nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES Y ARAUCANA

C.A. de Rancagua Rancagua, veintidós de enero de dos mil veintiséis.

Vistos:

A folio 1 comparece don nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y La Araucana por los actos que, a su juicio, vulneran sus derechos contemplados en el artículo 19 N° 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que el día 30 de mayo de 2025 las recurridas descontaron de su remuneración, sin previo aviso, autorización, ni justificación formal, la suma aproximada de $148.261, por concepto de una supuesta deuda originada en el año 2017, alegando que nunca fue notificado de ella, la cual, además, se encontraría prescrita.

Puntualiza que la recurrida C.C.A.F. Los Andes, además, habría iniciado un procedimiento judicial de cobro de la deuda, sin que éste le haya sido notificado, lo que demuestra un actuar abusivo y desproporcionado, ya que su sueldo, que corresponde al mínimo legal, es su único sustento.

Afirma que el actuar de las recurridas es arbitrario, al carecer de fundamentos legales válidos.

Sostiene que el actuar de las recurridas afecta su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones. Asimismo, su derecho a la igualdad ante la ley, al no seguirse un proceso racional y justo, ni notificarle previamente del cobro. Por último, afecta su derecho a una vida digna, afectando el sustento del recurrente, así como el de su familia.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se declare que el acto recurrido es ilegal y arbitrario, ordenando la restitución de las sumas de dinero descontadas y el término de los descuentos en el futuro, así como cualquier otra medida que esta Corte estime pertinente, a fin de restablecer el imperio del derecho.

A folio 7 informó la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes solicitando el rechazo del recurso.

Fundó su solicitud señalando que con fecha 13 de febrero 2017 otorgó al señor nombre reservado, la operación de crédito código N° 011CON100148407, por un capital inicial de $2.083.596.-, a una tasa de Interés mensual de 2.14%, pagadero en plazo de 36 meses, con una cuota mensual de $86.588, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de abril 2017. Las cuotas de los meses de abril a diciembre 2017, cuotas N° 1 a N° 9, fueron pagadas con fecha 10 de mayo al 10 de diciembre 2017 y 10 de enero 2018. Producto de la morosidad existente, el señor nombre reservado con fecha 5 de marzo 2018 efectuó una reprogramación de la deuda por la suma de $1.795.111, pagadero en 27 meses, con una cuota de $93.674, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de mayo 2018.

Agrega que, producto de la morosidad existente en las cuotas de los meses de junio 2018 a agosto 2020, cuotas N° 2 a N° 28, el señor nombre reservado con fecha 4 de mayo 2023 efectúa una 2° reprogramación de la deuda por la suma de $932.948, con una tasa de interés de 2.08%, pagadero en 6 meses, con una cuota de $175.035., cuyo primer vencimiento correspondiendo a fecha 31 de julio 2023.

Luego, la cuota del mes de julio 2023, fue abonada por la suma de $148.261 con fecha 12 de junio 2025. A la fecha, la operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo en estado moroso las cuotas de los meses de julio a diciembre 2023, esto es, las cuotas N° 1 a 6 de 6.

Afirma que, si bien es cierto que inició una demanda en contra del recurrente, esta fue anterior a la reprogramación de fecha 4 de mayo de 2023, por lo tanto cambiaron las condiciones de la demanda en causa Rol 9470-2019, del 1° Juzgado Civil de Rancagua, además el inicio de esta demanda no obedeció a capricho, sino por una obligación establecida en el compendio de normas de la Superintendencia de Seguridad Social que regulan a las Cajas De Compensación De Asignación Familiar, donde se obliga a iniciar acciones de cobranza judicial a los deudores de un crédito social, y señala que la cobranza judicial deberá iniciarse no más allá del sexto mes de morosidad, tratándose de deudas que superen las 50 UF, por lo que no existe otra opción para las Cajas, que iniciar el juicio ejecutivo.

Sostiene que, en consecuencia, en la especie nos encontramos frente a un crédito plenamente vigente, actualmente exigible y cuyas acciones no se encuentran prescritas, por lo que su recaudación, de acuerdo al mecanismo establecido en el artículo 22 de la Ley 18.833 es pertinente y oportuno.

Argumenta que el mecanismo del ‘descuento por planilla’ se trata de un ‘mecanismo especial de pago’, inherente al régimen de ‘crédito social’ otorgado por las cajas de compensación, lo que tiende a disminuir el riesgo de éstas y, con ello, permite que el costo del crédito sea menor porque el pago del mismo se descuenta directamente de la remuneración del trabajador. Además, se trata de un mecanismo que no depende de la voluntad o decisión de las cajas de compensación, porque las reglas del caso lo establecen de forma perentoria u obligatoria. Tiene exactamente el mismo grado de obligatoriedad que el pago de las cotizaciones previsionales. Asimismo, la obligatoriedad del ‘descuento por planilla’ recae sobre el empleador y precisamente por eso es que el sistema legal establece que se entiende que el trabajador paga el crédito al momento de aplicársele el descuento.

