nombre reservado con AFP MODELO

C.A. de Santiago Santiago, doce de septiembre de dos mil veinticinco.

Al folio 14: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra, quien en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por haber rechazado su solicitud de retiro de fondos previsionales para extranjeros, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la recurrida obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondos dando una mala interpretación de la norma y desatendiendo su objetivo, y en consecuencia vulnera los derechos fundamentales contemplados en los numerales 2º y 24º de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada y proceder a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho.

Expone que el 28 de marzo de 2025, la protegida solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., la devolución de fondos previsionales de acuerdo con la Ley N°18.156, adjuntando la documentación requerida.

Sin embargo, el 31 de marzo de 2025, fue informada del rechazo de su solicitud, señalándose que la documentación presentada para acreditar su afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile, no satisface los requisitos que establece la norma.

Sostiene que la recurrida obstaculiza el proceso de solicitud de retiro de fondo, dando una mala interpretación de la norma y desatendiendo el objetivo de la misma, argumentando que en el caso en comento se encuentra impedida de obtener la legalización consular de la declaración jurada del certificado de afiliación en el Instituto de Previsión Social IVSS, por motivo del quiebre de las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela.

Fundamenta su alegación en el artículo 45 del Código Civil chileno, explicando que existe una situación de imprevisibilidad que imposibilita actualmente a los nacionales venezolanos a obtener el certificado que anteriormente de obtenía.

Indica que, en razón de lo anterior, la recurrente presentó el documento debidamente legalizado a través de declaración jurada ante notaría chilena, lo que a su juicio reviste al documento de la debida formalidad.

Para dar sustento a lo anterior, adjunta certificado de aprobación de retiro de fondos administrado por AFP Cuprum, junto con la declaración jurada notariada que sirvió de sustento para dicho retiro de fondos, aduciendo que dicho documento cumplía con las mismas formalidades que las del recurrente de autos, por lo que al estar todas las Administradoras, sin importar su denominación, regidas por las mismas leyes y la misma normativa complementaria de la Superintendencia de Pensiones, no corresponde a cada una aplicar de forma desigual y arbitraria las normas que rigen la materia, pues implicaría de forma ilegal dispensar un trato desigual a los administrados.

Agrega, a mayor abundamiento, y previa referencia a que no resulta pertinente adicionar requisitos adicionales a los establecidos por el legislador para requerir la devolución de fondos, que cualquier interesado puede verificar la existencia de la afiliación de la protegida, puesto que la misma planilla aportada ofrece un código de verificación con el que se puede acceder a la comprobación de la autenticidad del documento en la página oficial del Instituto de Venezolano de Seguridad Social (IVSS).

Previa referencia a la normativa que rige la materia y el desglose de las garantías que estima conculcadas, afirma dar íntegro cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley Nº18.156, por lo que la recurrida, al hacer una interpretación formalista de la norma, desatendiendo la finalidad del legislador.

Luego de citar jurisprudencia, solicita que se acoja la acción interpuesta, y en su mérito, se ordene a la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. que reconozca como válida la documentación acompañada, emitiendo un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y dentro de un plazo de 5 días, o se adopten las providencias que sean necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, evacuando informe comparece el abogado Rodrigo Montero Atria, quien en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicita el rechazo de la acción impetrada, argumentando que su parte no ha incurrido en acto u omisión arbitrario o ilegal.

Expone que con fecha 28 de marzo de 2025 la recurrente ingresó la solicitud N° 5231 para la devolución de fondos previsionales contemplada en la Ley Nº 18.156, correspondientes a cotizaciones enteradas por el empleador S.Q. Ingeniería Ltda. en el periodo comprendido entre enero de 2019 y mayo 2025, acompañado los documentos que singulariza, a saber: 1) Título Profesional; 2) Constancia Electrónica de Cotizaciones; 3) Declaración jurada ante notario; y 4) Contrato de Trabajo con anexo.

No obstante lo anterior, y tras analizar estos antecedentes, manifiesta que la solicitud fue rechazada mediante Memorándum N° 12647 de 31 de marzo de 2025, en razón de que la documentación presentada no cumplía con los requisitos normativos, por cuanto, la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no constituye un certificado de afiliación, no especifica las prestaciones que cubre, no está firmada por su emisor ni se encuentra apostillada o legalizada.

Asimismo, refiere que la declaración jurada tampoco cumple con los requisitos, al no ser emitida por la entidad de seguridad social extranjera ni por la Embajada o Consulado correspondiente.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, señala que el artículo 7° de la Ley N° 18.156 establece que los trabajadores extranjeros pueden solicitar la devolución de fondos previsionales siempre que cumplan los requisitos del artículo 1° de dicha ley, que exige acreditar la afiliación a un régimen previsional extranjero que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sostiene que el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI) especifica que este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, añadiendo que si bien excepcionalmente la Superintendencia de Pensiones ha admitido certificados emitidos por embajadas o consulados que actúen en representación de la institución de seguridad social (Oficio N° 23208/2023), la documentación presentada por la recurrente no cumple siquiera con esta excepción.

Previa referencia y cita de los Oficios de la Superintendencia de Pensiones, que regulan la materia, invoca lo dispuesto en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil sobre la legalización de instrumentos públicos extranjeros y el artículo 345 bis sobre el régimen de apostilla, aludiendo además a jurisprudencia que sustenta su postura.

Finalmente, y luego de enfatizar en que la Superintendencia de Pensiones, como órgano fiscalizador, tiene atribuciones para fijar la interpretación de la legislación con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensión, las cuales deben cumplir estrictamente estas instrucciones bajo riesgo de sanciones, solicita el rechazo de la acción impetrada, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Modelo, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento:“Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal;

QUINTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

SEXTO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en favor de nombre reservado, en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-10058-2025.