nombre reservado con ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA

C.A. de Santiago Santiago, siete de diciembre de dos mil veintitrés.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, con fecha 28 de mayo de 2023, comparece Carlos Cuadrado Prats, Alcalde, en representación de la Municipalidad de Huechuraba, en favor de nombre reservado, funcionaria municipal, e interpone acción de protección en contra de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Huechuraba, a saber (1) nombre reservado; (2) nombre reservado; (3) nombre reservado, y; (4) nombre reservado; por los actos arbitrarios e ilegales ocurridos los días 28 de abril y 12 de mayo, ambos de 2023.

Expone que en abril del año 2017, la Srta. nombre reservado fue contratada para trabajar en la Dirección de Obras Municipales de la Municipalidad de Huechuraba, en el cargo de Arquitecta Revisora de Proyectos de Arquitectura para desempeñarse profesionalmente en la revisión y evaluación de proyecto de arquitectura de la comuna, para ello es que fue presentada con el Sr. nombre reservado, funcionario municipal, quién en ese entonces tenía el cargo de Asesor Urbanista, además de ser el presidente de la Asociación de Funcionarios Municipales de Huechuraba. Él estaba a cargo de la Ordenanza Comunal de Huechuraba, de las modificaciones y las interpretaciones de ésta. Su cargo tenía una relación muy directa con el Departamento de Edificación y Urbanismo, por lo que las profesionales que trabajaban ahí, debían constantemente reunirse con él para realizar consultas sobre el Plan Regulador Comunal. nombre reservado, desde el inicio de la relación laboral comenzó a expresar interés por la funcionaria municipal, dedicándole elogios, piropos, haciendo comentarios en público sobre su aspecto físico y apariencia, situación que para ella era muy incómoda, dado que era una profesional recién contratada, además que ese tipo de acciones y expresiones le parecían inapropiadas en el marco de una relación de trabajo. Agrega que a mediados de junio de 2017, el señor nombre reservado, la acosó sexualmente, se le acerca, le toma con fuerza su brazo izquierdo y dirige su boca a su mejilla derecha, deslizando su lengua por su oído, hasta tocar el lóbulo de éste, por lo que el 9 de septiembre de 2019, la funcionaria en cuestión, luego de innumerables situaciones vulneratorias, de las cuales señala haber sido víctima por parte de nombre reservado y otros funcionarios de la asociación que este presidía y que fueron acreditadas en sede laboral, decide denunciar lo acontecido en el año 2017, por lo que se dio inicio a un sumario administrativo en contra del señor nombre reservado a través del Decreto Exento 01/2467/2019, designándose como fiscal del sumario a doña Vanessa Marimon Fuentes, quien en ese entonces se desempeñaba normalmente como Directora de Desarrollo Comunitario en el Municipio. Agrega que mediante decreto N°01/1376/2021 se aplicó la sanción contemplada en el artículo 120 letra D del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, esto es, la destitución del funcionario por incurrir en hechos que vulneran gravemente el Principio de Probidad según lo dispone el artículo 123 del mismo cuerpo legal y especialmente por incurrir en lo establecido en el artículo 82 del mismo estatuto; sin embargo el directorio de la asociación de funcionarios ha mantenido un actitud refractaria respecto de lo resuelto por este Alcalde, prueba de ello, es que una vez aplicada la destitución, dicha Asociación emitió una declaración pública, la cual fue divulgada por redes sociales, incluso durante la tramitación del sumario se citó a una asamblea extraordinaria convocada para tratar específicamente la situación por la que estaba atravesando el Sr. nombre reservado, aun cuando no se habían formulado cargos en su contra.

