Protección contra Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Segurida

C.A. de Santiago Santiago, seis de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fecha 15 de febrero de 2024, doña nombre reservado, por sí misma, interpuso recurso de protección en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social y, por el rechazo de las licencias médicas N° 64706882-0, 66568212-9, 67980801-K, 68597259-K, 69921891-K, 71606334-8, 72959519-5, 74373985-K, 75784648-9 y 77040334-0, extendidas por un total de 283 días, a contar del 22 de enero de 2022 por un cuadro de depresión y sintomatología ansiosa. Lo anterior, debido a que las recurridas estimaron que el reposo prescrito en ellas no se encontraba debidamente justificado, actuación que la recurrente considera ilegal, arbitraria y vulneratoria de los derechos fundamentales a la vida e integridad física y psíquica de las personas, igualdad ante la ley, a no ser discriminado por el Estado en materia económica y de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, al carecer de motivaciones técnicas que le sirven de sustento, deviniendo en un mero capricho de la autoridad administrativa.

En razón de lo anterior, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene el pago de las licencias rechazadas.

SEGUNDO: Que informando al tenor del recurso, la recurrida Secretaría Regional Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, expuso que las licencias médicas en cuestión fueron rechazadas ya que los antecedentes médicos aportados por la recurrente en sede administrativa, incluyendo informes médicos, maestro histórico de licencias médicas y recursos de reposición y apelación ante la COMPIN y SUSESO, resultaban insuficientes para acreditar la necesidad de reposo laboral por un período superior a los 56 días ya autorizados por la misma patología.

Afirma que ha actuado dentro del marco legal vigente al rechazar las licencias médicas, basándose en parámetros objetivos establecidos en la normativa aplicable, con el fin de garantizar que el uso de licencias cumpla su finalidad terapéutica y transitoria mientras el trabajador recupera su salud.

En relación a los fundamentos médicos, indica que los informes del médico tratante no describen elementos psicopatológicos de gravedad que justifiquen la extensión del reposo solicitado, ni detallan adecuadamente el tratamiento farmacológico, evolución, compromiso funcional, planes terapéuticos, ajustes de medicación, derivación a dispositivos de mayor complejidad o proceso psicoterapéutico de rehabilitación. Añade que tampoco consta derivación a psicoterapia ni a programa de salud mental para manejo por equipo multidisciplinario.

Explica que, según consta en el expediente administrativo y en la cartola médica de la parte recurrente, la COMPIN rechazó las licencias N° 64706882-0, 66568212-9, 67980801-K, 68597259-K, 69921891-K, 71606334-8 y 72959519-5 por un total de 195 días desde el 22 de enero de 2022, por estimar injustificado el reposo ante la insuficiencia del informe médico presentado. La SUSESO confirmó dicho rechazo mediante Resolución Exenta de 22 de junio de 2022, concluyendo que los antecedentes no permitían establecer incapacidad laboral temporal más allá de los 56 días de reposo ya autorizados. Frente a dos requerimientos posteriores de reconsideración por parte de la recurrente, la SUSESO reiteró que el reposo no se encontraba justificado, por no exponerse en los informes médicos elementos de gravedad, compromiso funcional o ajustes terapéuticos que hicieran necesario extender la licencia, careciendo la recurrente además de asistencia regular a psicoterapia y derivación oportuna a programa de salud mental, desaprovechando la posibilidad de beneficiarse de un manejo multidisciplinario precoz para lograr un adecuado reintegro laboral.

De esta forma, estima que no se configura la garantía constitucional invocada ni existe arbitrariedad o ilegalidad en su proceder al rechazar las licencias médicas impugnadas, por cuanto sus resoluciones se encuentran debidamente fundadas en los antecedentes médicos y administrativos incorporados al expediente respectivo, los que en su conjunto resultan insuficientes para tener por acreditada una incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado.

TERCERO: Que informando al tenor del recurso, la recurrida Superintendencia de Seguridad Social solicitó el rechazo de la acción cautelar, oponiendo las excepciones de extemporaneidad del recurso, improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social, y ausencia de ilegalidad y arbitrariedad en el actuar del organismo.

En cuanto a la extemporaneidad, la recurrida sostiene que la última resolución impugnada, la Resolución Exenta N° R-01-IBS-172393-2023 del 28 de diciembre de 2023, fue notificada válidamente a la recurrente ese mismo día vía correo electrónico, por lo que el plazo de 30 días para interponer el recurso venció el 27 de enero de 2024. De esta forma, al haber interpuesto esta acción constitucional recién el 15 de febrero de 2024, lo fue fuera del plazo establecido en el Auto Acordado que regula la materia.

