nombre reservado con CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, diez de agosto de dos mil veintitrés.

Al folio 40, a lo principal, téngase presente, al primer y segundo otrosí, téngase presente los alegatos anunciados en la forma planteada, por esta única vez.

Al folio 41, téngase presente los alegatos anunciados en la forma planteada, por esta única vez.

Se advierte a la parte que, para lo sucesivo, deberá sujetarse a la exigencia contemplada en el inciso primero del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido que para el caso de pretender la realización de sus alegatos en forma telemática o por vía remota mediante videoconferencia, deberá solicitarlo “hasta dos días antes de la vista de la causa”.

VISTO:

En estos autos Ingreso Corte Rol 100.786-2022, compareció nombre reservado y dedujo acción de protección en contra de la Contraloría General de la República por el acto que califica de ilegal y arbitrario consistente en el oficio E234373, de 13 de julio de 2022, que desestimó el reclamo de ilegalidad formulado respecto de la decisión que dispuso el término anticipado de su contrata, y que a su juicio vulnera el derecho garantizado por el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundamentando su pretensión, señala que fue contratado por el Hospital San José el 12 de marzo de 2019 bajo la figura de médico cirujano, ley 19.664, con jornada de 22 horas semanales, hasta el 31 de diciembre de 2019. Tal contratación fue prorrogada mediante las Resoluciones Exentas Nros. 673, de 2020 y 2.160, de 2021, para las anualidades 2020 y 2021, respectivamente.

Refiere que mediante carta notificación de 8 de noviembre de 2021, se le comunicó que no se prorrogaría su contrata para el año 2022, documento que se limita indicar “Las razones que originaron la presente decisión se han conversado en forma presencial con el Dr. nombre reservado”. Frente a ello, interpuso reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la República, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, fundado en la falta de motivación en la decisión, la vulneración del principio de confianza legítima, la ausencia de un procedimiento administrativo previo y la falta de competencia de la autoridad que dispuso la no renovación.

Con posterioridad se le notifica la resolución exenta N° 3.043, de fecha 18 de noviembre de 2021, titulada “Dispone la no renovación de la designación de personal a contrata de don nombre reservado, C.I. RUT reservado de complejo Hospitalario San José”, motivando que presentara una segunda reclamación ante el órgano contralor, destinada a complementar la primera, en la que reitera la falta de motivación de la decisión, debido a que las circunstancias allí contenidas eran vagas, genéricas e impresas, vulnerando la confianza legítima, alegando además motivos no reales ni fundados, junto con la inexistencia de un procedimiento racional y justo.

Expone que, en respuesta a su reclamo, Contraloría emitió el Oficio recurrido, N° E234373 de 13 de julio de 2022, en el cual concluye que no se advierte reproche en el cese de funciones, sin embargo el organismo recurrido aplicó erróneamente el principio de confianza legítima, omitiendo pronunciarse sobre los otros aspectos de su reclamación, que no se vinculan a dicho principio.

Aclara que su relación como funcionario médico cirujano está regido por el Estatuto Especial contenido en la ley 19.664, que establece Normas Especiales para Profesionales Funcionarios de los Servicios de Salud y modifica la ley 15.076, y en lo no regido por ella, se regula por las normas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2001, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 15.076 y, supletoriamente, por las normas de la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Según el artículo 1° de este estatuto, los profesionales funcionarios que se desempeñan en jornadas de 11, 22, 33 y 44 horas semanales se sujetan a sus disposiciones, lo que incluye aspectos como las dotaciones y plantas de profesionales, la carrera funcionaria y las remuneraciones.

En consecuencia, la recurrida ha errado en su interpretación del artículo 6° de la ley 19.664, que establece que la Etapa de Destinación y Formación no puede exceder de nueve años, limitando la renovación de contrata que se efectúa durante dicho periodo, pues esta limitación solo es aplicable al noveno año de permanencia; época en la cual efectivamente no existe una previsión fundada de que dicha prórroga acontecerá.

Seguidamente señala que el acto impugnado ha ignorado el principio de confianza legítima, pues éste no es sólo un deber del Estado para con sus ciudadanos, sino que se deriva de los derechos-deberes fundamentales de lealtad que dimanan de los artículos 5°, 6°, 7° y 19 N° 6 de la Constitución Política de la República, marco en el cual no se justifica una lectura acotada de su alcance y ámbito de protección.

Adiciona que ello además se contradice con lo indicado por el mismo organismo en su dictamen N° 6.400 en cuanto a que dentro de los estatutos afectos al criterio que allí establece -confianza legítima, motivación de los actos, términos de contrata- se encuentran las leyes 15.076 y 19.664, relativas a profesionales funcionarios.

Por ello, razona que el básico y errado rechazo respecto de su reclamación por parte de la Contraloría General de la República, deviene en ilegal y arbitrario, considerando que esperaba razonablemente que su vínculo contractual con el Hospital San José fuera prorrogado íntegramente para el año 2022, después de dos años y diez meses de servicio público, trabajando como médico cirujano especialista en neurocirugía; confianza que se vio reforzada no sólo por la conducta reiterada en el tiempo de su empleador estatal, si no también, que se justificó en la racional consideración de que la profesión de médico cirujano y, además, especialista en neurocirugía, es una labor de la esencia y propiedad del giro de un establecimiento de salud.

