Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, uno de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado don Cristóbal Toro Cortés, en representación del Hospital Clínico San Borja Arriarán, interponiendo acción constitucional de protección en contra de doña nombre reservado y don nombre reservado, por haber rechazado la administración de las vacunas obligatorias correspondientes al Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) a su hijo lactante nombre reservado, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que contraviene la normativa sanitaria dispuesta por la autoridad pública e impide la inmunización del niño frente a enfermedades de gran peligrosidad, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y psíquica del amparado, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se ordene a sus progenitores concurrir a un centro de salud para la correspondiente inoculación.

Expone que el amparado, el niño nombre reservado, nació en dependencias del referido hospital el día NUM000 de 2026, siendo un recién nacido de término y en buenas condiciones generales. En este contexto, y en cumplimiento de la normativa sanitaria, se procedió a indicar la administración de las vacunas BCG, Hepatitis B y el anticuerpo monoclonal contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS). Frente a este escenario, la progenitora manifestó su rechazo a dicha medida, motivo por el cual el establecimiento activó su protocolo interno, brindando educación y consejería detallada mediante un equipo multidisciplinario, informando a los padres sobre los riesgos graves que implica la no vacunación, tales como meningitis tuberculosa, insuficiencia hepática e incluso la muerte. A pesar de haber recibido esta información exhaustiva, los padres mantuvieron su postura, firmaron el documento de rechazo y el niño egresó de las dependencias hospitalarias en buenas condiciones junto a ellos.

El recurrente sustenta su arbitrio en el artículo 32 del Código Sanitario y el Decreto Exento N° 50 de 2021 del Ministerio de Salud, disposiciones que establecen el carácter obligatorio de las inmunizaciones para resguardar la salud de la población.

Adicionalmente, argumenta que el derecho de los pacientes a denegar tratamientos, regulado en el artículo 14 de la Ley N° 20.584, no puede superponerse a las garantías fundamentales del recién nacido ni al bienestar colectivo. En el mismo orden de ideas, invoca el artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y los artículos 7 y 38 de la Ley N° 21.430, los cuales consagran el disfrute del más alto nivel de salud, el resguardo primordial del interés superior del niño, y la obligación de los padres de adoptar las medidas preventivas médicas pertinentes. Asimismo, se apoya en reciente jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia que amparan el derecho a la vida del lactante por sobre la negativa paterna.

De este modo, a juicio del recurrente, el rechazo a la inoculación por parte de los recurridos vulnera el derecho constitucional a la vida y a la integridad física y psíquica del niño amparado, reconocido explícitamente en el artículo 19 N° 1 de la Carta Fundamental, toda vez que dicha decisión, calificada de caprichosa y desprovista de fundamento plausible, priva al lactante de la prevención obligatoria ante patologías severas, poniendo en riesgo inminente e injustificado su propia vida y salud, siendo el deber del Estado salvaguardar esta garantía absoluta.

Por estas razones, solicita que se ordene de forma inmediata a los progenitores concurrir al centro de atención primaria de salud correspondiente a su domicilio, a fin de que se apliquen al niño las vacunas obligatorias del Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI) de acuerdo a su edad.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece la abogada doña Javiera Francisca Cabezas León, en representación de los recurridos, doña nombre reservado y don nombre reservado, solicitando el total y absoluto rechazo de la acción de protección deducida en su contra, argumentando que han actuado dentro del marco de las facultades que la ley les concede, sin vulnerar garantía constitucional alguna del lactante amparado.

La parte recurrida sostiene que los progenitores se encuentran profundamente comprometidos con la vida, salud y bienestar de su hijo, procurando las condiciones óptimas para su desarrollo. En este sentido, afirma que su proceder no obedece a una negativa absoluta, caprichosa o ideológica frente a la inmunización, sino a una decisión de "diferimiento razonable". Dicha postergación tiene por objeto permitir una evaluación clínica individualizada y la maduración fisiológica del recién nacido, optando por un abordaje terapéutico alternativo, seguro y proporcional, el cual se encuentra avalado por controles médicos privados y continuos a cargo de profesionales habilitados, tales como el doctor nombre reservado, médico naturópata, y el pediatra doctor nombre reservado.