Respecto a la improcedencia de la acción de protección para conocer del presente asunto, atendida la naturaleza de la materia sobre la cual versa. Al efecto, sostiene que el derecho a licencia médica y al subsidio por incapacidad laboral consecuencial forman parte integrante del derecho a la seguridad social, el cual se encuentra consagrado en el N° 18 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Sin embargo, el artículo 20 de la misma, al establecer la procedencia del recurso de protección respecto de ciertos y determinados derechos, excluye de su ámbito de aplicación a esta garantía constitucional, la cual no se encuentra amparada por esta acción cautelar de urgencia, ni siquiera frente a una eventual amenaza o perturbación de la misma. Por consiguiente, en concepto de la recurrida, no sería ésta la vía idónea para impugnar decisiones vinculadas a la autorización, rechazo o modificación de una licencia médica, las cuales deberían ser conocidas y resueltas a través de otros procedimientos, mas no por la presente acción constitucional de naturaleza extraordinaria y excepcional.

En cuanto al fondo, la Superintendencia se hace cargo de los fundamentos de la acción de protección deducida en su contra, señalando que en su actuar no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad alguna, toda vez que se ha limitado a ejercer sus facultades legales de fiscalización en materia de seguridad social, en los términos que el ordenamiento jurídico vigente la habilita.

Explica que, conforme al artículo 3° de la Ley N° 16.395, en relación al artículo 27 del mismo cuerpo legal, a la Superintendencia le corresponde actuar como autoridad técnica de control y supervigilancia de las instituciones de previsión dentro del ámbito de su competencia, comprendiendo dicha fiscalización los órdenes médico-social, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones. Añade que la Ley N° 16.395, en su artículo 38 letras d) y e), encomienda a la Superintendencia emitir instrucciones para el mejor otorgamiento de beneficios previsionales, pudiendo fijar la interpretación de leyes y reglamentos en estas materias. Así, concluye que, a partir de lo dispuesto en la Ley N° 20.585, dicho organismo se encuentra obligado a velar por el otorgamiento y uso correcto de la licencia médica, asegurando una adecuada protección del cotizante y beneficiario.

Puntualiza que, en ese marco, el Decreto Ley N° 3 de 1980 del Ministerio de Salud define licencia médica como el derecho que tiene el trabajador, en cumplimiento de una indicación profesional certificada, para ausentarse o reducir su jornada laboral durante un cierto tiempo, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio con cargo a la entidad previsional respectiva. Asimismo, de acuerdo a dicha preceptiva, lo esencial para la autorización de una licencia es la posibilidad real y cierta de que el trabajador recupere la capacidad laboral y quede en condiciones de reintegrarse a su trabajo tras un período de reposo, ya sea que la incapacidad obedezca a un episodio aislado o incluso a una patología crónica e irrecuperable. Así, el reposo prescrito por una licencia, unido generalmente a un tratamiento farmacológico o de otra índole, debe tener por finalidad la restitución de la salud del trabajador para permitir su reincorporación laboral.

Expone que, en este contexto normativo, y en ejercicio de dichas potestades legales, debió conocer y resolver las cuatro presentaciones sucesivas formuladas por la recurrente Sra. nombre reservado, quien reclamó contra el rechazo de catorce licencias médicas, extendidas por un total de 358 días a partir del 22 de enero de 2022, fundando la COMPIN dicha decisión en la existencia de reposo injustificado. Reseña que, en una primera instancia, mediante Resolución Exenta N° R-01-UME-152813-2022 del 14 de noviembre de 2022, se concluyó que el reposo no se encontraba justificado respecto de siete licencias, por un total de 195 días desde esa data, atendido que los antecedentes aportados, en particular los informes médicos, no permitían establecer incapacidad laboral temporal más allá de los 56 días de reposo ya autorizados previamente por la misma patología, sin descripción de tratamiento farmacológico, funcionalidad ni derivación a psicoterapia. Asimismo, no se emitió pronunciamiento sobre las licencias N°s 71606334-8 y 72959519-5 al no constar la interposición del recurso de reposición previo ante la COMPIN.