Termina solicitando que se ordene a la recurrida dejar sin efecto el oficio que determinó el rechazo de su reclamación y tras ello, procediendo a aplicar el principio de la confianza legítima, se pronuncie sobre las alegaciones realizadas respecto de las cuales existió omisión, con costas.

Informó el recurso nombre reservado, Contralora General (S), por la Contraloría General de la República, argumentando la improcedencia del presente arbitrio constitucional.

Alega en primer lugar la falta de legitimación pasiva de ese organismo, por cuanto en el evento de que se acogiera la presente acción cautelar y se dejara sin efecto oficio de que se trata, ello no tendría el efecto de prorrogar la contratación del requirente ni producir su reincorporación al Hospital San José; atribución que corresponde al jefe superior del establecimiento hospitalario.

Manifiesta que el pronunciamiento emitido por esa entidad de control en el contexto de un reclamo de ilegalidad no puede ser reñido con la ley, pues fue emitido en virtud de la habilitación del artículo 160 de la ley 18.834 y de acuerdo con las competencias que le han sido asignadas, en virtud de los artículos 98 y 99 de la Constitución Política de la República; 5°, 6° y 9° de la ley 10.336, y de acuerdo a la normativa aplicable en la especie.

Tampoco ha existido arbitrariedad de su parte, por cuanto la resolución emana de un análisis razonado de los antecedentes tenidos a la vista, de conformidad a las funciones constitucionales y legales que detenta.

En cuanto al fondo del oficio impugnado, explica que el marco normativo aplicable a la especie está constituido por los artículos 5°, 6°, 7°, 8° y 9° de la ley 19.664 y tiendo en consideración que el recurrente se desempeñó en el Complejo Hospitalario San José en Etapa de Destinación y Formación -EDF- entre el 12 de febrero de 2019 y el 31 de diciembre de 2021, pudo concluir que su designación a contrata expiró por la llegada del plazo previsto en la misma.

Añade que la jurisprudencia administrativa emanada de esa entidad fiscalizadora establece que no resulta aplicable el criterio de la confianza legítima, entre otros, a los cargos que contemplen un régimen especial de renovación que limite el número de estas, como acontece, por ejemplo, con los empleos a que alude el artículo 6° de la ley 19.664. Dicha disposición previene que los profesionales funcionarios que se desempeñen en la EDF cumplirán sus funciones a contrata en los respectivos servicios de salud, y su permanencia en ella no podrá ser superior a nueve años; motivo por el cual y de acuerdo al dictamen N° 94.222, de 2014, de ese origen, si bien la permanencia en la EDF no puede exceder de nueve años, esto no implica asegurar su desempeño por ese lapso.

Aclara que, en ese contexto, el período de nueve años que contempla el citado artículo, atendido su tenor literal, es un lapso máximo, que solo puede sobrepasarse en la situación excepcional allí mismo detallada, pero que no obliga a la autoridad a prorrogar el vínculo laboral anualmente por todo dicho periodo ni limita su atribución para ponerle término anticipadamente.

Finalmente advierte que ese órgano fiscalizador se ha limitado a aplicar la jurisprudencia administrativa existente en la materia, en los mismos términos que respecto de otros interesados que se han encontrado en similar situación, razón por la no existe un trato discriminatorio que produzca la vulneración del derecho constitucional que se denuncia como amagado.

Asimismo, se requirió informe al Complejo Hospitalario San José, institución que sostuvo que la decisión adoptada respecto del recurrente se encuentra fundada y ajustada a derecho, toda vez que su contrata terminó el día 31 de diciembre de 2023, y no fue renovada en la forma prevista por la ley.

Hace presente que dicha determinación se adoptó en mérito de los fundamentos en sus considerandos 5° y 8°, que respectivamente señalan: “Se conversó con el Dr. nombre reservado en reiteradas ocasiones debido a los reclamos de pacientes y familiares, incluso una Nota de Demérito, razón por la cual el Coordinador de Equipo Dr. Mario Casillo C. solicitó a esta jefatura y subdirección médica, no prorrogar el contrato para el año 2022” y que “ … en la debida observancia de los Principio de Eficiencia y Eficacia que orientan la función de la Administración Pública según lo consagra la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y manteniendo este centro hospitalario objeciones y reproches a la conducta negligente y descuidada del funcionario en el cumplimiento de sus funciones, velando asimismo por la seguridad e integridad de los pacientes y en definitiva, observando estrictamente el principio de continuidad del servicio según ha consagrado la carta constitucional en el inciso cuarto de su artículo primero … y ponderado el informe emitido por la Jefa de la Unidad de Cirugía, ésta autoridad hospitalaria, procederá a disponer en lo resolutivo del presente acto la no renovación de la designación a contrata de don nombre reservado.I. RUT reservado, para la anualidad correspondiente al año 2022”.