Indica que el 28 de abril pasado, no obstante que el señor nombre reservado se encuentra actualmente destituido, con motivo de las celebraciones del día del trabajador, en el marco de una actividad conmemorativa que estaba programada entre las 11:00 y las 15:00 horas, en la terraza del casino municipal ubicado en las dependencias del edificio Consistorial, a la cual asistieron asociados, Directores Municipales y Concejales, personal del Departamento de Gestión de Personas, se percató de la presencia del señor nombre reservado quien había sido invitado por Asociación de Funcionarios Municipales de Huechuraba, activándose los protocolos de seguridad con el objeto de resguardar la integridad física y psíquica de nombre reservado, quien al enterarse de la presencia de nombre reservado en el lugar y con justo temor, decidió abandonar el recinto para salvaguardarse de cualquier tipo de acometimiento por parte del ex funcionario, así como de los otros miembros de la Federación, puesto que durante la tramitación del sumario se había decretado como medida cautelar la prohibición de ingreso del Sr. nombre reservado al recinto municipal. Agrega que , en el marco de lo resuelto con fecha 10 de febrero de 2023 ,por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo que resolvió la tutela laboral interpuesta por la funcionaria que dio origen a la causa RIT T-353-2022, la Municipalidad de Huechuraba, con fecha 12 de mayo de 2023 procedió a publicar la sentencia condenatoria, reservando la identidad de la denunciante, en todos los medios institucionales internos de la Municipalidad según lo ordenado en la letra C del N° 1 del considerando Décimo Cuarto de la sentencia aludida. No obstante, lo anterior, con fecha 12 de mayo de 2023 la Asociación de Funcionarios Municipales de Huechuraba hizo nuevamente una declaración pública en la que cuestiona la veracidad de lo denunciado por nombre reservado, incluyendo un párrafo en el que alude a una supuesta respuesta del Ministerio Público en la que señala haber archivado la causa por no “entregar la información requerida para continuar con la causa”.

Respecto a los actos ilegales y arbitrarios que denuncia señala que ellos corresponden a (1) que con fecha 28 de abril pasado la Asociación de Funcionarios Municipales de Huechuraba invitó al ex funcionario señor nombre reservado, destituido por acosar sexualmente a una funcionaria, a un acto en el recinto municipal ubicado en domicilio reservado de la comuna de Huechuraba, en circunstancias de que este había sido destituido por incurrir en una de las causales más graves contempladas en el Estatuto Administrativo; y (2) el 12 de mayo pasado la Asociación de Funcionarios Municipales de Huechuraba hizo una nuevamente una declaración pública en la que cuestiona la veracidad de lo denunciado por nombre reservado, incluyendo un párrafo en el que alude a una supuesta respuesta del Ministerio Público en la que señala haber archivado la causa por no “entregar la información requerida para continuar con la causa”.

Señala que el presente recurso tiene por objeto se restablezca el imperio del derecho, ordenando que la Asociación de Funcionarios Municipales de Huechuraba presidida por nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado se abstenga de realizar futuras invitaciones al señor nombre reservado a las dependencias del Municipio, pues su presencia conculca las garantías constitucionales más esenciales de la funcionaria nombre reservado, así como también ordenar que se abstengan de enviar por correo electrónico institucional de forma masiva y de efectuar cualquier publicación mediante medios tecnológicos u otros similar, con antecedentes del sumario seguido en contra de nombre reservado, pues contienen información sensible cuya publicación conculca los derechos fundamentales de la recurrente.

Denuncia como conculcadas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1 y 4 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Respecto al derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, indica que los actos recurridos producen tanto en la funcionaria como en su familia una evidente mortificación y revictimización de carácter psíquico, además de una sensación de injusticia, incluso los recurridos, al divulgar información sobre el proceso sumarial, efectúan una victimización secundaria, provocando un desamparo y maltrato. En cuanto al respeto y protección a la honra de la persona y su familia, en este caso los elementos que componen la honra han sido abiertamente afectados, toda vez que nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, abiertamente y de las formas ya descritas le han restado crédito, a los lamentables hechos experimentados por nombre reservado, incluso su honra ha podido ser ponderada por otras personas al difundirse datos sensibles y reservados, lo que indudablemente ha traído consecuencias en el ámbito público en el que la señora nombre reservado se desenvuelve e incluso, puede llegar a distorsionar la percepción de posibles testigos de los hechos que pudieran presentarse ante el Ministerio Público, lo que puede llegar a entorpecer alguna futura investigación sobre los hechos expuestos.

