nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés.

Vistos:

Comparece el abogado don José Miguel Arce Lubies en representación de doña nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de nombre reservado y nombre reservado, en sus calidades de miembros de la Comisión Médica Central (CMC), por el acto arbitrario e ilegal contenido en la Resolución C.M.C. N° 7000/2022 que otorga a la recurrente una invalidez parcial transitoria, declarando una incapacidad global del 56%, lo cual constituiría una infracción a las garantías constitucionales consagradas en el artículo N°1, 2, 3 inciso 5 y 24 de la Constitución Política de la República.

Señala que con fecha 4 de octubre de 2021 presentó una solicitud a la A.F.P. para obtener una pensión de invalidez debido a varias patologías, incluyendo ojo seco severo bilateral, síndrome de Sjögren, depresión y fibromialgia. Indica que el 20 de octubre de 2021, la doctora nombre reservado, Secretaria de la Comisión Médica Regional (CMR), realizó la primera evaluación de la recurrente, que consistió en una entrevista, examen físico y revisión de certificados médicos. Tras revisar la documentación, la Dra. Feijoo determinó la necesidad de realizar interconsultas con base en el diagnóstico de ojo seco severo bilateral, síndrome de Sjögren, depresión y fibromialgia.

Refiere que el 1 de marzo de 2022 la CMR emitió el Dictamen Nº D16.1268/2022, donde se estableció que el menoscabo de la capacidad de trabajo era del 52%, lo que se considera una invalidez transitoria parcial a partir del 4 de octubre de 2021. La Asociación de Aseguradoras de Chile apeló contra dicho dictamen. Asimismo, el 11 de marzo de 2022 su parte presentó un recurso de apelación contra el mismo dictamen.

En virtud de lo anterior, el 25 de abril de 2022 se dictó la Resolución N° C.M.C. 4345/2022, la cual revocó el dictamen anterior de la CMR y redujo el porcentaje de invalidez al 41%. Respecto de esta resolución, reiteró su cuestionamiento a la falta de consideración de todas las patologías invocadas, la omisión de evaluar el ojo seco severo bilateral y la depresión, y se criticó la rebaja en la calificación de la fibromialgia sin fundamentos claros.

Finalmente, en sesión N°441 de 29 de junio de 2022 se dictó la resolución N° C.M.C. 7000/2022 que revocó el Dictamen Nº4345/2022 de fecha 25 de abril de 2022, y resolvió que procede otorgar la invalidez parcial transitoria, declarando una incapacidad global del 56%.

Expresa que la Resolución de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones es arbitraria, por cuanto no fundamenta adecuadamente sus conclusiones, remitiéndose a hacer una relación temporal de las evaluaciones de la recurrente, pero sin indicar o explicar: 1) como se llegó a la determinación de clasificar las patologías de Fibromialgia (clase II rango Alto), Síndrome de Sjögren (Clase II rango medio), Ojo Seco Severo Bilateral, Depresión y una serie de patologías y enfermedades que nombra el medico asesor, que no son evaluadas ni calificadas; 2) no se consideran una serie antecedentes acompañados por la recurrente que permiten establecer una variación del porcentaje de incapacidad Laboral Permanente en un grado superior a los 2/3; 3) los motivos de rebajar la calificación de fibromialgia de clase III rango media a Clase II rango Alto; 4) se constata una falta de explicación de las motivaciones y fundamentos para preferir una evaluación diagnosticada por sobre otra, Síndrome de Sjögren por sobre Ojo Seco Severo Bilateral o Hipolacrimilia. En conclusión, afirma que al no fundamentar adecuadamente su dictamen, la CMC se aparta del mandato legal que se le ha impuesto y ha erigido su conducta en arbitraria e ilegal.

Señala que los hechos descritos constituyen una vulneración a sus garantías fundamentales: al derecho a la vida e integridad física; igualdad ante la Ley; no ser juzgado por comisiones especiales; y derecho de propiedad.

En virtud de lo anterior, solicita se acoja el recurso, y se ordene dejar sin efecto la Resolución N° C.M.C. 7000/2022; y se ordene a la Comisión Médica Central que disponga una reevaluación de la condición de salud y grado de invalidez de la recurrente, por una comisión de médicos diversa a aquéllas que ya han intervenido en el proceso, ponderando la totalidad de los antecedentes allegados al expediente, subsanando todas las omisiones respecto de los antecedentes médicos de esta recurrente, y emitiendo un dictamen debidamente fundado.

Evacua su informe la Comisión Médica Central.

Opone falta de legitimidad pasiva puesto que carece de personalidad jurídica y patrimonio propio, debiendo asumir su representación judicial el Consejo de Defensa del Estado.

Asimismo, indica que la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección, asegurando que no es la vía idónea, puesto que la recurrente cuestiona la forma en que fue evaluada por la Comisión Médica Central, formulando imputaciones que deben ser acreditadas, por lo cual, no resulta admisible por medio de la acción cautelar, resolver discusiones de fondo que constituyan materias de lato conocimiento.

En cuanto al fondo del asunto, expresa que la Comisión Médica Regional Santiago Centro evaluó el caso y solicitó evaluaciones médicas con un oftalmólogo, reumatólogo y psiquiatra, además de exámenes médicos. El oftalmólogo evaluó a la solicitante y sugirió un impedimento debido a leucomas corneales secundarios al Síndrome de Sjögren, con un 12% de menoscabo. El psiquiatra no sugirió impedimento debido a un trastorno depresivo recurrente, ya que la persona no había recibido psicoterapia y su sintomatología era leve. La reumatóloga sugirió un impedimento debido al síndrome de Sjögren, fibromialgia y tratamiento inmunosupresor permanente.