Adicionalmente, justifica este diferimiento en el temor fundado a que su hijo sufra reacciones adversas graves, tales como shock anafiláctico, síndromes neurológicos o autoinmunes, derivadas de la toxicidad de ciertos componentes de las vacunas, como el aluminio y el mercurio, basándose para ello en estudios observacionales internacionales, como el del Henry Ford Health System, que vinculan la vacunación infantil temprana con patologías crónicas a largo plazo. Argumenta, además, que el esquema para recién nacidos carece de sustento epidemiológico en el caso particular de su hijo, toda vez que las vacunas contra la Tuberculosis (BCG) y la Hepatitis B están diseñadas para poblaciones de alto riesgo, condición que no reviste el lactante, dado que su entorno es seguro y la madre arrojó resultados negativos para Hepatitis B en sus exámenes de rutina.

En lo relativo a los fundamentos normativos, la parte recurrida esgrime múltiples argumentos para desestimar la arbitrariedad e ilegalidad de su actuar. En primer término, invoca la aplicación de la excepción legal contenida en el artículo 33 del Código Sanitario, disposición que permite eximirse temporalmente de la vacunación obligatoria mediante la exhibición de un certificado médico que lo justifique, documento que en la especie fue emitido por el facultativo tratante del niño. En segundo lugar, alegan la vulneración del derecho al consentimiento informado consagrado en la Ley N° 20.584 sobre Derechos y Deberes de los Pacientes, acusando que la autoridad sanitaria omite entregar información veraz, oportuna y completa sobre los riesgos y limitaciones de las inoculaciones del Programa Nacional de Inmunizaciones.

De igual forma, sustenta su postura en el ejercicio legítimo del derecho a la libertad de conciencia, reconocido en el artículo 19 N° 6 de la Constitución Política de la República, así como en tratados internacionales ratificados por Chile, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A juicio de los recurridos, estas normativas les otorgan la facultad inalienable, como padres, de proteger la integridad física y psíquica de su hijo conforme a sus propias convicciones y evaluaciones de riesgo, apoyándose subsidiariamente en principios de la bioética universal como el Código de Núremberg y la Declaración de Helsinki.

Seguidamente, arguye la falta de idoneidad de la acción constitucional interpuesta, toda vez que el recurso de protección exige la constatación de un acto u omisión ilegal o arbitrario que vulnere, perturbe o amenace el ejercicio de derechos preexistentes, requisitos copulativos que no concurren en la especie. Sostiene que no existe amenaza alguna a la vida o integridad del niño, puesto que se encuentra bajo estricto cuidado y seguimiento médico, primando el principio de precaución ante la incertidumbre científica y la inexistencia de una política estatal de compensación por daños derivados de vacunas. En apoyo de esta tesis, citan abundante jurisprudencia emanada de Cortes de Apelaciones y de la Corte Suprema, las cuales han resuelto en casos similares que la obligatoriedad de estas vacunas específicas decae una vez superados los primeros días de vida del lactante, y han reconocido el derecho de los padres a manifestar su rechazo informado.

Por estas razones, y atendido a que la decisión parental ha sido informada, proporcional y orientada a salvaguardar el interés superior del niño, la parte recurrida solicita que se rechace la acción de protección deducida en su contra, en todas sus partes y con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que la controversia de marras se circunscribe a determinar si la negativa de los padres a inocular a su hijo recién nacido con las vacunas BCG, Hepatitis B y el anticuerpo monoclonal contra el VRS, contempladas en el Plan Nacional de Inmunizaciones, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere la garantía del artículo 19 N° 1 de la Constitución, en relación con el interés superior del niño y la normativa sanitaria vigente.

QUINTO: Que, para la resolución del asunto, resulta imperioso remitirse al Código Sanitario, cuyo artículo 32 establece que el Servicio Nacional de Salud tendrá a su cargo la vacunación de los habitantes contra las enfermedades transmisibles, facultando al Presidente de la República para declarar obligatoria dicha vacunación. En este contexto, el Decreto Exento N° 50 de 2021 del Ministerio de Salud dispone la vacunación obligatoria de la población contra enfermedades inmunoprevenibles, incluyendo expresamente la Tuberculosis (BCG) y la Hepatitis B para la población infantil. A ello se suma la reciente política pública de inmunización mediante el anticuerpo monoclonal contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) para recién nacidos, orientada a evitar la alta morbimortalidad infantil por cuadros respiratorios graves.

