Protección contra Servicio Nacional de Migraciones por el acto arbitrario e ilegal en que habría i

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de septiembre de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen las abogadas Gabriela Hilliger Carrasco y Gabriela Bravo Romo y deducen recurso de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y en contra del Servicio Nacional de Migraciones por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido con motivo de la dictación de la Resolución Exenta N° NUM000, de 5 de marzo de 2026, que rechazó el recurso de reposición y mantuvo firme la Resolución Exenta N° NUM001, de 26 de diciembre de 2024, que tuvo a la recurrente por desistida la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los Nos 1 y 2 del artículo 19.

Exponen que la señora nombre reservado abandonó su país de origen debido a que formaba parte del “Partido Un Nuevo Tiempo”, siendo objeto de amenazas y hostigamientos por sus opiniones políticas. Tras residir temporalmente en Ecuador, sigue el relato, retornó a Venezuela donde la persecución continuó, lo que la obligó a ingresar a Chile por paso no habilitado el 30 de enero de 2022. Indican que realizó su autodenuncia aproximadamente seis meses después del ingreso, obteniendo comprobante de empadronamiento emitido el 4 de septiembre de 2023.

A continuación refieren que el 12 de agosto de 2024 la actora presentó formalmente solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada ante el Servicio Nacional de Migraciones, obteniendo cita para el 6 de diciembre de ese mismo año. No obstante, el 26 de diciembre, mediante la Resolución Exenta N° NUM001, se le tuvo por desistida la solicitud bajo el argumento de que no cumplía con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N° 20.430, relativos a la residencia previa en otro país, exceder el plazo de siete días hábiles para presentarse desde el ingreso y no acreditar plazos de regularización tras ingreso clandestino. Añaden que el 12 de enero de 2026 la recurrida presentó recurso administrativo para dejar constancia que ella nunca tuvo la intención de desistirse de su solicitud de refugio, no obstante lo cual el 5 de marzo de 2026 se le notificó la Resolución Exenta N° NUM000 en virtud de la cual se rechazó el recurso administrativo y se mantuvo el desistimiento.

Reclaman que la autoridad fundamentó su decisión aplicando retroactivamente los plazos y requisitos introducidos por la Ley N° 21.655 - publicada en febrero de 2024- a una persona que ingresó al país en el año 2022, imponiéndole una carga imposible de cumplir y vulnerando la prohibición de retroactividad perjudicial. Añaden que la autoridad omitió toda consideración a las circunstancias de vulnerabilidad de la recurrente y a que vive en Chile junto a su hija menor de edad, quien cuenta con visa temporal humanitaria y se encuentra plenamente inserta en el país.

Seguidamente se afirman en el recurso que la Resolución Exenta N° NUM000, al rechazar la reposición y mantener el desistimiento, consolidó una decisión administrativa carente de justificación razonable, desprovista de análisis individualizado y contraria al principio fundamental de protección y no devolución.

Solicitan que se deje sin efecto la Resolución Exenta mencionada y el desistimiento original, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones acoger a trámite la solicitud y retrotraer el procedimiento administrativo.

Segundo: Que evacúa informe el Servicio Nacional de Migraciones y solicita el rechazo del recurso, fundado en que no existe acto u omisión alguna que vulnere garantías consagradas en la Constitución Política.

Expone la autoridad que la extranjera registra una denuncia grave por ingreso clandestino, que consta en Oficio Reservado N° NUM002 de 5 de septiembre de 2023, emitido por el Jefatura Nacional de Migraciones y Policía de Investigaciones, y que el 12 de agosto de 2024 formalizó su petición de refugio. Detalla que tras la entrevista efectuada el 6 de diciembre de 2024 el Servicio dictó la Resolución Exenta N° NUM003, por la cual se informó a la recurrente que no era posible dar inicio al procedimiento al no cumplirse con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N° 20.430, consistentes en haber mantenido residencia en un país diferente sin razones justificadas, exceder el plazo legal de siete días para presentarse ante la autoridad tras su ingreso y no acreditar el cumplimiento de los plazos para regularizar su entrada clandestina, otorgándole un plazo de 15 días hábiles para subsanar dichas faltas, bajo apercibimiento legal. Añade que la recurrente acompañó una carta explicativa y noticias de su país, documentación que en nada desvirtuaba el incumplimiento estricto de los requisitos legales exigidos, por lo que mediante Resolución Exenta N° NUM001, de 26 de diciembre de 2024, se dispuso el desistimiento de la solicitud. Indica que la actora interpuso recurso de reposición, el cual fue rechazado mediante la Resolución Exenta N° NUM000 de 5 de marzo de 2026 al no aportarse antecedentes nuevos.

Sostiene la autoridad que ha ceñido siempre su actuar a la normativa vigente y al respecto precisa que el 20 de febrero de 2024 entró en vigor la Ley N° 21.655 que modificó la Ley N° 20.430 y dado que la recurrente formalizó su solicitud de refugio en el mes de agosto de 2024, resulta plenamente aplicable la normativa procesal vigente a la época de su presentación, la cual impone en su artículo 26 un plazo fatal de siete días hábiles desde el ingreso al país. Asimismo, recalca que según el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430 la falta de subsanación de los requisitos formales dentro de plazo conlleva legalmente a tener la solicitud por desistida, actuando el Servicio en el estricto marco de su competencia.