Continúa indicando que, tras una solicitud de reposición administrativa de la recurrente, por Resolución Exenta N° R-01-IBS-20148-2023 del 14 de febrero de 2023, se mantuvo el rechazo, por cuanto el nuevo informe médico acompañado tampoco exponía elementos psicopatológicos de gravedad que requirieran una extensión del reposo, ni describía el tratamiento farmacológico indicado, estimando por ello injustificado un período de licencia superior a los 56 días ya autorizados. De igual forma, no se emitió pronunciamiento respecto de la licencia N° 77040334-0, por no constar un dictamen de la COMPIN recaído en la respectiva solicitud de reposición administrativa. Añade que, en una tercera presentación, por Resolución Exenta N° R-01-IBS-51051-2023 del 17 de abril de 2023, se reiteró el rechazo de las licencias antes mencionadas, basado en que los antecedentes médicos evaluados no acreditaban una incapacidad temporal más allá del reposo previo, por no constar asistencia regular a terapia psicológica, derivación a programa de salud mental para manejo por equipo multidisciplinario, compromiso funcional, evolución ni ajustes de tratamiento que evidenciaran un rol terapéutico del reposo. Finalmente, apunta que frente a un nuevo requerimiento de la recurrente, la Resolución Exenta N° R-01-IBS-172393-2023 del 28 de diciembre de 2023, impugnada en autos, confirmó una vez más el rechazo, fundado en que los informes médicos presentados carecen de una descripción clara del cuadro clínico, compromiso funcional, planes de tratamiento, ajustes farmacológicos, derivación a dispositivos de mayor complejidad y detalles sobre el proceso psicoterapéutico o de rehabilitación, resultando por ello insuficientes para justificar una extensión del reposo con fines terapéuticos.

Ahondando en las razones médicas que subyacen a lo resuelto, la recurrida trae a colación la justificación de la COMPIN estampada en la ficha clínica de la requirente, según la cual los informes de médico general resultaron insuficientes por no acompañar evaluación psicológica, acreditar sesiones de psicoterapia, aportar derivación a especialista ni ficha clínica. A su vez, reproduce la ponderación efectuada por la Contraloría Médica de esa Superintendencia, la cual concluye que los informes clínicos, si bien extensos, son vagos e inconsistentes, sin especificar el impacto funcional de los síntomas, evolución, necesidad de ajuste farmacológico o de psicoterapia, por lo que los prolongados reposos impresionan injustificados por carecer de claro rol terapéutico.

De esta forma, concluye la Superintendencia, analizados los antecedentes médicos y administrativos allegados al expediente de la recurrente, los profesionales médicos de esa institución no lograron formarse convicción en orden a justificar la prolongada prescripción de reposo más allá del período ya autorizado con antelación por la misma afección de salud, al no contar con elementos de juicio suficientes que permitieran establecer la existencia de una incapacidad laboral transitoria, con un claro rol terapéutico en pos de la recuperación de la salud y reincorporación al trabajo. Subraya que se trata de una decisión debidamente fundada en los antecedentes del caso y acorde a los criterios normativos y jurisprudenciales que informan el ejercicio de las facultades legales de la Superintendencia, descartando por ello cualquier atisbo de ilegalidad o arbitrariedad.

Por último, la recurrida sostiene que su actuar tampoco ha vulnerado las garantías constitucionales invocadas por la parte recurrente. Por un lado, en cuanto al derecho a la vida, integridad física y psíquica y protección de la salud, argumenta que el organismo en nada ha contribuido a causar las afecciones de salud que aquejan a la requirente, ni le ha impedido consultar a sus tratantes o realizar las terapias que se le indiquen conforme a la cobertura a que tiene derecho, no interviniendo de forma alguna en su acceso a prestaciones médicas, limitándose en cambio a ejercer el control legal de las resoluciones que rechazaron sus licencias médicas. A su turno, respecto al derecho de propiedad, afirma que la sola emisión de una licencia por un profesional de la salud no hace nacer un derecho sobre el subsidio por incapacidad laboral, el que se encuentra supeditado a la previa autorización de la licencia por el organismo competente, así como al cumplimiento de los requisitos legales, lo que en la especie no ha ocurrido, no existiendo por ende una titularidad actual e indubitada que pueda estimarse vulnerada.

Por estas consideraciones, la Superintendencia solicita el íntegro rechazo del recurso de protección de autos, con expresa condenación en costas, por haber sido interpuesto fuera del plazo de 30 días previsto en el Auto Acordado; por ser improcedente esta acción constitucional tratándose de materias de seguridad social; y por no existir en el actuar del organismo recurrido ilegalidad, arbitrariedad ni vulneración de garantías fundamentales de la requirente, al haberse obrado dentro del ámbito de potestades fiscalizadoras legalmente conferidas y con el debido fundamento en los antecedentes médicos que, tras sucesivas instancias de revisión, no resultaron aptos para justificar la prolongada prescripción de reposo, en armonía con la normativa legal y reglamentaria que disciplina el derecho a la licencia médica y al subsidio por incapacidad laboral.

