ASOCIACION DE ARMADORES DEL TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL, LACUSTRE Y TURISTICO SUR AUSTRAL, ASOCIACI

Santiago, treinta de marzo de dos mil veintitrés.

VISTO:

I.- En cuanto al recurso:

Compareció Álvaro Jana Linetzky, abogado, en representación de la Asociación de Armadores del Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral, asociación gremial, y dedujo recurso de protección en contra de la Dirección del Trabajo, por el acto que califica de arbitrario e ilegal, consistente en la Resolución Exenta N° 686 de 1 de junio de 2022, con vigencia inmediata a contar de su publicación en el Diario Oficial ocurrida el 9 de julio del mismo año, mediante la cual se establece un “sistema obligatorio de registro y control de asistencia, horas de trabajo, descansos y determinación de remuneraciones del personal embarcado” y un “mecanismo de interposición de reclamos y quejas, a bordo y en tierra” de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 115 inciso 5° del Código del Trabajo, dejando asimismo, sin efecto a contar de idéntica data, la Resolución de la misma autoridad N° 196 de 29 de enero de 1990. Estimó que el aludido acto vulneró las garantías que contemplan los numerales 2, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la que solicitó dejar sin efecto la mentada Resolución Exenta N° 686 o bien, se proceder a la suspensión o prorrogar su entrada en vigencia, mientras no se permita a las empresas afectadas plantear las observaciones a la regulación y contar con la certeza de que el sistema de registro y control obligatorio es técnicamente factible de implementar en las naves y que exista seguridad sobre la disponibilidad de empresas proveedoras certificadas por la Dirección del Trabajo con capacidad para proveerlo, debiendo, además, fijarse un periodo de marcha blanca y gradualidad en la implementación, con costas.

Fundamentando su pretensión, explica que la resolución cuestionada vino a implementar las modificaciones introducidas por la ley 21.376 al inciso final del artículo 115 del Código del Trabajo, dictada con la finalidad de cumplir con el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la Organización Internacional del Trabajo (MLC2006), ratificado por Chile, que establece condiciones mínimas de trabajo y de vida para la gente de mar y ayuda a crear condiciones adecuadas de empleo del personal embarcado.

En este contexto y en lo relevante, las adecuaciones que cabía realizar dicen relación, por un lado, con la forma de contabilizar las horas de descanso diario de los trabajadores embarcados, garantizando 10 horas por cada período de 24 horas cronológicas y, por el otro, modificar el sistema especial de control y registro de las horas de trabajo y de descanso y la determinación de las remuneraciones, con objetivo de transitar de uno manual a otro digitalizado y automatizado, atendida la dificultad de fiscalización de la jornada de trabajo a bordo de naves por la autoridad laboral. Sin embargo, el cambio de un sistema de control manual a uno automatizado es altamente complejo de implementar, desconociéndose su factibilidad técnica y los costos económicos involucrados.

Seguidamente ahonda en la calificación de arbitrariedad e ilegalidad de la decisión, lo que se releva con el cambio radical de los sistemas, sin contemplar una implementación gradual, progresiva y previsible, con un plazo razonable de transición y marcha blanca, pues por el contrario, la aplicación inmediata de la resolución materia del recurso ha implicado que su parte se encuentre expuesta a fiscalizaciones y multas.

De lo expuesto se deriva que la autoridad recurrida ha sometido a todas las empresas navieras afectadas a un régimen de exigencia inmediata, con un cúmulo de regulaciones con connotaciones técnicas y legales insospechadas y, por lo mismo, difícil de asimilar, lo que provocará una serie de consecuencias que perturban y privan a las empresas del legítimo ejercicio de su derecho a desarrollar una actividad económica de acuerdo a la ley y al derecho de propiedad amagado producto de las fiscalizaciones, multas y demás sanciones administrativas. Se añade a lo expuesto, que la conducta del ente fiscalizador implica estatuir una diferencia discriminatoria con el sistema de registro y control de asistencia que se dispuso para personal de choferes y auxiliares de la locomoción colectiva interurbana y de servicios interurbanos de transporte de pasajeros, contenido en la Resolución Exenta N° 2788 de 27 de diciembre de 2019 de la Dirección del Trabajo, que concedió un periodo de implementación de prueba, postergando el plazo de inicio y que además de contemplar la prórroga de la vigencia de la normativa anterior, previó reuniones con representantes de FENABUS y la firma de un protocolo de acuerdo.