Tercero: Que la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema, refrendada por la doctrina, sostiene que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, asimismo, han sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado. Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Dicho de otro modo y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación al recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

Cuarto: Que en el recurso se denuncia como acto arbitrario e ilegal la negativa del Servicio Nacional de Migraciones a la solicitud de refugio formulada por la recurrente, teniéndola por desistida su petición mediante la Resolución Exenta N° NUM001, determinación que es mantenida por Resolución Exenta N° NUM000 al desestimarse la reposición deducida.

Pues bien, no existiendo desacuerdo entre recurrente y recurrida sobre la sucesión de hechos que culminaron con la dictación de las resoluciones exentas recién referidas, la controversia se reduce a determinar, por una parte, si en la emisión de tales pronunciamientos se infringió la ley o si, por el contrario, fue ésta debidamente observada y, por otra, si encuentran ellos sustento en el simple capricho de la autoridad o si, en cambio, aparecen suficientemente fundados.

Para estos fines resulta pertinente exponer cuáles fueron las razones que entregó la autoridad para decidir del modo que lo hizo y en las resoluciones mencionadas se lee que la decisión de tener por desistida a la peticionaria de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada se fundó en tres consideraciones: i) haber mantenido período de residencia o tránsito en un país diferente al territorio en que su vida o libertad está amenazada sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal Estado, según lo establecido en el N° 3 del artículo 26 de la Ley N° 20.430 y el artículo 2° del mismo cuerpo legal; ii) exceder el plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones, según lo establecido en el artículo 26 de la Ley N° 20.430 y iii) mantener ingreso al país por paso no habilitado y no presentar los antecedentes que permitan acreditar cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8° y 35 del Decreto Supremo N° 837, Reglamento de la Ley N° 20.430, según lo establecido en el N° 5 del artículo 26 de esta ley.

Quinto: Que en lo que se refiere a las exigencias recién mencionadas cabe reflexionar que los preceptos legales que se afirman infringidos -N° 3 del artículo 26 de la Ley N° 20.430 en relación al inciso segundo del artículo 2° de la misma ley, que exige al peticionario de refugio llegar a territorio nacional directamente desde el territorio en que su vida o libertad esté amenazada; inciso quinto del artículo 26 de la Ley N° 20.430 que confiere plazo de siete días hábiles desde el ingreso al país para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones y N° 5 del inciso segundo del artículo 26 de la misma ley, en relación a los artículos 8° y 35 de su Reglamento que exigen denunciar el ingreso clandestino dentro de los diez días siguientes a que éste se produzca- fueron introducidos en virtud de la reforma que experimentó la citada Ley N° 20.430 en virtud de la Ley N° 21.655.

Esta última normativa fue publicada en el Diario Oficial el 20 de febrero de 2024 y sucede que la persona en cuyo favor se recurre ingresó el territorio de la República en enero de 2022, esto es, cuando tales exigencias no existían. Si bien la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada fue formalmente presentada en agosto de 2024, es evidente que no resulta razonable que se exija a la presentación el cumplimiento de exigencias que no se está en condiciones de satisfacer porque ello resulta físicamente imposible y que, más aun, se confiera un plazo para subsanar los defectos advertidos, lo que resulta igualmente irrealizable.

Sexto: Que esa falta de razonabilidad que se constata al, en términos simples, formular exigencias que no pueden ser cumplidas, permite sostener que las decisiones emitidas por la autoridad administrativa y que motivan el recurso resultan en definitiva arbitrarias, por cuanto si no es posible sostener que encuentran sustento en la razón o la lógica, no cabe sino concluir que dependen del simple capricho, voluntad libre u ocurrencia de quien las adopta Verificada la existencia de la actuación arbitraria se constata que ella produce una vulneración al derecho que la Constitución Política de la República reconoce a la persona en cuyo favor se recurre en el N° 2 del artículo 19, esto es, la igualdad ante la ley, en tanto se le otorga un trato diferente de quienes habiendo ingresado al territorio de la República en la misma época que lo hizo la recurrente, por la sola circunstancia de haber formalizado la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en un tiempo anterior les fue aplicada una normativa que no exigía el cumplimiento de requisitos que ahora se exige y que no pueden ser cumplidos.

En razón de lo anterior y por configurarse los supuestos que autorizan otorgar la protección que se demanda, el recurso habrá de ser acogido.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge el recurso deducido por las abogadas Gabriela Hilliger Carrasco y Gabriela Bravo Romo en favor de nombre reservado y, a fin de restablecer el imperio del Derecho, se dejan sin efecto la Resolución Exenta N° NUM001, de 26 de diciembre de 2024, y la Resolución Exenta N° NUM000, de 5 de marzo de 2026, ambas del Servicio Nacional de Migraciones, y se ordena a este organismo dar tramitación regular a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada formulada por nombre reservado.

Comuníquese lo resuelto por la vía más expedita.

Regístrese y archívese.

Redacción del Ministro señor Balmaceda.

N° 10.029-2026.