Recurso de protección

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veintiséis.

Al folio 24; téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social, por los acto que estima ilegales y arbitrarios consistentes en la dictación de la Resolución S.G. N° NUM000, de 29 de mayo de 2025, que instruyó sumario administrativo; la Resolución S.G. N° NUM001, de 5 de enero de 2026, que dispuso su destitución de la dotación de salud municipal por falta grave de probidad administrativa; y la Resolución S.G. N° NUM002, de 27 de febrero de 2026, que rechazó el recurso de reposición deducido en su contra, lo que vulnera las garantías contempladas en el artículo 19 Nros. 2, 3 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que se desempeñaba como médico de medicina familiar en la dotación de salud municipal, regida por la Ley N° 19.378, y fue destituida mediante la Resolución S.G. N° NUM001, de 5 de enero de 2026, confirmada por la Resolución S.G. N° NUM002, de 27 de febrero de 2026, que rechazó su recurso de reposición, actos derivados del sumario instruido mediante Resolución S.G. N° NUM000, de 29 de mayo de 2025.

Indica que el sumario se fundó en supuestos viajes al extranjero coincidentes con períodos de licencias médicas correspondientes a los años 2023 (viaje al Reino Unido y España) y 2024 (viaje a Francia), aplicando la causal de falta grave a la probidad administrativa.

Alega que el procedimiento disciplinario se encuentra viciado desde su inicio, acusando una indeterminación de los hechos investigados y falta de certeza en la notificación. Afirma de forma enfática que el sumario se sustanció íntegramente sin la presencia de un actuario o ministro de fe, vulnerando el artículo 128 de la Ley N° 18.883, existiendo además defectos de foliatura. Asimismo, denuncia vicios en la etapa investigativa y en la formulación de cargos, sosteniendo que no se calificó expresamente la conducta como "grave" en dicha etapa, afectando su derecho a la defensa.

Refiere que la resolución sancionatoria adolece de falta de motivación y desproporción manifiesta, por cuanto no explica jurídicamente el nexo entre el viaje y la falta a la probidad, omitiendo ponderar circunstancias atenuantes esenciales, tales como su trayectoria intachable, la ausencia de sanciones previas, el uso de feriado legal previo a uno de los viajes y, de manera central, el contexto personal, familiar y médico extraordinariamente grave que atraviesa, derivado de la enfermedad terminal de su pareja y su propio cuadro psiquiátrico de estrés y ansiedad.

Por estas razones, solicita que se deje sin efecto la Resolución S.G.

Nº NUM000 de 29 de mayo de 2025, la Resolución S.G. N° NUM001 de 5 de enero de 2026 y la Resolución S.G. N° NUM002 de 27 de febrero de 2026, disponiendose se reincorporación inmediata a sus funciones con todos los efectos administrativos y pecuniarios que correspondan. En subsidio, pide se ordene a la recurrida retrotraer el procedimiento disciplinario al estado de sustanciarse válidamente con plena observancia del derecho de defensa, del debido proceso y de las exigencias de motivación del acto terminal.

Segundo: Que, evacúa informe la Corporación Municipal de Peñalolén, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes.

Señala que, en el marco de sus facultades, instruyó el sumario administrativo luego de recibir información de la Contraloría General de la República (CIC N° NUM003), que daba cuenta de funcionarios que habían salido del país estando con licencia médica. Durante el procedimiento se comprobó que la recurrente realizó un viaje al extranjero en 2023 coincidente con una licencia de 20 días de reposo total, y otro en 2024 coincidente con una licencia de 12 días de reposo total, en ambos casos percibiendo su remuneración íntegra y vulnerando el reposo prescrito para domicilio en Chile.

Sostiene que tal conducta priorizó el interés particular sobre el general, configurando una infracción grave al principio de probidad administrativa, lo que derivó en la medida de destitución conforme al artículo 48 letra b) de la Ley N° 19.378.

Descarta la existencia de vicios procedimentales que afecten el debido proceso. Afirma que la actora fue debidamente notificada del inicio del sumario, fue citada a declarar, prestó declaración, fue notificada de los cargos y presentó descargos, además de deducir reposición; por tanto, ejerció todos sus actos de defensa en las oportunidades correspondientes.

