Protección contra Comisión Médica Central

C.A. de Santiago Santiago, tres de septiembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

Con fecha 3 de mayo de 2025, comparece Máximo Pávez Cantillano, abogado, en representación de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Comisión Médica Central, representada por la Superintendencia de Pensiones, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la dictación, de la Resolución N° NUM000, que rebajó su porcentaje de incapacidad de 40% a 31%, decisión confirmada por ésta última, impidiendo acceder a una pensión de invalidez, decisión que, a su juicio, vulnera sus garantías constitucionales, previstas en el artículo 19 N°1 y N°24.

Expone que el 9 de diciembre de 2020, fue sometida a cirugía para extracción de la glándula suprarrenal y que, como consecuencia, presenta múltiples patologías crónicas y progresivas (hernia lumbar y cervical, nódulo mamario, fibromialgia, menopausia anticipada, endometriosis, cistitis crónica y trastornos psiquiátricos), algunas diagnosticadas posteriormente a su solicitud inicial de invalidez.

Refiere que el 29 de junio de 2023, solicitó pensión de invalidez ante la Superintendencia de Pensiones, la cual fue rechazada el 21 marzo de 2024, al confirmar el Dictamen N°NUM001, de la Comisión Médica Regional Santiago Centro, ya que habiéndose determinado un menoscabo del 40%, inferior al mínimo legal del 50%, rechazó, no solo el recurso, sino que redujo el porcentaje a 31%, sin antecedentes nuevos, omitiendo requerir nuevos exámenes conforme al art. 11 inciso 6° letra c) del D.L. N°3.500, y desconociendo la certificación de discapacidad del 50%, emitida el 17 de abril de 2025, por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez.

Alega que dicha actuación es arbitraria, por carecer de razonabilidad, proporcionalidad y debida fundamentación, e ilegal, por contravenir el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que impide modificar el grado de invalidez al rechazar un reclamo, infringiendo además el principio de “non reformatio in peius” recogido en el artículo 41 de la Ley N°19.880 y reconocido por la jurisprudencia de la Corte Suprema.

Sostiene, que el acto impugnado, vulnera su integridad física y psíquica, al privarla de sustento, forzándola a vivir en condiciones indignas, y su derecho de propiedad, al negarle un beneficio previsional al que tendría derecho por cumplir los requisitos legales.

Afirma que el recurso se interpone dentro de plazo, contando desde la notificación de la resolución, 3 de abril de 2025, y que, por tratarse de un acto de ejecución sucesiva, las vulneraciones persisten en el tiempo.

Solicita que se deje sin efecto la Resolución N° NUM000 y, el Dictamen N°NUM001, que se declare que su grado de invalidez es superior al 50% o, al menos, se disponga una nueva evaluación, o se adopten las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

Informando la Superintendencia de Pensiones. Esta Corte tuvo presente su informe, luego de haberse prescindido del mismo. En este expone en primer término, que se rechace el recurso por extemporáneo, indicando que la Resolución C.M.C. N°NUM002, dictada por la Comisión Médica Central el 18 de febrero de 2025, fue notificada a la actora el 12 de marzo de 2025 por correo electrónico y el 13 de marzo por carta certificada, por lo que el plazo de 30 días del artículo 1° del Auto Acordado, venció mucho antes de la interposición del recurso, 5 de mayo de 2025.

Afirma que la notificación posterior, referida por la recurrente, -3 abril de 2025 -, sólo informó que la resolución había quedado ejecutoriada, sin generar un nuevo plazo. Cita jurisprudencia que descarta la aplicación de la tesis de “acto de ejecución sucesiva” cuando se trata de un acto administrativo único con consecuencias posteriores.

En subsidio, alega falta de legitimación pasiva, señalando que las Comisiones Médicas Regionales y la Comisión Médica Central, no dependen de la Superintendencia de Pensiones, ni forman parte de su estructura orgánica para efectos de sus pronunciamientos, gozando de autonomía técnica según el artículo 18 del Reglamento del D.L. N°3.500 (D.S. N°57/1990).

Expone que la Superintendencia sólo tiene supervigilancia administrativa y, potestad para dictar normas operativas, sin control jerárquico ni representación judicial de las Comisiones, conforme a los artículos 94 del D.L. N°3.500, 3° del DFL N°101/1980 y 47 de la Ley N°20.255, por lo que no participó en el proceso de evaluación y calificación de la invalidez de la actora.

En cuanto al fondo, detalla que la recurrente realizó numerosas presentaciones presenciales y virtuales, entre el 30 de julio de 2024 y el 27 de febrero de 2025, reclamando por la demora en la resolución de su apelación, a las que la Superintendencia respondió, informando que el proceso se encontraba en revisión en la Comisión Médica Central, con alta demanda de solicitudes y prevalencia de criterios clínicos en la gestión.

Indica que la Comisión Médica Regional Metropolitana Centro, tras interconsultas con especialistas en psiquiatría, traumatología, endocrinología y reumatología, configuró los impedimentos de fibromialgia (clase II, rango alto, 34%) y trastorno adaptativo (clase II, rango bajo, 15%), otorgando 6 puntos por factores complementarios, lo que sumó un menoscabo global del 40%, insuficiente para la invalidez, por lo que el Dictamen N°NUM001 de 21 de marzo de 2024 rechazó la pensión.

Refiere que la apelación de la actora fue resuelta por la Comisión Médica Central, mediante Resolución N°NUM002, actualmente firme.

