Protección contra Servicio Nacional de Migraciones y de la Policía de Investigaciones de Chile

C.A. de Santiago Santiago, doce de enero de dos mil veintitrés.

Al folio N° 12: a lo principal, téngase presente; al otrosí, a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, comparece don Gabriel Edgardo Bennett Montoya, abogado, en favor de don nombre reservado, venezolano, quien interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Policía de Investigaciones de Chile, por los actos que estima ilegales y arbitrarios y que afectan la garantía constitucional consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, fundado en mantener vigente una prohibición de ingreso al país.

Refiere que el protegido ingresó por primera vez a Chile por vía aérea con fecha 1 de septiembre de 2016, registrando a esa fecha, solo movimientos migratorios regulares.

Sostiene que, conoció al chileno don nombre reservado, quien le ofreció la tramitación de un expedito permiso de residencia temporaria, el que estaría completamente tramitado en un periodo de tres meses a más tardar. Sin embargo, esta persona, con fecha 7 de septiembre de 2016, solicitó sin el consentimiento del recurrente, una visa temporaria por motivos laborales.

Añade que tuvo que viajar a Venezuela el 19 de septiembre de 2016 y mientras se encontraba fuera del país, se le otorgó la visa temporaria solicitada -la que jamás estampó-.

Prosigue indicando que en el mismo periodo, se desarrolló una investigación administrativa, en la que se estableció que nombre reservado, era habitual suscriptor de contratos ideológicamente falsos en calidad de empleador, a fin de obtener permisos de residencia en el país, con ánimo de lucro. Al 31 de marzo de 2017 registraba ochenta y nueve contratos de esa naturaleza. Además registraba una condena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y multa de $153.590.499, como autor de los delitos tributarios, previstos y sancionados en el art. 97 N° 4 incisos primero y tercero del Código Tributario, con pena sustitutiva de libertad vigilada.

Explica que en consecuencia, con fecha 26 de abril de 2017, mediante dictación de Resolución Exenta N° 101.173 del Departamento de Extranjería y Migración, se dejó sin efecto la resolución de visa temporaria, y en su lugar, se rechazó la solicitud, disponiéndose además el abandono del país -a pesar de que se encontraba fuera de Chile-. Agrega que con fecha 21 de mayo de 2017 se le notificó debidamente mediante carta certificada.

Prosigue indicando que en este contexto, el 7 de agosto de 2017 arribó a Chile en el vuelo Avianca N° 115 proveniente de Colombia. Frente a la alerta gatillada a raíz de orden de abandono, funcionarios del Departamento de Policía Internacional de Policía de Investigaciones de Chile ingresaron de propia iniciativa en el Sistema Institucional GEOPOL, una medida de impedimento de ingreso al país en contra del recurrente mediante el documento N° 708 de la misma fecha indicada. Por lo anterior, fue reembarcado a Colombia.

Alega que se conculca el derecho fundamental de igualdad ante la ley, vulnerándose el principio non bis in ídem, ya que no corresponde que la sanción se mantenga vigente por cuanto al encontrarse fuera del país al momento de su dictación, se le impidió cumplir voluntariamente.

Agrega que, la orden de abandono referida y aún vigente, está operando en la práctica como un impedimento de ingreso de carácter perpetuo, no obstante, el hecho de que la prohibición de ingreso a perpetuidad no existe en la normativa migratoria vigente como una posibilidad.

A continuación, refiere que la medida u orden de abandono, debió haber caducado de pleno derecho una vez comprobado el hecho de que el recurrente estuvo en todo momento fuera de Chile, y por lo tanto, siguiendo la teoría de la exigibilidad de la conducta, el acto fue ilegal y arbitrario, al haberle vedado la posibilidad de cumplir espontánea y voluntariamente con la conducta debida.

Destaca que la prohibición de ingreso que afecta al protegido, no fue dictada mediante resolución administrativa suscrita por el Subsecretario del Interior "Por Orden del Presidente de la República", violándose manifiestamente el artículo 28 del Decreto N° 597 de 1984. Además, toda prohibición de ingreso debe establecer un plazo cierto de duración de acuerdo con los criterios de la nueva legislación, esto es, el artículo. 136 de la Ley N° 21.325 y artículo 27 del Decreto N° 296.

