nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, once de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Comparece Luis Alberto Contreras Benavides, abogado, en favor de nombre reservado, quien interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes por haber descontado y retenido parte de su remuneración, sin causa legal, por un crédito social CCAF cuyo cobro aquella sometió previamente a la vía judicial ejecutiva.

Considera dicha actuación ilegal y/o arbitraria, ya que, si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone imperativamente el sistema de descuentos para el pago de las prestaciones de crédito social, tal beneficio resulta improcedente desde que la recurrida optó por judicializar el cobro, sustrayéndolo del ámbito extrajudicial que ahora pretende. Añade que las retenciones paralelas al cobro ejecutivo importan un acto deliberado de autotutela, configurativo de una doble vía de cobro, que origina dos títulos de crédito - el pagaré, fundante de la demanda ejecutiva, y la orden de descuento automático impuesta al empleador -, careciendo esta última de causa respecto de la norma citada y generando un enriquecimiento sin causa en favor de la Caja recurrida.

Señala que lo anterior vulnera los derechos fundamentales de libertad de trabajo y de propiedad, contemplados en el artículo 19 N°16 y N°24, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas.

Solicita que se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida el cese efectivo e inmediato de los descuentos y/o retenciones practicados sobre sus remuneraciones; la restitución de todos los dineros descontados, en especial el de la liquidación de sueldo que motiva el recurso, y de los que se descuenten y/o retengan hasta que se dicte sentencia; y su condena en costas.

En cuanto a los hechos, expone que la recurrente se desempeña como empleada de la empresa AIMTEC Limitada, la que paga mensualmente sus remuneraciones. Refiere que el 20 de mayo de 2024 suscribió el pagaré N°34.034CON104423276-6, por la suma de $6.883.250, en virtud de un crédito social CCAF otorgado en esa fecha por la recurrida. Agrega que, producto de lo anterior, esta última ejerció su acción de cobro ejecutivo, acompañando dicho pagaré, en la causa Rol C-832-2026 del 3° Juzgado Civil de San Miguel, cuya última gestión corresponde al requerimiento de pago de 27 de marzo de 2026. Indica que el 1° de abril de 2026, al revisar su última liquidación de remuneraciones, atingente a marzo de 2026, se percata de que ha sido arbitrariamente privada de $276.055, por un descuento efectuado por la recurrida producto del referido crédito social, materializado luego de presentada la demanda ejecutiva, actualmente notificada y en etapa de embargo.

En cuanto al derecho, invoca el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que franquea la acción a quien por actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías que indica; el artículo 19 N°24 del mismo texto, que asegura el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes corporales o incorporales y prohíbe privar del dominio o de sus atributos esenciales sino en virtud de ley expropiatoria; y el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sostiene, además, que los descuentos deben ser oportunos, dentro de plazos razonables y siempre que no se haya optado previamente por la vía judicial, debiendo la acreedora estarse a lo allí resuelto o ejercer las acciones ordinarias que corresponda, de modo que requerir el pago por la vía especial deviene en antojadizo y manifiestamente arbitrario, al soslayar los medios procesales idóneos para satisfacer su crédito.

En este orden, expresa que el acto reprochado la priva de parte de su remuneración, privándola de beneficios económicos y vulnerando su derecho de propiedad sobre aquella, amparado por el artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, y afectando la garantía del artículo 19 N°16, en lo relativo a la libertad de trabajo, agravado por su condición de vulnerabilidad frente a potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo.

SEGUNDO: La Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes evacua el informe requerido por esta Corte. Solicita se rechace el recurso por no existir acto ilegal o arbitrario en relación con los hechos expuestos.

En cuanto a los hechos, expone que el 20 de mayo de 2024 otorgó a la recurrente la operación de crédito código N°034CON104423276, por un capital inicial de $6.883.250, a una tasa de interés mensual de 2,25%, pagadera en 48 cuotas mensuales de $254.136, con primer vencimiento el 31 de julio de 2024.

Señala que las cuotas N°1 a N°10, de julio de 2024 a abril de 2025, fueron pagadas entre el 10 de agosto de 2024 y el 6 de mayo de 2025; que la cuota N°11, de mayo de 2025, fue diferida para después de la última cuota pactada; y que las cuotas N°12 a N°15, de junio a septiembre de 2025, fueron pagadas entre el 8 de septiembre de 2025 y el 9 de marzo de 2026. Precisa que se encuentran morosas las cuotas N°16 a N°20, de octubre de 2025 a febrero de 2026, de modo que se trata de un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas.

