Protección contra Sociedad Administradora de Fondo de Cesantía S

Santiago, treinta de julio de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

1°.- Que doña nombre reservado, en representación de Comercial nombre reservado Limitada, deduce recurso de protección en contra de Sociedad Administradora de Fondo de Cesantía S.A., (en adelante AFC), por el acto arbitrario o ilegal que consta en comunicación de 11 de enero de 2021, en la cual se le notificó la decisión de limitar el número de giros que los trabajadores suspendidos en sus relaciones laborales, mediante pactos de suspensión, puedan realizar con cargo a la cuenta del Seguro de Cesantía, lo que importó imponer a su parte una carga económica que el legislador no reguló, lo que vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 N°2 y 21 de nuestra Carta Magna.

Explica que la actora es una empresa textil y que su fuerte son las ventas en los distintos centros comerciales en Chile, las que alcanzan el 80%, el resto las realiza vía e-commerce.

A raíz de la pandemia todos los puntos de venta fueron cerrados por un acto de autoridad de fecha 18 de marzo de 2020, por lo que tuvo que recurrir a las normas de protección al empleo, consistente en la suspensión de los contratos de trabajo de sus empleados, bajo la modalidad de pacto de suspensión.

El primer pacto se llevó a cabo el 31 de marzo de 2020, previo a la entrada en vigencia de la Ley N°21.227. Luego suscribió un segundo pacto de suspensión el 1 de junio de 2020.

Señala que 18 de sus trabajadores suspendidos fueron informados por la recurrida que no recibirían la prestación establecida en la Ley 21.227, es decir, el giro o beneficio en dinero con cargo al Fondo de Seguro de Cesantía, por cuanto ya habían alcanzado el máximo de 7 giros o pagos, que la norma contemplaba para aquellos trabajadores suspendidos mediante “pactos de suspensión”, indicándoseles que sólo seguirían recibiendo el pago o beneficio asociado al fondo de cesantía, aquellos trabajadores que se encuentren suspendido en sus relaciones de trabajo por un “acto de autoridad”.

Por lo anterior, se solicitó al recurrido un pronunciamiento sobre la materia, el que fue evacuado mediante el acto recurrido.

Sobre el particular explica que al dictarse la Ley 21.227, se permitió a los trabajadores que cumplan con los requisitos que ella exige, obtener un pago mensual con cargo a su cuenta de fondos de cesantía, siempre que exista un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad para el control del Covid 19 que impliquen la paralización de actividades. (Artículo 1°).

Explica el actor, que su aplicación es general para todos los trabajadores que por un acto de autoridad tuvieron que paralizar su actividad, ya sea que la suspensión del contrato se haya producido por un pacto adicional con el trabajador, como ocurrió en la especie, o porque se suspendió el contrato laboral por aplicación ipso facto por un acto de la autoridad.

En cambio, la recurrida entiende que la ley contempla 2 situaciones diferentes que emanan de un origen común, la primera de ellas se refiere a trabajadores que suspendieron sus contratos por “pacto de suspensión” y la segunda, a trabajadores que suspendieron sus contratos por “acto de autoridad”. Y de ser así, el giro o pago de más de 7 abonos, solo corresponde a aquellos trabajadores que suspendieron su vínculo laboral por un acto de autoridad, y no a aquellos que suspendieron su contrato vía pacto con su empleador.

Estima que la ley N°21.263 que amplió los beneficios, al señalar que los giros adicionales con cargo al fondo de cesantía solidario, (permite hasta 12 giros), se otorgan a quienes se encuentren en el evento descrito en el inciso primero del artículo 1 de la Ley N°21.227, esto es, a los contratos de trabajo suspendidos por acto de autoridad, sin mencionar como beneficiarios de estos giros adicionales a los trabajadores cuyo contrato de trabajo haya sido suspendido por pacto con su empleador.

Agrega que según la comunicación recurrida, los giros adicionales no se establecen para ambos casos señalados en el título primero de la Ley 21.227, sino solo para aquellos en que los contratos de trabajo se encuentren suspendidos por un acto de autoridad, tal como también lo habría interpretado la Superintendencia de Pensiones.