Finalmente, refiere que su madre, su hermana, y su sobrino, viven en Chile y cuentan con permanencia definitiva, hace ya años.

Pide que esta Corte ordene a la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional de Policía de Investigaciones de Chile, alzar o derogar la prohibición de ingreso que aún pesa sobre el señor nombre reservado, registrada en el documento N° 708 de 7 de agosto de 2017, de la misma institución, previo pronunciamiento declarativo o constitutivo respecto a la caducidad o revocación de la orden de abandono contenida en la Resolución Exenta N° 101.173 de 26 de abril de 2017.

Segundo: Que, informando el recurso, el Servicio Nacional de Migraciones solicitó que se declarara su inadmisibilidad por extemporaneidad, toda vez que se interpuso el 12 de agosto de 2022 y el recurrente reconoce que con fecha 21 de mayo se le notificó mediante carta certificada la resolución que rechazó su solicitud de visa.

Añade que el recurrente luego señala que con fecha 7 de agosto de 2017, no pudo ingresar a territorio nacional debido al impedimento de ingreso que mantiene. Asimismo, ya se han presentado dos recursos de amparo a favor del extranjero por los mismos motivos, ante esta misma Ilustrísima Corte, causas roles de amparo N° 12-2019 y 331-2020, de 02 de enero de 2019 y 13 de febrero de 2020, respectivamente.

En cuanto al fondo, indica que el 01 de septiembre de 2016, el amparado ingreso a Chile de manera regular, y que el 07 del mismo mes y año solicitó visa temporaria por motivos laborales.

Sostiene que mediante Resolución Exenta N° 266.146 de 25 de noviembre de 2016 dicho departamento le otorgó la vista temporaria solicitada, la cual nunca fue estampada por el amparado.

Alega que con fecha 03 de abril de 2020, se realizó una denuncia grave por contrato falso presentado por el protegido en su solicitud de visa sujeta a contrato.

Agrega, que atendido ello, el 26 de abril de 2017, se dictó la Resolución Exenta N° 101.173, mediante la cual se dejó sin efecto la resolución anterior, y se rechazó la solicitud de visa temporaria, dado que el amparado no presentó documentación fidedigna en lo que respecta a su contrato de trabajo, motivo por el cual se dispuso su abandono del país dentro de un plazo de 15 días.

Prosigue indicando que el extranjero no presentó recursos administrativos en contra de la Resolución Exenta señalada y que según lo expresado en el propio recurso, se encuentra fuera del país, por lo cual la orden de abandono ha surtido todos sus efectos.

Sostiene, que el 2 de enero del 2019, el amparado presentó un primer recurso de amparo ante esta misma Ilustrísima Corte de Apelaciones, bajo el rol de ingreso N° 12-2019, el que fue rechazado en primera instancia por encontrarse ajustado a derecho el impedimento para ingresar al país, y que fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema el 16 de enero de 2019, en causa Rol N° 1438-2019. El segundo de ellos, causa Rol de amparo N° 331-2020, fue rechazado en sentencia de 21 de febrero de 2020, atendido que pesa sobre el recurrente una medida de abandono vigente, que no ha sido dejada sin efecto por un acto administrativo posterior.

Refiere, que no existe acto ilegal o arbitrario, por cuanto su actuar se encuentra amparado en los artículos 6 y 13 inciso primero del Decreto Ley N° 1094 de 1974, y por el artículo 13 del Decreto Supremo N° 597, de 1984 del Ministerio del Interior que fija el reglamento de extranjería, que regula las atribuciones de la autoridad para resolver los rechazos de las solicitudes de visas.

Por otro lado, indica que la resolución exenta que decreta el abandono fue dictada por la autoridad competente y dentro de la esfera de sus atribuciones, esto es, por Resolución fundada del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en atención a lo dispuesto por los artículos 67 y 91 Nº 7 del Decreto Ley Nº 1.094, Ley de Extranjería.

