nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES Y OTRA

C.A. de Santiago Santiago, seis de agosto de dos mil veinticinco.

Al escrito folio 11: téngase presente.

Al escrito folio 12: a lo principal, segundo y tercer otrosíes, téngase presente. Al primer otrosí, a sus antecedentes.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de don nombre reservado, ciudadano venezolano, interponiendo recurso de protección contra AFP Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones por rechazar ilegal y arbitrariamente su solicitud de retiro de fondos previsionales bajo la Ley N°18.156. Alega que se han incorporado requisitos no establecidos expresamente en la normativa, realizando una interpretación excesivamente formalista que vulnera los derechos de igualdad ante la ley y propiedad garantizados constitucionalmente.

Expone que solicitó la devolución de fondos previsionales mediante el portal web de AFP Modelo, mediante dos solicitudes N°2604069, N°2603951 y N°23645, correspondientes a las cotizaciones del período marzo 2024-febrero 2025, que sin embargo, el día 4 de abril de 2025, la AFP rechazó la solicitud argumentando que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumplía los requisitos normativos por: no constituir certificado de afiliación, no señalar prestaciones específicas, carecer de firma y no estar apostillada.

Sostiene que la Ley N°18.156 exige únicamente que el trabajador esté afiliado a un régimen extranjero que otorgue prestaciones por enfermedad, invalidez, vejez y muerte, requisitos que cumple íntegramente. Argumenta que la constancia venezolana es verificable mediante código d44e02097-2025309 en el portal del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Destaca la imposibilidad de apostillar documentos venezolanos por ausencia de representación diplomática en Chile, invocando el artículo 45 del Código Civil sobre caso fortuito.

Alega vulneración de garantías constitucionales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 N°2 y 24 de la Carta Fundamental, solicitando reconocer la validez de su documentación y ordenar la devolución de fondos solicitada.

SEGUNDO: Que AFP Modelo S.A. evacuó informe oponiéndose al recurso y solicitando su rechazo con costas. Expone que analizó exhaustivamente la documentación presentada, rechazando la solicitud mediante Memorándum N°12675 por no cumplir la Constancia Electrónica los requisitos establecidos en la normativa vigente.

Fundamenta su defensa en que la Ley N°18.156 establece un régimen excepcional con requisitos copulativos. El artículo 1° letra a) exige afiliación a régimen extranjero que otorgue prestaciones específicas, mientras el artículo 7° permite devolución cumpliendo requisitos del artículo 1°. Invoca el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones (Libro II, Título XI) que exige certificación debidamente legalizada de la institución de seguridad social correspondiente.

Cita jurisprudencia administrativa de la Superintendencia (Oficios N°21.480/2017, N°23.208/2023, N°3141/2024 y N°4277/2025) que precisa la necesidad de documento específico que acredite protección para todos los riesgos durante el período laboral. Destaca el Oficio N°4277/2025 que establece expresamente que el certificado electrónico venezolano no sirve para acreditar cobertura previsional por carecer de firma, apostilla o legalización.

Invoca los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil que exigen legalización o apostilla para instrumentos públicos extranjeros, conforme a la Convención de La Haya. Cita fallos de Cortes de Apelaciones de Santiago (Rol 22142-2024) y Valparaíso (Rol 522-2025) que confirmaron la insuficiencia de constancias electrónicas venezolanas sin legalización adecuada.

TERCERO: Que finalmente la Superintendencia de Pensiones evacuó informe mediante Oficio N°8688 del 16 de mayo de 2025, oponiéndose al recurso por improcedencia y falta de fundamento. Reconoce los hechos expuestos, confirmando el rechazo fundamentado en el incumplimiento de requisitos normativos de la constancia venezolana, precisando que no registra reclamos posteriores en su sistema.

Sostiene que la exención constituye régimen excepcional aplicable exclusivamente a técnicos o profesionales extranjeros, requiriendo cumplimiento copulativo de requisitos del artículo 1° de la Ley N°18.156. Al ser norma de excepción, debe interpretarse restrictivamente y aplicarse solo cuando se cumplan todas las exigencias.