Al respecto, la Comisión Médica Regional, luego de revisar los informes médicos y los resultados de los exámenes, determinó que las enfermedades alegadas provocan una pérdida de capacidad de trabajo del 52%. Por lo tanto, se otorgó una pensión de invalidez parcial transitoria, ya que la pérdida de capacidad de trabajo era superior al 50% pero inferior a dos tercios. La compañía de seguro apeló el dictamen, argumentando que el impedimento por fibromialgia se evaluó en una clase incorrecta y que no se habían descartado otras patologías reumatológicas. También mencionaron que la persona estaba en tratamiento con medicamentos y terapias que podrían mejorar su condición. La Comisión Médica Central revisó el caso y determinó que el impedimento por fibromialgia debería configurarse en una clase II, rango alto, según la propuesta del reumatólogo. También evaluaron el síndrome de Sjögren en una clase II, rango medio, debido a episodios intermitentes de queratitis.

Seguidamente, la persona afectada presentó un recurso de reposición argumentando que la Comisión Médica Central no había considerado sus descargos, solicitando una revisión de los porcentajes de invalidez asignados. La Comisión Médica Central revisó nuevamente el caso y, después de discutir los antecedentes, determinó que el impedimento por fibromialgia correspondía a una clase II, rango alto, y el Síndrome de Sjögren a una clase II, rango medio. En consecuencia, mediante resolución N° C.M.C. 7000/2022, de fecha 29 de junio de 2022, se procedió a acoger el recuro de reposición y revocar la Resolución N° C.M.C. 4345/2022, de 25 de abril de 2022, estableciendo que procede otorgar pensión de invalidez parcial transitoria a la señora nombre reservado, toda vez que las enfermedades alegadas como invalidantes le provocan un 56% de pérdida de su capacidad de trabajo.

Explica que el legislador ha establecido un procedimiento médico administrativo especial, de evaluación y calificación de invalidez de doble instancia, cuya función corresponde a las Comisiones Médicas establecidas en el artículo 11 del D.L. N°3.500 de 1980; para lo cual gozan de autonomía, no obstante que deben actuar con estricto apego a las normas de evaluación que el propio cuerpo legal prescribe.

En virtud de lo anterior, concluye que la resolución de impugnada, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, se encuentra debidamente motivada, por cuanto al conocer en segunda instancia, se solicitaron nuevas interconsultas médicas con especialista y luego se efectuó un debido razonamiento de todos los antecedentes médicos recabados, habiéndose efectuado todos los estudios y análisis necesarios frente a la presentación y reclamaciones realizadas por la recurrente, más allá de que lo resuelto no sea compartido por la señora nombre reservado, por lo cual, no puede ser acusado de arbitrario o ilegal.

Se ordenó traer los autos en relación y se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa.

Considerando:

Primero: El llamado recurso de protección corresponde a una acción cautelar de naturaleza constitucional, para la defensa de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Así, constituyen presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República;

Segundo: En lo que atañe a la alegación de falta de legitimación pasiva que postula la recurrida ha de subrayarse –en primer término-, que esta clase de acciones constitucionales responden al imperativo que consagra el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en orden a contar con un “recurso sencillo y rápido” que proteja esa clase de derechos, lo que le aleja ostensiblemente del rigor formal que puede predicarse de otra clase de acciones. De ahí que –por ejemplo-, la de protección pueda deducirla cualquier persona a nombre del afectado o afectada, como lo autoriza la Carta Fundamental. Enseguida, desde la óptica que se viene refiriendo, lo determinante es que el acto administrativo que se cuestiona por este medio ha sido dictado precisamente por la autoridad contra la cual se recurre, de manera que está legitimada para actuar y ser emplazada;

Tercero: El acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituida por la Resolución C.M.C. N° 7000/2022, de 29 de junio de 2022, que dejó sin efecto un dictamen anterior de la misma Comisión Médica Central, decidiendo finalmente declarar una incapacidad global del 56% a favor de la recurrente, que implica la procedencia de una invalidez parcial transitoria;

Cuarto: En rigor, los reproches que se formulan por el recurrente conciernen a la supuesta arbitrariedad que atribuye a la decisión del órgano público, aseverando que sería infundada y equivocada. A ese respecto, cabe señalar que el examen de la resolución de que se trata, permite concluir que la misma aparece suficientemente motivada. En efecto, se consigna en ella que los fundamentos que sirven de soporte a la decisión están consignados en el acta de sesión N° 441 de 29 de junio de 2022. En tal sentido, se debe tener en cuenta que la decisión cuestionada –que involucra aspectos primordialmente médicos-, está precedida del análisis que efectuara la CMC, apoyada en informes de especialistas y luego de la evaluación efectuada por los integrantes de la comisión que evaluaron el caso;

Quinto: Miradas así las cosas, los reproches e imputaciones efectuadas por el recurrente impresionan planteados desde una perspectiva exclusivamente particular o individual, sin que existan antecedentes que permitan desvirtuar lo dictaminado por la autoridad aludida. A lo indicado debe agregarse que en este tipo de situaciones el análisis que cabe efectuar a esta Corte no debe ni puede involucrar juicios de conveniencia, oportunidad o de mérito, porque la cautela de los derechos fundamentales no puede llegar al extremo de tomar las decisiones en reemplazo de las autoridades facultadas para hacerlo, menos todavía cuando se trata de materias en las que debe operar la deferencia de experto.

Por estas razones y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se rechaza el recurso de protección deducido, sin costas por estimarse que hubo motivo plausible.

Redactó el ministro señor Astudillo.

No firma la ministra señora Leyton, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar con permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-100976-2022.