Añade que la causal para rechazar la solicitud de visa se fundó en lo dispuesto en el artículo 64 N° 2 de la Ley de Extranjería que señalaba: “Pueden rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios:

2.- Los que hagan declaraciones falsas al solicitar la cédula consular, la tarjeta de turismo, el registro, la cédula de identidad, visaciones y sus prórrogas o permanencia definitiva y, en general, al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas”.

Asimismo, el artículo 138 del Reglamento de Extranjería señalaba que: “Pueden rechazarse las solicitudes que presenten los siguientes peticionarios:

2. Los que hagan declaraciones falsas al solicitar la cédula consular, la tarjeta de turismo, el registro, la cédula de identidad, visaciones y sus prórrogas o permanencias definitivas y, en general, al efectuar cualquier gestión ante las autoridades chilenas”.

Indica, que dicha circunstancia fue constatada en virtud de una denuncia efectuada por el oficio reservado N° 913 del Departamento de Policía Internacional de Policía de Investigaciones, en el que se indica que la persona que suscribió el contrato de trabajo del amparado se dedicaba a la venta de dichos contratos con el fin de tramitar permisos de residencia en el país.

Respecto de la medida de abandono, señala que esta procede conforme lo dispone el artículo 67 de la Ley de Extranjería, mediante la cual se le concede un plazo al extranjero para que voluntariamente abandone el país.

Por otro lado, indica que conforme al artículo 10 de la Ley de Extranjería, vigente al momento de los hechos, y el artículo 15 N° 6 del D.L. N° 1.094, se configuraba la causal de prohibición de ingreso al país, imperativa para las autoridades de control migratorio; el actuar de la Policía de Investigaciones se encuentra ajustado a derecho, pues no podía permitir el ingreso de un extranjero al que le afecta una orden de abandono del territorio nacional. Incluso, con la legislación actualmente vigente se configura la causal imperativa de prohibición de ingreso consagrada en el artículo 32 N° 4 de la Ley N° 21.325, al tener una orden de abandono vigente.

Hace presente, que no han dictado ningún acto administrativo que le impida al amparado hacer ingreso al país, sino que ello es consecuencia de encontrarse afecto a una orden vigente de abandono.

Por ello, pide rechazo de la acción.

Como fundamento de sus asertos acompañó copias de la resoluciones exentas N° 266.146 y N° 101.173 y la guía de notificación por Correos de Chile, además del Oficio reservado N° 913, relativo a la denuncia efectuada por Policía de Investigaciones.

Tercero: Que informó la Policía de Investigaciones, indicando que nombre reservado, no mantiene ordenes de arraigo, detención, arresto, ni expulsión, vigentes; sin embargo, registra encargo vigente por registrar una orden de abandono del país, por Resolución Exenta N° 101273 de Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, del 26 de abril de 2017, además de una prohibición de ingreso de propia iniciativa, del 07 de agosto de 2017.

Por otra parte, refiere que registra como último movimiento migratorio, una salida del territorio nacional, por el Aeropuerto nombre reservado, el 19 de septiembre de 2016.

Añade que en el sistema B-3000 del Servicio Nacional de Migraciones registra un rechazo de visa con orden de abandono del país, por la mencionada resolución, además de una denuncia por contrato de trabajo falso. Adicionalmente, registra sentencias de recursos de amparo rechazadas, Roles 12-2019 y 331 -2020, ambas de esta Corte.

Señala que de conformidad a lo establecido en el artículo 5° del Decreto Ley N° 2460 y a lo señalado en el artículo 166 de la Ley N° 21.325, una de sus misiones es controlar el ingreso y egreso de personas del territorio nacional, adoptando todas las medidas conducentes para asegurar su correcta identificación, además de la validez de sus documentos de viaje y su libre voluntad para ingresar o salir de Chile.

Explica que de conformidad a lo señalado en el artículo 24 de la misma norma, la entrada de personas al territorio nacional deberá efectuarse por pasos habilitados, con documentos de viaje y siempre que no existan prohibiciones legales a su respecto.

