nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 5 de agosto de 2022, comparece don nombre reservado, quien interpone acción de protección en su favor, y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por su actuar Ilegal y arbitrario, consistente en el rechazo de su reclamación, calificando sus patologías como de origen natural y no laboral, negando, por tanto, la cobertura de las prestaciones reguladas en la Ley N°16744.

Funda su pretensión señalando que el día 25 de junio de 2021, siendo las 16:00 horas aproximadamente, y mientras cumplía su jornada laboral como maestro mayor den andamios, en la empresa Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers S.A., ubicado en la comuna de Arauco, sufrió un accidente en razón de la falta de iluminación, golpeando su cara, específicamente en la parte izquierda, en su oído, indicando que el contorno de su audífono habría realizado una especie de “succión”, causándole dolor de cabeza con mareos y ganas de vomitar, por lo que solicitó ayuda a sus compañeros de trabajo.

Sostiene que inmediatamente informó la situación al capataz, siendo trasladado al policlínico de la obra, donde se le indicó que era “un golpe leve” que al día siguiente iba a desaparecer, insertando un copo de algodón en el oído.

Refiere que durante la noche no pudo conciliar el sueño por el dolor de cabeza que lo aquejaba y el sonido que percibía, por lo que al inicio de su jornada de trabajo hizo presente dicha circunstancia, siendo trasladado nuevamente al policlínico del lugar, donde se le señaló que en razón de su sintomatología debía ser trasladado, siendo informada la situación al prevencionista de riesgos, quien lo llevó al siguiente establecimiento, donde al ser examinado por una médico cirujano, se ordenó su traslado a la Mutual de Seguridad CCHC, indicando un examen de audiometría en carácter de urgente, siendo completados unos documentos a petición del prevencionista de la empresa.

Manifiesta que sin perjuicio de lo anterior, fue ingresado a la Clínica Los Andes, ubicada en Talcahuano, donde le indicaron que los hechos relatados constituirían un accidente laboral por lo que debía dirigirse a un centro de atención de esas características.

Cuando por fin fue ingresado a la Mutual de Seguridad, sostiene que el médico que lo atendió afirmó que la lesión era leve y lo dio de alta, prescribiendo que trabajara a nivel de suelo y una interconsulta con otorrinolaringología, haciendo caso omiso a su petición del examen de audiometría, el cual había sido solicitado por la Doctora que lo había revisado precedentemente.

Arguye que el día 5 de julio del año 202, y tras gestiones propias, fue atendido por un especialista en el Hospital de la Mutual Sede Santiago, donde fue diagnosticado con hipoacusia y pérdida de audición de su oído izquierdo, por lo que se le prescribió un tratamiento con corticoides.

Como no reaccionó positivamente al tratamiento se realizó nuevo control, se reiteró el medicamento y se ordenó control médico con profesional siquiatra, debido a su sintomatología, la cual se encontraba asociada con ansiedad y dificultad para dormir, entre otras.

Sin perjuicio de lo anterior, narra que el 31 de agosto de 2021, se le habría comunicado, según documento N°8301204, que su accidente no sería de origen laboral, sino que de origen común, lo que sería ratificado el 14 de septiembre del mismo año, a través de información entregada por parte de médico de la Mutual, en control médico, situación que controvierte, toda vez que mantiene en su poder un certificado de evaluación laboral de salud, con fecha 16 de abril del mismo año, el que no arrojó patología alguna asociada con la audición.

Afirma que luego de exponer sus antecedentes ante la Mutual aludida se le entregó una nueva Resolución, la N°450166 de fecha 1 de octubre de 2021, que resolvió dejar sin efecto la resolución anterior, catalogando su siniestro como accidente laboral, siendo entregado el tratamiento pertinente para el tinnitus diagnosticado, además de su derivación a medico de especialidad en siquiatría.

Pese a lo anterior, el 10 de abril de 2022 habría recibido la Resolución Exenta N°r-01-UME-429-2022, de la Superintendencia de Seguridad Social, que luego de 7 meses, rechazó su reclamo, por cuanto su patología no se encontraría relacionada con el evento referido. De dicha resolución recurrió, sosteniendo incluso una reunión mediante videoconferencia agendada vía Ley de Lobby, dictándose con posterioridad la Resolución Exenta N°R-01-ISESAT-90213-2022 (R-62796-2022), que rechaza el recurso interpuesto, ya que las dolencias “vértigo cofoxis o anacusia en oído izquierdo” serían de origen natural.

