nombre reservado con nombre reservado

C. A. de Santiago.

Santiago, cinco noviembre de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, en estos autos comparece nombre reservado, cédula de identidad Nº RUT reservado y presenta recurso de protección en contra de la Universidad Tecnológica Metropolitana y de doña nombre reservado, por haberse dictado la Resolución Exenta N° 0756 de fecha 22 de marzo del año 2024, que le aplica la medida disciplinaria de suspensión de un mes en su cargo académico con goce de un cincuenta por ciento de sus remuneraciones, por haberse acreditado falta de probidad en el desempeño de su función.

Expone que el 29 de diciembre del año 2022 se ordenó instruir sumario en su contra, por parte de la autoridad recurrida, a fin de investigar su responsabilidad en la denuncia N° 3 de fecha 13 de diciembre del año 2022, formulada por la alumna Solein nombre reservado, relativa a supuestos actos de acoso sexual, según informe breve de la oficina de denuncias de fecha 20 de diciembre del año 2022.- Agrega que, el 14 de abril del año 2023 mediante resolución fiscal N° 9, se puso término a la investigación, formulándose en su contra el cargo de "Haber incurrido en conductas que constituyen Acoso Sexual, esto es haber expresado a la denunciante: “que lindo es su delineado” además de preguntarle, “que iba a hacer en la tarde”. Configurándose con ello la falta contenida en el artículo 34º del Reglamento que define el acoso sexual, teniendo como elementos: la conducta de naturaleza o connotación sexual verbal; no deseada o no consentida por la persona que la recibe; atentando su dignidad, igualdad de derechos, libertad, integridad física, sexual, psíquica, emocional; bajo un entorno intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento académico”.

Por efecto de haber presentado por su parte la alegación de no encontrarse vigente a la fecha de los hechos denunciado, la figura reglamentaria por la que se le formulaba el cargo, el 12 de junio del año 2023 es reformulado el cargo y se dicta resolución que cierra la investigación, todo sin nuevos antecedentes, quedando el cargo como: “Haber incurrido en conductas que constituyen acoso sexual, esto es haber expresado a la denunciante: “que lindo es su delineado” además de preguntarle, “que iba a hacer en la tarde”. Hechos acontecidos a inicios del primer semestre del año 2022. Lo que contradice el deber de “Observar estrictamente el principio de probidad administrativa”, por consiguiente infringen la normativa universitaria sobre la materia y las disposiciones contenidas en el artículo 61 letra g) y artículo 84 letra l) del D.F.L. 29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834 sobre Estatuto Administrativo; artículo 52 de la Ley Nº 18.575; artículo 2 del Código del Trabajo; artículo 49 inc. 1 de la Ley Nº21.094; artículo 2 de la Ley Nº 21.369, en relación a la Reglamentación interna para sustanciar los procedimientos en materia de violencia de género”.- Alega que, con los mismos antecedentes, se cambia solo la norma aplicable, no tratándose ya de acoso sexual, sino que ahora de falta de probidad, pero se mantienen los mismos hechos lo que vulnera, a su juicio, la coherencia de los actos administrativos. - Agrega que la denunciante no se hizo parte ni presenta antecedente alguno en la investigación y que él, como denunciado, presenta pruebas de sus descargos previamente formulados.

Refiere que, el 26 de enero del año 2024 se le notifica la sanción del sumario, por Resolución N° 0297 de fecha 24 de enero del mismo año, que dispone: “APLÍQUESE la medida disciplinaria de suspensión de un mes, contemplada en el artículo 124° del D.F.L. N° 29° del Ministerio de Hacienda. Promulgado el año 2004 y publicado en el año 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.824 sobre Estatuto Administrativo, que consiste en la privación temporal del empleo con goce de un cincuenta por ciento de las remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo, dejándose constancia de ella en la hoja de vida del funcionario mediante una anotación de demérito de seis puntos en el factor correspondiente, por haberse acreditado el incumplimiento del deber funcionario, producto de la infracción cometida”.- Complementa exponiendo que, dentro de plazo, hizo uso del recurso de reposición, el que fue rechazado mediante la resolución recurrida, confirmando la sanción aplicada en su contra.

