nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S A

C.A. de Santiago.

Santiago, veintitrés de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Pablo Peñaloza Parra, abogado, en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A. por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjero, exigiendo formalidades adicionales no contempladas en la ley y desconociendo la validez de documentación electrónica oficial, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 numerales 2° y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que la recurrente solicitó ante la administradora de fondos recurrida la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N°18.156. No obstante, con fecha 5 de marzo de 2025, fue notificada del rechazo de su solicitud, fundamentándose la recurrida en que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no constituiría un certificado de afiliación válido al señalar prestaciones de forma genérica y carecer de firma, legalización o apostilla.

Al respecto, sostiene que la extranjera ha dado íntegro cumplimiento a los presupuestos exigidos en los artículos 1° y 7° de la Ley N°18.156, normativa especial que únicamente exige encontrarse afiliado a un régimen de previsión extranjero que otorgue prestaciones básicas y la manifestación de voluntad expresa de mantenerla.

Argumenta que la exigencia de legalización o apostilla constituye una interpretación excesivamente formalista que añade requisitos no previstos por el legislador, operando en perjuicio de la administrada. En ese sentido, se precisa que el certificado acompañado es un documento electrónico oficial emanado de una autoridad competente, el cual contiene un código alfanumérico plenamente verificable a través de su respectiva página web institucional.

Adicionalmente, señala que, dada la ausencia de representación diplomática venezolana en el país, exigir un documento apostillado se traduce en un requisito imposible de cumplir que configura una hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor amparada en el Código Civil, apoyando su postura en sostenida jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que respalda la suficiencia de estos antecedentes para disponer de los ahorros previsionales.

Solicita que, acogiendo el recurso, se reconozca como válida la documentación acompañada, se ordene realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo de 5 días efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados; y en general, se adopten las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Segundo: Que evacuando el informe la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., solicita el rechazo del recurso, con costas.

Expone que la solicitud de devolución fue rechazada tras el análisis de la documentación, atendido que la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada no cumple con la normativa vigente, pues no constituye un certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado que acredite de manera fehaciente la cobertura para todos los riesgos exigidos por la Ley N°18.156. Y la declaración jurada efectuada por la misma trabajadora tampoco resulta idónea ni apta para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile. Así, su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal puesto que se ha seguido rigurosamente lo instruido por la Superintendencia de Pensiones, organismo que tiene la facultad de fijar la interpretación obligatoria de la legislación.

Cita oficios de la Superintendencia (Oficio N°21.480) y el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que exigen una certificación de afiliación debidamente legalizada o apostillada que acredite la cobertura específica para los riesgos exigidos por la ley, estimando que su actuar se ha ajustado estrictamente a derecho, ya que la Ley N°18.156 constituye un régimen de excepción con requisitos copulativos, y la Administradora está obligada a dar cumplimiento a las normas procesales nacionales (artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil) sobre la validez de instrumentos públicos extranjeros.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Sexto: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que la recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación vigente y debidamente legalizado o apostillado de la protegida.

Luego, y en cuanto al documento adicional acompañado por la recurrente, la Superintendencia de Pensiones ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Octavo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N°18.156, artículo 345 del Código de Procedimiento Civil) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (artículo 94 D.L. N°3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que la trabajadora cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Noveno: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual de la recurrente conforme a las reglas generales del D.L. N°3.500.

Por estas consideraciones, y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado y en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-10031-2026.