nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

Foja: 34 Treinta y Cuatro Santiago, diecisiete de diciembre del año dos mil quince.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a fojas 17 compareció nombre reservado, abogado, el que deduce acción de protección a su favor en contra del SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN, representado por su Director nombre reservado, atendida la actuación ilegal y arbitraria cometida por dicha institución, consistente en la negativa a conceder el beneficio de eliminación de su prontuario penal, mediante la aplicación de la normativa contenida en el Decreto Nº 64 del Ministerio de Justicia del año 1960, resolución que vulnera sus derechos constitucionales, reconocidos en la Constitución Política de la República garantizados en el artículo 19 Nº 2 y 3 inciso 5º.

Sostiene que se le ha negado el otorgamiento de un beneficio legal sobre la base de una pena inexistente. El 10 de noviembre de 2015 pidió a la recurrida la eliminación de los antecedentes prontuariales Nº 4186, solicitud que le fue denegada, en atención a que la pena de inhabilidad especial temporal en su grado medio de 7 años que le fue aplicada, es una pena principal y al ser aflictiva, no es posible que se acoja al beneficio del Decreto Supremo Nº 64, aun cuando, ya cuenta con el beneficio de la omisión en el certificado para conducir vehículos motorizados, para el ingreso a la Administración Pública, fines particulares y fines especiales.

Añade que en octubre pasado fue invitado a incorporarse a la Auditoría General de una de las ramas de la Defensa Nacional y entre los documentos que debe presentar está el Certificado de Antecedentes para ingreso a las Fuerzas Armadas, donde aparecerá su prontuario penal, de modo que queda impedido inmediatamente de ingresar a ese trabajo.

Menciona que la Corte de Apelaciones de Antofagasta en el año 1993 lo condenó a cumplir la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, 7 años de inhabilitación especial temporal en su grado medio, que es inexistente en el tipo penal del artículo 239 del Código Penal, la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y las costas de la causa.

El 12 de junio de 1995 cumplió con la última de las firmas ante el Patronato de Reos de Gendarmería de Chile, pagó la multa y las costas en forma previa – acompaña las copias de los certificados al efecto –acredita además que dio cumplimiento a la pena accesoria, pues la Contraloría General de la República informa que no se ha desempeñado en cargos públicos desde el 1 de julio de 1989, de manera que han transcurrido más de 20 años, mediando una irreprochable conducta anterior y no existiendo una nueva anotación en su hoja prontuarial.

Por eso estima que la negativa a eliminar sus a eliminar sus antecedentes penales, es una medida, arbitraria, ilegal y absolutamente errada, porque el Servicio de Registro Civil e Identificación la fundamenta en la existencia de una pena a la que fue condenado y que la ley no contempla, cumpliendo de ese modo a cabalidad con los requisitos del artículo 8º letra d) del Decreto Supremo Nº 64.

Sostiene que con esta negativa se han vulnerado sus garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 numerados 2 y 3 inciso 5º, porque la resolución administrativa valida una pena errónea porque además se han constituido en una comisión especial, al tener por establecido, como pena principal, la misma pena que la sentencia erróneamente indica.

Finaliza pidiendo a esta Corte de Apelaciones acoja el recurso de protección y en definitiva declarar que se deje sin efecto el oficio del Servicio de Registro Civil, porque cumple con los requisitos legales, debiendo proceder a la eliminación de su prontuario, con costas.

SEGUNDO: Que a fojas 27 se agregó el informe suscrito por la Subdirectora Jurídica del Servicio de Registro Civil, quien luego de referir los antecedentes de la causa, y citar la norma del artículo 8º letra g) del Decreto Nº 64 de 1960, señala que es evidente que la pena de inhabilidad especial perpetua por 7 años, es una pena no corporal, en consecuencia, la pena de inhabilidad aplicada al recurrente de 7 años de inhabilitación especial temporal en su grado medio, es superior a 3 años de duración, por lo que, el Servicio tiene la prohibición expresa de eliminar antecedentes por la vía del Decreto Supremo invocado.

Añade que en el caso del Sr. nombre reservado, la pena debe estimarse cumplida el 1 de junio de 1996, ahora bien, el señor Director del Servicio de Registro Civil, transcurridos 20 años del cumplimiento de la condena, puede eliminar los antecedentes, siempre que se trate de la única anotación penal y en el entendido que no sea tampoco una pena aflictiva.

Por ultimo señala que en el catastro del Servicio de Registro Civil e Identificación el recurrente no registra órdenes de aprehensión vigentes, finaliza pidiendo tener por evacuado el informe requerido.