SEXTO: Que la alegación de los recurridos respecto a la supuesta especie de caducidad del plazo para la administración de las vacunas debe ser desestimada. El propio artículo 5° del Decreto N° 50 establece que, si la vacuna BCG no es administrada en los primeros días, los establecimientos podrán aplicarla hasta los 4 años de vida para realizar la “puesta al día”. En cuanto a la Hepatitis B y el anticuerpo contra el VRS, su administración temprana es crucial por razones profilácticas, sin que el mero transcurso de las semanas desde el alta hospitalaria exima a los padres del cumplimiento de una norma de orden público sanitario.

SÉPTIMO: Que, por otra parte, si bien el artículo 14 de la Ley N° 20.584 reconoce el derecho a otorgar o denegar el consentimiento para someterse a tratamientos médicos, el artículo 15 de la misma ley establece un límite claro, y no se requerirá dicha manifestación de voluntad cuando la falta de aplicación de los procedimientos suponga un riesgo para la salud pública. La negativa de los padres a vacunar a su hijo no solo lo expone a él a enfermedades letales o invalidantes, sino que rompe la inmunidad de rebaño, poniendo en riesgo a otros infantes y a la comunidad en su conjunto.

OCTAVO: Que, por otra parte, respecto a la exención contemplada en el artículo 33 del Código Sanitario alegada por los recurridos, esta Corte advierte que los certificados médicos acompañados se fundan en apreciaciones genéricas, temores estadísticos sobre componentes de las vacunas y aprensiones personales de los padres. No existe en autos ningún examen clínico objetivo, diagnóstico de inmunodeficiencia primaria, o patología específica en el niño nombre reservado que contraindique médicamente de forma indubitada la administración de las vacunas. El temor a eventuales reacciones adversas, inherente a todo procedimiento médico, no satisface el estándar legal para eximir a un ciudadano de una obligación sanitaria dispuesta por el Estado.

NOVENO: Que, frente al aparente conflicto de derechos invocado por los recurridos -la libertad de conciencia de los padres frente al derecho a la vida del niño- la jurisprudencia de la Excma.

Corte Suprema ha sido firme e invariable. El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica del niño (artículo 19 N° 1 de la Constitución) y su interés superior (consagrado en la Ley 21.430 y la Convención sobre los Derechos del Niño) priman de manera absoluta por sobre las creencias, ideologías, aprehensiones o filosofías de vida de sus progenitores. Los padres detentan el cuidado personal de sus hijos como un deber de protección, no como un derecho de propiedad que les permita privarlos del más alto nivel de salud alcanzable mediante los avances científicos avalados por la institucionalidad sanitaria nacional e internacional.

DÉCIMO: Que, en virtud de lo razonado, la conducta de los recurridos resulta ser manifiestamente ilegal, por contravenir el mandato expreso del Código Sanitario y del Decreto Exento N° 50, y arbitraria, por carecer de una justificación médica objetiva e individualizada que la sustente, basándose únicamente en el capricho o los temores infundados de los progenitores. Dicha conducta amenaza de forma grave e inminente la vida y la integridad física del lactante, presupuesto que hace ineludible el acogimiento de la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge sin costas, el recurso interpuesto por el Hospital Clínico San Borja Arriarán en contra de nombre reservado y de nombre reservado.

En consecuencia, se dispone que de forma inmediata se apliquen al niño nombre reservado todas las vacunas e inmunizaciones que, atendida su edad, tengan el carácter de obligatorias conforme al Plan Nacional de Inmunizaciones, incluyendo específicamente la vacuna contra la Tuberculosis (BCG), la vacuna contra la Hepatitis B y la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS).

Para el estricto cumplimiento de lo resuelto, los padres deberán concurrir hasta el vacunatorio del Centro de Salud Familiar correspondiente a su domicilio o al establecimiento recurrente, debiendo acompañar ante esta Corte los comprobantes que den cuenta de la administración de las vacunas dentro de los cinco días siguientes a que el presente fallo quede ejecutoriado. En caso de no acreditarse dicho cumplimiento en el plazo fijado, se faculta desde ya al Hospital recurrente, a través del personal de salud que designe, para trasladarse hasta el domicilio del niño o el lugar donde éste se encuentre para proceder a su vacunación, otorgándose el auxilio de la fuerza pública (Carabineros de Chile), con facultades de allanamiento y descerrajamiento si fuere necesario, en caso de mantenerse la negativa, resistencia u oposición de los padres.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-10107-2026.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Fernando Antonio Valderrama Martínez, el Ministro (I) señor Guillermo Rodríguez González y el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez.

En Santiago, uno de junio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.