Agrega que su demanda no obedece a un capricho, sino a la obligación establecida en la Circular N°3567, de 4 de enero de 2021, del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social, que impone iniciar la cobranza judicial no más allá del sexto mes de morosidad en deudas superiores a 100 UF. Añade que la Circular N°3894, de 13 de noviembre de 2025, modificó el Libro III de dicho Compendio y, en su numeral 3.1.17.2, admitió el reinicio de los descuentos durante la sustanciación del juicio ejecutivo, con la sola carga de informar al tribunal, en la etapa de liquidación, las cuotas descontadas, a fin de que sean rebajadas del monto total adeudado.

En cuanto al derecho, sostiene que estos créditos revisten carácter social por mandato del legislador, en razón de la naturaleza de la entidad que los otorga: una corporación de derecho privado sin fines de lucro que administra prestaciones de seguridad social con un patrimonio de afectación.

Afirma que el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales, entendiéndose extinguida la deuda desde la deducción. Concluye que el descuento por planilla es un mecanismo especial de pago, obligatorio, que recae sobre el empleador, ajeno a la voluntad de la Caja, al que el trabajador no puede oponerse y que, por lo mismo, no constituye una gestión de cobro ni una cobranza extrajudicial.

Descarta, luego, la existencia de un acto propio y de un doble cobro, pues el inicio del juicio ejecutivo es una imposición de la Superintendencia bajo sanción, siendo irrelevante su voluntad. Añade que todo pago hecho fuera del juicio es válido y debe imputarse a la liquidación, sin perjuicio de su impugnación en la sede procesal correspondiente.

Argumenta, asimismo, que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, no operando de pleno derecho y que la protección no es la vía idónea para discutir la exigibilidad del crédito, materia de lato conocimiento, careciendo la recurrente de un derecho indubitado.

Niega, por lo anterior, la vulneración del artículo 19 N°24 de la Carta Fundamental, desde que no hay traspaso ilegal ni expropiación de sus remuneraciones, sino cumplimiento de un mandato legal orientado a la protección del fondo social, primando el interés público comprometido.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal - esto es, contrario a la ley - o arbitrario - producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él - y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, delimitado así el marco de la acción, el acto que se reprocha consiste en el descuento de $276.055 practicado por la recurrida sobre la remuneración de la recurrente correspondiente al mes de marzo de 2026, por concepto del crédito social cuyo cobro aquella persigue, a la vez, en la causa Rol C-832-2026 del 3° Juzgado Civil de San Miguel.

QUINTO: Que, en lo tocante a la legalidad, el artículo 22 de la Ley N°18.833 dispone que lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, rigiéndose por las mismas normas de pago y cobro que las cotizaciones previsionales.

Se sigue de lo anterior que el descuento no es una prerrogativa discrecional del acreedor, sino un mecanismo especial de pago establecido en términos imperativos, cuya carga recae sobre el empleador. Su aplicación al caso, tratándose de un crédito social vigente y de cuotas impagas, se ajusta a la ley y no puede, por consiguiente, ser calificada de ilegal.

SEXTO: Que tampoco concurre arbitrariedad, entendida como el mero capricho de quien incurre en el acto.

En efecto, consta del informe que la cobranza judicial no obedece a una opción libremente adoptada por la recurrida, sino al cumplimiento de la Circular N°3567, de 4 de enero de 2021, del Compendio de Normas de la Superintendencia de Seguridad Social, que le impone iniciar acciones judiciales no más allá del sexto mes de morosidad tratándose de deudas superiores a 100 UF. Mal puede, entonces, imputársele haber ejercido una opción que la normativa no le franquea, ni construirse sobre esa base un acto propio vinculante, desde que la demanda ejecutiva no expresa una voluntad de la Caja sino la observancia de un deber cuyo incumplimiento la expone a sanción.

A ello se agrega que la Circular N°3894, de 13 de noviembre de 2025, al incorporar nuevos párrafos al numeral 3.1.17.2 del Libro III del referido Compendio, reconoce expresamente la procedencia del reinicio de los descuentos durante la sustanciación del juicio ejecutivo por cobro del pagaré que cauciona el crédito social, imponiendo a la Caja el deber de informar al tribunal, en la etapa de liquidación, las cuotas descontadas, a fin de que sean rebajadas del monto total adeudado.

