Protección contra Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana

C.A. de Santiago.

Santiago, nueve de junio de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por haber incurrido en un acto arbitrario e ilegal, al haber efectuado descuentos de sus remuneraciones, lo que infringe la garantía constitucional del artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene el cese de los descuentos y se le restituyan las sumas retenidas de sus remuneraciones, con costas.

Refiere que el día 12 de julio del año 2022 tomó conocimiento que la recurrida había efectuado una retención de parte de sus remuneraciones correspondientes al mes de junio, hecho que le ha privado de su patrimonio e ingreso mensual con el que mantiene a su grupo familiar.

Expresa que este acto le ha causado daño en su patrimonio, por lo que solicita el acogimiento de su acción.

SEGUNDO: Que, comparece doña Yasna Vukic, abogada, en representación de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, quien informando al tenor del recurso, solicita su rechazo.

Manifiesta que el recurrente no figura en sus registros como beneficiario de un crédito social o moroso y que a requerimiento de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes procedió a informar a su empleador la existencia de una deuda, todo ello amparado en el Proyecto Intercajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar Cajas de Chile A.G.

Refiere que en virtud de las retenciones, ha efectuado diez remesas a la caja informante.

Argumenta que el Fondo Social de las C.C.A.F. se sustenta de los intereses obtenidos por el otorgamiento de créditos sociales a sus afiliados.

El referido fondo permite financiar sus gastos operacionales, nuevos créditos y beneficios de seguridad social. Por ello, afirma que la Superintendencia de Seguridad Social ha impartido instrucciones para hacer efectivos los descuentos que procedan de las remuneraciones de los afiliados.

En dicho contexto, sostiene, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios denominado “Proyecto InterCajas de Cajas de Compensación de Asignación Familiar”, el que busca detectar deudores morosos y permitirle acordar con la Caja a la cual se ha incorporado el deudor, la recaudación de cuotas adeudadas de un crédito social. En razón de ello, el descuento se efectúa por un tercero y permite regularizar la deuda pendiente, sistema integrado que estaría validado por la jurisprudencia administrativa.

Afirma que el descuento se sustenta en lo previsto en el artículo 22 de la Ley 18.833, artículo 11 del Decreto Supremo N°01, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, artículo 22 de la Ley 17.322 y artículo 58 del Código del Trabajo.

En razón de lo expuesto, estima que no ha vulnerado las garantías constitucionales del recurrente y no concurre actuación ilegal o arbitraria, atendido que ha obrado conforme a sus atribuciones, por lo que solicita en definitiva el rechazo de la presente acción constitucional.

TERCERO: Que, a folio 8 y 18, comparece don Matías Amigo García, abogado, en representación de Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes, quien a requerimiento de esta Corte, evacúa informe al tenor del recurso y solicita su rechazo.

Manifiesta que su representada otorgó un crédito social al recurrente por la suma de $5.703.264, el que se pagaría en 60 cuotas a contar del 31 de julio de 2019. Expresa que dicho crédito fue pagado por el recurrente hasta la cuota número 3 y las restantes se pagaron en forma sucesiva, adeudando a la fecha un total de $9.879.738.

Reitera las facultades que tienen las Cajas de Compensación para efectuar descuentos de las remuneraciones y agrega que no se ha declarado la prescripción del crédito, el que es actualmente exigible y emana de un contrato de mutuo suscrito entre las partes.

Precisa que no se han conculcado las garantías fundamentales del protegido y finaliza requiriendo el rechazo del recurso de protección.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 del texto constitucional, entre las cuales se encuentra las invocadas por la recurrente previstas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Además, debe señalarse que el recurso de cautela de derechos constitucionales, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, ya que para ello está la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

SEXTO: Que, como resulta sencillo de apreciar, es otro el procedimiento que debió haber utilizado el actor, el que le permitiría deducir su pretensión en uno que pueda otorgarle la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso, todo lo que no resulta posible de efectuar en un procedimiento de naturaleza cautelar, como el presente con el que se tramitan estos antecedentes.

SÉPTIMO: Que, el acto que se tacha de ilegal y arbitrario en la especie, se traduce en el proceder de la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana consistente en el descuento en su remuneración del mes de junio, de lo que se enteró al pedir la liquidación de remuneraciones, en la que figura como detalle de descuento “Ptmo. Caja la Araucana 143.569”.

OCTAVO: Que, la Caja recurrida expresó que el recurrente no figura en sus registros con algún crédito social, sino que el descuento a que se refiere el recurso, se efectuó a requerimiento de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y como mandataria de ésta, por lo que se informó al empleador de la actora la existencia de una deuda, solicitando el descuento en la remuneración. Agrega que este accionar se realiza en virtud del denominado “Proyecto Intercajas”.

En tal sentido, la actuación coordinada de ambas recurridas para el cobro del crédito social en la forma ya referida, se ajusta al contrato de mandato y prestación de servicios denominado “Proyecto Intercajas de Compensación de Asignación Familiar”, acordado conforme lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 de la Ley N° 18.833 que autoriza expresamente a las Cajas de Compensación para prestar servicios mediante convenios a entidades que administren prestaciones de seguridad social.

NOVENO: Que, así, al margen de lo expuesto por la recurrida, se deberá reiterar que la acción constitucional que consagra el artículo 20 de la Carta Fundamental, es de naturaleza esencialmente cautelar y que busca proteger el legítimo ejercicio de derechos indubitados. Dicho de otra manera, tiene un propósito conservativo, de tutela de urgencia de los derechos fundamentales, de manera que su interposición no autoriza para efectuar declaraciones ni para dirimir debates que exigen su planteamiento por las vías idóneas que el ordenamiento jurídico franquea a los interesados.

DÉCIMO: Que, el asunto propuesto por la recurrente excede con mucho los límites que derivan de la naturaleza de la presente acción cautelar, ya que asentar la ilegalidad o arbitrariedad de la actuación de la recurrida, en un cobro vía descuento en las remuneraciones del denominado “crédito social”, pasa necesariamente por dilucidar la efectividad y vigencia de una serie de circunstancias relativas a la deuda que se cobra, lo que resulta impropio en una acción de esta índole.

UNDÉCIMO: Que, en las circunstancias referidas, puede concluirse, que en la especie no concurren los presupuestos que permitan el acogimiento de la presente acción de cautela de derechos constitucionales, toda vez que la Institución recurrida, no ha incurrido en actos arbitrarios y/o ilegales, por consiguiente, no habiéndose constatado los presupuestos exigidos para la procedencia del recurso de protección, resulta innecesario referirse a las garantías constitucionales que han sido mencionadas como vulneradas y, por lo mismo, la acción cautelar intentada no está en condiciones de prosperar y será desestimada.

Por estas consideraciones, disposiciones citadas y de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, SE RECHAZA la acción cautelar deducida por don nombre reservado, en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana; sin costas.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense estos autos.

N° Protección 100961–2022.-