Solicita se acoja el recurso, ordenando (1) que nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado se abstengan de realizar todo tipo de invitaciones al recinto municipal al señor nombre reservado; (2) que nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado se abstengan de enviar correos masivos y realizar publicaciones en medios tecnológicos o similares ventilando los pormenores del proceso sumarial que se siguió en contra de nombre reservado por los hechos denunciados por la funcionaria nombre reservado; y (3) eliminar r toda publicación de las redes sociales pertenecientes a nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado que diga relación con el proceso sumarial que tuvo por objeto determinar la responsabilidad de nombre reservado el cual concluyó con su destitución y que implica a nombre reservado en calidad de denunciante y víctima.

Segundo: Que, con fecha 20 de junio de 2023, evacúa informe la recurrida Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Huechuraba, solicitando el rechazo del recurso.

En primer término, se refiere a la facultad legal que tiene el Alcalde de la Municipalidad de Huechuraba, para disponer del uso de recursos municipales, para la presentación del presente recurso de protección, y hacerse cargo de la representación de una funcionaria municipal, frente a una situación que le afecta en el ámbito personal. Cita el artículo 88 de la ley 18.883, sosteniendo que la señora nombre reservado, debió presentar un requerimiento por escrito al Jefe del Servicio informando sobre la situación que le afectó, en el ejercicio de su trabajo, el día 28.04.2023, ya que solo bajo esa premisa legal, la Municipalidad de Huechuraba puede disponer de los recursos necesarios para iniciar acciones legales en contra de un civil, sin embargo, ello puede ser previo procedimiento disciplinario. Concluye que no procede la presentación de un recurso de protección, sino el inicio de un proceso investigativo con el fin que se determinen las responsabilidades en la actuación funcionaria de quienes son dirigentes de la organización que se denuncia y se entregue la protección que la ley 19.883 otorga al funcionario que realiza la denuncia.

Señala que en el mes de septiembre de 2019 la funcionaria nombre reservado realizó una denuncia por acoso sexual en contra de nombre reservado, se dio inicio al procedimiento sumarial y se le aplicó la medida disciplinaria de destitución a partir del 14 de junio del año 2022, y se le alejó de sus funciones, congelando anticipadamente el pago íntegro de sus remuneraciones. Agrega que el sr. nombre reservado no tiene orden de alejamiento, de ningún tribunal, y es más la Fiscalía Centro Norte desestimo la denuncia por falta de pruebas, por lo que es inconstitucional, intentar el alejamiento de los recintos municipales y el ejercicio libre de la profesión, por parte del Alcalde Carlos Cuadrado Prats, a través de la vía administrativa. En tal circunstancia, la denuncia efectuada por la señora nombre reservado, ya finalizo su proceso investigativo, y de acuerdo a lo informado por el Alcalde, se aplicaron las sanciones administrativas correspondientes, por ende, bajo esta figura, el señor nombre reservado, no tiene impedimento para ingresar a la Municipalidad de Huechuraba, mucho menos en su calidad de civil, ya que no se le puede prohibir el ejercicio libre de la profesión en el entendido de que el señor nombre reservado, es de profesión arquitecto.

En cuanto al sumario administrativo tramitado, sostiene que el 9 de septiembre de 2019 la fiscal sumariante ingresó a la Fiscalía Centro Norte, denuncia denominada “Otros Delitos Contra Las Personas”, RUC 1901175015-2, la cual se encuentra terminada desde el 31-10- 2019, ya que los hechos denunciados no constituían delito. Respecto al actuar del alcalde, señala que este aplicó el cese de funciones del sr. nombre reservado con efecto retroactivo, toda vez que mediante correo electrónico de fecha 22 de junio de 2022, se le informó que el cese de funciones se producía desde el día 14 de junio del año 2022, o sea, 8 días antes, del procedimiento administrativo aplicable de Registro. Cita jurisprudencia administrativa.