Advierte finalmente que de acuerdo a los artículos 146 y 153 de la ley 18.834, una de las causales de cese en el cargo de un funcionario es el término del periodo legal por el cual se es designado; y que el término del periodo legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

2°.- Que la clave para elucidar de qué trata esta acción de protección está en precisar si la actuación denunciada es "ilegal" o "arbitraria".

En este sentido, debe apuntarse que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza de este procedimiento breve y sumario que persigue el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado. Por lo mismo, se requiere la efectiva existencia de un acto ilegal, vale decir, que no se atenga a la normativa por la que debe regirse, lo que también se verifica cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley. Por su parte, tal actuación es arbitraria cuando carece de razonabilidad en el actuar u omitir o bien cuando existe falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar o ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a obtener, o cuando no se verifican los hechos que fundamentan un actuar.

3°.- Que baste para desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la Contraloría General de la República, considerar que lo cuestionado está constituido justamente por la decisión de esta repartición que desestimó el reclamo que el actor dedujo en contra de la determinación que no prorrogó su designación a contrata, pues en su entendido, se habría vulnerado el principio de la confianza legítima. Luego, respecto de ello es que debe elucidarse si concurren los requisitos que hacen procedente la acción cautelar, particularmente si la decisión impugnada es arbitraria, desde que no se cuestionada la legalidad de la misma, sin que por lo demás puedan atenderse a los efectos que un eventualmente el acogimiento de la presente acción podría provocar; a lo que se suma que tal alegato, en todo caso, carece de relevancia si se considera que en la especie compareció el Complejo Hospitalario San José.

4°.- Que seguidamente, deberá decirse que la Administración del Estado efectivamente -conforme a lo dispuesto en el Estatuto Administrativo, en especial los artículos 3 y 10, y en los artículos 11 y 41, de la ley 19.880- frente a los vínculos estatutarios a contrata, está facultada para no renovar una contrata anual y también para terminar anticipadamente la misma.

5°.- Que, sin embargo, para hacer uso de estas facultades, la Excma. Corte Suprema en diversos fallos, en relación a la potestad de no renovar una contrata anual, ha considerado ciertos límites, que se relacionan especial y principalmente con el tiempo en que el funcionario a contrata ha prestado sus servicios para la administración del Estado. En consecuencia, en el ejercicio de la facultad que implica la decisión de no renovar el vínculo estatutario, la Administración no tiene el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente, prescindiendo de los servicios para los cuales la persona fue contratada, por, en definitiva, no ser necesarios sus servicios, dado que estos concluyen de pleno derecho al 31 de diciembre de cada año.

Todo, sin perjuicio de las consideraciones que puedan hacerse respecto de los funcionarios que se encuentran protegidos por el principio de confianza legítima, aspecto que en este caso carece de relevancia, atendido que el actor se desempeñó para la administración solo entre los años 2019 y 2021, de manera que esta acotada extensión temporal hace inaplicable la protección que reclama del principio de confianza legítima, atendido que la jurisprudencia del Máximo Tribunal ha estimado prudente establecer el plazo de cinco años para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo estatutario.

6°.- Que sobre la base de lo expuesto en los motivos que anteceden, se advierte que el recurrido al poner término a la designación de contrata del actor por las razones expresadas, ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, apegándose a la ley, cumpliéndose con lo dispuesto en los artículos 3° letra c) y 10 de la ley 18.834, siendo además coherente con el transcurso del tiempo y consecuente vencimiento de la contrata.

7°.- Que lo dicho resulta, además, concordante con lo dispuesto en el artículo 6° de la ley 19.664, que en su inciso 1° dispone “La Etapa de Destinación y Formación se cumplirá mediante el desempeño de empleos a contrata y la permanencia en ella no podrá exceder de nueve años. A partir del sexto año, los profesionales podrán postular a los concursos que se llamen para proveer cargos de la Etapa de Planta Superior”, agregando una regla excepcional de prórroga en el inciso segundo, pero que siempre y en todo caso, opera atendiendo a la naturaleza de la contratación –eminentemente transitoria- y ceñida a los límites temporales aludidos.

8°.- Que en nada altera lo dicho la circunstancia referente a los motivos de la no renovación de la contrata, pues con ello no se hizo más que explicitar la determinación del establecimiento hospitalario en cuanto a no renovar la contrata referida, que expiraba de pleno derecho.

9°.- Que se añade al razonamiento que precede que este procedimiento cautelar constitucional exige como presupuesto básico derechos o garantías indubitadas y, en la especie, se trata de un funcionario que realiza su trabajo a contrata y cuyo vínculo no fue prolongado. Luego, desde este punto de vista surgen situaciones equívocas de las cuales no es posible desprender indubitadamente alguna acción arbitraria o ilegal si se considera que este no es el estadio para decidir si la experticia del recurrente ameritaba continuar con su trabajo y, por lo tanto, en este caso concreto, la decisión de la autoridad puede entenderse legal y dentro de su permitida discrecionalidad.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de Contraloría General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-100786-2022.