nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO V POS 9982-2024; Y ANTES IC. N°10621-2024; 10908-2024; 13460-2024; 13464-2024

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro.

Visto y considerando:

Primero: Que con fecha 19 de abril de 2024, comparece doña nombre reservado, por sí, quien deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE), por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en requerirle reintegrar los montos percibidos por Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral, atendido a que según dicha entidad, su empleador sería una entidad estatal.

Estima que aquello vulnera sus garantías constitucionales contenidas en los numerales 18º y 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se oficie al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo y/o a la Contraloría General De La República, para que dichas entidades: 1) Se abstengan de realizar el cobro correspondiente a la devolución de IFE laboral aludido; 2) Se determine su estatus de trabajador privado, tal como fue expuesto según la naturaleza jurídica de la Asociación de Municipalidades como una persona jurídica de derecho privado, por lo que en consecuencia, no le afecta la resolución del SENCE, y se tenga reconocida dicha calidad; 3) se oficie a Tesorería General de la República para que se abstenga de retener la devolución de impuestos o créditos fiscales y de iniciar la cobranza judicial o administrativa de la suma que la recurrida pretende que restituya y; en subsidio de lo anterior, 4) lo que se estime conforme a derecho decretar a fin de establecer el imperio del derecho.

Identifica que el 25 de marzo de 2024 recibió por correo electrónico la Resolución Exenta N°1181 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fechada 22 de marzo de 2024, en que se le requiere el reintegro del monto recibido como IFE Laboral, a más tardar el 8 de abril del presente año, señalando que “se ha detectado un pago en exceso o indebido”. Agrega que dicha resolución dispone: “Lo anterior se fundamenta en la auditoría al proceso de otorgamiento y pago de la bonificación Ingreso Familiar de Emergencia Laboral (IFE Laboral), cuyo resultado fue plasmado por el Órgano Contralor en el Informe N°789/2022 de 28 de abril de 2023.

La situación se genera ya que al momento de recibir los pagos usted se encontraba contratado por una entidad estatal (empresa RUT RUT reservado); según información proporcionada por Contraloría a este servicio. Esta condición, según las bases del Subsidio IFE Laboral Apoya, constituye una restricción explícita para recibir el beneficio.”

Detalla que el monto del pago que debe devolver es $570.000, mencionando que si bien recibió el beneficio del IFE Laboral, su empleador no es una entidad estatal, y así se lo hizo saber a la recurrida, quien hizo caso omiso a sus argumentaciones.

Lo indicado, en tanto dedujo recurso de reposición ante dicha entidad, el 8 de abril, invocando los argumentos que pasa a desarrollar, explicitando que son los mismos en que sustenta su recurso de protección.

Observa que su empleador es la Asociación Metropolitana de Municipios de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos. Indica que su vínculo de subordinación y dependencia está sustentado en el contrato de trabajo suscrito con fecha 29 de diciembre de 2021, donde ejerce el cargo de reciclador. Este contrato de trabajo, afirma, se rige por el estatuto jurídico correspondiente al Código del Trabajo.

Explica que la Asociación Metropolitana de Municipios de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos, se constituye como Asociación de Municipalidades, con personalidad jurídica de derecho privado, según lo establecido en Ley 20.527, párrafo tercero, lo que consta en el acta constitutiva de Directorio de 4 de Agosto de 2022, reducida a escritura pública el 23 de Agosto de 2022, otorgada ante el Notario Público de San Miguel, don nombre reservado, inscrita bajo repertorio número 5412/2022. Agrega que la asociación se encuentra debidamente inscrita ante la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en el Registro Único de Asociaciones Municipales con personalidad jurídica de derecho privado bajo el N°50; estatus que sostiene que no ha variado.

Plantea que el mismo día 5 de abril recibió un correo del SENCE en que acusaba recibo del ingreso de su solicitud y le indicaba lo siguiente: “Bajo la información entregada por Contraloría al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), se corrobora que la empresa RUT RUT reservado, califica como empleador estatal. En consecuencia, corresponde el reintegro del monto informado. Lamentablemente, no podemos procesar su requerimiento. Si no se efectúa la devolución del monto correspondiente, Sence procederá a informar y transferir los detalles de esta deuda a la Tesorería General de la República. Esta entidad será la encargada de llevar a cabo las acciones de cobranza pertinentes para recuperar las sumas adeudadas. Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional que pueda surgir”.

Así, aduce que se hizo caso omiso a su recurso, sin hacer referencia a su forma ni contenido. Destaca la gravedad de aquello atendida la facultad del artículo 77 de la ley 21.306 de la recurrida, que la habilita para remitir nómina a Tesorería General de la República para que retenga de la devolución de Impuesto a la Renta y de cualquiera otra devolución o crédito fiscal, las sumas supuestamente percibidas indebidamente o en exceso.