En relación a los actos que se denuncian como arbitrarios e ilegales, en primer término, se refiere a los acaecidos el 28 de abril pasado, sobre ello señala que cada uno de los testigos – que en un principio fueron citados por la fiscal para corroborar la denuncia – señalaron no haber presenciado, visto o escuchado ningún tipo de acoso verbal o físico. Y el único testigo que la denunciante indica como “actor presencial”, don nombre reservado, señaló explícitamente a la fiscal que él no había visto ni escuchado nada, siendo todos testigos de oída que tomaron como base el mismo relato de la denunciante. Agrega que la señora nombre reservado acompañó un informe psicológico, que da cuenta de una terapia por un supuesto acto de acoso, por su parte, el funcionario y dirigente sindical nombre reservado, presentó un informe elaborado por un Perito Psiquiatra, reconocido por la Corte de Apelaciones de Santiago, dando cuenta de la improcedencia de la denuncia, desde un punto de visto objetivo y técnico, a diferencia de lo realizado por la denunciante. A continuación describe diversos elementos probatorios que se incorporaron al proceso sumarial, sin embargo sostiene que mediante Vista Fiscal de fecha 16 de enero de 2020, se encarga en primer lugar, de desacreditar la prueba interpuesta en defensa del afectado, sin siquiera dar por acreditado el hecho, y posteriormente procede a “condenarlo” – según su propia opinión – como autor de acoso sexual, teniendo como base la declaración de los mismos testigos enunciados en el punto 6, quienes señalan que no fueron testigos presenciales, y les dio el mismo “peso” que los testigos proporcionados por el acusado. El hecho, llego a tal nivel de arbitrariedad e ilegalidad, que mediante sentencia de la Excelentísima Corte Suprema ROL ECS 122.226-2020, se acogió recurso de protección interpuesto en favor, de nombre reservado, respecto de la ilegalidad de la destitución e inhabilitando a su emisor, el cual fue confirmado por la Excma. Corte Suprema. Expresa que la señora Fiscal interpuso denuncia por “acoso sexual” en contra del dirigente gremial en la Fiscalía Centro Norte del Ministerio Público, de fecha 10.10.2019, aduciendo que “la denuncia formulada contiene hechos que pueden constituir alguno de los delitos tipificados en el Código Penal.” Resolviendo dicha Fiscalía, con fecha 31 de octubre de 2019, dar por terminada la causa, porque la investigación no entregó información requerida para continuar con la causa. A continuación, hace referencia a la autonomía que la ley 19.296 entrega a las organizaciones sindicales, denunciando que el Alcalde Carlos Cuadrado Prats trasgrede dichas facultades entregadas por ley a la asociación.

Respecto a la supuesta entrega de información del proceso sumarial llevada a cabo en contra del dirigente, señala que la organización tenía conocimiento de los hechos ventilados en el sumario, ya que fue el propio dirigente quien solicitó ayuda a la asociación para su defensa ante la formulación de cargos. Respecto a la divulgación de información, en dicha asamblea, además, y habiendo testigos del hecho, las funcionarias que actuaron como testigos de la señora nombre reservado, quienes afirmaron ser amigas de la señora nombre reservado, solicitaron dar lectura a carta de apoyo en favor de la funcionaria denunciante, sin embargo, esta, no es socia y nunca ha sido socia de nuestra Organización. La carta a la cual querían dar lectura, fue promovida por la propia Fiscal del Sumario Administrativo, señora Vanessa Marimon Fuentes, Directora de Desarrollo Comunitario, funcionaria que ocupó un cargo de confianza del Alcalde. Agrega que respecto del incidente provocado por el Director Subrogante de Seguridad Pública, señor nombre reservado, el Director de Operaciones, señor nombre reservado y el Asesor Jurídico, señor nombre reservado, el día 28 de abril de 2023, todos funcionarios de confianza del Alcalde, donde estos funcionarios llamaron a Carabineros de la 54º Comisaria de Huechuraba, reportando un incidente dentro de la Municipalidad, e intentaron expulsar con mentiras y sin sustento legal al señor nombre reservado, quien participaba de una actividad gremial, convocada para conmemorar el día del trabajador, la Organización actuó con estricto apego a la Ley. Este incidente, obligo a la presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales de Huechuraba, señora nombre reservado, a presentar una denuncia en contra del Director de Seguridad Pública Subrogante, el Director de Operaciones y el Asesor Jurídico de la Municipalidad de Huechuraba, ante Contraloría General de la República, en virtud de la Resolución 922/2023 de dicho ente contralor, para que esta Institución determine las responsabilidades administrativas que les caben.