Sustenta la ilegalidad de la investigación, en que éste se extendió más allá del plazo de seis meses, lo que, a su juicio, configura el decaimiento del acto administrativo, conforme normas de la ley Nº 19.880, como de las exigencias jurisprudenciales y doctrinarias pertinentes. Como efecto de la duración de la investigación por más del término indicado, se produce una vulneración al debido proceso en relación con los derechos de sumariado, siendo aplicable al caso la figura del decaimiento.

Argumenta, además, que existió error en la aplicación del derecho y vulneración de la apreciación de la prueba. El error consistiría en que se le imputó haber incurrido en conductas de acoso sexual, sustentada en normativa reglamentaria no vigente a la época de los hechos, lo que, a pesar de haber sido objeto de rectificación, se hace con una nueva formulación de cargo, bajo los mismos hechos, pero ahora se determina que la misma conducta vulnera la probidad administrativa, cuando lo que debió hacerse es dictar el sobreseimiento y no la mera corrección del acto administrativo.

Adiciona como alegación que, aun enfrentando este cargo ilegal, la denunciante no presentó ratificación de la denuncia, ni aportó prueba alguna, a diferencia de lo que él hace como denunciado, aportando prueba testimonial que corroboran los hechos de sus descargos. En cambio, las simples declaraciones de la denunciante y de otras personas, presentadas en la investigación y no en la fase de prueba, tienen una serie de incoherencias, discrepancias y contradicciones que la hacen insuficiente para dar por asentados los hechos materia de la denuncia.

Considera que tampoco se atendió a la adecuada definición de la probidad funcionaria, pues al efectuar el cargo, no se especificó la forma en que los hechos contradicen la probidad, señalando escuetamente un principio de probidad administrativa, indicando que el gobierno de Chile, en una pagina web, expone catorce conductas que vulneran la probidad administrativa, sin que alguna de ellas sea la que se le imputa; el Manuel de transparencia y probidad de la administración del Estado, define la conducta intachable, la que tampoco coincide con el cargo formulado.

Y finalmente, hace hincapié en que no existió voluntariedad de la acción desplegada por el recurrente, pues él nunca asumió que sus acciones pudieran vulnerar el principio de probidad, puesto que es requisito jurídico, entender y conocer la acción a realizar como contraria a la ley y ejecutarla de modo voluntario, lo que no se encuentra acreditado.

Concluye que se infringen las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 de la Constitución Política de la República, en su numeral 2, de igualdad ante la ley, al haberse sustanciado el procedimiento incurriendo en el decaimiento del sumario; la del debido proceso, del número 3,dado que el sumario devino en un proceso irracional e injusto pues solo se sustentó en la denuncia y no analiza la prueba por él rendida, como también por se le formulan cargos debiendo haberse sobreseído por no haber estado vigente la norma imputada como transgredida a la época de los hechos, el derecho de propiedad del número 24, al despojarlo de parte de su remuneración de modo ilegitimo.

Solicita se deje sin efecto la sanción impuesta, por haberse vulnerado las garantías constitucionales señaladas por el recurrente.

SEGUNDO: Que, al evacuar el informe que le fue solicitado, el abogado Martín Desantadina Rivas, por la Universidad Tecnológica Metropolitana, solicita el rechazo de la acción presentada, en atención a lo que expone.

Indica que 20 de diciembre de 2022, se recibió por parte de la Oficina de Acompañamiento y Denuncias dependiente del Programa de Género y Equidad de la UTEM, la denuncia N°3 y que el 29 de diciembre de 2022, se dictó la Resolución Exenta N°05272 de fecha 29 de diciembre de 2022, que instruyó iniciar un sumario administrativo, tendiente a investigar y esclarecer los hechos expuestos en la denuncia N°3 y determinar si constituyen irregularidades administrativas y, en su caso, establecer las responsabilidades comprometidas.

Relata que la denuncia fue presentada por la estudiante Solein nombre reservado, cuando cursaba segundo año de la carrera de Diseño en Comunicación Visual, en la cual se relata, entre otras cosas, que: “Me acosó un profesor, una vez que estábamos en su clase y él empezó a hablar de los colores. Se acercó a mí y me dijo que qué color tenía en el pelo. Me dijo que lindo era mi delineado. Y me dijo que qué iba a hacer en la tarde. Me dio risa de nerviosa, no entendí que sucedió. Varios de mis compañeros también les llamó la atención y cuando salimos de clase me preguntaron cómo estaba, se dieron cuenta de lo que había pasado”.