Señala que la sola existencia de una patología, no configura automáticamente un impedimento para efectos de invalidez, debiendo cumplirse requisitos normativos sobre objetivación, agotamiento de tratamientos, estabilización o agravamiento y tiempos de observación.

Enfatiza, que la Superintendencia carece de atribuciones para intervenir en el fondo de las decisiones de las Comisiones Médicas y, que su actuación se rige por el principio de legalidad de los artículos 6° y 7° de la Constitución y 2° de la Ley N°18.575. Concluye solicitando se declare la extemporaneidad del recurso o, en subsidio, se rechace el recurso por falta de legitimación pasiva y ausencia de acto ilegal o arbitrario atribuible a la Superintendencia.

Se trajeron lo autos en relación, agregándose a la tabla extraordinaria para su vista del día once del mes en curso, a la que comparecieron ambas partes.

CONSIDERANDO:

PEIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

SEGUNDO: Que, el acto ilegal y arbitrario que denuncia la recurrente, conforme se desprende del presente recurso, corresponde a la Resolución N° NUM000 de 18 de febrero de 2025, emanada de la Comisión Médica Central, resolución que modificó el porcentaje de incapacidad laboral, de 40% a 31%, lo que impide obtener una pensión de invalidez, vulnerando con tal decisión las garantías constitucionales previstas en los numerales 1 y 24 del artículo 24 de la Carta Fundamental.

Añade la recurrente, que dicha resolución se encuentra ejecutoriada y le fue notificada por correo electrónico el 03 de abril de 2025.

TERCERO: Que, solicitado informe a la Superintendencia de Pensiones manifestó, en primer término, que el recurso fue planteado extemporáneamente, atendido que la Resolución C.M.C. N°NUM002, de 18 de febrero de 2025, pronunciada por la Comisión Central, fue notificada a la actora por carta certificada, con fecha 10 de marzo de 2025, a través de Correos de Chile, y el recurso ha sido interpuesto, con fecha 5 de mayo de 2025.

CUARTO: Que, cabe rechazar la excepción en comento, ya que sin perjuicio de la falta de documentación respecto de la materialidad de las notificaciones, es claro, que el recurso atiende a dejar sin efecto o modificar la Resolución emanada de la Comisión Médica Central, en cuanto ha sido confirmada por la Superintendencia de Pensiones, no obstante, si bien ésta afirma, que la fecha 03 de abril de 2025, solo fue informativa de la ejecutoria de la Resolución impugnada, el acto terminal finaliza con una Resolución confirmatoria, esto es, en la fecha señalada; por lo que la extemporaneidad invocada no puede prosperar, teniendo presente que la acción cautelar data de 5 de mayo de 2025.

QUINTO: Que, en otro acápite, la recurrida, alega falta de legitimación pasiva. Argumenta, que carece de prerrogativa para representar a las Comisiones Médicas, mucho menos de ejercer atribuciones resolutivas en contra de los reclamos interpuestos en contra de los dictámenes de invalidez que emiten.

En efecto, las facultades de la Superintendencia de Pensiones, encuentran contenidas en los artículos 94 del DL N°3.500, de 1980; 3° del DFL N°101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y en el artículo 47 de la ley 20.255, no le otorgan la prerrogativa de representar a las Comisiones Médicas, mucho menos de ejercer atribuciones resolutivas de los reclamos interpuestos por las partes en contra de los dictámenes de invalidez que emiten las Comisiones Médicas Regionales o Central.

Es claro que, a la Superintendencia de Pensiones, le corresponde la supervigilancia administrativa de las Comisiones e impartir las normas operativas que se requiera para calificar la invalidez; en ningún caso puede tener injerencia en el proceso de evaluación y calificación del grado de invalidez, al carecer de competencia.

SEXTO: Que, lo relevante en el presente recurso, es que el procedimiento se encuentra afinado, según consta del documento presentado por la recurrente, emanado de la “Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones”, fechado 18 de febrero de 2025, que da cuenta que por Sesión de 10 de febrero de 2025, “Acuerda” rechazar el reclamo y confirmar el Dictamen de la Comisión Médica Santiago Centro, N°NUM001, de 21 de marzo de 2024, que declara que no procede otorgar invalidez, respecto de la Resolución C.M.C. N°NUM002, la que contiene timbre de ejecutoriada el 21 de marzo de 2025. SÉPTIMO: Que, como puede apreciarse, de los antecedentes allegados por la recurrida se constata que, su proceder se ajustó a la normativa legal que la regula, dando respuesta oportuna, a las presentaciones efectuadas, sin perjuicio que, con nuevos antecedentes, pueda hacerlos valer, ante el organismo pertinente, en orden a obtener una modificación del porcentaje de la pérdida de capacidad de trabajo y ser posible acceder a una pensión de invalidez, OCTAVO: Que, conforme a lo razonado en los motivos que anteceden, cabe rechazar la presente acción de protección, puesto que no se advierte ilegalidad o arbitrariedad alguna de la recurrida, su proceder se ajustó a la normativa que la regula; sin perjuicio que, la actora, con nuevos antecedentes, pueda hacerlos valer, ante el organismo pertinente, lo que podría permitir la modificación del porcentaje de su pérdida de capacidad de trabajo, posibilitando una pensión de invalidez.

NOVENO: Que, en consecuencia, se omite pronunciamiento respecto de las garantías que la actora estima conculcadas.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, en todas sus partes, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese y archívese.

Redacto la Ministro Sra. Barrientos.

No firma el ministro señor Jaime Balmaceda, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por encontrarse con feriado legal.

Protección N°10003-2025.