nombre reservado con SERVICIOS JURÍDICOS VIDAL, SOLER, ASOCIADOS Y COMPAÑÍA LIMITADA

Se deja constancia que integró extraordinariamente esta Sala la Abogada Integrante señora María Fernanda Vásquez Palma, en reemplazo de la señora nombre reservado, lo que fue puesto en conocimiento de los abogados comparecientes.

nombre reservado

Relator ad hoc Santiago, veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

Proveyendo los escritos folios 23, 24 y 25: téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparecen nombre reservado (Cónyuge), nombre reservado (hijo) y nombre reservado (Hijos), herederos del causante nombre reservado, quienes interponen recurso de amparo en contra de Banco Santander Chile S.A y Velasco & Vidal Abogados, por impedir el cobro del saldo de $1.064.973 quedados en la cuenta de ahorro “Ahorro Plazo Flex Plu” número de cuenta [cuenta reservada] del cliente fallecido de la primera, vulnerando su derecho de propiedad.

Indican que el día 26 de agosto de 2022, falleció el causante nombre reservado, quien a la época era titular de una cuenta de ahorro en el Banco Santander, en la cual se encontraba depositado la suma aproximada de $69.597.095, los que producido el fallecimiento y en su calidad de herederos dispusieron de dichos montos.

Agregan que en mes de 10 de 2023, el Banco Santander Chile les informó, mediante un estado de cuenta remitido a estos, que se pagaron 2 reajustes, por la suma de $1.064.073. Afirma que ante lo cual, con fecha 19 de marzo de 2024, uno de los herederos comenzó a realizar ante el Banco gestiones para obtener el cobro del remante, haciendo presente no era necesario solicitar la posesión efectiva, puesto que el saldo era inferior a las 5 UTA, por lo que se encontraba en la situación descrita en el artículo 26 de la Ley 16.271, Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.

Explica que a pesar de aquello, y luego de un intercambio de correos, remitió documentación solicitada (posesión efectiva) y pagó los honorarios (1,3 UF) del estudio jurídico recurrido encargado de hacer el estudio del caso.

Dice que con fecha 22 de marzo de 2024, el banco reenvía al recurrente respuesta dada por el estudio jurídico: Dentro del inventario de bienes no figura la acreencia ascendente de $69.597.095, existente en la cuenta de ahorro del causante al momento de producirse la apertura de la sucesión, por lo que deberá ampliar el inventario de la posesión efectiva, recalcular el impuesto a la herencia y acreditar el pago o exención. Siendo este el acto ilegal y arbitrario que impugna.

Sostiene que el acto impugnado es ilegal o arbitrario por exigir a los herederos modificar la posesión efectiva del causante para realizar el cobro de la acreencia, puesto que atendido lo dispuesto artículo 26 de la Ley 16.271, Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones frente a sumas inferiores a 5 UTA, no es necesario acompañar la posesión efectiva, ni acreditar el pago del impuesto a la herencia, sino solo acreditar la calidad de herederos.

Explica que en cuanto a la vulneración de las garantías fundamentales, argumenta que con el acto impugnado se ha infringido su derecho de propiedad, puesto que los recurrentes son titulares del derecho real de dominio respecto de los bienes quedados al fallecimiento del causante, entre los cuales se encuentra la acreencia bancaria, el cual ingresa al patrimonio de estos, y con el acto arbitrario e ilegal se les impide hacer uso de su patrimonio.

Finaliza solicitando que se acoja su acción, declarando ilegal y/o arbitrario el acto, y se ordene al Banco a girar a nombre de los recurrentes el saldo de $1.064.973 que se mantienen en la cuenta de ahorro denominada “Ahorro Plzo Flex 39 Plu” número de cuenta [cuenta reservada], a nombre del causante, con costas.

SEGUNDO: Que, las recurridas Banco Santander Chile S.A y Velasco & Vidal Abogados, evacuando sus informes, señalan que a la época del fallecimiento del causante (26 de agosto de 2022), este mantenía un saldo de $69.597.095 que entre el día 28 de septiembre de 2022 al 11 de octubre de 2022, retiraron mediante transferencias electrónicas dichos fondos. Agregan que en el inventario de la posesión efectiva otorgada con fecha 15 de febrero de 2023, los recurrentes no declararon que el causante tenía dicha cuenta de ahorro en el Banco Santander, este último se enteró del fallecimiento en octubre de 2023.