Detalla que la estudiante indicó que: “Esto ocurrió el primer semestre. Nunca conté nada a las autoridades, por miedo, por el tema de mis notas, él seguía siendo mi profesor”. Y en su primera comparecencia ante la Fiscal con fecha 17 de enero de 2023, la denunciante relató con mayor grado de detalle todas las constantes y reiteradas situaciones de violencia que vivió con el recurrente.

Continúa señalando que el 26 de enero de 2023, el denunciado prestó declaración ante la Fiscal, señalando que “seguramente me llamó la atención el uso que esta chica tenía de delineado muy marcado en sus ojos, sin que se tome a mal, era atractivo, se le veía bien”, para indicar luego que “no recuerdo haber dicho que iba a hacer en la tarde, no lo niego, pero no lo recuerdo, no fue con doble intención”. Finaliza su relato indicando que “esta cierta incapacidad o el extremo de que en este caso la chica evalúa la situación a través de una cierta sensibilidad extrema porque la situación no fue para tanto”.

Luego de una serie de diligencias investigativas, la denunciante presentó prueba con fecha 30 de marzo de 2023, consistentes en una serie de capturas de pantalla de las plataformas de Instagram y de WhatsApp, en las que adjuntan una serie de testimonios, evidenciándose por los dichos de un gran número de alumnas de la UTEM, que el recurrente mantenía conductas inapropiadas y profería frases fuera de lugar dentro y fuera del aula de clases, que incomodaban y afectaban psicológicamente a las alumnas.

Menciona, que declararon testigos, el Jefe de Carrera de Diseño y comunicación.

Con fecha 14 de abril de 2023, mediante Resolución Fiscal N°09-5272/2022, considerando que se encontraba agotada la investigación de los hechos que motivaron el sumario, se declaró cerrado el sumario administrativo.

Se formularon cargos al denunciado, por haber incurrido en “conductas que constituyen Acoso Sexual, esto es haber expresado a la denunciante: “que lindo es su delineado” además de preguntarle, “que iba a hacer en la tarde”. Configurándose el literal del artículo 34º del Reglamento que define el acoso sexual, teniendo como elementos: la conducta de naturaleza o connotación sexual verbal; no deseada o no consentida por la persona que la recibe; atentando su dignidad, igualdad de derechos, libertad, integridad física, sexual, psíquica, emocional; bajo un entorno intimidatorio, hostil o humillante, o que pueda amenazar, perjudicar o incidir en sus oportunidades, condiciones materiales o rendimiento académico”.

Luego, el recurrente solicitó copia completa del expediente digital y además, solicitó prórroga de 5 días hábiles más para contestar sus descargos, lo que fue concedido.

De esta manera, el recurrente presentó sus descargos el fecha 8 de mayo de 2024, indicando principalmente, que la Resolución Exenta N°03658 que aprobó el Reglamento de Investigación, Sanción y Reparación en materia de Violencia de Género, Acoso Sexual y/o Discriminación en razón de la Genero de la UTEM, fue aprobado con fecha 12 de septiembre de 2022, y habiendo ocurridos los hechos en el mes de marzo de 2022, se vulnerarían las garantías de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19N°3 de la Constitución Política de la República al juzgar hechos acaecidos con anterioridad a la existencia de la norma.

Con fecha 10 de mayo de 2024, mediante Resolución Fiscal N°11-5272/2022, se tuvieron por presentados los descargos y se acogió lo expuesto en los mismos respecto a la retroactividad de la aplicación del Reglamento de Investigación, Sanción y Reparación en materia de Violencia de Género, Acoso Sexual y/o Discriminación en razón de la Genero de la UTEM aprobado mediante Resolución Exenta N°03658 de 2022, por lo que se remitieron a la Sra. Rectora los antecedentes para retrotraer el proceso a la etapa previa a la formulación de cargos, todo lo cual se materializó a través de la dictación de la Resolución Exenta N°01979 de fecha 08 de junio de 2023, que rola a fojas 262, la que en definitiva reabrió el sumario administrativo, retrotrayéndose el sumario a la etapa previa a la formulación de cargos.