Señala que el actuar de la AFC es arbitrario y discriminatorio, al efectuar una interpretación antojadiza, vulnerando el principio de supremacía constitucional.

En efecto, la decisión en cuestión infringe el inciso 1° de la ley 21.227 sobre protección al empleo, desde que la norma fue precisamente concebida para el caso de las sociedades que se encuentren en situación como la suya, para proteger el empleo de sus trabajadores.

En ese sentido, la empresa anticipándose a los efectos regulados por la ley celebró con sus trabajadores pactos de suspensión, una vez que se dictó el acto de autoridad de 18 de marzo de 2020, que dispuso el cierre de todas las actividades económicas no esenciales, entre ellas las que se desarrollan en los centros comerciales, situación que se extendió hasta septiembre de 2020, sin considerar el posterior plan paso a paso el que contempla 5 fases todas dentro de la esfera del acto de autoridad.

Estima que la recurrida confunde acto de autoridad con cuarentena, el primero es una expresión genérica que abarca todas las restricciones que se disponen en un estado de emergencia, en cambio la cuarentena, es el aislamiento o confinamiento particular como consecuencia del acto de autoridad.

Argumenta que su empresa desde el 18 de marzo de 2020 ha sido afectada total o parcialmente por actos de autoridad, pese a la existencia de pactos de suspensión, ya sea por las cuarentenas parciales o totales, o por ejercer un servicio no esencial.

Además, indica que la interpretación de la autoridad infringe el artículo 16 de la Ley 21.263, que flexibilizó transitoriamente los requisitos de acceso y montos de prestaciones al seguro de desempleo. Así, tal artículo incrementó el monto de las prestaciones al seguro de desempleo, permitiendo al Ministerio de Hacienda, extender, a partir del día de su vencimiento, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la ley Nº21.227, como asimismo, otorgar derecho a giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la ley Nº 19.728 en el evento descrito en el inciso primero del artículo 1 de la ley Nº 21.227, en los términos y condiciones que indica, por un período máximo de catorce meses.

En virtud de tal mandato, dicho Ministerio ha dictado 2 decretos, el N°1.578 de 28 de septiembre de 2020 y el N°2067 de 26 de noviembre de 2020, extendiendo los beneficios en el periodo que indican, señalando como requisito que los beneficiados “se encuentren en el evento descrito en el inciso 1° del artículo 1 de la ley N°21.227”.

Sin embargo, la recurrida ha impuesto otro requisito que no está en la ley, consistente en que el trabajador no esté sometido a un pacto de suspensión.

Por lo anterior, pide que se declare ilegal la decisión de 11 de enero de 2021, dejándola sin efecto, y se determine que su empresa se encuentra afectada por un acto de autoridad que ha paralizado sus actividades impidiendo la prestación de los servicios contratados, ordenándose a la AFC a pagar los giros adicionales a todos los trabajadores de su empresa, que se encuentren con contrato suspendido.

2°.- Que la recurrida, en su informe estima que las peticiones que se formulan en el presente recurso, exceden las materias que deben ser conocidas y resueltas por una acción de naturaleza cautelar, como lo es la deducida en autos.

Asimismo, estima que tal acción es extemporánea. En efecto, el recurso de protección debe ser interpuesto dentro de un plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, en ese sentido, siendo el hecho fundante de la acción la respuesta de la AFC a la solicitud del actor, por lo tanto ella no es un hecho nuevo, ya que en cualquier momento que se hubiese practicado una solicitud de esta naturaleza, la respuesta obtenida hubiese sido exactamente la misma.

En cuanto al fondo, indica que la AFC está obligada a acatar la interpretación de la legislación y de las normas que imparta la Superintendencia dentro de un marco jurídico establecido. A su vez, el referido organismo tiene atribuciones para interpretar la legislación y reglamentación vigentes, e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación por parte de sus fiscalizados, según lo disponen expresamente los artículos 94 N° 3 del DL 3.500 y 3, literal i) del DFL N°101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

Refiere que con fecha 6 de abril del año 2020, se publicó en el Diario Oficial la Ley N°21.227 que “Faculta el Acceso a Prestaciones del Seguro de Desempleo Establecido en la Ley N°19.728, en Circunstancias Excepcionales”. El Título I de ella denominado “Efectos laborales de la enfermedad COVID-19", establece 2 tipos diferentes de suspensiones de contrato de trabajo que dan lugar a las prestaciones del Seguro de Desempleo: por un lado, el artículo 1, establece las suspensiones por acto o declaración de autoridad y, por otro, el artículo 5 dispone las suspensiones por pacto entre el empleador y el o los trabajadores de su dependencia.