Por todo lo anterior, previa referencia a los documentos que acompaña, los cuales sostienen, a su juicio, su pretensión, solicita sea acogido el recurso y se ordene revocar la Resolución Exenta N°R-01-ISESAT-90213-2022, de 8 de julio, declarando que su afección tiene su origen en un accidente del trabajo, solicitando subsidiariamente, que se ordene a la recurrida realizar nuevamente una evaluación completa de su dolencia, y se entregue una respuesta completa y satisfactoria respecto de la conclusión.

SEGUNDO: Que, comparece la recurrida, a través del abogado Sebastián de La Puente Hervé, quien en solicita en primer término se declare la extemporaneidad del recurso en atención a que ha sido interpuesto una vez vencido, el plazo fatal de 30 días corridos previsto para hacer valer esta excepcional acción de rango constitucional. Lo anterior lo fundamenta en que fue interpuesta con fecha 16 de agosto de 2022, en circunstancias que el Sr. nombre reservado, ya tenía conocimiento de la situación planteada, al menos con fecha 14 de abril de 2022, cuando interpuso un recurso de reposición contra la Resolución Ex. N° R-01-UME-42922-2022 de 10 de abril de 2022.

Alega subsidiariamente a la extemporaneidad de la acción, que esta debe ser declarada improcedente, por cuanto la materia sobre la que realmente versa, dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos, siendo además la acción de protección un procedimiento de urgencia de carácter excepcional y, por lo mismo, sólo procede su aplicación en aquellos casos relativos a determinadas materias, en las que una persona hubiera sido víctima de un acto u omisión arbitrario o ilegal, que le cause una privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados en la Constitución Política de la República, debiendo tener una aplicación restringida, por lo que solicita se declare que el recurso de autos es improcedente, con costas.

En cuanto al fondo de la acción, el recurrido informa que no existe acto ilegal o arbitrario emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, toda vez que su actuación, se ajusta a las normas que regulan la determinación del origen, esto es, si es de origen común o laboral, y que están contempladas en la Ley N° 16.744 y sus cuerpos reglamentarios, detallando latamente el marco normativo de la materia de autos.

Refiere la recurrida que no ha cometido ilegalidad, toda vez que dicha institución es la encargada de la fiscalización del seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, siendo lo que existe en la especie, un dictamen emanado dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con las facultades fiscalizadoras que le han sido entregadas por el legislador, no siendo claras, las imputaciones del recurrente, respecto de las infracciones que se le imputarían.

Agrega además que no existen garantías conculcadas como consecuencia de su actuar, siendo pertinente considerar que la pretensión del recurrente, en orden a que se modifique la calificación del origen de la patología que padeció, fuera de no tener fundamento fáctico de orden médico - laboral, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos legítimos, es decir, de aquellos que tienen un carácter de indubitados, estimándose que la materia de autos debe ser conocida mediante un procedimiento ordinario declarativo ante el tribunal que resulte competente de acuerdo con nuestra legislación, proceso judicial en que las partes tengan oportunidad de hacer valer sus puntos de vista y ofrecer y presentar las probanzas que estimen pertinentes.

Por todo lo anterior, previa cita de jurisprudencia relacionada y de la normativa que rige al efecto, solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que comparece don Roberto Torres Rebolledo, abogado, actuando en representación de la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, quien solicita se declare la improcedencia del presente recurso, por cuanto el mismo se funda en la calificación de origen de su patología, cuestión que se enmarca dentro de las normas de la seguridad social, la que no se encuentra amparada por el recurso de autos.

Sin perjuicio de lo anterior, sostiene que la acción respecto de la que se informa no expresa cuáles son las garantías constitucionales que en virtud de la calificación efectuada, y que fuera confirmada por la Superintendencia de Seguridad Social, se le han vulnerado al recurrente.

Argumenta que la Administradora del Seguro Social de Accidente del Trabajo evaluó al trabajador con ocasión del accidente laboral sufrido el 26 de junio de 2021, resultando de dicha evaluación y mediante los exámenes médicos de rigor, la conclusión de que no existía una relación de compatibilidad entre el cuadro clínico observado y los hechos denunciados por el trabajador, ya que el golpe sufrido no tenía la entidad suficiente para provocar la patología que padecida. Por dicha razón, se califica el origen del accidente como no laboral, decisión que no constituye acto arbitrario e ilegal.

