Protección contra Hospital del Salvador

C.A. de Santiago Santiago, dos de septiembre de dos mil veintiséis.

A los folios 18, 19 y 20: a todo, téngase presente.

Al folio 21, a sus antecedentes.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña Natalia de Lourdes Fernández Oyarce, abogada, en representación de doña nombre reservado, administradora pública y técnico en enfermería, y deduce acción constitucional de protección en contra del Hospital del Salvador, representado por su Director, don nombre reservado, por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en la dictación de la Resolución Exenta TRA N° NUM000, de 10 de marzo de 2026 (notificada con fecha 26 de marzo de 2026), mediante la cual se declaró la vacancia de su cargo por la causal de salud incompatible con el desempeño del mismo, en virtud del artículo 151 de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Sostiene que dicho acto vulnera las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19, numerales 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a prestar servicios para la institución recurrida en el año 2009 (según registros institucionales) o 2011 (según su presentación), desempeñándose como Técnico en Enfermería en el área quirúrgica y, posteriormente, en funciones administrativas en la Unidad de Infectología de dicho nosocomio, con una jornada de 44 horas semanales. Agrega que con el transcurso de los años comenzó a padecer graves patologías de carácter musculoesquelético, siendo finalmente diagnosticada con fibromialgia crónica, a lo que se sumaron dos episodios de trombosis venosa profunda durante los años 2019 y 2020, que derivaron en una insuficiencia venosa crónica que requiere tratamiento anticoagulante de por vida.

En cuanto al fondo del recurso, aduce que el acto impugnado adolece de una falta absoluta de motivación y fundamentación técnica, por cuanto el Hospital del Salvador decretó la vacancia basándose únicamente en el número de días de licencias médicas consumadas, sin contar con un informe de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) que se pronunciara de manera expresa y específica sobre la incompatibilidad de su salud con las funciones concretas del cargo. Invoca jurisprudencia de la Excma.

Corte Suprema (en especial, la recaída en la causa Rol N° 45.020- 2021) para sostener que, tras la modificación introducida por la Ley N° 21.050, no basta la sola declaración de recuperabilidad de la salud por parte de la COMPIN, sino que se requiere una evaluación técnica integral que ligue la patología con el impedimento para ejercer el cargo. Asimismo, denuncia que no existió un procedimiento administrativo previo y contradictorio que le permitiera ejercer de forma efectiva su derecho a la defensa.

Por tales motivos, solicita que se acoja la acción de protección, se declare nulo y sin efecto el acto impugnado, ordenándose su reincorporación inmediata a las funciones que desempeñaba y el pago de todas las remuneraciones devengadas durante el período en que ha permanecido separada de su cargo, con costas.

SEGUNDO: Que, informando al tenor del recurso, comparece don Jaime Cristian Saavedra Reyes, abogado, en representación del Hospital del Salvador, quien solicita el rechazo de la acción constitucional en todas sus partes.

Expone que la recurrente se desempeñaba como funcionaria de la planta técnica, grado 16° de la Escala Única de Sueldos, en una jornada de 44 horas semanales. Sostiene que la Resolución Exenta TRA N° NUM000 se dictó en estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y de los presupuestos objetivos contemplados en el artículo 151 de la Ley N° 18.834. En tal sentido, puntualiza que la funcionaria registró un ausentismo acumulado de 1.221 días de licencias médicas curativas en un período de dos años, cifra que supera de manera exponencial el límite mínimo de seis meses (180 días) fijado por el legislador para habilitar la declaración de salud incompatible.

Contrariamente a lo alegado por la recurrente, afirma que el acto se encuentra debidamente fundado y precedido por un riguroso análisis técnico. Hace presente que la situación de la funcionaria fue evaluada por el Comité de Ausentismo del establecimiento — instancia colegiada con participación gremial— en diversas sesiones (diciembre de 2023, octubre de 2024 y marzo de 2025). Asimismo, indica que el Hospital del Salvador requirió formalmente el pronunciamiento de la COMPIN Oriente, organismo que mediante Resolución N° NUM001, de fecha 16 de octubre de 2025 (remitida vía Ordinario N° NUM002), determinó que la salud de la funcionaria es "RECUPERABLE". En consecuencia, al confirmarse que su estado de salud es recuperable pero habiendo excedido con creces el período de ausentismo tolerado por la ley, se configuró el presupuesto exacto para declarar la salud incompatible, facultad que la ley entrega al Jefe Superior del Servicio y no a la COMPIN.