Identifica que la restitución tiene un impacto significativo en sus ingresos, ya que trabaja y estudia simultáneamente.

Por último, desarrolla la vulneración de garantías que estima concurrente.

Segundo: Que, a folio 10, evacúa informe Gabriela Macaya de Moras, en representación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, solicitando determinar que dicho servicio no ha actuado arbitraria o ilegalmente, rechazando el recurso de protección.

Primeramente, se refiere al objeto de dicha entidad para luego indicar que, según lo dispuesto en el Decreto N° 28, del año 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y en la Resolución N°625, de 2020, de la Subsecretaría del Trabajo, a este Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, le corresponde administrar el subsidio denominado IFE Laboral, el que consiste en una bonificación mensual que se otorga al trabajador dependiente, previamente cesante, que comienza a prestar servicios bajo vínculo de dependencia y subordinación para con un nuevo empleador, en los términos del artículo 7° del Código del Trabajo, dentro de la época fijada en la resolución 625 de marras.

Complementa que el citado Decreto 28 señala en todas sus líneas que no podrán acceder a las bonificaciones las trabajadoras(es) dependientes o independientes que se encuentren en cualquiera de las siguientes circunstancias:

“2. Los que presten servicios, dependientes e independientes, en el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias, Gobernaciones y de los servicios públicos centralizados y descentralizados creados para el cumplimiento de la función administrativa”.

Añade que el inciso primero del artículo 77 de la ley N°21.306 prescribe que, en el evento de que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo constate pagos en exceso o indebidos respecto de las bonificaciones o subsidios que le corresponda administrar, dispondrá el reintegro de dichos fondos, debidamente reajustados, de acuerdo con la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha del pago y la fecha de reintegro.

Luego, manifiesta que la Contraloría General de la República efectuó una auditoría al proceso de otorgamiento y pago de la bonificación “Ingreso Familiar de Emergencia Laboral (IFE Laboral)”, en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2021 y 28 de febrero de 2022. Añade que aquella, en el Informe N°789/2022, de 28 de abril de 2023, da cuenta de la existencia de pagos indebidos del subsidio denominado “Ingreso Familiar de Emergencia Laboral” a personas que prestaban servicios para el Estado.

Expresa que a fin de dar cumplimiento al inciso primero del artículo 77 de la ley N°21.306, se procede a determinar cuáles entidades se consideraban empresas estatales, entre las que se encontraba la “Asociación Metropolitana de Municipios de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos”, RUT RUT reservado, instruyendo a ese Servicio Nacional a solicitar los reintegros de los pagos indebidos del beneficio en comento.

Precisa que al momento de otorgar el subsidio de IFE LABORAL, este Servicio Nacional no contaba en la información que la asociación de municipios de marras se consideraba una empresa estatal, por lo que procedió a entregar el beneficio a las personas que postularon al ser contratadas por ella. Explicita que esto se hizo presente a la Contraloría en la respuesta otorgada a los cargos formulados en dicha investigación. Concluye que es la Contraloría General de la República la que ha determinado la calidad de empleador estatal, de la “Asociación Metropolitana de Municipios de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos”, RUT RUT reservado

Añade que atendido el carácter vinculante de sus dictámenes para la Administración Pública, procedió a dictar la Resolución Exenta Nº 1181, de 22 de marzo de 2024, que “Ordena reintegro de pagos percibidos en exceso o indebidos, otorgados en el marco del “Ingreso Familiar de Emergencia Laboral (IFE Laboral)”, establecido en la “Línea de Emergencia Laboral Reactivación Covid-19” del Decreto N°28 de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social”, por cuanto, según lo señalado en el informe 789 de la CGR, SENCE se encuentra en la obligación de solicitar los reintegros correspondientes.

Advierte, finalmente, que la DIPRÉS, en su página web define “Empresas Públicas”.

En cuanto a los antecedentes del recurso de protección, dice que revisados los antecedentes que acompaña el recurrente, efectivamente presentó un recurso de reposición por buzón ciudadano el 5 de abril de 2024. De ello desprende que éste habría sido presentado extemporáneamente, en tanto indica la recurrente que fue notificada el 25 de marzo de 2024.

Enseguida, refiere que la intención de esta acción de protección es determinar si corresponde o no que el recurrente reciba un beneficio estatal, lo que debe ser resuelto en un proceso de lato conocimiento y no en esta acción breve y sumaria. Pide tener a la vista lo resuelto por esta misma Corte, en causa rol 1342-2024.

Adicionalmente, descarta que su representada haya actuado arbitraria o ilegalmente, aduciendo que los pagos erróneos dan lugar a un crédito a favor del pagador, ya que se trata de un enriquecimiento ilícito por parte del receptor del pago, en este caso, la recurrente nombre reservado. Luego, precisa que si bien el recurrente cita y acompaña la Resolución Exenta Nº 1181, de 22 de marzo de 2024, como se desprende del correo electrónico adjunto en penúltimo lugar, el señor nombre reservado fue notificado de la Resolución Exenta Nº 1247, de 1 de abril de 2024, la que también fue dictada según los antecedentes del Informe N° 798, de 2022, de la Contraloría.