Añade que el artículo 32 N° 4 constituye una prohibición imperativa respecto de aquellas personas que tengan registrada una resolución de prohibición de ingreso o una orden de abandono o expulsión firme y ejecutoriada, y que se encuentre vigente, ya sea de origen administrativo o judicial, mientras no se revoque o caduque la medida.

Finaliza indicando que no ha recibido comunicación ni acto administrativo ni judicial, que revoque la medida decretada por la autoridad administrativa.

Cuarto: Que, tal como recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Quinto: En primer término, debe tenerse presente que lo denunciado mediante esta acción cautelar es, por una parte, el acto del Servicio Nacional de Migraciones consistente en la orden de abandono dispuesta mediante Resolución Exenta N° 101273 de 26 de abril de 2017, además de la prohibición de ingreso al país establecida de propia iniciativa por la Policía de Investigaciones, con fecha 7 de agosto de 2017.

Sexto: Que, la documentación por las recurridas dan cuenta que el protegido solicitó visa temporaria de trabajo, fundada en un contrato de trabajo que, luego de la investigación realizada por la autoridad migratoria, se estableció que era falso conforme a ordinario reservado de denuncia emitido por la Policía Internacional, hecho que fue el que motivó la dictación de las Resoluciones Exentas que dispusieron el rechazo de la respectiva visa y la medida de abandono del país dentro del plazo de 15 días por parte del Servicio Nacional de Migraciones, la que fue debidamente notificada en el domicilio consignado por el solicitante de visa, mediante carta certificada, razón por la cual, produjo sus efectos jurídicos y la misma no ha sido objeto de recurso alguno, todo ello al amparo de lo dispuesto en los artículos 64 N° 2 de la Ley de Extranjería y 138 N° 2 de su reglamento.

Séptimo: Que, se advierte la existencia de un procedimiento reglado para el otorgamiento de visa temporaria, por lo que al no cumplir con los requisitos, necesariamente el Servicio Nacional de Migraciones debía revocar su permanencia y disponer el abandono del país, regulación que resulta aplicable a todos aquellos extranjeros que formalicen su intención de permanecer en el país, por lo que respecto del Servicio, no existe inobservancia de las leyes que regulan la materia.

Octavo: Que por otro lado, respecto de Policía de Investigaciones, el acto reprochado por esta vía, como se dijo, consiste en el registro en sus sistemas de una prohibición de ingreso al país, la que se mantiene vigente.

Al respecto, no existe norma que autorice a adoptar de oficio tal medida, toda vez que de conformidad a la normativa vigente a la época del acto recurrido, esto es, el artículo 28 del Decreto N° 597 de 1984, debiendo además considerarse el criterio conforme a la normativa actual, esto es, el artículo. 136 de la Ley N° 21.325 y artículo. 27 del Decreto 296, se requiere un decreto dictado “por orden del Presidente de La República”, debiendo además establecerse un lapso determinado.

Noveno: Que, en consecuencia, la Policía de Investigaciones ha excedido sus facultades, al incorporar en sus registros una prohibición de ingreso al país, lo que torna el acto en ilegal, al transgredir las normas precedentemente indicada.

Décimo: Que, del mismo modo, se constata que la omisión en los términos formulados y sin apego al procedimiento legalmente establecido carece de motivación, por lo que deviene, además, en arbitraria.

Undécimo: Que, como corolario de la ilegalidad y arbitrariedad constatada, la recurrida ha afectado el derecho de igualdad ante la ley de la recurrente, garantizada en el numeral 2 del artículo 19 del texto constitucional en comparación con otros extranjeros que han podido ingresar al país en las mismas condiciones, lo que conduce a acoger la presente acción de cautela, en los términos que se dirá a continuación.

Por estas consideraciones y visto, además, lo establecido en el artículo 20 de la Constitución Política y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de don nombre reservado sólo en contra de Policía de Investigaciones, en cuanto se le ordena eliminar de sus registros la prohibición de ingreso al país de fecha 7 de agosto de 2017, dentro del plazo de 5 días de ejecutoriada la presente sentencia. Respecto del Servicio Nacional de Migraciones, se rechaza el presente arbitrio constitucional.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección- 100872-2022.