Luego, con fecha 12 de junio de 2023, mediante Resolución Fiscal N°12-5272/2022 se formularon nuevamente cargos al denunciado, consistentes en: “Haber incurrido en conductas que constituyen Acoso Sexual, esto es haber expresado a la denunciante: “que lindo es su delineado” además de preguntarle, “que iba a hacer en la tarde”, hechos acontecidos a inicios del primer semestre del año 2022. Lo que contradice el deber de “Observar estrictamente el principio de probidad administrativa”, por consiguiente infringen la normativa universitaria sobre la materia y las disposiciones contenidas en el artículo 61 letra g) y artículo 84 letra l) del D.F.L. 29 que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834 sobre Estatuto Administrativo; artículo 52 de la Ley Nº 18.575; artículo 2 del Código del Trabajo; artículo 49 inc. 1 de la Ley Nº21.094; artículo 2 de la Ley Nº21.369, en relación a la Reglamentación interna para sustanciar los procedimientos en materia de violencia de género”.

A continuación de esta nueva formulación de cargos, totalmente ajustada a derecho, el denunciado presentó nuevamente también sus descargos, indicando en primer término que esta nueva formulación de cargos, sería un nuevo acto administrativo, que tiene el carácter de ilegal pues “pretende subsanar un vicio denunciado por esta parte al formular descargos”. Agrega luego que: “En consecuencia, la sola existencia de dos formulaciones de cargos, debidamente notificadas, produce el decaimiento del acto administrativo y conlleva al sobreseimiento”.

Arguye que la primera formulación de cargos quedó sin efecto, y por tanto, siempre con el espíritu de realizar un sumario administrativo ajustado a derecho, es que se retrotrajo el proceso acogiendo las alegaciones del recurrente, lo que no implica en caso alguno que el acto administrativo haya decaído o que la segunda formulación de cargos revista la característica de ser arbitraria o ilegal.

Continua señalando que mediante Resolución Fiscal N°13-5272/2022 se tuvieron presente los descargos formulados y se fijó un término probatorio, a solicitud del recurrente, en el que se presentaron todos los documentos que dicen relación con su Currículo Vitae, actividades académicas desarrolladas, títulos y grados, Resoluciones de esta Casa de Estudios que lo nombraron y prorrogaron en la contrata, entre otros.

Ahora bien, dentro de este término probatorio declaró nuevamente el Sr. nombre reservado, Jefe de Carrera de Diseño en Comunicación Visual de la UTEM. Adicionalmente, con fecha 17 de julio de 2023, declaró nombre reservado, Académico del Departamento de Diseño y Director de la Escuela de Diseño de la UTEM, Con fecha 25 de agosto de 2023, la Sra. Fiscal procede a emitir su “vista fiscal”, la cual dispone a grandes rasgos luego de hacer una breve relación de las piezas sumariales, de la denuncia recepcionada, de la activación de los protocolos y de la instrucción del sumario administrativo en cuestión señala que, en el transcurso de la investigación, se ha logrado acreditar, a juicio de la Fiscalía, los hechos por los cuales se formularon cargos.

Con el mérito de los antecedentes reunidos en el sumario administrativo, la Fiscal propuso a la Sra. nombre reservado, Rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que en cumplimiento con lo mandatado por la Ley Nº21.369 que regula el Acoso Sexual, la Violencia y la Discriminación de Género en el ámbito de la Educación Superior, en cuanto a las medidas dirigidas a proteger a las víctimas y a minimizar los impactos de la Violencia de Género, se sugirió que la persona denunciante en caso que lo requiriera, sea atendida por la Oficina de Acompañamiento y Reparación del Programa de Género y Equidad o bien desde la instancia que se estime pertinente de manera que la estudiante, pueda resignificar la experiencia que refiere haber vivido.

Además, la Fiscal sugirió que se aplique nombre reservado, cédula Nacional de Identidad NºRUT reservado, Académico del Departamento de Diseño, en la Universidad Tecnológica Metropolitana la Medida Disciplinaria de Suspensión de un mes, contemplada en el artículo 124º del D.F.L. Nº29º del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 2004 y publicado el año 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº18.834 sobre Estatuto Administrativo, que consiste en la privación temporal del empleo con goce de un cincuenta por ciento de las remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo, dejándose constancia de ella en la hoja de vida del funcionario mediante una anotación de demérito de seis puntos en el factor correspondiente, por haberse acreditado el incumplimiento del deber funcionario, producto de la infracción cometida.