CUARTO: Que, conforme es unánimemente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

QUINTO: Que, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, es posible constatar que el acto que la recurrente tilda de ilegal y arbitrario es el rechazo de las licencias médicas N° 64706882-0, 66568212-9, 67980801-K, 68597259-K, 69921891-K, 71606334-8, 72959519-5, 74373985-K, 75784648-9 y 77040334-0, extendidas por un total de 283 días, a contar del 22 de enero de 2022 por un cuadro de depresión y sintomatología ansiosa; originalmente realizado por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y confirmado por la Superintendencia de Seguridad Social en la Resolución Exenta N° R-01-IBS-172393-2023 del 28 de diciembre de 2023, la cual constituye el acto terminal del procedimiento administrativo, tras una serie de reclamaciones y reconsideraciones opuestas por la parte recurrente.

SEXTO: Que, respecto a la excepción de improcedencia de la acción de protección opuesta por Isapre Consalud y la Superintendencia de Seguridad Social, fundada en que el derecho a licencia médica formaría parte de la seguridad social que no se encuentra amparado por esta vía cautelar, cabe señalar que si bien el otorgamiento de licencias médicas y el subsidio por incapacidad laboral al cual éstas pueden dar origen se insertan dentro del marco del derecho a la seguridad social reconocido en el artículo 19 N°18 de la Carta Fundamental, no es menos cierto que lo que se censura por la recurrente es la falta de motivación de la resolución que confirmó el rechazo de sus licencias médicas, lo que podría significar una vulneración a las garantías de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad sobre prestaciones económicas a las que el ordenamiento jurídico le otorga titularidad y cuya afectación la habilita para recurrir a esta vía urgente y excepcional de protección, razón por la cual dicha alegación será desestimada.

SÉPTIMO: Que, sin perjuicio de lo anterior, del mérito de los antecedentes que constan en el proceso, se advierte indefectiblemente que la acción de protección que ha dado origen a estos autos fue interpuesta fuera del plazo establecido en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema que regula la materia, ya que lo fue el día 15 de febrero de 2024, en circunstancias que, como ya se ha señalado, el acto que puso término al procedimiento administrativo fue dictado el 28 de diciembre de 2023, fecha desde la cual debe contabilizarse el plazo de 30 días para la interposición de este recurso.

La circunstancia de haberse acogido el recurso de reposición deducido por la parte recurrente, en contra de la resolución de esta Corte que primitivamente había declarado inadmisible su acción por extemporánea, en nada altera lo ya concluido, pues responde únicamente a un control de admisibilidad a priori realizado con el mérito de los antecedentes que, en ese momento, constaban en el proceso, sin que por ello quede resuelto en forma inamovible los requisitos para el ejercicio de esta acción cautelar de carácter constitucional, máxime cuando durante el desarrollo del proceso y con mejores antecedentes, ha quedado establecido que lo contrario.

Lo anterior, conduce ineludiblemente al rechazo del presente recurso de protección, lo que se hará en la forma señalada en la parte resolutiva de esta sentencia.

OCTAVO: Que, sólo a mayor abundamiento, el recurso de protección debe ser igualmente rechazado, pues no ha existido ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de las recurridas.

NOVENO: Que, al efecto, ha de tener presente que el artículo 149 del D.F.L. N° 1 de 2005 del Ministerio de Salud, cuerpo legal que, promulgó el texto refundido, coordinado y sistematizado de, entre otras, la Ley N° 18.469, que regula el Ejercicio del Derecho Constitucional a la Protección de la Salud y que crea un Régimen de Prestaciones de Salud al efecto; en su artículo 156, trata del beneficio de licencia médica señalando que también le es aplicable a los afiliados a alguna Institución de Salud Previsional.

Asimismo, dispone que, en ejercicio de las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en la materia, le corresponde supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social, conforme al artículo 19 N° 18 inciso 4º de la Constitución Política; y, el artículo 2º de la Ley N° 16.395 modificado por la Ley N° 20.691 del año 2013, citando además los artículos 27 y 38 de la Ley N° 16.395.

DÉCIMO: Que, por su parte, el procedimiento para la autorización de las licencias médicas, está regulado en el Decreto Supremo N° 3, de 1984, del Ministerio de Salud, específicamente, en los artículos 11 y siguientes, al disponer que corresponde a las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES) en el caso de los trabajadores afiliados a estas entidades, o a las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez, en el caso de los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA), pronunciarse acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas por un facultativo de la salud, esto es, un médico cirujano, un cirujano dentista o una matrona en ciertos casos.

