nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de Santiago Santiago, veinte de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 5 de mayo de 2025, comparece don nombre reservado, empleado, representado por don nombre reservado, abogado, quien deduce acción constitucional de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por el acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en el descuento de su remuneración de un crédito social, lo que vulnera, a su juicio, la garantía establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Expone que en el mes de noviembre de 2017 contrajo un mutuo de dinero con la recurrida, denominado "crédito social", pactado para ser pagado en 60 cuotas, y que tras ser desvinculado de su trabajo en el año 2018, lo que significó la pérdida de su única fuente de ingresos, cayó en mora. Aclara que, a pesar de sus reiterados intentos por regularizar su situación en las sucursales de la recurrida, la única opción que se le ofreció fue la de repactar la deuda, lo que implicaba un incremento artificial del monto original, dejando de lado cualquier otra alternativa viable. Menciona que a pesar de que la recurrida había amenazado con iniciar acciones judiciales, transcurrieron más de 5 años sin que se le notificara una demanda ejecutiva en la que se le hiciera ejercicio de la cláusula de aceleración contenida en el pagaré respectivo. Agrega que en abril de 2025 se entera, para su total sorpresa y por medio de su empleador, del descuento de $92.590 de su remuneración, que se materializó con fecha 05 de mayo de 2025.

Plantea que este actuar de la recurrida es ilegal y arbitrario, y que vulnera su derecho de propiedad, ya que se pretende cobrar una deuda que, a su juicio, se encuentra claramente prescrita.

Precisa que el artículo 22 de la Ley N°18.833 faculta a las Cajas de Compensación para realizar descuentos por planilla, pero que esta facultad no puede ser ejercida de forma irracional y caprichosa, reviviendo un cobro para el cual la recurrida no mostró interés durante un extenso lapso de tiempo, contraviniendo así la doctrina y la jurisprudencia uniforme de la Corte Suprema en casos análogos.

Pide en definitiva, se ordene a la recurrida dejar de cobrar el crédito social a través de descuentos en sus remuneraciones y que reembolse los montos descontados, con costas.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece don Julio César Villalobos Villarroel, abogado, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicitando el rechazo de la acción.

Expone que la deuda existe y se mantiene plenamente vigente, al no existir una sentencia judicial que declare lo contrario. Precisa que el recurrente contrató un crédito social en 2017, y que en virtud de la facultad conferida por el artículo 22 de la Ley N°18.833, la recurrida informó a su empleador del descuento de la remuneración.

Sostiene que en su calidad de entidad de previsión social sin fines de lucro, sus créditos sociales tienen por objeto satisfacer las necesidades de bienestar de sus afiliados. En este sentido, menciona que los contratos son ley para los contratantes y que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.546 del Código Civil, deben ejecutarse de buena fe.

Señala que en base a lo dispuesto en el Dictamen 2659-2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, que la prescripción debe ser declarada judicialmente para que el empleador deje de efectuar los descuentos. Bajo esta perspectiva, explica que no ha existido privación, perturbación o amenaza de las garantías constitucionales del recurrente, ya que los cobros se han realizado conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico y con el objetivo de resguardar el fondo social que financia dichas prestaciones, lo que se encuentra en plena concordancia con el orden público económico.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha venido sosteniendo, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

CUARTO: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental; Se sostiene también, uniformemente, que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

QUINTO: Que, el quid del asunto sometido a conocimiento de esta Corte dice relación con el descuento en las remuneraciones del recurrente por parte de la Caja de Compensación de La Araucana.

Que son antecedentes de la causa, los siguientes hechos:

a. Que con fecha 20 de octubre de 2017, se otorgó un crédito por la suma de $2.727.282, pagadero en 60 cuotas de $92.540.

b. Que el recurrente incurrió en mora en 2018, por haber perdido su fuente laboral.

c. Que la recurrida no dio inicio a ninguna causa judicial para el cobro de lo adeudado, por lo que no se ha declarado la prescripción de la deuda, ni el abandono del procedimiento.

d. Que, en definitiva, la deuda se mantiene vigente.

SEXTO: Que, sentado lo anterior, cabe tener presente que los descuentos a aplicar en una remuneración tienen su asidero en el artículo 22 inciso 1° de la ley N° 18.833, en concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N° 91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el artículo 22 inciso 1° de la ley N° 17.322 y Circular N° 2052 del año 2003, emanada de la Superintendencia de Seguridad Social, relativa al Régimen de Crédito Social y al modo de hacer efectivos los descuentos que procedan a las remuneraciones de los trabajadores afiliados. Así, el pago del crédito social opera, mediante el descuento y retención de la respectiva cuota a pagar en las remuneraciones del trabajador, por parte del empleador.

SÉPTIMO: Que, en este escenario resulta evidente que el recurso de protección deducido no puede prosperar, pues el problema que se ha planteado a esta Corte dice más bien relación con el eventual incumplimiento de las obligaciones emanadas de una convención celebrada entre las partes. De este modo, debe señalarse que el recurrente no es titular de un derecho indubitado, en tanto la recurrida refuta que sean efectivas las alegaciones de ésta, por lo que la controversia planteada debe, evidentemente, ser desestimada, no existiendo derecho indubitado que permita el ejercicio de la presente acción, ni tampoco se vislumbra acto ilegal y arbitrario imputable a la recurrida, por lo que no cabe más que rechazar por estos motivos el presente arbitrio.

OCTAVO: Que, de acuerdo con lo razonado precedentemente, al haberse descartado la realización de conductas u omisiones arbitrarias o ilegales por parte de la recurrida, y de la ausencia del ejercicio ilegítimo de un derecho, resulta innecesario analizar los derechos denunciados como conculcados por no verificarse los presupuestos del artículo 20 de la Carta Fundamental, para otorgar la cautela requerida.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso interpuesto por nombre reservado y en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-10083-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señora María Paula Merino Verdugo, el Ministro (S) señor Nibaldo Bernardo Arévalo Macías y la Abogado Integrante señora María Fernanda Vásquez Palma.

En Santiago, veinte de agosto de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.