Enfatiza que el proceso se ajustó al principio de contradicción, toda vez que se informó oportunamente a la funcionaria sobre la propuesta del Comité de Ausentismo, tras lo cual ella interpuso un recurso de apelación ante el Director del Hospital, el que fue desestimado de forma fundada tras analizar sus alegaciones.

Finalmente, resalta que la resolución impugnada fue objeto del trámite de Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República con fecha 25 de marzo de 2026, lo que ratifica la legalidad externa e interna del acto. Concluye señalando que el cargo público no constituye un derecho de propiedad absoluto y que no se ha configurado ninguna vulneración a las garantías constitucionales invocadas.

TERCERO: Que, como es sabido, la acción constitucional de protección consagrada en el artículo 20 de la Carta Fundamental tiene una naturaleza eminentemente cautelar. Su objeto es restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante la ocurrencia de actos u omisiones de carácter ilegal o arbitrario que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales expresamente protegidos por dicha norma.

Para que esta acción prospere, es requisito indispensable que se constate la existencia de un acto o comportamiento que sea contrario a la ley (ilegal) o bien ajeno a la razón, fruto del mero capricho o carente de proporcionalidad (arbitrario), y que, de manera directa y efectiva, lesione un derecho de rango constitucional que tenga el carácter de preexistente e indubitado.

CUARTO: Que la controversia jurídica en la especie se suscita en torno a la Resolución Exenta TRA N° NUM000 de 10 de marzo de 2026, emitida por el Director del Hospital del Salvador, mediante la cual se declaró vacante por salud incompatible el cargo de Técnico, grado 16° E.U.S., detentado por la recurrente doña nombre reservado. Corresponde a esta Corte dilucidar si dicho acto administrativo adolece de vicios de ilegalidad o arbitrariedad que justifiquen la adopción de medidas de resguardo constitucional.

QUINTO: Que, para el adecuado examen de legalidad, es preciso acudir al tenor literal y sistemático del artículo 151 del D.F.L.

N° 29, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Dicha norma, en su inciso primero, prescribe: > "El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable." A su vez, el inciso tercero de la referida disposición, modificado por la Ley N° 21.050, impone la siguiente exigencia formal: > "El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo." SEXTO: Que, de la lectura armónica de los preceptos citados y de los antecedentes allegados al proceso, se constata que el Hospital del Salvador dio estricto cumplimiento a las exigencias que la ley prevé para la procedencia de la causal de vacancia por salud incompatible. En efecto: 1. Requisito temporal de ausentismo: Consta en el certificado de relación de servicios y en el reporte histórico de licencias médicas (folios 49 a 58 de la carpeta electrónica) que la recurrente hizo uso de un total de 1.221 días de licencias médicas en los últimos dos años. Dicha cifra supera con creces el umbral mínimo de seis meses (180 días) exigido por el legislador, configurándose de manera irrefutable el presupuesto objetivo que habilita la potestad de la autoridad administrativa. 2. Requisito del pronunciamiento técnico previo: El Hospital del Salvador solicitó formalmente la evaluación médica a la COMPIN de la Región Metropolitana (Oriente) mediante Ordinario N° NUM003 de agosto de 2025. Dicho organismo técnico emitió la Resolución N° NUM001 con fecha 16 de octubre de 2025, concluyendo que el estado de salud de la funcionaria es "RECUPERABLE".

SÉPTIMO: Que la recurrente edifica su pretensión sobre la premisa de que la COMPIN debía evaluar de manera específica la compatibilidad de sus dolencias con las funciones del cargo de Técnico en Enfermería, y que al no constar dicha conclusión médica en el informe técnico, el acto de desvinculación deviene en ilegal.

Sin embargo, tal interpretación no se condice con el correcto sentido y alcance de la reforma introducida por la Ley N° 21.050. El informe de la COMPIN tiene por objeto técnico y exclusivo determinar si la salud de la funcionaria es "recuperable" o "irrecuperable". Esta distinción es fundamental en el régimen estatutario público: si la salud es declarada irrecuperable, la administración no puede declarar la vacancia por salud incompatible, sino que debe proceder a la jubilación o retiro por invalidez del funcionario, resguardando así sus derechos previsionales. En cambio, si la COMPIN dictamina que la salud es recuperable, se abre la posibilidad legal para que el Jefe de Servicio ejerza la facultad discrecional de declarar la salud incompatible.

