 24 de ese mes y año por correo electrónico, indicándole además que si deseaba cobrar esa remesa, lo podía hacer en cualquier sucursal o, si deseaba su abono a su cuenta corriente en pesos, necesitaban que les indicara el motivo por el que recibió esa remesa y su acuerdo con el tiempo de cambio para ese día.

El recurrente respondió el mismo día por correo electrónico que no deseaba liquidar los dineros recibidos, ni cambiar los dólares a pesos, señalándole el acuerdo que le habían informado previamente de manera verbal.

El mismo día 24 de junio de 2022 fue contactado telefónicamente para ofrecerle que la remesa fuera depositada en un fondo mutuo de la cuenta de inversión, a la espera de la posibilidad de la apertura de la cuenta en dólares, respondiendo el recurrente el día 28 de junio de 2022, pidiendo que no se hicieran cambios ni movimientos con los dólares, y requiriendo nuevamente información sobre la apertura de la cuenta en moneda extranjera, junto con remitir documentos protocolizados explicando el origen de los fondos.

Continúa manifestando que por correo electrónico de 5 de julio de 2022, la ejecutiva de cuentas le comunicó que aún no podían aperturar la cuenta, porque estaban en plan piloto para ese producto.

Luego de otra serie de comunicaciones que detalla, indica que por correo electrónico de 21 de julio de 2022, se le informó que el banco rechazó el otorgamiento del plan único de productos, por incumplir el nivel mínimo de aprobación previsto en los análisis de riesgo establecidos por el banco.

Afirma que la respuesta no es comprensible para el cliente y no dice relación con las conversaciones previamente sostenidas, ni con lo solicitado, habiendo optado el recurrido por impedir la apertura de la cuenta en forma arbitraria, sin justificar su actuar ni informar con claridad, y con las formalidades que corresponden, los motivos de su decisión, agregando que sigue sin saber los requisitos para la apertura de la cuenta corriente en dólares Hace presente que no tiene la intención de hacerse con los fondos hasta tener una respuesta formal del Servicio de Impuestos Internos, ante su consulta sobre el tratamiento tributario de los fondos, con el fin de no gatillar obligaciones tributarias de manera precipitada, pero el banco, con su conducta, lo está obligando a hacerse o a disponer de los fondos, liquidando a pesos chilenos las divisas, dentro de un plazo determinado, pues en caso contrario, amenazó con restituir los fondos a la entidad pagadora.

Indica que los actos ilegales y arbitrarios consisten en: 1) la negativa infundada del banco para abrir la cuenta corriente en dólares; 2) el desconocimiento de la información entregada por el banco, en virtud de la cual se obligó a abrir la referida cuenta para que pudiera abonar los fondos; y 3) la amenaza de que si no contrataba un instrumento financiero con ellos, procederían a devolver los fondos.

Califica de arbitrario el actuar denunciado, en tanto el rechazo de la apertura de la cuenta se basa en motivos imprecisos y difusos, sin indicar cuál sería el nivel mínimo de aprobación de riesgo que es necesario alcanzar, cuál es el nivel de aprobación que tendría el recurrente, ni por qué habría que cumplir con esos estándares, nivel de indeterminación que hace ininteligible el motivo del rechazo, que para todos los efectos significa que no tiene fundamentación, quedando al mero capricho del banco.

La ilegalidad la hace consistir en una vulneración al artículo 3° letra c) de la Ley N° 19.496, que prohíbe a los proveedores discriminar arbitrariamente a los consumidores.

En relación a la garantía fundamental de igualdad ante la ley, argumenta que el banco no puede discriminar arbitrariamente a sus clientes y, si lo hace, vulnera esta garantía constitucional, afectando al actor en tanto esta discriminación está dirigida específicamente en su contra y no contra el resto de los solicitantes de este producto bancario, siendo el único excluido de obtenerlo.

En relación al derecho de propiedad, arguye que lo referido tiene como consecuencia que no puede disponer de las remesas que el banco tiene retenidas a su nombre. En ese sentido, el banco limitó, restringió y dirigió su facultad de disposición al permitirle únicamente cobrarlo por caja, abonarlo a su cuenta corriente en pesos o depositarlo en el fondo mutuo señalado, opciones que no lo satisfacen, privándolo de su derecho de dominio sobre los fondos, sin poder disponer de ellos a su conveniencia.