Por su parte, la COMPIN debe resolver -como en el caso de la recurrente-, acerca de la autorización, rechazo o modificación de las licencias médicas extendidas a los trabajadores cotizantes del Fondo Nacional de Salud (FONASA) y, en contra de las resoluciones que dichos organismos emitan en alguna de las situaciones descritas, se debe pedir reconsideración ante la misma entidad y/o reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social.

Al mismo tiempo, los artículos 2°, 3° y 27 de la Ley N° 16.395, otorgan a la Superintendencia de Seguridad Social la calidad de organismo técnico de fiscalización de las instituciones de previsión, naturaleza que justamente tienen las COMPIN, que en este caso conoció y resolvió, dentro del marco de su competencia, rechazar las licencias médicas de que se trata por las consideraciones médicas ya anotadas.

UNDÉCIMO: Que, por otro lado, en cuanto a las facultades de la Superintendencia de Seguridad Social en esta materia, le corresponde la de supervigilar el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. Lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En la Ley N° 16.395, en su artículo 2º de la Ley N° 16.395, modificada por la Ley N° 20.691, se señalan las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social:

“a) Fijar, en el orden administrativo, la interpretación de las normas legales y reglamentarias de seguridad social de su competencia.”

“c) Resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia.”

Enseguida, el artículo 3º del mismo cuerpo legal en comento dispone que: “La Superintendencia de Seguridad Social será la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro del ámbito de su competencia.”

En su inciso segundo, la norma en comento dispone que: “La supervigilancia de la Superintendencia comprenderá los órdenes médico-social, financiero, actuarial, jurídico y administrativo, así como también la calidad y oportunidad de las prestaciones.”

Por último, en el artículo 27, establece que a esa Superintendencia le corresponde el control administrativo y técnico del Servicio Nacional de Salud, en lo que no se refiere a funciones derivadas del Código Sanitario.

DUODÉCIMO: Que, de lo antes expuesto, debe concluirse que, corresponde a la Superintendencia de Seguridad Social la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social, como asimismo de las instituciones que los administren, dentro de la esfera de su competencia y de conformidad a la ley, teniendo la calidad de organismo técnico de control de las instituciones de previsión, entre las que se encuentra la COMPIN.

DÉCIMO TERCERO: Que, luego, debe considerarse que una de las características principales de la licencia médica es su temporalidad. Así se desprende del artículo 1 del Decreto N° 3, que Aprueba el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, que preceptúa que :“Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la "COMPIN", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "SEREMI", o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en la proporción que corresponda”.

DÉCIMO CUARTO: Que, en el caso de análisis, lo decidido por la Resolución Exenta impugnada mediante el presente arbitrio constitucional, guarda correspondencia con el concepto de temporalidad que de las licencias médicas entrega el artículo señalado en el motivo precedente, puesto que el argumento para el rechazo de las licencias de la recurrente se fundamenta en:

“Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 64706882-0, 66568212-9, 67980801-K, 68597259-K, 69921891-K, 71606334-8, 72959519-5, 74373985-K, 75784648-9, 77040334-0, 78217930-6, 79738158-6, 80962194-4, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados (dentro de los cuales destacan informes médicos no ampliamente fundados, sin descripción clara del cuadro clínico, evolución o compromiso funcional, sin planes de tratamiento o ajustes farmacológicos en consecuencia, sin derivación a dispositivos de mayor complejidad, sin detalles sobre un proceso psicoterapéutico y/o de rehabilitación) no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado.”

DÉCIMO QUINTO: Que, tal como se advierte, el fundamento para rechazar las licencias médicas descansa en que los antecedentes evaluados no permiten establecer incapacidad temporal más allá del periodo ya autorizado por la misma patología, por lo que no se justifica el rol terapéutico del reposo del recurrente.

DÉCIMO SEXTO: Que, de todo lo reseñado previamente, dable es concluir que la actividad realizada por la Superintendencia se ajustó rigurosamente a las normas constitucionales, legales y reglamentarias que establecen sus atribuciones y facultades fiscalizadoras.

Así las cosas, decidido el rechazo de las licencias de la parte recurrente por la COMPIN, y que la SUSESO confirmó dicha decisión, no cabe más que concluir que ambas han obrado dentro de las facultades que la ley les confiere; y en el caso de la segunda, además, actuó de acuerdo con el carácter técnico que ostenta y en ejercicio de las atribuciones de fiscalización con que cuenta, dejando constancia de los fundamentos tenidos en vista para decidir como lo hizo.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, de esta forma, descartada la ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías constitucionales alegadas como vulneradas.

Por estas razones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se rechaza, sin costas, el presente recurso de protección, interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez y de la Superintendencia de Seguridad Social Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-1001-2024.