Así las cosas, mediante Resolución Exenta N°0297 de fecha 24 de enero de 2024, se aplicó al académico Sr. nombre reservado, cédula Nacional de Identidad N°RUT reservado, Académico del Departamento de Diseño de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Medida Disciplinaria de Suspensión de un mes, contemplada en el artículo 124 del D.F.L. N°29 del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 2004 y publicado el año 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo, que consiste en la privación temporal del empleo con goce de un cincuenta por ciento de las remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo, dejándose constancia de ella en la hoja de vida del funcionario mediante una anotación de demérito de seis puntos en el factor correspondiente, por haberse acreditado el incumplimiento del deber funcionario, producto de la infracción cometida. Dicho acto administrativo fue notificado al sancionado el día 26 de enero de 2024.

En síntesis, se estimó que el sumario administrativo se encontraba ajustado a derecho, que se respetó la garantía del debido proceso, y que las conductas sancionadas se encuentran acreditadas, todo por lo cual se rechazó la reposición interpuesta y se confirmó la aplicación de la sanción al recurrente. Dicha Resolución le fue notificada al recurrente de forma personal con fecha 01 de abril de 2024, y a su abogado por medio de correo electrónico, con misma fecha.

TERCERO: Que, como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

De acuerdo a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegible por es vía; y, d) que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar protección.

CUARTO: Se erige entonces la acción de protección, sobre la base de establecer si la acción u omisión denunciada es ilegal o arbitraria.

Así, se debe configurar que la afectación del derecho a través del acto u omisión arbitrario o ilegal, debe ser directa, grave y manifiesta, pues ello es lo que justifica la naturaleza del procedimiento breve y sumario que busca el restablecimiento inmediato del derecho fundamental afectado.

Luego, es requisito indispensable para que esa acción de protección pueda prosperar, se pueda establecer el directo e inmediato atentado contra la o las garantías invocadas, debiendo existir una manifiesta situación de afectación de aquellas.

Finalmente, afirmar que esta Corte no constituye una nueva instancia, para reevaluar la calificación que de la prueba sumarial rendida, hizo la autoridad competente.

QUINTO: Que, recapitulando, el actor reclama el decaimiento del acto administrativo, fundado en que desde el mes de junio de 2023 no se había efectuado notificación alguna a su parte, solo practicándose la de 24 de enero de 2024, periodo de tiempo que excede el plazo de 6 meses contemplado en la Ley 19.880, articulo 27 para la extensión del sumario.

En este caso, resulta relevante señalar que su extensión estará determinada por la cantidad de diligencias realizadas, dado que en ella se debe siempre oír al denunciado, realizar diligencias de investigación, definir si se formulan cargos, recibir prueba de descargos, y luego dictar sentencia.

Por ende, no puede radicarse en la sola responsabilidad de la autoridad sancionadora su prolongación, ni menos entender que si no se realizan notificaciones al denunciado, ello implica la paralización de su sustanciación.

SEXTO: Que la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 27.989-2016, ha resuelto que los plazos administrativos no tienen el carácter de fatal: “Que como reiteradamente lo ha sostenido esta Corte, que para la Administración Pública el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no tiene el carácter de fatal que pretende la reclamante, de manera que si bien el organismo público debe hacer expeditos lo trámites respectivos, el principio de celeridad lo ha llevar tan sólo a tender o a instar por la pronta terminación del procedimiento administrativo, sin que pueda estimarse razonablemente que esa circunstancia le ha de compeler, con carácter definitivo, a concluir tales procesos sólo y únicamente en los perentorios términos fijados por el legislador. El esfuerzo hacia el que ha de propender el órgano público en esta materia en esta materia no puede vincularlo de tal manera que el incumplimiento de estos plazo transforme en fútil su esfuerzo fiscalizador. En efecto, un mínimo equilibrio entre sus distintos deberes lleva necesariamente a una conclusión como ésta, pues de lo contrario se habría de convenir en que la fiscalización y los derechos e intereses del Estado y de los administrados habrían de ceder y quedar subordinados a la celeridad, conclusión irracional que no puede ser admitida”.

En consecuencia, conforme a lo señalado, la alegación de decaimiento planteado por la reclamante será desestimada.

SÉPTIMO: Que, en cuanto al fundamento del reclamo, consistente en que en la formulación de cargos al demandado, se habría incurrido en error de derecho, por cuanto luego de ser éstos reformulados, al acogerse la alegación del denunciado en orden a que el inicio de la vigencia de la norma sancionatoria era posterior a la fecha de ocurrencia de los hechos, no se dispuso el sobreseimiento en su favor, sino que se determinó que los mismos hechos, vulneraban el principio de probidad administrativa, sin especificar ahora, la forma en que esto habría ocurrido.