De igual forma, asevera que en virtud del tenor del artículo 115 del Código del Trabajo, la Dirección del Trabajo debió dictar la normativa en coordinación con la autoridad marítima, esto es, la Dirección General del Territorio Marítimo y la Marina Mercante, a la que solamente le remitió el proyecto, sin que existiera alguna coordinación posterior, cuando aquella le presentó sus observaciones.

II.- En cuanto al informe:

La Dirección del Trabajo solicitó el rechazo de la acción intentada, con costas, en virtud de los siguientes argumentos que, en resumen, se exponen a continuación:

a) Improcedencia del recurso de protección al estimar que no es la vía idónea para conocer asuntos como el de autos, por cuanto lo reclamado recae sobre un dictamen administrativo de la Dirección del Trabajo que forma parte del ejercicio de sus funciones, cuyo contenido y aplicación deberá ser discutido por los mecanismos jurisdiccionales correspondientes;

b) Legalidad del acto recurrido, pues cumple con los requisitos de todo acto administrativo, según explica;

c) La resolución recurrida se dictó en cumplimiento del mandato específico establecido en la ley 21.376;

d) El acto administrativo no es arbitrario, atendido que se encuentra motivado;

e) No existe un trato discriminatorio en contra de los recurrentes, ya que existe continuidad y coherencia en los actos administrativos dictados por la Dirección en relación con los registros electrónicos de asistencia;

f) La Resolución no obliga a los empleadores y sus buques a tener permanente cobertura de internet o de telefonía, toda vez que los reportes se pueden realizar una vez que los buques llegan a puerto y logran obtener conexión de datos, lo que desplaza la problemática de conectividad;

g) No es necesario ni forzoso que exista una “empresa externa” o “proveedora” del servicio de registro de asistencia;

h) La ley 21.376 no entrega a la Dirección del Trabajo facultades para diferir la entrada en vigencia, razón por la que la norma se dictó en el plazo establecido en el artículo 2° transitorio;

i) Durante los años 2021 y 2022 existió coordinación entre DIRECTEMAR y el Servicio, dando estricto cumplimiento al inciso final del artículo 115 del Código del Trabajo, agregando que en la etapa pre-legislativa de la ley 21.376, existió participación activa de la recurrente ARMASUR en el debate;

j) La resolución objetada no amenaza ni perturba al recurrente del legítimo ejercicio de sus garantías constitucionales invocadas en su recurso.

III.- En cuanto a la alegación de la recurrida de que esta Corte se abstenga de conocer el asunto por verificarse los efectos de la cosa juzgada:

La autoridad fundó esa petición en la circunstancia de que el presente asunto se encuentra resuelto por sentencia ejecutoriada dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Rol 4042-20212, recaída en el recurso de protección que dedujo Compañía Naviera Frasal S.A. -que forma parte de la actual recurrente- sustentada en las mismas garantías constituciones que ahora se ventilan y en contra de la misma Resolución Exenta N° 686. Tal acción fue desestimada por la aludida Corte de Apelaciones; decisión que fue confirmada por la Corte Suprema.

Por lo expuesto, para mantener la coherencia del ordenamiento jurídico, es necesario que ambos juicios tengan una misma y única resolución, evitando sentencias contradictorias. De esta manera, siempre que la sentencia que haya de pronunciarse en un juicio deba producir excepción de cosa juzgada en otro. Así, la sentencia de un recurso de protección influye directamente en el otro, atendido que el fondo de los mismos trata sobre la vigencia de la Resolución Exenta N° 686.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1°.- Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto de la voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

2°.- Que ha quedado claro que el acto que se acusa de arbitrario e ilegal está constituido por la Resolución Exenta 686, dictada por la Dirección del Trabajo que “establece un sistema obligatorio de registro y control de asistencia, horas de trabajo, descansos, y determinación de remuneraciones del personal embarcado, crea mecanismo de interposición de reclamos y quejas a bordo y en tierra de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 inciso 5° del Código del Trabajo y deja sin efecto resolución exenta que indica.”

