Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, diecinueve de agosto de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE.

Primero: Que a folio 1 comparece nombre reservado, en representación de su cónyuge nombre reservado, quien deduce acción constitucional de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por haber dictado la resolución exenta número NUM000 de fecha 21 de octubre de 2024, que sanciona a la recurrente con el abandono del país.

Señala que dicha actuación es ilegal y arbitraria, ya que vulnera los derechos establecidos en la Constitución Política de la República, desconociendo el vínculo familiar que une a la recurrente con el país, vulnerando con ello los derechos fundamentales de libertad personal, derecho a la familia y cuidado de los hijos, y el interés superior del niño, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se deje sin efecto la resolución impugnada.

Expone que el 4 de junio de 2021, formalizó su unión legal con la ciudadana ucraniana nombre reservado en la ciudad de Chernivtsy, Ucrania. En noviembre de 2021, la pareja regresó a Chile para registrar su matrimonio ante el Registro Civil chileno. Posteriormente, la recurrente inició un proceso de regularización migratoria, pero tras dos años de gestiones, el 2 de febrero de 2024 fueron notificados del rechazo del certificado de antecedentes penales por considerarse no original.

Agrega que ante ello, recurrieron a la Embajada de Ucrania en Chile para validar con apostillado oficial otro certificado de antecedentes, el cual fue enviado vía Correos de Chile el 21 de febrero de 2024. Sin embargo, nuevamente fue rechazado, alegando el servicio recurrido que dicho documento no había sido recibido, lo cual el recurrente refuta presentando comprobante de envío.

Explican que la situación se agravó cuando el 21 de octubre de 2024, mediante resolución exenta número NUM000, se sancionó a la actora con el abandono del país. El recurso de reposición con jerarquía en subsidio presentado el 29 de octubre de 2024 fue rechazado el 4 de abril de 2025, argumentando que no había sido ingresado por los medios online dispuestos por el servicio, pese a haber sido recepcionado y timbrado en las oficinas correspondientes.

Sostiene que la medida administrativa es desproporcionada e inmoral, desconociendo el vínculo familiar establecido desde 2021, ratificado en Chile en enero de 2022, y del cual han nacido dos hijos: nombre reservado, nacido en Ucrania el NUM001 de 2012, y JOANA, nacida en Chile el NUM002 de 2023.

Argumenta que el abandono vulnera el artículo 10 de la Constitución que define la nacionalidad chilena por nacimiento; el artículo 19 N°7 que garantiza la libertad personal y de movimiento; el artículo 19 N°24 que establece el derecho a la familia y al cuidado de los hijos; y el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño que establece el principio del interés superior del niño.

Solicita, en definitiva, que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare admisible, se acoja, dejando sin efecto la resolución exenta número NUM000 del 22 de octubre de 2024, para restablecer el imperio del derecho, con expresa condena en costas.

Segundo: Que a folio 7, informa nombre reservado en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quien solicita el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Expone que la recurrente, ciudadana ucraniana, ingresó por primera vez al territorio nacional el 20 de noviembre de 2021 por el paso fronterizo habilitado Aeropuerto nombre reservado, con permiso de permanencia transitoria. Posteriormente, con fecha 4 de julio de 2017, la recurrente solicitó mediante plataforma web el beneficio de residencia temporal de la subcategoría de reunificación familiar dentro de Chile, mediante solicitud ID N° NUM003.

Agrega que mediante comunicación electrónica N° NUM004 de fecha 18 de abril de 2023, enviada al correo proporcionado por la extranjera, se le informó que su requerimiento no se encontraba en condiciones de avanzar a la siguiente etapa, debiendo acompañar al procedimiento administrativo diversos documentos, entre ellos: certificado de Antecedentes de País de Origen debidamente apostillado, declaración jurada de expensas con legalización notarial y documentación que acreditara la solvencia económica de su sostenedor. Además, se le indicó que se encontraba residiendo de manera irregular en el país, por lo que debía sancionarse por residencia irregular a través del trámite "Cálculo de Multa Extranjero" disponible en la plataforma web institucional. Para todo lo anterior, se le otorgó un plazo de 60 días, informando que, de no subsanar su solicitud, se podría tener por desistida la misma.