TERCERO: Que cabe recordar que, el denominado “recurso” de protección es una acción que contempla el artículo 20 de la Constitución Política de la República, cuyo objeto único y exclusivo, es buscar el amparo jurisdiccional ante actos que amenazan, perturban o privan al recurrente de los derechos constitucionalmente garantizados.

El presente caso, se ha deducido esta acción constitucional de protección en atención a la negativa del Servicio de Registro Civil e Identificación de eliminar los antecedentes prontuariales del recurrente, quien estima se ha conculcado con ello las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 N° 2 y 3 inciso 5º de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que el artículo 8 del Decreto N° 64 que regula la materia, dispone: “Se eliminará una anotación prontuarial: g) Cuando se trate de personas sancionadas por cuasi-delito, simple delito o crimen, con multa o con pena corporal o no corporal hasta de tres años de duración y hayan transcurrido diez años, a lo menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años o más, en los casos restantes.” Y en su parte final establece: “Sin embargo, transcurridos 20 años o más desde el cumplimiento de la pena el Director del Servicio podrá eliminar de oficio la anotación referente a alguna de las condenas indicadas en las letras f), g) y h) que se cumpla con la última condición indicada en el Art. único Nº2 inciso anterior.”

QUINTO: Que por sentencia de 9 de diciembre de 1993 se condenó a nombre reservado la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, 7 años de inhabilitación especial temporal en su grado medio, a una multa equivalente al 10% del perjuicio causado al privar a la Municipalidad de un lucro legítimo, que asciende a la suma de $2.185.500; a la accesoria de suspensión del cargo u oficio público durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa.

SEXTO: Que de los documentos acompañados por el recurrente y lo informado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, las penas fueron cumplidas el 1 de junio de 1996, transcurriendo con creces el plazo que la norma precedentemente citada contempla al efecto para eliminar dicha anotación de su certificado de antecedentes para postulantes a ingresar a la Administración Pública, Municipal, Semifiscal, Instituciones de Administración Pública, Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Servicio de Prisiones, de manera tal, que al negar dicho beneficio se ha incurrido en un acto arbitrario y de acuerdo al Diccionario de la Lengua Española el concepto “arbitrario” es, entre otras acepciones, aquello que resulta contrario a la razón, por lo que, en la especie se configuran los presupuestos exigidos para que la acción cautelar prospere, ya que el acto objetado es arbitrario, debiendo acogerse el recurso de protección, por haber vulnerado la garantía constitucional de igualdad ante la ley, ya que recurrente fue discriminado arbitrariamente por la autoridad administrativa provocándole una privación en su legítimo derecho a que se eliminen de su prontuario las anotaciones sufridas por la condena antes indicada.

SEPTIMO: Que en la especie se ha conculcado la garantía establecida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, esta es, la igualdad ante la ley, pues se ha discriminado de manera arbitraria a nombre reservado y se le privó de acceder al beneficio de eliminación al haber cumplido satisfactoriamente las penas principales y accesorias que le fueran impuestas, por haber transcurrido en exceso el plazo de veinte años que señala el Decreto Supremo N° 64 del Ministerio de Justicia del año 1960 que regula la Eliminación de Prontuarios Penales, de Anotaciones y el otorgamiento de Certificados de Antecedentes y eliminar dicha condena del certificado para postulantes a ingresar a la Administración Pública, Municipal, Semifiscal, Instituciones de Administración Pública, Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Servicio de Prisiones.

De manera tal que, no hay motivo alguno para denegar la solicitud planteada por el recurrente, lo que importa la concesión de lo pedido mediante el ejercicio de la presente acción constitucional.

Por estas consideraciones, y de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en atención, además, a lo que preceptúa el Auto Acordado por la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se acoge el recurso impetrado en lo principal de fojas 17 por nombre reservado y se decide que se deja sin efecto el Ordinario N° 80973 de 24 de noviembre de 2015, dictado por el Subdepartamento de Filiación Penal del Servicio de Registro Civil e Identificación y se dispone que el recurrido Servicio de Registro Civil e Identificación deberá dictar transcurridos cinco días hábiles de la ejecutoria de la presente sentencia, la resolución que acceda a la eliminación de los antecedentes prontuariales de nombre reservado en el certificado para postulantes a ingresar a la Administración Pública, Municipal, Semifiscal, Instituciones de Administración Pública, Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y Servicio de Prisiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por la Ministra (S) María Cecilia González Diez.

Ingreso Corte Protección N°100.781-2015.

Pronunciada por la Octava Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por la Ministra (S) María Cecilia González Diez y la abogada integrante Paola Herrera Fuenzalida.

Autoriza el (la) ministro se fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones.

En Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil quince, se notificó por el estado diario la sentencia que antecede.