nombre reservado con SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN DIRECCION REGIONAL MAGALLANES

Santiago, veinte de febrero de dos mil veintitrés.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que, con fecha 4 de agosto de 2022, comparece don Juan Enrique Prieto Urzúa, abogado, en representación de don nombre reservado, e interpone acción de protección en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, en razón de haber determinado una exigencia para la renovación de pasaporte que importa vulneración de los derechos a la igualdad ante la ley y a la libertad personal de movimiento, de los numerales 2º y 7º, letra a), del artículo 19 de la Constitución de la República.

Refiere que su representado trabaja en investigaciones de accidentes aéreos para dos estudios jurídicos, uno de Houston, Texas, nombre reservado y otro de Tenerife, España, por lo que se debe desplazar con frecuencia de un continente a otro, desde 2008, y siempre lo ha hecho con su pasaporte chileno.

Sostiene por faltar poco tiempo para el vencimiento de su pasaporte, su representado viajó a Santiago de Chile y solicitó la renovación de éste en la Oficina del Registro Civil de Macul, el 23 de junio de 2022. La misma gestión la había realizado el 22 de junio de 2017, en la Oficina del Registro Civil de Ñuñoa, y todos los anteriores pasaportes fueron renovados a través del Consulado Chileno en Houston, así como su actual y anteriores cédulas de identidad.

Con fecha 5 de julio de 2022, se le negó la solicitud de renovación de pasaporte, comunicándosele “pasaporte no autorizado, debe solicitar visto bueno al Archivo Nacional”. Atendido lo anterior, el abogado recurrente, en representación del protegido, solicitó al Servicio una aclaración de la decisión, recibiendo el 25 de julio de 2022 una nota reiterando la misma medida o condición.

Refiere que, de acuerdo a copia de Certificado de Antecedentes del Servicio, las causas mencionadas en la referida nota son de los años 1978 y 1980, con sentencias de 61 días de presidio menor en mínimo grado y de 1200 días de presidio menor en grado máximo, respectivamente. Señala que los mencionados casos evidentemente debieron haber quedado resueltos en los años 2000 a 2006, si el Servicio entonces los ingresó al Certificado de Antecedentes, y refiere que en esa época el abogado recurrente realizó presentaciones en Tribunales del Crímenes en favor de su representado, que terminaron con la entrega del pasaporte al protegido y la renovación posterior del mismo en varias oportunidades y años.

Arguye que no es razonable y conforme a derecho que un ciudadano que cometió delitos por los que fue condenado en 1980 y 1983, respectivamente, y que posteriormente realizó trámites para la obtención de pasaporte, que se otorgó sin restricción y renovó en cuatro oportunidades, después de 39 años de la última condena, el mismo Servicio que los dio por resuelto hace larga data, suspenda ahora su derecho a tener pasaporte condicionado a la realización de trámites burocráticos que, por su naturaleza, debe realizar el Estado, como es determinar si las penas están cumplidas, cuestión que controla Gendarmería de Chile.

Sostiene que la conducta del recurrido es violatoria del numeral 2º del artículo 19 de la Carta Fundamental, sobre igualdad ante la ley, toda vez que su representado es tratado arbitrariamente, al negarle la renovación del pasaporte, instrumento con el que se desplaza por el mundo, pese a que se le ha hecho entrega del mismo sin problemas y durante muchos años, y de pronto se le impone la carga de volver a solucionar lo que ya había resuelto, privándosele arbitrariamente además de su medio de trabajo y del ejercicio de su libertad ambulatoria, lo que a su vez configura una violación del numeral 7º, letra a), del artículo 19 de la Constitución.

Alega que, si la recurrida halló falencias en su anterior trabajo y advierte que no se ha acreditado el cumplimiento de las condenas que reclama, debió oficiar a Gendarmería de Chile solicitando la certificación de cumplimiento de penas, teniendo en consideración que tanto el Servicio de Registro Civil como Gendarmería dependen de un mismo Ministerio de Estado, con frecuente comunicación; y, en el peor de los casos, debió notificar al protegido. Sin embargo, añade, la recurrida prefirió retener el pasaporte a un ciudadano rehabilitado desde hace más de 40 años.

Sostiene conocer que las normas de los numerales 7º y 26º del artículo 19 de la Carta Magna no se hallan dentro del catálogo de derechos susceptibles de ser protegidos por el presente recurso, pero las menciona por verse igualmente violentadas por la actuación del Servicio.

Señala que el actuar del Servicio es inconstitucional e injusto, atendido que establece diferencias arbitrarias, toda vez que a ningún otro ciudadano residente en Chile se le niega la cuarta o quinta renovación de su pasaporte, sin una decisión judicial que lo ordene.

Conforme a lo anterior, solicita se acoja el recurso de protección interpuesto, en razón de haberse privado y perturbado a su representado en de su derecho a la igualdad de trato ante la ley, dejándose sin efecto la decisión del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile y se le otorgue pasaporte oficial, dentro del plazo de 5 días hábiles administrativos, con costas.

Segundo: Que informando el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, solicita el rechazo del recurso.