En cuanto a la suspensión por acto o declaración de autoridad, el artículo 1° indica que en el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo que cumplan con las condiciones establecidas en la Ley, excepcionalmente tendrán derecho a la prestación que establecen los artículos 15 y 25 de la Ley N°19.728, según corresponda, en las condiciones que se establecen en la Ley. Así también, según lo dispone expresamente el artículo 3 inciso primero, el referido acto o declaración de autoridad “tendrá por consecuencia la suspensión temporal, de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley, de los efectos de los contratos regidos por el Código del Trabajo”

Luego, el artículo 2 establece, en lo pertinente, que: “El empleador deberá solicitar ante la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía, preferentemente de forma electrónica, la prestación que conforme al presente título le corresponda a uno o más de sus trabajadores que se hayan visto afectados por el acto o declaración de autoridad a que se refiere el inciso primero del artículo 1”.

A su vez, el artículo 5 de la ley permite a los empleadores cuya actividad se vea afectada por la crisis Covid-19, fuera de la vigencia del acto o declaración de la autoridad, acordar -individual o colectivamente- con sus trabajadores afiliados al Seguro de Desempleo, un pacto de suspensión temporal del contrato, el cual tendrá los mismos efectos y se solicitará de la misma forma que la suspensión del contrato por acto de autoridad.

Luego, el artículo 4 de la Ley N°21.263, que flexibiliza los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al Seguro de Desempleo y perfecciona los beneficios de la Ley N°21.227, al establecer en su artículo 16 que el Ministerio de Hacienda, mediante uno o más decretos supremos, suscritos, además, por el Ministro de Trabajo y Previsión Social, podrá:

1.-Extender, a partir del día de su vencimiento, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la ley Nº 21.227, como asimismo, otorgar derecho a giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la ley Nº 19.728 en el evento descrito en el inciso primero del artículo 1 de la ley Nº 21.227, en los términos y condiciones establecidos en la presente ley por un período máximo de catorce meses.

2.-. Extender, a partir del día de su vencimiento, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidas en el Título II de la ley Nº 21.227, en los términos y condiciones establecidas en dicho cuerpo legal, por un período máximo de cinco meses, y 3. Extender, a partir del día de su vencimiento, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidas en la presente ley, respecto de la ley Nº 19.728, por un período máximo de catorce meses.

En síntesis, según el numeral 1° del artículo citado anteriormente, el Ministerio de Hacienda podrá, por un lado, extender el periodo en virtud del cual se solicitan, determinan y pagan las prestaciones establecidas en el Título I de Ley N°21.227 y, por otro lado, otorgar derecho a giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario en el evento descrito en el inciso primero del artículo 1 de la ley Nº21.227, esto es, en el caso de la suspensión de los contratos de trabajo por acto de autoridad.

Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda hizo uso de las facultades establecidas en el artículo 16 de la Ley N°21.263, citado precedentemente, al emitir los decretos supremos N°1.578, N°2.097 y N°279, de fechas 28 de septiembre de 2020, 26 de noviembre de 2020 y 19 de febrero de 2021, respectivamente, en virtud de los cuales extendió la vigencia de las prestaciones y estableció giros adicionales en el caso que en su texto señala.

Al respecto, el D.S. N°1.578 estableció, en lo pertinente, lo siguiente: “[…] 2. Extiéndase, a partir del 6 de octubre de 2020 y hasta el 6 de enero de 2021, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la ley Nº 21.227.

3. Otórguese, a partir del 6 de octubre de 2020 y hasta el 6 de enero de 2021, hasta un décimo giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la ley Nº 19.728, para los beneficiarios que en dicho período tengan derecho a las prestaciones asociadas a la existencia y se encuentren en el evento descrito en el inciso primero del artículo 1 de la ley Nº 21.227 y hayan agotado sus derechos a giros con cargo al mencionado Fondo de Cesantía Solidario, en virtud de la ley Nº 21.227 […] ”.