Recalca legalidad de la exigencia realizada por el Banco recurrido, puesto que ha obrado conforme lo dispone el artículo 44 inciso 1 de la L de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones. De esta forma, dicha disposición ordena a Banco a entregar los dineros de una persona fallecida a sus herederos solo si estos acreditan: a) Su calidad de herederos; b) Que los dineros constan en el inventario respectivo; y c) Haber pagado o garantizado el pago de las contribuciones de herencias que correspondan, no cumpliéndose con los 2 últimos requisitos.

Explica que al solicitar a los recurrentes ampliar el inventario de la posesión efectiva y recalcular el impuesto a la herencia, no ha cometido un acto ilegal, que de no haber actuado de la forma dicha, se hubiere sancionado al Banco con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.

Agrega que falta la concurrencia de un derecho indubitado. Los recurrentes no comparecieron ejerciendo un derecho indubitado, ya que a través del recurso de protección impugnan una decisión legal y fundada.

Finaliza solicitando el rechazo del recurso, con costas.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que conforme se colige del mérito de los antecedentes que obran en el expediente, es posible concluir: a).- que no existe discusión alguna de que el causante falleció el 26 de agosto de 2022; b).- que después de su defunción sus herederos mediante distintas transferencias retiraron el total de los dineros que el causante mantenía en una cuenta de ahorro, los que ascendían a aproximadamente $70.000.000; y c).- que al efectuar tales retiros no comunicaron a la institución bancaria el hecho de encontrarse fallecido en cliente propietario del dinero;

QUINTO: Que según señala el artículo 44 de la Ley 16.271: “Las personas naturales o jurídicas que tengan en su poder, sea o no en calidad de depósitos, dinero, joyas u otros valores de una persona fallecida, no podrán hacer entrega de ellos sin que la persona que se presente a reclamarlos acredite su calidad de heredero, juez compromisario debidamente autorizado, o albacea, haber pagado o garantizado el pago de las contribuciones de herencias que correspondan, y que los bienes consten en el inventario que ha debido practicarse, todo ello sin perjuicio de que el Servicio autorice por escrito la entrega, cuando en su concepto no haya menoscabo del interés fiscal. En este último caso, el retiro de dinero o especie se hará bajo las condiciones que el mismo Servicio señale.

Lo dispuesto en el inciso anterior no obsta para que se persiga judicialmente el cobro de lo adeudado, pero el tribunal no autorizará la percepción de lo debido mientras no se acredite el pago del impuesto”.

Por su parte, el artículo 25 del citado ordenamiento prevé: “Para los efectos de esta ley el heredero no podrá disponer de los bienes de la herencia, sin que previamente se haya inscrito la resolución que da la posesión efectiva de la herencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 688 del Código Civil”.

A su turno, el artículo 31 del mismo estatuto dispone: “Las adiciones, supresiones o enmiendas que se hagan en el inventario de común acuerdo por los interesados o por resolución judicial o arbitral, deberán ser consideradas en las declaraciones de los impuestos de esta ley.

Los interesados no podrán disponer de los bienes adicionados mientras no se acredite el pago del impuesto o la exención en su caso, respecto de esos bienes”;

SEXTO: Que, consecuentemente, lleva razón la institución recurrida cuando señala que conforme a la recta y articulada interpretación de la normativa del ramo, resulta improcedente exigirle la entrega del saldo que actualmente registra la cuenta de ahorro del causante, efectivamente de un monto menor a 5 U.T.A., pues en su calidad de retenedor de impuestos, debe velar porque la cantidad mayor de dinero que fue ilegalmente retirada de la entidad por los herederos -sin conocimiento de parte de ella del fallecimiento de su cliente-, sea declarada como parte del inventario de los bienes quedados a su fallecimiento, a efectos de que el Servicio de Impuestos Internos, considerando los mismos, emita nuevamente un certificado acerca del valor correspondiente al impuesto a la herencia que la comunidad sucesoria debe pagar.

Luego, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna en el actuar de la institución bancaria, puesto que ella guarda correspondencia con la conducta que legalmente constituye su deber, mismo que fue incumplido por los recurrentes, quienes de manera subrepticia intentaron eludir el pago de una carga legal;

SÉPTIMO: Que, en estas circunstancias, no existiendo acto ilegal o arbitrario que pueda atribuirse a la institución recurrida, procede desestimar el presente arbitrio, con costas, por ser absolutamente infundado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en la petición principal de la presentación de fecha 18 de abril de 2024, en favor de nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, en contra de Banco Santander Chile S.A y Velasco & Vidal Abogados, con costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

Rol Protección N° 10.004-2024.- Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Maritza Villadangos Frankovich, conformada por la Fiscal Judicial señora nombre reservado y la Abogada Integrante señora María Fernanda Vásquez Palma PAGE