Que esta última disposición resulta decisiva para el análisis. A partir de ella, la conducta reprochada dejó de ser una decisión discrecional para pasar a ser una hipótesis regulada, sujeta a una carga precisa de información al tribunal de la ejecución. No se trata, pues, de apartarse de un criterio, sino de constatar que el supuesto de hecho sobre el cual aquel se construyó ya no es el que rige la actuación de estas entidades.

Que, en consecuencia, existiendo una norma vigente que contempla y disciplina expresamente el proceder reprochado, este cuenta con fundamento racional suficiente y no puede ser calificado de arbitrario.

SÉPTIMO: Que, por lo mismo, no se configura la doble vía de cobro ni el enriquecimiento sin causa que denuncia el recurso.

Ello, porque el pago parcial o total de la deuda, aceptado por el acreedor, la extingue en la misma medida, con independencia del estado del cobro ejecutivo, debiendo imputarse tales pagos a la liquidación correspondiente. De ese modo, la propia normativa provee el resguardo frente al riesgo de duplicidad, sin que se advierta un incremento patrimonial carente de causa, desde que los descuentos reconocen su fuente en el crédito social efectivamente otorgado el 20 de mayo de 2024 y no íntegramente solucionado.

OCTAVO: Que, además, la obligación se encuentra actualmente vigente y exigible. No se ha invocado ni acompañado antecedente alguno que dé cuenta de una declaración judicial de prescripción, de pago íntegro o de otra causal de extinción de las acciones emanadas del crédito, de manera que la deducción practicada corresponde a una deuda subsistente.

NOVENO: Que, en tales condiciones, la recurrente no exhibe un derecho indubitado sobre la porción retenida de sus remuneraciones. Lejos de ello, lo que plantea es una controversia acerca de la procedencia y oportunidad del mecanismo de recaudación empleado, cuestión de lato conocimiento que excede el objeto de esta acción cautelar y que debe ser ventilada ante el tribunal que conoce de la ejecución, sede en la cual puede hacer valer los pagos y alegaciones que estime pertinentes.

DÉCIMO: Que, no existiendo acto ilegal ni arbitrario, resulta innecesario examinar si concurre privación, perturbación o amenaza de las garantías invocadas, cabiendo consignar, en todo caso, que el descuento se practica en cumplimiento de un mandato legal, de modo que no importa privación del dominio sobre las remuneraciones ni afecta la libertad de trabajo, garantía esta última que, por lo demás, el recurso invoca sin desarrollar fundamento alguno.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Luis Alberto Contreras Benavides en favor de nombre reservado en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Acordada con el voto en contra del ministro suplente señor Aravena, quien estuvo por acoger la acción de protección, teniendo para ello presente:

1°.- Que, si bien el artículo 22 de la Ley N°18.833 contempla un mecanismo especial para el pago de los créditos sociales mediante su descuento de las remuneraciones del trabajador, dicha prerrogativa no puede ser ejercida con prescindencia de las restantes normas y principios que informan el ordenamiento jurídico. En la especie, consta que la recurrida optó por perseguir judicialmente el crédito, deduciendo demanda ejecutiva en la causa Rol C-832-2026 del 3° Juzgado Civil de San Miguel, procedimiento en el cual la recurrente fue requerida de pago y que actualmente se encuentra en tramitación.

2°.- Que, sometida de ese modo la satisfacción del crédito al conocimiento del órgano jurisdiccional competente, no resulta jurídicamente admisible que la acreedora procure, simultáneamente y al margen de dicho procedimiento, obtener su pago mediante descuentos directos sobre las remuneraciones de la deudora. Tal proceder configura una vía paralela de satisfacción del mismo crédito y constituye una forma de autotutela que no pierde tal carácter por la circunstancia de que la normativa administrativa contemple la posibilidad de informar posteriormente al tribunal las sumas descontadas, pues ello no altera el hecho de que el crédito se encuentra actualmente sometido a ejecución judicial.

3°.- Que, en consecuencia, el descuento practicado sobre la remuneración de la recurrente, encontrándose pendiente el procedimiento ejecutivo destinado precisamente al cobro de la misma obligación, carece de justificación razonable y reviste el carácter de arbitrario, afectando directamente su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, garantizado por el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República. Por estas razones, el disidente estuvo por acoger el recurso, disponiendo el cese de los descuentos efectuados por esta vía y la restitución de las sumas percibidas por dicho concepto.

Regístrese, notifíquese y archívese.

N° Protección-10034-2026.