Además, la Superintendencia, mediante Oficio 22.007, de fecha 27 de octubre de 2020, señala lo siguiente: “[…] mediante el resuelvo número 2 del D.S. N°1.578, se extendió hasta el 6 de enero de 2021, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidos en el Título l de la ley N°21.227 (prestaciones por suspensión de relación laboral) […] Los giros adicionales establecidos en el resuelvo número del el D.S. N°1578, serán recibidos por los trabajadores que se encuentren con su relación laboral suspendida por acto de autoridad, de acuerdo al inciso primero del artículo 1 de la ley N°21.227 y hayan agotado sus giros con cargo al mencionado Fondo de Cesantía Solidario, en virtud de la ley N°21.227, sobre protección al empleo.

Luego, el D.S. N°2.097 estableció en su parte pertinente, lo siguiente:

“[…] 2. Extiéndase, a partir del 6 de enero de 2021 y hasta el 6 de marzo de 2021, la vigencia de los beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la ley Nº21.227.

3. Otórguese, a partir del 6 de enero de 2021 y hasta el 6 de marzo de 2021, hasta un doceavo giro con cargo al Fondo de Cesantía Solidario de la ley Nº19.728, para los beneficiarios que, en dicho periodo, tengan derecho a las prestaciones asociadas a la existencia y se encuentren en el evento descrito en el inciso primero del artículo 1 de la ley Nº21.227 y hayan agotado sus derechos a giros con cargo al mencionado Fondo de Cesantía Solidario, en virtud de la ley Nº21.227. A partir del sexto giro, establécese como porcentaje promedio de remuneración de estos giros, un 45% de la remuneración, y fíjese el valor superior de las prestaciones asociadas a los mencionados giros en la suma de $419.757 y su valor inferior en la suma de $225.000.- A su vez, la Superintendencia instruyó mediante Oficio N°24.985, de fecha 7 de diciembre de 2020, lo siguiente:

“(…) ii. Extender la determinación y pago de los beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la Ley N 21.227, devengados hasta el 6 de marzo de 2021.

(…) v. Determinar y pagar los giros adicionales (hasta doce, cuando corresponda), devengados hasta el 6 de marzo de 2021, a los trabajadores cuyos efectos de los contratos se encuentren suspendidos por acto de autoridad, conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1 de la ley N°21.227 y hayan agotado sus giros con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Para este efecto, a partir del sexto giro establézcase un porcentaje promedio de remuneración del 45%, y fíjese el valor superior de las prestaciones asociadas a los mencionados giros en la suma de $419.757 y su valor inferior en la suma de $225.000”.

Finalmente en el D.S. N° 279, que extendió el beneficio en las mismas condiciones, la superintendencia en su Oficio 6654, de fecha 8 de marzo de 2021 indicó: “Determinar y pagar los giros adicionales (hasta quince, cuando corresponda), devengados hasta el 6 de junio de 2021, a los trabajadores cuyos contratos estén suspendidos por acto de autoridad de la ley N°27.227 y hayan agotado sus giros con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, esto es, aplicando un 45% al porcentaje promedio de remuneración a partir del sexto giro, y fijando el valor superior de las prestaciones asociadas a los mencionados giros en la suma de $436.547 y su valor inferior en la suma de $234.000”

En consecuencia, los Decretos Supremos a que se ha hecho mención precedentemente, en el numeral 3° de cada uno de ellos, se estableció que los giros adicionales con cargo al fondo de cesantía solidario -hasta un décimo quinto giro- se otorgan para quienes se encuentren en el evento descrito en el inciso primero del artículo 1 de la ley Nº 21.227, esto es, con contratos de trabajo suspendidos por acto de autoridad, sin mencionar como beneficiarios de estos giros adicionales a los trabajadores cuyos contratos de trabajo hayan sido suspendidos por pacto con sus empleadores.