Añade que la extranjera no remitió ningún documento a título de subsanación respecto a lo solicitado. Mediante Notificación de Previo Rechazo folio N° NUM005, de fecha 30 de octubre de 2023, se le informó nuevamente sobre la necesidad de remitir el Certificado de Antecedentes Original debidamente legalizado o apostillado, y de proceder con la sanción por días de residencia irregular, otorgándole un plazo de 10 días hábiles para realizar los descargos pertinentes.

Explica que con fecha 15 de enero de 2024, la extranjera acompañó una carta explicativa por no adjuntar su certificado de antecedentes penales original y debidamente legalizado, pero tampoco acompañó el comprobante de multa por encontrarse con su permiso de residencia vencido. Mediante comunicación electrónica N° NUM006 de fecha 2 de febrero de 2024, nuevamente se le requirió presentar el Certificado de Antecedentes y proceder con la sanción por días de residencia irregular, otorgándole un nuevo plazo de 60 días.

Arguye que la extranjera nuevamente no remitió ningún documento a título de subsanación. Tras una nueva Notificación de Previo Rechazo folio N° NUM007 de fecha 27 de abril de 2024, y ante la persistente falta de cumplimiento de los requerimientos, mediante Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 22 de octubre de 2024, la solicitud de residencia temporal fue rechazada por no adjuntar la sanción pagada por días de residencia vencida, conforme a lo dispuesto en la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, siendo pertinente rechazar su solicitud en conformidad al artículo 88 N°1 de dicha ley. La resolución dispuso también el abandono del país en un plazo de 30 días.

Sostiene que la autoridad competente para dictar la resolución impugnada es el Servicio Nacional de Migraciones, conforme al artículo 157 N°5 de la Ley N°21.325, que establece que corresponde a dicho organismo "resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de residencia y permanencia y determinar la vigencia de los mismos". Esta norma se encuentra redactada en términos similares en el artículo 42 del Decreto Supremo N°296 de 2022, Reglamento de la Ley Nº21.325.

Explica respecto de la solicitud de residencia temporal de reunificación familiar, que este tipo de permiso está regulado en el Párrafo Primero del Título nombre reservado° 177, artículos 12 al 16, y puede ser solicitado por extranjeros que acrediten tener vínculos familiares con un chileno o extranjero con residencia definitiva. Si bien normalmente las solicitudes de residencia temporal deben realizarse desde el extranjero, el artículo 4° del Decreto N° 177 permite expresamente que las solicitudes de reunificación familiar puedan realizarse en territorio nacional.

Sostiene, en cuanto al rechazo de la solicitud por no pago de residencia irregular, que la Ley N°21.325 establece como requisito que la solicitud sea realizada dentro de los 90 días anteriores a la fecha de vencimiento del último permiso. El inciso final del artículo 37 establece expresamente que los residentes cuyo permiso haya vencido deben pagar las multas correspondientes, según lo establecido en los artículos 107 y 119. A pesar de habérsele solicitado específicamente y en reiteradas oportunidades a la recurrente que remitiera el comprobante de pago de la multa por residencia irregular, nunca fue entregado.

Agrega respecto a la medida de abandono del país, que es una consecuencia necesaria e imperativa ante un rechazo de permiso basado en causas legales, conforme al artículo 91 N°4 de la Ley N°21.325, que dispone que toda resolución que rechace un permiso deberá fijar al extranjero un plazo para abandonar el país.

Argumenta que su actuación se ha ajustado a lo dispuesto en el artículo 19 N°7 letra a) de la Constitución Política de la República, al Decreto N° 873 de 1990 que aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y al artículo 22 de la Convención de Protección a los Trabajadores Inmigrantes y sus familias, no existiendo acto u omisión ilegal que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales de la recurrente.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que de los antecedentes que constan en estos autos, es posible concluir los siguientes hechos: a) Que la recurrente solicitó un permiso de residencia temporal en la categoría de reunificación familiar. b) Que el día 18 de abril de 2023 se le solicitó a la recurrente que acompañara documentación faltante para la tramitación de su solicitud, y el pago de los derechos correspondientes. c) Que la recurrente cumplió parcialmente con la solicitud, pero no efectuó el pago por permanencia ilegal en el país, ni se acompañó debidamente el certificado de antecedentes de la actora, notificándosele, previo rechazo, con fecha 30 de octubre de 2023, que cumpliera con lo ordenado. Esta solicitud se le reiteró por solicitud de 2 de febrero de 2024. d) Que mediante Resolución Exenta N° NUM000 de fecha 21 de octubre de 2024 del Servicio Nacional de Migraciones, se rechazó lo solicitado, por no acompañarse a su solicitud el certificado de antecedentes del país de origen vigente. e) Que consta en autos que se acompañó en esta sede, un certificado de antecedentes, en idioma extranjero.