CUARTO: Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil- o arbitrario- producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

QUINTO: Que, por un primer orden de cosas, en cuanto a la extemporaneidad de esta Corte para conocer del recurso, cabe precisar que respecto de la acción cautelar en alzada, se ha establecido por el Auto Acordado que regula la materia la existencia de un primigenio estudio de los antecedentes formales del arbitrio, el cual quedó entregado a la Sala Tramitadora de este Tribunal de Alzada capitalino, en cuanto ella califica, entre otras aspectos, si el asunto es admisible o inadmisible, precisamente, en razón de su extemporaneidad, lo que en su oportunidad fue declarado admisible por la Sala antes mencionada. Además se debe tener presente en relación a esta admisibilidad o inadmisibilidad, que el comentado Auto Acordado “sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales”, estableció una norma en particular que se refiere a que de ser declarado inadmisible un recurso, la parte agraviada tiene derecho a un recurso de apelación de la inadmisibilidad para ante la Excma. Corte Suprema, lo que significaría que si la parte estima que la acción cautelar es inadmisible por alguna razón formal -legitimación activa o pasiva y/o corresponder a un asunto no propio de esta acción cautelar- podría impetrarla a la misma Corte la reposición respectiva para que así sea declarado, sin apelación como en el caso antes citado.

Ahora bien, y nuevamente en lo atingente a la extemporaneidad, si bien es cierto que por en este caso el recurso de protección atendida su especial característica, es decir, que se trata de una acción desformalizada, expedita y urgente, esta Corte estima que la etapa de efectuar la mentada alegación se ha cumplido y observado con la debida antelación procesal, por lo que no puede plantearse un nuevo incidente de extemporaneidad, por cuanto ha precluido este acto procesal.

SEXTO: Que conforme al mérito de los antecedentes y a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables al caso sub lite la recurrida actuó dentro del ámbito de su competencia y en uso de sus facultades legales. En efecto, no existe acto ilegal o arbitrario emanado de la Superintendencia de Seguridad Social, toda vez que su actuación, se ajusta a las normas que regulan la determinación del origen de la afección o enfermedad, esto es, si es de motivo o causa común o laboral, y que están contempladas en la Ley N° 16.744 y sus cuerpos reglamentarios, en donde se detalla latamente el marco normativo de la materia objeto de la acción cautelar. Es más la Administradora del Seguro Social de Accidente del Trabajo evaluó al trabajador con ocasión del accidente laboral sufrido el 26 de junio de 2021, resultando de dicha evaluación y mediante los exámenes médicos de rigor, la conclusión de que no existía una relación de compatibilidad entre el cuadro clínico observado y los hechos denunciados por el trabajador, ya que el golpe sufrido no tenía la entidad o cualidad suficiente para provocar la patología que padecida.

Por dicha razón, se calificó el origen del accidente como no laboral, decisión que no constituye acto arbitrario e ilegal, ya que -como se dijo- al evaluarse y reevaluarse al protegido no se pudo establecer una palmaria relación de causalidad entre la enfermedad informada y la actividad laboral desplegada.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, el actuar de la recurrida se ha ajustado a la normativa vigente, a saber, la Ley N°16744 y sus cuerpos reglamentarios, lo que se materializó en la Resolución Exenta N°R-01-ISESAT-90213-2022 (R-62796-2022), emitida por la Superintendencia de Seguridad Social- y de esta forma, no existe acto ilegal (supuesto que desatiende la normativa por la que debe regirse o en que un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley) o arbitrario -carencia de razonabilidad en el actuar u omitir; falta de proporción entre los medios y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los mecanismos empleados y el objetivo a obtener o una inexistencia de los hechos que fundamentan su actuar- hipótesis que, a todas luces, tampoco concurre en la especie.

OCTAVO: Como consecuencia de lo señalado y al descartar ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la autoridad recurrida, resulta inoficioso analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales, por lo que el recurso debe ser rechazado.

De conformidad, asimismo, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro Aguilar.

No firma el ministro señor Aguilar Brevis, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia N°Protección-100412-2022.

Pronunciada por la Séptima Sala, integrada por la Ministro señora Elsa Barrientos Guerrero, el Ministro señor Alejandro Aguilar Brevis y la Ministro (S) señora Lidia Poza Matus.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.