nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veinticinco.

Proveyendo a los escritos folios 11 y 12: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente Primero: Que comparece Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en representación de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto ilegal y arbitrario consistente en rechazar la solicitud de la recurrente de retiro de fondos de pensión para extranjeros.

Señala que nombre reservado solicitó a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo la devolución de fondos previsionales, amparada en la ley N°18.156 que establece la exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros, que establece una exención de cotizaciones para técnicos extranjeros y las empresas que los contraten bajo ciertas condiciones. La recurrente es notificada el 4 de abril de 2025, a través de correo electrónico, que su solicitud es rechazada por dos motivos: se le solicita adjuntar en formato original y físico la documentación laboral de sus empleadores, Ortoteck Puntodental LTDA y Clínica Everest, por no haber sido posible acreditar su veracidad y autenticidad, y se le informa que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos de la normativa vigente porque no es un certificado de afiliación, no señala las prestaciones por las cuales se encuentra cubierto y no está firmada, apostillada o legalizada.

Expresa el recurso que, en relación con el rechazo, el compendio de normas de la Superintendencia de Pensiones establece que se debe acreditar la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, mediante una certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada. Además, indica que el Oficio N°3141 de la Superintendencia de Pensiones, del 20 de febrero de 2024, señala que el trabajador debe aportar un documento que acredite de forma específica que ha contado con la protección para los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad, y que se especifique si la cobertura de salud comprende prestaciones pecuniarias y médicas.

Expone que para dar cumplimiento a lo señalado en la Ley N° 18.156, se solicita acompañar una constancia o certificado de afiliación emitido por la institución de seguridad social en el extranjero, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, que acredite la cobertura durante toda la relación laboral, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Menciona que la recurrida realiza una interpretación formalista de la norma al rechazar la solicitud de retiro de fondos, a pesar de que el recurrente ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos en la ley 18.156. Afirma que la solicitud de documentos originales en físico no es un requisito expreso en la ley. Además, si la recurrida no puede verificar la relación laboral, estaría incurriendo en la inobservancia del artículo 19 del Decreto Ley 3500, ya que las cotizaciones fueron pagadas por los empleadores.

Alega que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley y que el certificado de afiliación es verificable a través de un link y con el código alfanumérico que incluye.

Asegura que otras Administradoras de Fondos de Pensiones, como AFP Cuprum, han concluido que la constancia electrónica cumple con los requisitos establecidos en la ley. La recurrida insiste en que las constancias electrónicas no son un documento válido, sin especificar el motivo de esa afirmación ni el fundamento jurídico que la sustente.

Sostiene el recurso que la página web de la seguridad social de Venezuela dispone de otro medio para verificar la autenticidad de la constancia electrónica, que consiste en ingresar el número de cédula de identidad venezolana.

Plantea que la conducta omisiva de la recurrida al no verificar la afiliación es arbitraria e ilegal, ya que la constancia emana de un organismo público y es verificable en la web oficial, por lo que es forzoso concluir que el recurrente efectivamente se encuentra afiliado a la seguridad social de su país de origen.

Asevera que la recurrida desconoce lo señalado en la normativa especial, lo que torna en arbitraria e ilegal su respuesta al afirmar que el certificado de afiliación electrónico no es válido sin verificarlo y sin esgrimir los razonamientos de hecho y de derecho para descartarlo, agregando un requisito que la ley no estipula.

Expresa el recurso que la recurrida ha infringido la garantía constitucional de igualdad ante la ley, dándole al recurrente un trato desigual con respecto a otros solicitantes que, en iguales circunstancias y cumpliendo con lo solicitado, han obtenido respuestas favorables.

Indica que la recurrida vulnera el derecho a la propiedad privada, establecido en el artículo 19 N°24 de la Constitución, al rechazar la solicitud de retiro de fondos.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y se ordene a la recurrida que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente y en general adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que, evacuando informe, AFP Modelo solicita el rechazo del recurso con costas. Menciona que la recurrente presentó dos solicitudes de devolución de fondos de pensiones el 2 y 3 de abril de 2025, amparándose en la Ley N° 18.156 para trabajadores técnicos extranjeros. Estas solicitudes, la N° 23643 y la N° 23653, corresponden a cotizaciones de los empleadores Ortotek Puntodental Ltda. y Clinica Everest, respectivamente. Para respaldar su solicitud, la recurrente adjuntó varios documentos, incluyendo un Título de Profesional, una Constancia Electrónica de Cotizaciones, una Declaración Jurada y contratos de trabajo.

Refiere que AFP Modelo analizó los documentos para verificar si cumplían con los requisitos de la Ley N°18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. Después de este análisis, el 4 de abril de 2025, AFP Modelo respondió a las solicitudes mediante el Memorándum N° 12740.