Quinto: Que, se debe precisar que conforme con el artículo 88 N°1 de la Ley N°21.325, señala Artículo 88.- Causales de rechazo. Deben rechazarse por resolución fundada las solicitudes de residencias de quienes: 1. No cumplan los requisitos de cada categoría y subcategoría migratoria fijados en el respectivo decreto, en conformidad con lo establecido en el artículo 70.”

Luego, el artículo 11 del Decreto 177 que establece las Subcategorías Migratorias, señala que: “Artículo 11.- Sin perjuicio de los requisitos específicos requeridos en cada subcategoría migratoria, y salvo mención expresa en contrario, deberán adjuntarse a toda solicitud los siguientes documentos: … b) En el caso de los solicitantes que según la ley chilena sean mayores de edad, el certificado de antecedentes penales o documento equivalente expedido por la autoridad competente de su país de origen o de aquel en el cual hayan residido en los últimos 5 años. En caso que la residencia en un país distinto al de origen haya tenido lugar en un lapso menor a los últimos 5 años, deberá adjuntarse el certificado o documento equivalente, expedido por las autoridades competentes de los diferentes países en los que haya residido durante dicho periodo.”

Además, el artículo 107 de la misma Ley de Migraciones, señala: “Los residentes o titulares de permanencia transitoria que permanezcan en el país, no obstante haber vencido su permiso por un plazo inferior o igual a ciento ochenta días corridos, serán sancionados con multa de media a diez unidades tributarias mensuales, salvo respecto de los residentes que se encuentren en la situación prevista en el inciso final del artículo 30.”

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes acompañados por las partes, consta que el recurrente acompañó todos los antecedentes requeridos por la autoridad administrativa, empero, no acompañó debidamente el certificado de antecedentes penales vigentes de su país de origen, ni pagó los derechos correspondientes al periodo de residencia ilegal.

Esta Corte, para resolver, esta Corte no puede soslayar que, de los mismos antecedentes, consta que la recurrente arribó a Chile, por paso habilitado, hace más de 4 años, sin que fuera objeto de algún reproche penal en nuestro país, que se encuentra casada con un ciudadano chileno y juntos tienen una hija nacida en nuestro país, circunstancias que dan cuenta de un arraigo que lo vincula con nuestro país, y además, ha acreditado que cuenta con un nuevo certificado de antecedentes penales, conforme se acompañó a este proceso.

En tal contexto, la decisión de la recurrida de rechazar la solicitud de residencia permanente y disponer su abandono del país, por la sola circunstancia formal de carecer del mencionado certificado y el pago de la multa, debió motivar a la autoridad a entregarle un plazo prudencial para que acompañara los mismos, por lo que el acto recurrido aparece como desproporcionado y carente de razonabilidad, deviniendo en consecuencia en ilegal.

Séptimo: Que la actuación arbitraria del Servicio recurrido, ha dejado a la recurrente en la imposibilidad de regularizar su situación migratoria, ordenando su abandono del país, por lo que existe una grave amenaza en relación a su garantía de igualdad ante la ley, al dejarlo en una situación de ilegalidad en el país, con una fragilidad en su estabilidad en cuanto a la estadía en el territorio, y con desventajas respecto de otras personas que cuentan con su documentación al día.

Octavo: Que, por lo razonado, el presente recurso de protección será acogido, disponiéndose que la recurrida deberá dejar sin efecto la Resolución Exenta impugnada, debiendo reabrir el procedimiento administrativo, otorgándole a la recurrente un nuevo plazo para acompañar el certificado de antecedentes requerido y el comprobante de pago de multa, procediéndose luego a realizar un nuevo análisis de la solicitud de reunificación familiar, ponderando las circunstancias particulares de la actora.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se acoge, sin costas, el recurso de protección constitucional deducido a favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones, servicio que deberá reabrir el proceso administrativo, con el fin de otorgar un plazo de 60 días para acompañar el certificado de antecedentes y el comprobante de pago de la sanción, para luego proceder a dictar la resolución correspondiente a la solicitud de residencia.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-10007-2025.