Añade que, según la jurisprudencia de la Contraloría General, la falta de actuario no afecta la validez del sumario.

Tampoco advierte desproporcionalidad ni falta de motivación, pues la sanción está expresamente establecida en la ley para las faltas graves a la probidad, no resultando procedente considerar atenuantes que rebajen dicha medida expulsiva, sin que la sanción vulnere el derecho de propiedad sobre el empleo, al ser consecuencia de un procedimiento regular.

Tercero: Que, la Contraloría General de la República informa que la actora dedujo reclamos administrativos ante dicha entidad, los que fueron declarados inadmisibles y derivados a la Dirección del Trabajo, en razón de la naturaleza jurídica de derecho privado de la Corporación Municipal, quedando su revisión fuera de las competencias directas del Ente Contralor.

Cuarto: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Constituyen requisitos indispensables de la acción cautelar de protección, la constatación de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él; que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Quinto: Que, para el correcto análisis del presente arbitrio, debe consignarse que se recurre en contra de la dictación, por parte de la Secretaría General de la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social, de la Resolución S.G. N° NUM001, del 05 de enero de 2026, confirmada por la Resolución S.G. N° NUM002, de 27 de febrero de 2026, que rechazó el recurso de reposición y mantuvo la aplicación de la medida disciplinaria de destitución de la dotación de salud municipal, por falta grave a la probidad, derivada del uso indebido de licencias médicas por 20 y 12 días en los años 2023 y 2024, verificándose en ambos períodos salidas hacia el extranjero por parte de la funcionaria.

Sexto: Que, de lo precedentemente expuesto es posible determinar que estamos ante una materia que no corresponde dilucidar por la presente vía cautelar, la que por su propia naturaleza es excepcional y no constituye una instancia declarativa de derechos, sino de protección de aquellos cuya existencia no cuestionada se encuentra afectada por algún acto ilegal o arbitrario, circunstancias que no concurren en este caso, toda vez que las alegaciones de la recurrente dicen relación derechamente con la validez del procedimiento, la valoración de antecedentes y el mérito de un acto administrativo, en este caso las Resoluciones S.G. N° NUM001 y N° NUM002, dictadas a consecuencia de un sumario. Así, el control que se ejerce por la presente vía no se encuentra naturalmente destinado a evaluar aspectos de mérito o de rigor procedimental de las actuaciones cumplidas en el sumario administrativo materia de controversia. Resulta un planteamiento erróneo de la actora intentar que por esta instancia jurisdiccional y de urgencia se revise la investigación, la ausencia o no de un actuario, la ponderación de las atenuantes familiares alegadas, y la decisión final a que se arribó por la autoridad competente al aplicar la sanción, materia controversial de lato conocimiento que obsta a que el presente recurso pueda prosperar en esta sede.

Séptimo: Que, a lo referido, podemos agregar que las alegaciones de la recurrente ya fueron resueltas por el órgano en cuestión, de manera debidamente fundamentada y ajustada a sus potestades sancionatorias, lo que dota a la decisión de una presunción de legalidad que no ha podido ser desvirtuada por la recurrente. Sus reclamaciones dicen relación con la falta de ponderación de la prueba o las atenuantes en dicho sumario, ámbito que excede el marco de control que la acción constitucional incoada entrega a este tribunal de alzada; sobre todo si las mencionadas decisiones y actuaciones llevadas adelante por la entidad recurrida han contado con la debida materialización y fundamentación, lo que ha permitido resguardar los derechos que las partes pueden ejercer en un procedimiento disciplinario, puesto que, más allá de las críticas formales denunciadas, de los antecedentes fluye que se ha posibilitado a la recurrente ser oída, rendir declaración, presentar sus descargos y ejercer los recursos pertinentes, resolviéndose sus alegatos.

Octavo: Que, como consecuencia lógica de lo concluido, resulta improcedente el análisis de las garantías que la acción arguye vulneradas, desde que la naturaleza disciplinaria, técnica y por cierto controvertida del asunto objeto de análisis, necesariamente excluye la competencia de este Tribunal de alzada mediante el presente arbitrio cautelar.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Corporación Municipal de Peñalolén para el Desarrollo Social.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

Protección N°10.045-2026.