Explica que la solicitud de devolución de fondos fue rechazada porque la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" no cumple con los requisitos de la Ley 18.156. Específicamente, el documento no es un certificado de afiliación, no especifica las coberturas, no está firmado y no ha sido legalizado o apostillado. Además, se expresa que no se pudo verificar la veracidad y autenticidad de la documentación laboral presentada, por lo que se solicitó que los documentos fueran presentados en formato original y físico, algo que la recurrente no ha cumplido.

Alega que la recurrente no cumplió con todos los requisitos de las letras a) y b) del artículo primero de la ley 18.156. Por lo tanto, no se puede aprobar el retiro de los fondos de pensión.

Considera que su actuación no ha sido arbitraria ni ilegal, ya que ha cumplido estrictamente con los requisitos de la Ley 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa.

Argumenta que, para estar exento de la obligación de cotizaciones, un trabajador extranjero debe estar afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que ofrezca prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Esto debe ser acreditado con un certificado legalizado que lo demuestre. También es necesario que el contrato de trabajo manifieste la voluntad del trabajador de mantener dicha afiliación.

Señala que la Ley N° 18.156 permite la exención de la obligación de cotizar para técnicos extranjeros bajo ciertas condiciones. El artículo 7º de dicha ley establece que, si estos trabajadores tienen cotizaciones en una AFP, pueden solicitar la devolución de los fondos, siempre que cumplan con los requisitos del artículo 1º.

El artículo 1º de la ley exime del cumplimiento de las leyes de previsión a las empresas y al personal técnico extranjero, siempre que el trabajador esté afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Además, el trabajador debe expresar en su contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. El Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exige que este requisito se acredite mediante un certificado de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizado.

Indica que la Superintendencia de Pensiones ha señalado que, de manera excepcional, este requisito se puede cumplir con un certificado de la embajada o consulado del país respectivo. Un oficio de la Superintendencia (N° 23208) establece que el certificado debe venir apostillado o, si es ratificado por la oficina consular, debe constar que ha sido emitido en representación de la autoridad competente de seguridad social del país. Recalca el informe que la Ley N° 18.156 es un régimen de excepción que exige el cumplimiento de requisitos copulativos.

Manifiesta que las AFP son sociedades anónimas supervisadas por la Superintendencia de Pensiones, que se encarga de la supervigilancia, control y fiscalización. Se expresa que, según el artículo 94 del D.L. 3.500, la Superintendencia tiene la función de fiscalizar a las AFP y de fijar la interpretación de la legislación, con carácter obligatorio para las administradoras.

Menciona que la Superintendencia, a través del Oficio Ordinario N°3141, ha instruido que el trabajador debe aportar un documento que acredite de forma específica la protección contra los riesgos de vejez, invalidez, sobrevivencia y enfermedad durante su servicio en Chile. El oficio también señala que no es suficiente un documento genérico, sino que debe consignar de forma específica la protección del trabajador.

Sostiene que el Oficio N° 21.480 de la Superintendencia de Pensiones instruye que se debe adjuntar un documento debidamente legalizado o apostillado que acredite la protección de todas las coberturas requeridas por la Ley N° 18.156. Además, el Oficio Ordinario N° 4277 de la Superintendencia establece que un certificado electrónico del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos de la Ley N°18.156 porque no está firmado ni apostillado o legalizado.

Expone que el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deben presentarse debidamente legalizados. El artículo 345 bis del mismo código indica que los instrumentos públicos de Estados Parte de la Convención de La Haya no necesitan ser legalizados si tienen apostillas otorgadas por la autoridad designada.

Concluye que cualquier trabajador extranjero que pretenda acogerse a la exención o retirar fondos debe cumplir con todos los requisitos exigidos. En este caso, la recurrente no cumplió con los requisitos de la Ley N° 18.156, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones ni la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones.

Afirma que AFP Modelo debe cumplir estrictamente con el D.L. N° 3.500, el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y los Oficios Ordinarios de la Superintendencia, ya que el incumplimiento puede resultar en amonestaciones y sanciones pecuniarias.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinadas a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Cuarto: Que, el acto que se reclama como ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Modelo de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente. La recurrida justifica su decisión de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que la recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”. Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Sexto: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que, efectivamente, este no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente; por otro lado, si bien no se acompaña copia del contrato de trabajo, debe entenderse que el contenido del contrato y la forma de contratación, tampoco cumple con los requisitos legales, por cuanto no se acredita lo contrario.

Séptimo: Que, en las condiciones descritas, no es posible advertir ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de la autoridad recurrida, por cuanto se ha constatado que la recurrida ha actuado conforme a la normativa vigente, exigiendo que los antecedentes cumplan con lo establecido en la ley, de manera tal que al no configurarse el supuesto de hecho básico de la acción que se contempla en la acción consagrada en el artículo 20 de la Carta fundamental, esta debe ser desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado, en contra de AFP Modelo SA.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-10060-2025.