nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALID DE LA PINTANA

Santiago, veinte de enero de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 5 de agosto de 2022, comparece Makarena García Dinamarca, abogada, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, en contra de la Contraloría General de la República por la decisión contenida en la Resolución Exenta N° 3985/2022, de la cual habría tomado conocimiento con fecha 7 de julio de 2022, mediante entrega de la resolución por oficina de partes de dicho organismo, por la cual se desestima su reclamo en contra del decreto N° 212 de 2021, de la Municipalidad de La Pintana, por haberse interpuesto de manera extemporánea, lo que a su juicio infringe la garantía constitucional del artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, y en contra de la Municipalidad de La Pintana, por la decisión contenida en el mencionado decreto alcaldicio, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución, el cual vulneraría las garantías contenidas en los N°s. 2° y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Expone que es funcionario de la Municipalidad recurrida desde el 1° de septiembre de 2003, desempeñando funciones en el Departamento de Salud Municipal CESFAM Santiago Nueva Extremadura a la época de su destitución.

Narra que mediante el decreto Nº 1900/148/1116 del año 2019, se dispuso instruir sumario administrativo en su contra, formulándose los siguientes cargos: 1.- El día 28 de marzo de 2019, en medio de una discusión sostenida con la Directora del CESFAM Santiago Nueva Extremadura doña nombre reservado, el encartado tuvo una conducta agresiva hacia aquella, consistente en gritos y actitud prepotente. Que el día 18 de julio de 2019, el encartado tuvo una conducta agresiva hacia don nombre reservado, kinesiólogo del CESFAM Santiago de Nueva Extremadura, consistente en gritos y expresiones soeces. Que las conductas descritas se estimaron como constitutivas de actos atentatorio contra la dignidad de las personas y, por tanto, son contrarias al principio de probidad administrativa consagrado en el inciso 2º del artículo 52 de la ley Nº 18.575, artículos 58 legra g) y 82, letra I) de la ley N°18.883; y 2.- Que incumplió las instrucciones entregadas formalmente a través del Memorándum Interno Nº2/2018, de fecha 19 de abril de 2018, por doña nombre reservado para el desempeño de sus funciones, en lo que refiere a llevar una bitácora de sus coordinaciones realizadas, debidamente firmadas por sus interlocutores. En este punto, se estimó que el sumariado infringió el artículo 58, letra f) de la ley 18.883.

Hace presente que si bien hubo discrepancias de opiniones con los funcionarios aludidos en los cargos, todas ellas fueron expresadas dentro de los límites del respeto y la buena convivencia. En cuanto a la falta de bitácora ello se debió a que por no tener un lugar fijo para el ejercicio de sus funciones ésta era entregada en secretaria de la dirección y se extravió, por lo que, para respaldar el trabajo realizado, enviaba correos y whatsapps a la encargada de promoción y participación del centro señora nombre reservado.

Agrega que mediante decreto Nº 1900/262/3451 de 22 de octubre de 2020, se dispuso su destitución, deduciendo recurso de reposición respecto de la medida adoptada, que fue resuelta mediante decreto N° 212, de 18 de febrero de 2021, notificada por carta certificada. No obstante lo anterior, la misiva nunca arribó a su destino, por lo que tomó conocimiento de este último acto administrativo en junio de 2021 a propósito del pago de sus remuneraciones, ya que se encontraba con licencia médica.

Frente a ello interpone un reclamo de ilegalidad ante la Contraloría General de la Republica el 25 de junio de 2021, desechado por extemporáneo por dicha entidad fiscalizadora, por cuanto ésta estimó que habría sido notificado del acto administrativo impugnado el 8 de marzo del 2022, mediante la referida carta certificada.

Alega que la resolución exenta N° 3985, de Contraloría General, por la que se desestima su reclamación lo deja en la indefensión, ya que no emite pronunciamiento sobre una sanción que no está motivada y es desproporcionada. En tanto que los decretos Nºs 1900 de 2020 y 212 de 2021, no se hicieron cargo de su defensa, la que desecharon sin fundamento alguno, aplicando una sanción que infringe el principio de proporcionalidad.

Por lo anterior pide se dejen sin efecto los decretos alcaldicios N°1900 de 2020 y N°212 de 2021, o se adopten las medidas que esta Corte estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y protegerlo.