Indica que las afirmaciones realizadas en la declaración pública, vulneraron los derechos del funcionario municipal y dirigente sindical señor nombre reservado, ya que la garantía legal, relativa a la ratificación de los hechos de los que se le acusan, no fueron acreditados por la Fiscalía, y hasta esta fecha no han sido ratificadas por Contraloría General de la República. Además, en el presente recurso se dan por acreditados hechos denunciados que no han sido comprobados. Actúa ilegalmente, ya que, las trabajadoras y trabajadores municipales, tienen el deber de dar cumplimiento a la función pública, y no pueden excusarse para no cumplir dicha tarea, en un temor absolutamente infundado, pues no existen antecedentes legales, que impidan el acceso de nombre reservado, a una institución pública, y tampoco existen fallos legales, que lo sancionen por faltas constitutivas de acoso sexual y mucho menos fallos por delitos de connotación sexual, como la autoridad ha manifestado.

Igualmente denuncia que en el mes de abril del año 2022, distintos directivos de confianza del Alcalde, iniciaron un proceso de presión sobre funcionarios a contrata, para que se cambiaran de asociación de funcionarios, obligando el cambio masivo de casi 30 trabajadoras y trabajadores, realizando esta Asociación de Funcionarios, la respectiva denuncia por prácticas antisindicales a Contraloría General, denuncia sobre la cual el órgano contralor aún no se pronuncia y contenida en el Reclamo, está aún pendiente.

Señala que la decisión de presentar esta acción constitucional para amedrentar al gremio también es ilegal, porque la autoridad ha vulnerado la autonomía sindical de la Asociación y pretende restringir y coartar la actividad gremial, en especial, el derecho legal y constitucional de denunciar irregularidades y solicitar el pronunciamiento de la autoridad competente, conforme lo previsto en el artículo 7º letra d) de la Ley Nº19.296 y el artículo 19 Nº19 de la Constitución Política de la República. Igualmente denuncia como vulnerado las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1, 2, 4 y 19 del artículo 10 de la Carta Fundamental.

Tercero: Que habiéndose cumplido la medida para mejor resolver, se agregó a estos autos, oficio J001070/2023 de la Contraloría General de la República, por el cual se informa que por mediante el decreto exento N° 01/2467, de 13 de septiembre de 2019, se sancionó al señor nombre reservado con destitución, sanción que se encuentra ratificada por el Organismo de Control por oficio N° 110173, de 2023.

Cuarto: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, como surge de lo transcrito, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley- o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 del texto constitucional, entre las cuales se encuentran las invocadas por la recurrente previstas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Asimismo, constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una instancia de declaración de tales derechos, ya que para ello está la vía del juicio de lato conocimiento, que otorga a las partes en conflicto la posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los recursos que sean del caso.

Sexto: En la especie, los actos que se estiman ilegales y arbitrarios son los siguientes:

(1) Que con fecha 28 de abril pasado la Asociación de Funcionarios Municipales de Huechuraba invitó al ex funcionario señor nombre reservado, destituido por acosar sexualmente a una funcionaria, a un acto en el recinto municipal ubicado en domicilio reservado de la comuna de Huechuraba, en circunstancias de que este había sido destituido por incurrir en una de las causales más graves contempladas en el Estatuto Administrativo.

(2) Que el 12 de mayo pasado la Asociación de Funcionarios Municipales de Huechuraba hizo una nuevamente una declaración pública en la que cuestiona la veracidad de lo denunciado por nombre reservado, incluyendo un párrafo en el que alude a una supuesta respuesta del Ministerio Público en la que señala haber archivado la causa por no “entregar la información requerida para continuar con la causa”.