3°.- Que previo a emprender el análisis, es menester recordar que la excepción de cosa juzgada es el efecto que producen determinadas resoluciones judiciales en virtud de la cual, no puede volver a discutirse ni pretenderse la dictación de un nuevo fallo entre las mismas partes y sobre la misma materia que fue objeto del fallo anterior.

4°.- Que, en suma, sobre el particular debe concluirse que el instituto jurídico en referencia atañe a los efectos jurídico-procesales del litigio y, a la eficacia de la sentencia pronunciada para resolver el asunto que ha sido materia de esta; e importa una limitación al derecho que, por regla general, tienen las partes para discutir lo decidido y que adquiere vigor en tanto se inicie un pleito con una pretensión ya resuelta en una sentencia ejecutoriada previa. Por consiguiente, su objetivo es impedir un nuevo pronunciamiento sobre materias respecto de las cuales ha recaído ya una decisión, otorgándole un carácter inmutable a las decisiones jurisdiccionales, para lograr una efectiva seguridad jurídica que permitirá en definitiva un grado de certeza que asegure, en un Estado de Derecho, la tranquilidad social, “impidiendo la renovación indefinida de pleitos entre las partes sobre el mismo asunto y da certeza, seguridad y estabilidad jurídica, a quien ha obtenido el reconocimiento de sus derechos" (Corte Suprema Roles 1289-2005 y 20520-2018).

5°.- Que en el caso que nos convoca, las decisiones recaídas en materia proteccional producen el efecto de cosa juzgada formal, es decir, se trata de sentencias que pueden ser revisadas posteriormente a pesar de ostentar el carácter de firmeza (artículo 174 del Código de Procedimiento Civil) e imperio. Así, se trata de resoluciones que por razones de política legislativa no son inmutables, efecto propio de la cosa juzgada material. Los autores justifican ese efecto limitado de las sentencias dictadas a propósito del recurso de protección, en la naturaleza de la acción (cautelar); el carácter de procedimiento sumarísimo (frente a las amenazas o perturbaciones de las garantías constitucionales resguardadas, que carecen de contradictorio) y al reconocimiento de un concurso de acciones (posibilidad de discutir el asunto en otra sede). Luego, este cariz que se asigna al efecto de las sentencias dictadas en materia de protección resulta de especial relevancia, pues permite discutir el mismo asunto en otra sede y obtener un pronunciamiento de fondo.

6°.- Que, en consecuencia, podrá volver a discutirse el mismo asunto materia de un recurso de protección a través de la interposición de otra acción de igual naturaleza, en la medida de que exista un cambio de circunstancias, sea respecto del acto recurrido, las partes o bien las circunstancias que rodearon la actuación u omisión que se tilda de arbitraria e ilegal.

7°.- Que este preámbulo resulta necesario a la hora de enfrentar la decisión del asunto que concita el pronunciamiento de esta Corte. Ello, en virtud de los siguientes antecedentes:

i.- En el mes de agosto de 2022, ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en los autos Rol 4042-2022, la Compañía Naviera Frasal S.A. dedujo acción de protección [“Frasal con Dirección del Trabajo”] en contra de la Resolución Exenta N° 686 dictada el 1 de julio de 2022 por la Dirección del Trabajo, acusando la vulneración del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en sus números 2°, 21°, 22° y 24° y solicitando por su intermedio se deje sin efecto el acto administrativo recurrido, o en subsidio, se ordene al Director Nacional del Trabajo que suspenda sus efectos hasta que se subsanen los vicios de legalidad y arbitrariedad que denuncia, argumentando en resumen, que la autoridad a través del acto recurrido obliga a implementar un sistema que no es posible aplicar -dada la ausencia de conectividad digital en el lugar en que se desempeñan las funciones- y respecto del cual no existen proveedores en el mercado, a lo que se agrega que el recurrido no contempló un periodo de prueba o marcha blanca y no coordinó la implementación del nuevo sistema con la autoridad marítima;