SEGUNDO: Que informando la Municipalidad de la Pintana solicita que el recurso sea declarado inadmisible por extemporáneo, toda vez que según consta en el expediente sumarial el recurrente fue notificado del decreto N° 212 de 2021, mediante carta certificada enviada al domicilio que fijó en dicho proceso sancionatorio con fecha 8 de marzo de 2021, luego de dos búsquedas en días distintos en dicho lugar, por lo que el plazo para interponer el presente arbitrio comenzó a correr el 11 de marzo de 2021 y venció el 10 de abril del mismo año.

Advierte que el reclamo ante Contraloría General de la República fue presentado con fecha 25 de junio de 2021 alegando que tomó conocimiento del acto impugnado en junio de ese año, a propósito de sus remuneraciones, lo que no es efectivo pues éstas se pagaron hasta abril de 2021, sin perjuicio que ello se debió a un error pues debían serle enteradas hasta el mes de marzo de dicha anualidad, y que el pago de junio correspondía sólo al saldo pendiente de una asignación. Por lo que, aún en el evento que el plazo para presentar su reclamo se contara desde la fecha en que dejó de percibir remuneraciones, esto es el 19 de mayo de 2021, este se encontraba igualmente vencido. En consecuencia, ese reclamo presentado ante Contraloría no tenía aptitud de suspender el término para ejercer la presente acción constitucional, resultando con ello extemporánea.

En subsidio de lo anterior informa al tenor del recurso, solicitando su rechazo, con costas.

Indica que en el sumario administrativo seguido en contra del recurrente se respetaron todas las normas del debido proceso, de tal forma que el encartado utilizó todas las instancias procesales para su defensa. Los hechos en que se fundan los decretos impugnados se encuentran plenamente acreditados y los fundamentos de las causales invocadas se encuentran detallados en el dictamen de la fiscal. Por lo demás, la Alcaldesa al acoger totalmente el dictamen fiscal aprobando sus conclusiones, sin declaración, las hace suyas.

En cuanto a la proporcionalidad de la sanción expone que la Alcaldesa ha estimado que las conductas descritas en el primero de los cargos formulados son constitutivas de actos atentatorios contra la dignidad de las personas afectadas y por tanto, contrarias al principio de probidad administrativa que de acuerdo al artículo 123 letra f), lleva aparejada la sanción de destitución, no existiendo afectación de garantías constitucionales.

TERCERO: Que, evacuando informe, Contraloría General de la República, solicita que el presente arbitrio constitucional sea declarado extemporáneo.

Afirma que la decisión contenida en la resolución exenta N° 3.985 de 2022, de la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, fue notificada al correo electrónico del recurrente el día 2 de junio de 2022 y no el 7 de julio, como se señala en el recurso, por lo que el plazo para presentarlo finalizó el 4 de julio del mismo año.

Alega falta de legitimación pasiva pues lo pretendido por el recurrente es que se deje sin efecto la medida expulsiva aplicada por la Municipalidad empleadora, pretensión que no puede ser materializada por esa Entidad Fiscalizadora.

Observa que el reclamo de ilegalidad del artículo 156 de la ley N° 18.883, presentado ante ese órgano de control, fue interpuesto por el actor fuera del plazo de 10 días hábiles establecido al efecto, pues de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, la carta certificada por la que se le notificó el decreto alcaldicio N° 212, de 2021 - que confirmó su destitución- fue recepcionada por la oficina de Correos de Chile de La Pintana el día 8 de marzo de ese año, y entregada en su destino el 17 de marzo de 2021, según consta del documento denominado “seguimiento N° 999987710427” de esa empresa postal, no habiéndose presentado por el actor ningún antecedente tendiente a desvirtuar la presunción legal de haber tomado conocimiento luego de la entrega de la carta en su domicilio. Por ello no existe ilegalidad o arbitrariedad en el rechazo de dicha reclamación.

Finalmente, asevera que el tratamiento dado por la Contraloría Regional Metropolitana de Santiago a la presentación del actor ha sido el mismo que aquel entregado a las reclamaciones que de conformidad al referido artículo 156 de la ley N°18.883, alegan vicios de legalidad que afecten los derechos que les confiere dicho Estatuto, por lo que no existe vulneración de la garantía que contempla el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

CUARTO: Que para el análisis del asunto planteado en estos autos, resulta conveniente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

QUINTO: Que como se desprende de lo anotado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario -producto del mero capricho de quién incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto.