La evaluación sobre si el prolongado ausentismo de un funcionario (en este caso, superior a los tres años acumulados de licencias médicas) resulta incompatible con la marcha y la continuidad del servicio público no es una decisión médica, sino de gestión administrativa. Dicha competencia ha sido radicada de forma privativa por el legislador en el Jefe Superior del Servicio, quien debe ponderar el impacto que la ausencia prolongada del trabajador genera en la eficiencia del órgano público, particularmente sensible en el ámbito de la salud hospitalaria.

Postular que la COMPIN debe calificar la compatibilidad laboral implicaría despojar a la autoridad de la potestad de administración que la propia ley le confiere.

OCTAVO: Que, por otra parte, se descarta el vicio de arbitrariedad alegado. El acto impugnado no obedece al mero capricho, la improvisación o a una reacción intempestiva de la autoridad recurrida. Por el contrario, los antecedentes demuestran que la situación de la actora fue sometida a un exhaustivo seguimiento temporal: 1. Su caso fue analizado en sucesivas oportunidades por el Comité de Ausentismo del Hospital del Salvador (en sesiones de diciembre de 2023, octubre de 2024 y marzo de 2025), organismo técnico-administrativo que cuenta con representación de diversos estamentos del hospital. 2. Consta que el 1 de abril de 2025 se le informó formalmente a la funcionaria la propuesta del Comité de aplicar el artículo 151 del Estatuto Administrativo, otorgándosele un plazo para presentar apelación ante el Director del establecimiento. 3. La funcionaria ejerció efectivamente dicho derecho, presentando su apelación el 2 de abril de 2025, la cual fue desestimada de forma fundada por la dirección con fecha 2 de junio de 2025, previo a continuar con la tramitación del decreto respectivo. 4. Finalmente, la Contraloría General de la República tomó razón de la Resolución Exenta TRA N° NUM000 con fecha 25 de marzo de 2026, efectuando el control preventivo de legalidad que la Constitución y las leyes le encomiendan.

De lo anterior se colige que la actora tuvo pleno conocimiento de los cargos y de los fundamentos de la medida, contando con la oportunidad procesal de presentar sus descargos y defensas, las que fueron analizadas y ponderadas por la autoridad en forma previa a la dictación del acto administrativo terminal.

NOVENO: Que, en lo tocante a las garantías constitucionales denunciadas como conculcadas, cabe señalar lo siguiente: En cuanto a la Igualdad ante la Ley (artículo 19 N° 2): No se advierte la existencia de diferencias arbitrarias o discriminaciones caprichosas en perjuicio de la recurrente. La decisión de la administración se sustentó en un supuesto de hecho objetivo, idéntico al que se aplica a cualquier otro funcionario público en similar situación de ausentismo prolongado, sin que se hayan aportado antecedentes que demuestren un trato desigual o de privilegio respecto de otros servidores en iguales condiciones. Respecto al Debido Proceso (artículo 19 N° 3): Como se ha fundamentado en el considerando precedente, la recurrente contó con la intervención del Comité de Ausentismo, fue debidamente notificada y ejerció su derecho a apelar de forma previa a la dictación de la resolución definitiva, cumpliéndose con los estándares de contradicción y motivación exigibles en sede administrativa. Respecto al Derecho de Propiedad (artículo 19 N° 24): El cargo público en el régimen estatutario del Derecho Público no es un bien de propiedad del funcionario. El empleo público genera derechos de carácter estatutario que se encuentran intrínsecamente sujetos a las causales legales de extinción o cesación de funciones previstas por el legislador, entre las cuales figura la declaración de vacancia por salud incompatible. Por consiguiente, el término de la relación funcionaria fundado en una causal legalmente establecida no importa una privación ilegal de la propiedad.

DÉCIMO: Que, de este modo, al no configurarse un acto ilegal o arbitrario atribuible al Hospital del Salvador, la presente acción constitucional de protección carece de los supuestos jurídicos necesarios para prosperar, debiendo ser desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se resuelve:

SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Natalia de Lourdes Fernández Oyarce, en representación de doña nombre reservado, en contra del Hospital del Salvador.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

N° Protección-10087-2026.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (S) señor Christian Carvajal Silva y el Abogado Integrante señor Rafael Mauricio Plaza Reveco.

En Santiago, dos de septiembre de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.