Séptimo: Que, teniendo presente la naturaleza de los actos impugnados, es necesario previo al análisis de aquellos; y tal como lo indica la parte recurrida en el informe solicitado por esta Corte, señalar que la facultad legal que tiene el Alcalde de la Municipalidad de Huechuraba, para disponer del uso de recursos municipales, para la presentación de un recurso de protección, y asumir la representación de una funcionaria municipal, sólo puede hacerse efectiva, en tanto, el funcionario o funcionaria municipal frente a una situación que le afecta con motivo de su desempeño de sus funciones, según el Estatuto Administrativo que los rige, a saber, la Ley N° 18.883, realice un requerimiento por escrito al Jefe del Servicio, informando dicha situación.

En efecto, la referida normativa, Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, prescribe en su artículo 88º, en lo que interesa, que: “Los funcionarios tendrán derecho, además, a ser defendidos y a exigir que la municipalidad a que pertenezcan persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones, o que, por dicho motivo, los injurien o calumnien en cualquier forma. La denuncia será hecha ante el respectivo tribunal por el alcalde de la municipalidad, tanto si el afectado es él, como si lo fuere cualquier funcionario. En este último caso se requerirá siempre una solicitud escrita del afectado.”.

Lo anterior descansa en los principios que imperan la función pública, en cuanto ésta debe ejercerse con arreglo a los principios de probidad y legalidad consagrados en la Constitución Política de la República, lo que se concreta en el cumplimiento de los deberes u obligaciones y prohibiciones de los funcionarios que es indispensable para la buena marcha de la Administración, y en este caso las Municipalidades deben seguir los principios generales de servicialidad, responsabilidad, eficacia, eficiencia e impulsión de oficio del procedimiento, consagrados en la Carta Fundamental y en la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. La transgresión a las reglas de la función pública atenta contra el correcto funcionamiento de la organización administrativa, compromete el cumplimiento de su misión de servicio al bien común y tiene como consecuencia jurídica el surgimiento de la correspondiente responsabilidad administrativa.

Así las cosas, los hechos que les puedan afectar en el cumplimiento de su función, se encuentran regulados por la citada Ley N° 18.883, y en particular, los procedimientos que deben seguir los Jefes de Servicio, para efectos de comprobar y sancionar la infracción a los deberes estatutarios, lo que sólo puede imponerse fundada en un procedimiento disciplinario tramitado con eficacia que restablezca, con inmediatez, el adecuado funcionamiento de la Administración. Por ello, la potestad disciplinaria debe asegurar el derecho a un racional y justo procedimiento, con respeto a las correspondientes garantías individuales, y lo dispuesto en los artículos 19, Nº 3, 98 y 99 de la Constitución Política de la República; en los artículos 2, 3, 5, 8, 11bis, 12, 15, y 18 inciso segundo de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

En el caso en estudio, la funcionaria afectada, doña nombre reservado, no presentó un requerimiento por escrito al Jefe del Servicio informando sobre los hechos que le afectaron en el ejercicio de sus funciones, y si éstos hechos involucran a otros funcionarios municipales, en los días 28 de abril y 12 de mayo del año en curso. De este modo, al no existir una denuncia formal por parte de la señora nombre reservado, dirigida al Jefe del Servicio, el recurrente de autos, el alcalde de la Municipalidad de Huechuraba, no tenía la facultad legal para disponer de los recursos necesarios para iniciar acciones legales, como la impetrada en estos autos.

Octavo: Corolario de lo anterior, resulta inoficioso pronunciarse sobre la legalidad o arbitrariedad de los actos impugnados por el recurrente y respecto de las eventuales garantías fundamentales conculcadas, pues el recurso debe necesariamente ser desestimado.

Por estas consideraciones, más lo previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia y lo previsto en los artículos 82 letra l), 120 letra d) y 123 de la Ley N° 18.883, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Carlos Cuadrado Prats, en favor de nombre reservado, en contra de la Asociación de Funcionarios de la Municipalidad de Huechuraba.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad archívese.

Redacción de la ministra (s) Natacha Alejandra Ruz Grez.

N° Protección 10.074-2023 Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Tomás Gray Gariazzo e integrada por la Ministra (S) señora Natacha Ruz Grez y por el Abogado Integrante señor Rodrigo Asenjo Zegers.