ii.- Se hizo parte el abogado Álvaro Jana Linetzky en representación de la Asociación de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral, Asociación Gremial “ARMASUR” en contra de la Dirección Nacional del Trabajo, “por haber incurrido en un acto manifiestamente arbitrario e ilegal consistente en la dictación con fecha 1 de junio de 2022 y con vigencia inmediata a contar de su fecha de publicación en el Diario Oficial ocurrida el 9 de julio del mismo año, de la Resolución N° 686 Exenta, de aplicación nacional, en adelante como la “Resolución 686”, mediante la cual establece un sistema obligatorio de registro y control de asistencia, horas de trabajo, descansos, y determinación de remuneraciones del personal embarcado” y un “mecanismo de interposición de reclamos y quejas a bordo y en tierra…”, agregando que “la Resolución 686, según pasamos a demostrar, priva, perturba y amenaza, a las 20 empresas navieras afectadas asociadas al gremio, entre ellas Compañía Naviera Frasal S.A., en el legítimo ejercicio de varios de sus derechos fundamentales…”, particularmente los numerales 2, 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Termina solicitando que se deje sin efecto la resolución recurrida o en cualquier evento, se ordene al Director del Trabajo suspender o prorrogar su entrada en vigencia mientras no se permita a las empresas afectadas plantear sus observaciones a esta regulación y contar con la certeza de que el sistema de registro y control obligatorio que se establece, es técnicamente factible de ser implementado en las naves que operan y que navegan en la zona sur austral de Chile, que no tendrá vulnerabilidades, que hay empresas proveedoras certificadas por la Dirección del Trabajo con la capacidad de proveerlo, y que su proceso de implementación contemplará una marcha blanca y gradual con plazos razonables y cumplibles;

iii.- Por resolución de 31 de agosto de 2022, la Corte de Puerto Montt tuvo presente la aludida comparecencia;

iv.- Por resolución de 8 de septiembre de 2022 la misma Corte concedió la orden de no innovar solicitada por ARMASUR;

v.- Por sentencia de 19 de octubre de 2022 se rechazó la “acción interpuesta al folio Nº 1, por Naviera Frasal S.A. y a folio 16 por la Asociación de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral, Asociación Gremial, en contra de la Dirección del Trabajo, por estimar que en la especie no concurren los requisitos de procedencia de la misma, en especial, no se verifica respecto de las actoras un derecho indubitado”;

vi.- El 25 de octubre de 2022, el abogado Álvaro Jana Linetzky en representación de ARMASUR, dedujo recurso de apelación en contra de la aludida sentencia;

vii.- Con fecha 17 de noviembre de 2022, la Corte Suprema confirmó el fallo apelado.

8°.- Que como se observa del iter procesal, la legalidad del acto administrativo cuya objeción se reitera, fue revisado por todas las instancias judiciales que la legislación establece. En efecto, el asunto que ahora se trae a conocimiento se encuentra resuelto, sin que se haya demostrado alguna modificación o alteración de las circunstancias que motivaron la interposición del anterior recurso en relación al actual, tanto que los argumentos que se expusieron ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y que se reiteraron ante la Corte Suprema, son idénticos a los que fundan el reparo de legalidad y arbitrariedad que ahora se revisa. Ergo, la totalidad de los argumentos del presente arbitrio fueron dimensionados oportunamente por la jurisdicción, y al haberse sancionado la Resolución Exenta como legal y apartada de arbitrariedad, no puede pretenderse una nueva revisión, desde que al existir un pronunciamiento sobre esta materia, ha operado en la especie la excepción de cosa juzgada alegada por la recurrida, toda vez que las partes, los hechos y el derecho que sustentaron ambos arbitrios proteccionales son los mismos, de modo tal que no puede el actor abstraerse de los efectos de una sentencia ejecutoriada, dictada entre las mismas partes y con idéntico objeto y causa de pedir; sostener lo contrario implica vulnerar principios angulares de nuestra institucionalidad como la cosa juzgada y la certeza jurídica, lo que resulta improcedente e impone, en consecuencia, que el presente recurso sea desestimado.

Y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza con costas, el recurso de protección deducido por Álvaro Jana Linetzky en representación de la Asociación de Armadores del Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral en contra de la Dirección del Trabajo.

Acordada la decisión de imponer las costas del recurso, con el voto el contra del ministro señor Astudillo, quien fue de opinión de eximir al recurrente de dicha carga, por estimar que litigó con motivos plausibles.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción de la ministra Lilian Leyton Varela.

Rol N° 100.537-2022 Pronunciada por la Octava Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Omar Astudillo Contreras e integrada por la Ministro señora Lilian Leyton Varela y la Ministro señora Ana María Osorio Astorga. No firma el Ministro señor Astudillo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo, por encontrarse ausente.