Además, del tenor literal de los decretos citados, es posible concluir que los giros adicionales no se establecen para ambos casos señalados en el Título I de la Ley N°21.227, sino solamente para aquellos contratos de trabajo que se encuentran suspendidos -de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley- por acto o declaración de autoridad.

Así también lo ha establecido la Superintendencia al refrendar mediante los Oficios ya señalados, el alcance del otorgamiento de giros adicionales, en el sentido que ellos resultan aplicables a quienes se encuentren en la situación descrita en el inciso primero del artículo 1 de la Ley recién citada.

Tal pronunciamiento contenido en los Oficios reseñados constituye una norma de carácter general y de cumplimiento obligatorio para la recurrida Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía.

Por lo tanto, al no haber actuado la recurrida de manera arbitraria o ilegal, al emitir el acto impugnado por esta vía, solicita el rechazo de la presente acción de protección.

3°.- Que en cuanto a la petición de extemporaneidad de esta acción cautelar, cabe considerar que por ser el acto reclamado la carta respuesta emitida por la AFC, de fecha 11 de enero de 2021, a una consulta requerida por el recurrente, y por haberse deducido la presente acción constitucional el 29 de ese mes y año, ésta aparece interpuesta dentro del plazo indicado en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, por lo que tal alegación será rechazada.

4°.- Que para que pueda acogerse el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política de la República debe existir un acto u omisión arbitrario o ilegal, que signifique una privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales asegurados y garantidos por el recurso y que esa privación, perturbación o amenaza, conculque o afecte de modo real, efectivo o inminente, el legítimo ejercicio de los derechos que garantiza la Constitución.

5°.- Que resulta pertinente tener presente para una acertada resolución de la presente acción de protección las siguientes normas legales:

A.- Artículos 30 y 35 de la Ley 19.728, que Establece un Seguro de Desempleo, que en lo pertinentes prescriben: “La administración del Régimen de Cesantía estará a cargo de una sociedad anónima de nacionalidad chilena o agencia de una extranjera constituida en Chile, de giro único, que tendrá como objeto exclusivo administrar dos Fondos que se denominarán Fondo de Cesantía y Fondo de Cesantía Solidario y otorgar y administrar las prestaciones y beneficios que establece esta ley.” y “La supervigilancia, control y fiscalización de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía corresponderá a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones. Para estos efectos, estará investida de las mismas facultades que el decreto ley Nº 3.500 y el decreto con fuerza de ley Nº 101, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, ambos de 1980, le otorgan respecto de sus fiscalizados.”

B.- Artículo 94 N°3 del DL 3.500: “Corresponderá a la Superintendencia, además de las atribuciones y obligaciones que esta ley establece, las siguientes funciones generales(…) 3.- Fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del Sistema, con carácter obligatorio para las Administradoras, las sociedades filiales a que se refiere el inciso duodécimo del artículo 23 y las sociedades administradoras de cartera de recursos previsionales, y dictar normas generales para su aplicación.”.

C.- Artículo 3, letra i) del DFL N° 101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que fijó la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones: “Corresponde a la Superintendencia las siguientes funciones:(…) letra i) Interpretar la legislación y reglamentación en vigencia e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación por las Administradoras;”

D.- Artículo 1, inciso primero de la Ley 21.227: “En el evento de que exista un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas sanitarias o de seguridad interior para el control de la enfermedad denominada COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados, los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728 que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Título, excepcionalmente tendrán derecho a la prestación que establecen los artículos 15 y 25 de dicha ley, según corresponda, en las condiciones que se indican en los artículos siguientes.”.

6°.- Que lo que se requirió por parte de la recurrente a la AFC, fue un pronunciamiento respecto de la correcta interpretación de los Decretos Supremos N° 1.578 y 2.097, ambos del Ministerio de Hacienda.

Frente a tal cuestión la recurrida, mediante el acto impugnado concluyó que: “Del tenor literal del D.S. N°2.097 es posible concluir, que los giros adicionales no se establecen para ambos casos señalados en el Título I de la Ley 21.227, sino solamente para aquellos contratos de trabajo que se encuentran suspendidos por acto de autoridad. Así también lo ha establecido la Superintendencia de Pensiones en el ejercicio de su facultad de interpretar la legislación y reglamentación en vigencia, y de impartir normas generales de cumplimiento obligatorio para esta Sociedad Administradora.” En síntesis, excluyó como beneficiarios de los giros adicionales a los trabajadores cuyos contratos de trabajo hayan sido suspendidos por pacto con sus empleadores.