OCTAVO: Que, entiende esta Corte que lo que ataca el reclamante es la aplicación del principio de tipicidad, es decir, la exigencia que la conducta sancionada, esté descrita previamente, conforme lo indica la Constitución Política de la República en su artículo 19 Nº 3 inciso final: “ninguna ley podrá establecer penas, sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella.”

La aplicación del principio de legalidad, en el Derecho Administrativo Sancionador, no resulta viable sin una flexibilidad del principio de tipicidad.

Así, en doctrina nacional, nombre reservado sostiene que “ los deberes publico pueden ser construidos con fórmulas legales amplias, con estándares o mediante regulación infra legal. Dichos deberes, en efecto, construyen la regulación de un determinado sector, poseen niveles técnicos altos -por ello el diseño institucional resultado en relevante- y promueven conductas correctas en dichos entornos.” ( Letelier Wartenberg, 2017, p.657)

En el mismo sentido la Corte Suprema ha señalado que “ el principio de tipicidad al traspasarse al ámbito sancionatorio de la Administración admite ciertos grados de atenuación” (SCS Rol Nº 20.380-2019).

Además, este principio “no ha sido consagrado de manera general en materia de responsabilidad disciplinaria, sino que solo excepcionalmente, ya que, ello exigiría la descripción de conductas antijuridicas, lo que implicaría un detallado catálogo de ilícitos administrativos, lo que hasta la fecha no ha ocurrido. Ni la ley de bases generales de la administración del Estado, ni el estatuto administrativo, establecen como fundamento de la responsabilidad la comisión de una conducta previamente descrita en la ley. Por tanto, el principio de tipicidad consagrado en materia penal no tiene la misma aplicación en el campo administrativo, toda vez que el ejercicio de la potestad punitiva del superior jerárquico de un servicio o la cautela del correcto desempeño de los funcionarios, no se expresa a través de un catálogo de conductas ilícitas, sino que por intermedio de una enumeración de deberes, prohibiciones y obligaciones que se imponen a los funcionarios.”(“Sumarios y responsabilidad administrativa” nombre reservado, Editorial Libromar, Edición 2019, pág. 94)

Conforme a lo expuesto, la alegación formulada no constituye una infracción al derecho, por cuanto la imputación de que la conducta contradice de observar estrictamente el principio de probidad administrativa, es plenamente válida, da certeza jurídica y es la forma en que se resguarda el adecuado desempeño de los servidores públicos.

Entonces, deberá ella rechazarse.

NOVENO: Que, ha formulado también el recurrente como infracción legal, la falta de presentación de prueba suficiente, la omisión de prueba de la reclamante, su falta de coherencia, las contradicciones de testigos y otras similares, todas ellas vinculadas a la valoración de la prueba, facultad que como se ha señalado, no ha sido establecida para esta Corte, en el marco de la presente acción de protección, lo que determina que ellas se estimarán como improcedentes.

DÉCIMO: Que, por lo demás, no se ha demostrado que se haya ocasionado la conculcación de alguna norma de rango legal o constitucional, ya sea mediante su aplicación en forma ilegal o arbitraria en términos que pudieran determinar que lo resuelto por la recurrida y lo que se le reprocha, deviene en arbitrario y/o ilegal.

ÚNDECIMO: Que, tampoco se ha probado la existencia de un acto arbitrario, toda vez que, la resolución sancionatoria de marras fue dictada en el marco de las facultades que detenta la rectora de la Universidad Tecnológica Metropolitana, de conformidad, a la normativa vigente, haciendo uso de sus atribuciones legales y respetando el debido proceso, fundamentando dicha autoridad las razones por las que adoptó la decisión que se reprocha.

Por lo ya razonado y no habiéndose demostrado la existencia de un acto arbitrario o ilegal que sustente la interposición del presente recurso, resulta innecesario entrar al análisis de las garantías constitucionales que se dicen vulneradas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección en favor de nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacto el abogado Sr. Manuel Luna Abarza Rol Protección 10019-2024.

Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Ministra señora Carolina Brengi Zunino y el Abogado Integrante señor Manuel Luna Abarza.