Solicita que se acoja la acción y se decreten especialmente como medidas:

1. Ordenar al banco recurrido la apertura de una cuenta corriente en dólares en favor del actor, para que pueda dar la instrucción de depósito en esa cuenta de las remesas retenidas;

2. En subsidio, que se ordene al banco entregar al actor, a la brevedad, un informe detallado y circunstanciado de las razones del rechazo, debiendo indicar con precisión todos y cada uno de los requisitos que el banco exige para abrir una cuenta corriente en dólares, señalando cuáles sí cumplió el cliente y cuáles no, y los pasos necesarios para superar el impedimento;

3. En todo evento, que las órdenes dadas al banco deberán cumplirse dentro del plazo que esta Corte estime y que no exceda de 5 días hábiles desde que quede ejecutoriada la sentencia; y 4. En todo evento, que se condene en costas al recurrido;

SEGUNDO: Que, por la recurrida comparecen don nombre reservado y doña nombre reservado, abogados, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes, con costas.

Alega, en primer término, la improcedencia de la acción, atendido que el actor no tiene un derecho indubitado que esté siendo amenazado o perturbado actualmente y que justifique la cautela excepcional que solicita. En ese sentido, niega que exista un derecho indubitado a que el banco le abra una cuente corriente en dólares al actor a su solo requerimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, señala que el banco no cuenta con el producto que el cliente requiere, lo que le ha sido informado al actor en diversas oportunidades, siendo ese el motivo del rechazo.

Niega igualmente que el actor tenga diversos productos contratados con el banco, manteniendo únicamente un fondo mutuo.

Indica que al hacer la solicitud, la ejecutiva le informó al cliente que el banco no contaba con ese producto, pero que recientemente había iniciado un plan piloto, en ese entonces únicamente para funcionarios del banco, siendo a raíz de esa conversación que se generó la confusión.

Precisa que el producto que se asemeja corresponde a cuentas corrientes en dólares para PYMES o dueños de empresas que acrediten realizar habitualmente operaciones en remesas, que no se ajusta al caso y requerimiento del recurrente.

Agrega que en el marco de las conversaciones del abogado del actor con el banco, con el sólo objetivo de encontrar una solución, se le ofreció el fondo mutuo “Money Market Cash Dollar”, que le permitiría mantener liquidez y resguardar las remesas en su moneda original, pero como se respondió que no estaban interesados en aquello, la cuenta de ese nombre nunca se aperturó, no siendo efectivo tampoco que cuente con ese producto.

Da cuenta que, en paralelo, y en el errado entendimiento de que en caso de abrir una cuenta corriente en pesos, luego podría acceder a una cuenta en dólares, se inició una evaluación comercial, siendo respecto de esta que se produce el rechazo que cita el recurso y que se indica en la carta acompañada, en que se le informó que no cumple con el nivel mínimo de aprobación, producto de que el actor no cumple con los antecedentes crediticios mínimos para la apertura del plan que solicitó, por no disponer de la renta mínima necesaria.

Afirma que ha intentado en todo momento, y a través de diversas alternativas, entregarle una solución, todas las cuales han sido rechazadas, siendo ese el motivo por el que finamente se le indicó que podía cobrar la remesa en cualquier sucursal, abonarlo a una cuenta corriente en pesos, o que se vería obligado a devolver los fondos.

En razón de los argumentos señalados, niega haber obrado ilegal o arbitrariamente o vulnerado las garantías constitucionales invocadas en el recurso.

Por escrito de 7 de junio de 2023, acompaña copia simple de cartola de fondos y movimientos, emitida el 5 de igual mes y año, documento que da cuenta que con fecha 27 de octubre de 2022, el actor optó por resguardar las remesas en el “Fondo Mutuo de Itaú Cash Dollar”, en las que se mantienen hasta la fecha;

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

CUARTO: Que en lo que atañe, ahora, a la supuesta ilegalidad que por esta vía se reclama, lo cierto es que del tenor de la misma presentación en que se formaliza el recurso es posible advertir que el supuesto fáctico que sustenta esta impugnación es una supuesta negativa de la institución bancaria a aperturar a nombre del recurrente una cuenta corriente en dólares, lo que la recurrida niega enfáticamente que respondería a su mera discreción, sino al hecho de no contar, a esa época, con el producto solicitado;

QUINTO: Que, ahora bien, ante tanta discrepancia en las circunstancias fácticas que rodean la respuesta que se impugna, cuya veracidad no es posible entrar a dilucidar por esta vía, no es dable soslayar que el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso.

Luego de lo dicho, acontece, entonces, que los derechos que el actor solicita le sean tutelados, no pueden satisfacerse a través del presente arbitrio, ni del modo que se pide, dado que atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos, tales como aquellos que prevén la Ley 19.496, Ley 21.000, Ley 20.009 y el propio Código Civil, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

SEXTO: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don Alejandro Marcelo Cuevas Pizarro en favor de don nombre reservado, deducido en contra del Banco Itaú CorpBanca, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-101.258-2022.