7°.- Que, en efecto, del tenor literal del recurso se advierte que el reproche que se le formula a la AFC es el haber “fijado un estándar distinto reinterpretando el concepto de “acto de autoridad” que la propia ley entrega, vulnera la norma y, sin justificación, discrimina al otorgar un trato desigual a quienes se encuentran afectados por exactamente las mismas circunstancias económicas y sociales derivadas de la pandemia COVID-19.”. Más adelante, le reconviene que “La reinterpretación que la AFC ha efectuado del sentido y alcance que el Legislador le ha conferido a la expresión “acto de autoridad”, contemplada en el inciso primero, artículo 1, de la Ley 21.227, excluyendo a ciertos trabajadores de los beneficios contemplados por la norma…”.

8°.- Que a su vez, cabe considerar que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de su facultad exclusiva de interpretar la legislación y reglamentación en vigencia e impartir normas generales obligatorias para su correcta aplicación por parte de sus fiscalizados (la recurrida lo es), mediante oficio N° 24.985, de fecha 7 de diciembre de 2020, impartió la siguiente instrucción, respecto del tema discutido: “(…) ii. Extender la determinación y pago de los beneficios y prestaciones establecidos en el Título I de la Ley N 21.227, devengados hasta el 6 de marzo de 2021. (…) v. Determinar y pagar los giros adicionales (hasta doce, cuando corresponda), devengados hasta el 6 de marzo de 2021, a los trabajadores cuyos efectos de los contratos se encuentren suspendidos por acto de autoridad, conforme a lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1 de la ley N°21.227 y hayan agotado sus giros con cargo al Fondo de Cesantía Solidario. Para este efecto, a partir del sexto giro establézcase un porcentaje promedio de remuneración del 45%, y fíjese el valor superior de las prestaciones asociadas a los mencionados giros en la suma de $419.757 y su valor inferior en la suma de $225.000”. (El destacado es nuestro).

9°.- Que, en consecuencia, la AFC, en su calidad de institución fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones, debe acatar los pronunciamiento de ésta, contenidos en dictámenes u oficios, por constituir éstos normas de carácter general y de carácter obligatorio y vinculante para la recurrida.

10°.- Que, en síntesis, como se advierte del tenor de los fundamentos legales que sirven de sustento a las pretensiones de cada una de las partes, la cuestión a resolver dice relación con la interpretación y aplicación de beneficios y prestaciones establecidos en el Título l de la ley N°21.227, por suspensión de la relación laboral, a un caso concreto, que de aplicarse una u otra interpretación, provoca un efecto distinto, situación que debe ser materia de un proceso declarativo de lato conocimiento, mas no de un procedimiento de naturaleza cautelar, que por su naturaleza persigue la protección inmediata o restablecimiento de un derecho fundamental preexistente e indubitado del cual el afectado ha sido privado, perturbado o amenazado por un acto u omisión ilegal o arbitrario.

11°.- Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe tener en consideración que la AFC, en su carácter de órgano fiscalizado por la Superintendencia de Pensiones, está vinculada a la interpretación y aplicación de las normas que regulan las materias de su competencia, las que debe acatar, y en ese sentido se pronunció sobre la consulta que le efectuó el recurrente, cuya respuesta motivó la presente acción de protección. Por ende, el actuar de la entidad recurrida no es arbitrario ni ilegal, ya que como se dijo, al pronunciarse sobre lo consultado se limitó a responder según el criterio sustentado por la Superintendencia sobre la materia requerida.

Ergo, en consideración a lo razonado en los fundamentos 10° y 11° precedentes, la presente acción de protección, no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de acuerdo además con lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se declara que se rechaza, con costas, el deducido por doña nombre reservado, en representación de Comercial nombre reservado Limitada, en contra de Sociedad Administradora de Fondo de Cesantía S.A.

Regístrese y archívese sino se apelare.

Redacción del Ministro Sr. Carreño.

N° 1.008-21.-