SEXTO: Que las recurridas han presentado, en primer término, alegación de extemporaneidad respecto de la acción cautelar de protección de autos.

Sobre tal cuestión, debe recordarse que en conformidad con el N° 1 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos.

SÉPTIMO: Que se ha recurrido de protección el 5 de agosto del año dos mil veintidós, respecto de los actos que califica de arbitrarios e ilegales, consistente en la decisión contenida en la Resolución Exenta N° 3985/2022, por la cual se desestimó, por extemporáneo, su reclamo en contra del Decreto N° 212 de 2021 de la Municipalidad de La Pintana, que le aplicó la medida disciplinaria de destitución.

Que el recurrente señala que tomó conocimiento de la resolución dictada por la Contraloría el día 7 de julio del año pasado, oportunidad en que fue notificado personalmente en las dependencias de dicha entidad.

Que, no obstante lo anterior, del correo electrónico acompañado por la Contraloría, se observa que con fecha 2 de junio de 2022 se remitió al correo electrónico del recurrente la Resolución Exenta 3985, siendo esta la fecha en que fue notificado por parte del ente recurrido, y no en la fecha posterior referida en el recurso, por cuanto en esa oportunidad a solicitud del mismo sólo se le entregó en la oficina de partes una copia de la resolución.

Por consiguiente, desde el 2 de junio al 5 de agosto de 2022, oportunidad en que se dedujo el presente recurso, había transcurrido en exceso el plazo de treinta días establecido para su interposición, por lo que la acción ha sido deducida extemporáneamente.

OCTAVO: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar que lo solicitado por el recurrente y contenido en el petitorio de su libelo, es que se dejen sin efectos los decretos alcaldicios N° 1900 de 2020 que le impuso la sanción de destitución y el N° 212 de 2021, que rechazó el recurso de reposición deducido en contra del primero.

Que en su recurso hace consistir la ilegalidad y arbitrariedad que en los decretos alcaldicios “no consta se hubiere hecho cargo de los argumentos de la defensa, las que desecha sin fundamento alguno.”

Al respecto, mediante el Decreto 1900 de 22 de octubre de 2020, se aprobó el sumario administrativo y el dictamen de la Fiscal, aplicándose al recurrente la sanción de destitución. Por su parte, del sumario administrativo acompañado por la municipalidad recurrida, se observa que la Fiscal a cargo de la investigación, a fojas 132, dictó resolución en la que se hace cargo de la prueba rendida por ambas partes y de los descargos efectuados por el sumariado, para en lo resolutivo confirmar las infracciones y sugerir a la Alcaldesa se aplique la sanción de destitución, en virtud de los dispuesto en el artículo 123 letra c) de ley 18.883.

De lo expuesto, es posible sostener que no es efectivo lo sostenido por el recurrente como único motivo de arbitrariedad, y por el contario la municipalidad recurrida al aplicar la medida en su contra, se hizo cargo de las alegaciones vertidas por el recurrente, de la prueba rendida, entregando los argumentos que fundan la sanción.

NOVENO: Que en segundo término, el recurso señala que la sanción carece de proporcionalidad al no verificarse una conducta grave, de manera que no se dan los presupuestos legales para su procedencia.

Que del sumario seguido en contra del recurrente se acreditó que éste incurrió en infracción al artículo 82 letra l) de la ley N° 18883, cuya sanción de conformidad al artículo 123 del referido texto legal, es la destitución, de manera que la recurrida no ha cometido el acto ilegal denunciado.

DÉCIMO: Que finalmente, tampoco se observa se encuentren vulneradas las garantías del artículo 19 N° 2 y 24 de la Constitución Política de la República. Respecto de la primera sólo refiere que la sanción lo sitúa en una situación de desigualdad respecto de otros funcionarios, sin dar ningún fundamento al respecto ni demostrando que las recurridas hubieren actuado de manera diferente con algún otro funcionario público en similares condiciones que el recurrente. En relación al N° 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esta norma no protege la estabilidad el empleo como lo pretende el recurrente.

Que de esta manera, no concurren los presupuestos básicos que hacen procedente la presente acción cautelar de protección, lo que lleva a denegarla.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado que rige la materia se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Contraloría General de la República y la Municipalidad de la Pintana.

Redacción de la ministra interina señora Jorquera.

Regístrese y archívese.

Rol N° 100.503-2022.