Por su parte, observa que la simple lectura de la escritura de constitución de la “Asociación Metropolitana de Municipios de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos”, RUT RUT reservado, acompañada en autos, permite concluir que, siendo una institución de derecho privado, su financiamiento proviene exclusivamente de fondos municipales, o sea, fondos públicos. Ahonda sobre la materia.

Por último, desestima que concurra la vulneración de garantías pretendida.

A su vez, a folio 22, evacúa ampliación de informe, detallando que resulta efectiva la presentación de un recurso de reposición en contra de lo dictaminado en la Resolución Exenta Nº1181, de 22 de marzo de 2024, que ordena reintegro de pagos percibidos en exceso o indebidos, otorgados en el marco del “Ingreso Familiar de Emergencia Laboral (IFE Laboral)”, establecido en la “Línea de Emergencia Laboral Reactivación Covid-19” del Decreto N°28 de 2011, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. No obstante, apunta a que dicha presentación, una vez interpuesta la acción de protección de autos, la tramitación y pronunciamiento del recurso antes señalado, se encuentra pendiente, de forma que será resuelto una vez finalizada la acción judicial de autos, que suspende sus efectos.

Tercero: Que, asimismo, a folio 31 evacúa informe la Contraloría General de la República, quien señala que la ley N° 20.346 -publicada en el Diario Oficial con fecha 14 de mayo de 2009- modificó el artículo 118, inciso sexto, de la Constitución Política de la República, disponiendo, en lo que interesa, que las municipalidades pueden asociarse entre ellas en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva, pudiendo dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica.

Luego, indica que la ley N° 20.527 -publicada en el Diario Oficial con fecha 6 de septiembre de 2011-, modificó, en lo que importa, el artículo 137 de la ley N° 18.695, estableciendo en su inciso primero que “Dos o más municipalidades, pertenezcan o no a una misma provincia o región, podrán constituir asociaciones municipales, para los efectos de facilitar la solución de problemas que les sean comunes, o lograr el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, pudiendo dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado”. Además, introdujo un nuevo Párrafo 3° al Título VI de la ley N° 18.695, que regula la forma de constitución y obtención de dicha personalidad jurídica.

Concluye que la Asociación Metropolitana de Municipalidades de Santiago Sur para la Gestión Ambiental de Residuos es una asociación de municipalidades con personalidad jurídica de derecho privado, constituida conforme con lo previsto en el Título IV, Párrafos 2° y 3°, de la ley N° 18.695, y no así una empresa del Estado creada por ley.

Cuarto: Que la acción de protección de garantías constitucionales establecida en el artículo 20 de la Carta Fundamental, consiste jurídicamente en una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagrados en dicho cuerpo normativo, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Quinto: Que es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

Sexto: Que el acto que se impugna lo constituye la Resolución Exenta N° 1181, de 22 de marzo de 2024, que ordenó al recurrente el reintegro de los pagos recibidos por concepto de Ingreso Familiar de Emergencia Laboral.

Séptimo: Por su parte, la recurrida ha indicado que se procedió a la dictación de la resolución impugnada en base a los antecedentes que obran en su poder, habiendo mediado auditoría al proceso de otorgamiento y pago de dicha bonificación, en el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 2021 y 28 de febrero de 2022. Lo anterior, en particular, habiéndose consignado los resultados en Informe Nº789/2022 de 28 de abril de 2023, en virtud del cual se instruyó a la entidad recurrida a solicitar los reintegros de los subsidios que indicen en la especie.

Octavo: Que, como se dijo, y dada su naturaleza cautelar, en este procedimiento sólo se pueden plantear situaciones que dicen relación con derechos indubitados y respecto de los cuales su titular se encuentre en ejercicio legítimo.

Por lo mismo, tratándose de derechos que están en discusión, y que involucran situaciones de hecho que es necesario analizar, debatir y probar, corresponde a la autoridad jurisdiccional pertinente su resolución, en un procedimiento contencioso de lato conocimiento. Lo anterior, atendida la controversia habida entre las partes en lo relativa a la naturaleza pública o privada de la Asociación Metropolitana de Municipios de Santiago Sur para la Gestión Ambiental y de Residuos, las consecuencias que de ello se derivan, entre otras particularidades.

Noveno: Que, en ese sentido, dilucidar el conflicto antedicho, y si las mismas afectan algunos de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, escapa a la naturaleza cautelar de la presente acción, cuya función no es declarativa de derechos.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza la acción constitucional de protección interpuesta por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-10040-2024.

En Santiago, diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.