Fundamenta su posición en jurisprudencia administrativa que exige documento específico acreditando protección para todos los riesgos durante el período laboral, emitido por autoridad previsional competente y debidamente legalizado. Argumenta que la declaración jurada ante notario chileno carece de idoneidad al no ser emitida por autoridad previsional venezolana, y que la constancia electrónica no indica coberturas específicas, carece de firma y apostilla.

Invoca la Convención de La Haya, recordando que Chile y Venezuela son Estados Parte, por lo que no cabe aceptar documentos sin apostilla. Cita jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol N° 239.773-2023) y Corte de Apelaciones de Valparaíso (Rol N° 522-2025) que rechazaron recursos similares por imposibilidad de determinar legitimidad de documentos sin legalización adecuada.

Plantea excepción de improcedencia argumentando que el recurso excede el ámbito de la acción cautelar al buscar pronunciamiento declarativo sobre derecho a beneficio previsional, no correspondiendo a la naturaleza constitucional destinada a amparar derechos indiscutidos.

Solicita declarar improcedente el recurso o subsidiariamente rechazarlo por inexistencia de un actuar ilegal o arbitrario que afecte las garantías constitucionales del recurrente.

CUARTO: Que se ha descrito jurídicamente al recurso de protección de garantías constitucionales consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, como un instrumento o acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar los derechos preexistentes e indubitados que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su libre ejercicio.

QUINTO: Que el acto que se reclama como de ilegal y arbitrario corresponde a la negativa de la AFP Modelo de hacer entrega o devolución de los fondos previsionales depositados en la cuenta de capitalización individual de la recurrente y la decisión de la Superintendencia de Pensiones que ratificó ese proceder, desestimando el reclamo de la actual recurrente.

Las recurridas justifican sus decisiones, de estimar improcedente la petición de devolución de fondos previsionales, aduciendo que el recurrente, de nacionalidad venezolana, no entregó los antecedentes que acreditaran su afiliación al régimen previsional de su país de origen, con certificado de afiliación a una entidad previsional, debidamente apostillado o legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acredite la cobertura prevista en la Ley N°18.156.

SEXTO: Que, el artículo 1° de la Ley N° 18.156, sobre el régimen excepcional de exención de cotizaciones previsionales a los técnicos extranjeros y a las empresas que los contraten, dispone que “Las empresas que celebren contratos de trabajo con personal técnico extranjero y este personal, estarán exentos, para los efectos de esos contratos, del cumplimiento de las leyes de previsión que rijan para los trabajadores, no estando obligados, en consecuencia, a efectuar imposiciones de ninguna naturaleza en organismos de previsión chilenos, siempre que se reúnan las siguientes condiciones: a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y b) Que en el contrato de trabajo respectivo trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida”.

Asimismo, el artículo 7° del mismo cuerpo legal, estipula que “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

SÉPTIMO: Que, la revisión del documento aparejado por la recurrente, denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” permite constatar que efectivamente el mismo no satisface las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, esto es, no ha sido debidamente legalizado ni se encuentra apostillado, en términos que no es posible asignarle un carácter fehaciente.

OCTAVO: Que, aun cuando se admitiera el hecho de que el recurrente estaría imposibilitado de obtener la documentación que revista o satisfaga esas calidades, por la carencia de representación diplomática, lo cierto es que el aludido documento no está vigente y, conforme consta de la actuación del ministro de fe que precede, ni siquiera es posible verificar su validez.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción constitucional interpuesta por nombre reservado, ciudadano venezolano, en contra AFP Modelo S.A. y la Superintendencia de Pensiones.

Se previene que el Ministro (S) Sr. Valderrama Martínez, concurre al rechazo del recurso de protección interpuesto, teniendo únicamente en consideración para ello los siguientes fundamentos:

1.- Que la naturaleza cautelar y de urgencia de la acción constitucional de protección, hace indispensable que el recurrente invoque la afectación de un derecho preexistente e indubitado.

2.- Que, de la revisión de los antecedentes surge que la materia sometida al conocimiento de este Tribunal dice relación con una cuestión que excede por mucho de la naturaleza cautelar y de la urgencia de la que se ha dotado a la acción de protección, debiendo tal pretensión ser sometida al conocimiento del tribunal por ley llamado para ello, en el marco de un procedimiento que otorgue a las partes las garantías procesales correspondientes, no siendo la acción en comento la vía idónea para tal efecto.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-10057-2025.