Refiere que de conformidad con la Base de Datos del Sistema de Identificación de Cédulas de Identidad, Pasaportes y Servicios Relacionados, se registró una solicitud de pasaporte con fecha 23 de junio de 2022, requerida en la Oficina de Macul, la que no ha sido acogida mientras el recurrente no aclare su prontuario, toda vez que debe acompañar certificado de cumplimiento de las condenas en las causas Rol Nº 111.791-1978, del 2º Juzgado del Crimen de Santiago, por el delito de hurtos, y Rol Nº 18.436-1980, del 8º Juzgado del Crimen de Santiago, por el delito de estafas, el que deberá solicitar en Gendarmería de Chile, y que en caso de no contar con dicha documentación deberá solicitar autorización al tribunal para salir del país o para obtener o renovar el pasaporte.

Señala que, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto Supremo Nº 1010 de 1989, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Pasaportes Ordinarios y de Documentos de Viaje y nombre reservado para Extranjeros, el Servicio debe requerir información a la Policía de Investigación de Chile sobre la existencia de impedimentos policiales y judiciales, informando ésta que el recurrente mantiene impedimentos judiciales para otorgarle pasaporte. Atendido lo anterior, la Unidad correspondiente del Servicio determinó que, como consta en el Extracto de Filiación y Antecedentes del recurrente, éste registra dos anotaciones en el Registro General de Condenas.

Agrega que, conforme al Decreto Supremo Nº 64 de 1960, del Ministerio de Justicia, sobre Prontuarios Penales y Certificados de Antecedentes, y al Decreto Ley Nº 645, que crea el Registro General de Condenas, el Servicio de Registro Civil e Identificación no debe registrar las órdenes de arraigo en el prontuario de las personas; no obstante lo cual, en base a los antecedentes que registra el recurrente, se configuran los presupuestos legales del arraigo de pleno derecho del artículo 305 bis C del Código de Procedimiento Penal.

Añade que en el Catastro de Órdenes de Aprehensiones o contra Órdenes de detención a cargo del Servicio, el recurrente no registrar órdenes y/o aprehensiones vigentes.

Sostiene que el Servicio actuó con estricta sujeción a la normativa legal, toda vez que de acuerdo con el artículo 10 del Decreto Supremo Nº 1010 de 1989, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Pasaportes Ordinarios y de Documentos de Viaje y nombre reservado para Extranjeros, no se otorgará pasaporte a quien no exhiba el certificado de la Policía de Investigaciones de Chile, que acredite que no tiene impedimentos judicial o policiales para salir del país.

Informa que, revisada la base de datos del Registro General de Condenas, no se registra Solicitud de Evaluación de Antecedentes a nombre del recurrente.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso de protección, por no existir actuación ilegal y/o arbitraria del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile.

Tercero: El recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que, atendido lo dispuesto en el artículo 10 número 4° del Decreto Supremo Nº 1010 de 1989, del Ministerio de Justicia, que establece que “El Servicio del Registro Civil e Identificación no otorgará pasaporte o documento de viaje para extranjero a las siguientes personas: 4° A los que no exhiban el certificado a que se refiere el artículo 12 del presente reglamento”, y, en el artículo 12 del mismo reglamento, que señala “Como requisito previo al otorgamiento de un pasaporte en el territorio nacional, el interesado deberá presentar un certificado expedido por la Policía de Investigaciones de Chile, que acredite que no tiene impedimentos judiciales o policiales para salir del país”, se debe colegir que el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile ha actuado dentro de sus competencias y facultades legales al negar el otorgamiento o renovación de pasaporte al recurrente, razón por la cual no ha incurrido en la ilegalidad que se denuncia en el recurso.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo anterior, para resolver adecuadamente el arbitrio, se deben tener presente las actuaciones anteriores del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, en las que otorgó o renovó pasaporte al recurrente sin esgrimir las razones que ahora aduce para negarlo, generando en éste la expectativa real y cierta de que le sería renovado nuevamente, lo que configura el principio de confianza legítima en los actos de la Administración del Estado.

Sexto: Que, asimismo, se halla establecido que la recurrida ha actuado en contra de sus propios actos al no otorgar o renovar el pasaporte del recurrente, en circunstancias que sí lo había hecho en oportunidades anteriores, contraviniendo así la denominada doctrina de los actos propios, derivada del principio general de la buena fe, que sanciona como inadmisible toda pretensión lícita pero objetivamente contradictoria con respecto a todo comportamiento anterior efectuado por el mismo sujeto.

Séptimo: Que, se debe también considerar que, del tenor del Extracto de Filiación y Antecedentes acompañado por la propia recurrida, es dable colegir que las penas por las que se condenó al recurrente, se encuentran prescritas, atendido que han transcurrido no menos de 39 años desde su dictación, ya sea conforme a lo establecido en el artículo 97 o en el artículo 100, ambos del Código Penal.

Octavo: Que, si bien la recurrida no ha incurrido en ilegalidad, de acuerdo a lo señalado con anterioridad, sí se debe concluir que ha actuado arbitrariamente al negar el otorgamiento o renovación de pasaporte al recurrente, vulnerando con ello el principio de confianza legítima y contraviniendo sus actuaciones anteriores, además de no avizorarse una razón atendible que permita legitimar la señalada decisión, motivo por el que la actuación reprochada por esta vía deviene en una perturbación arbitraria a la igualdad ante la ley que le favorece, consagrada en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, sin perjuicio de afectar también indirectamente su libertad ambulatoria y de trabajo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, debiendo este último otorgar pasaporte al recurrente dentro del plazo de cinco días hábiles administrativos, ello de ejecutoriada que sea la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

Redacción del abogado integrante Michael Camus Dávila.

N° Protección-100405-2022