Sostiene que, por lo demás, cualquier alegación del recurrente en relación a alguna supuesta falta de exigibilidad del crédito en cuestión, excede latamente el objeto de la acción de protección y deberá ser planteada en la sede jurisdiccional dispuesta por el legislador y ser resuelta en un juicio de lato conocimiento. Por ende, mal puede el recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con la recurrida, a través del ejercicio de una acción constitucional, en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

A partir de lo anterior, refiere que podemos afirmar que una C.C.A.F. sólo cometería un acto arbitrario e ilegal si informara deducciones a partir de créditos sociales en que se ha declarado la prescripción tanto de la acción cambiaria como aquella que emana del mutuo, acciones que son distintas e independientes y que tienen plazos de prescripción diversos, y que no se han sido declaradas en favor del recurrente de marras.

Agrega que la Caja no requiere de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas exigibles de crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo al artículo 22 de la Ley 18.833. En este sentido, el descuento efectuado malamente puede constituir una situación arbitraria por parte de la Caja, como pretende hacer ver el recurrente, pues dicha institución de seguridad social sólo está cumpliendo con su mandato legal de proteger su fondo social, mediante la recuperación de un crédito por la vía legal para ello, esto es, el descuento en las remuneraciones del deudor afiliado.

Previas citas legales y jurisprudenciales, finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso.

A folio 12 informó la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana solicitando el rechazo de la presente acción.

Fundó su solicitud señalando que el recurrente no mantiene crédito o deuda alguna con dicha Caja, pero sí mantiene un crédito moroso con Caja los Andes, en virtud del cual, en atención al sistema intercajas, y el mandato reciproco existente, por aplicación del artículo 22 de la ley N° 18.833, La Araucana procede a solicitar al empleador afiliado, Servicios de Aseo y jardines Maclean Limitada, RUT: RUT reservado, proceder a descontar de la remuneración las sumas adeudadas a Caja Los Andes. De esta manera, dispuso el descuento de $148.261, los que fueron recaudados el 10 de junio de 2025 y remitidos el día 12 del mismo mes y año.

Indica que, conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social, relacionadas con los siguientes regímenes: legales de carácter previsional y de prestaciones de bienestar social, en este último se encuentran los créditos sociales. Por su parte el artículo 22 inciso 1° de la Ley N°18.833, prescribe: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”. Agrega que lo anterior, guarda concordancia con el artículo 11 inciso 1° del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que señala: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la empresa afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones”.

Afirma que, por lo señalado, no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales del actor, ya que, en todo momento, ha obrado conforme a derecho y salvaguardando además la garantía constitucional contemplada en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un traspaso ilegal a la esfera de dominio del deudor ni expropiación alguna de parte de su remuneración, por cuanto el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales que tiene evidente carácter social al ser una prestación se seguridad social y cuya modalidad de descuento no es otra que la de facilitar el cobro de los dineros dados en préstamo contra un fondo social, en virtud del Orden Público Económico.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso.

A folio 23, el recurrente informó que fue desvinculado de su trabajo, atendido el acto por el cual se recurre en esta causa.

A folio 31 informó el recurrente que no reconoce haber celebrado ni suscrito ninguna renegociación o repactación de deuda con la Caja de Compensación Los Andes, ni durante el año 2023. La única comunicación mantenida con la recurrida fue a través de llamadas telefónicas grabadas, lo que no constituye consentimiento contractual válido. Nunca ha suscrito contrato alguno, físico o electrónico, que autorice a la recurrida a modificar o renegociar deuda, por lo que cualquier cobro o descuento efectuado sobre dicha base carece de fundamento legal.

Luego, a folio 34 el actor señaló que la recurrida mantiene dos créditos registrados como morosos a su nombre, cuando según su propia exposición sólo existiría uno, el cual supuestamente se encontraría repactado, pero aquella renegociación no fue suscrita por él, no ha sido acreditada en autos ni consta documento válido que la respalde. En consecuencia, se mantiene artificialmente la existencia de dos obligaciones morosas, generando una situación irreal y jurídicamente improcedente que vulnera sus derechos fundamentales. Asimismo, da cuenta de habérsele descontado la cuota respectiva en el mes de junio de 2025 y que, aunque fue restituido el dinero, aquello no implica que las recurridas hayan incurrido en desacato.

A folio 39 informó Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes que la reprogramación de fecha 4 de mayo de 2023 fue realizada bajo las siguientes condiciones: Reprogramación por la suma de $932.948, con una tasa de interés de 2.08%, pagadero en 6 meses, con una cuota de $175.035., cuyo primer vencimiento correspondiendo a fecha 31 de julio 2023.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección ha sido instituido por el constituyente como una acción de urgencia destinada a evitar las posibles consecuencias dañosas derivadas de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales, que produzcan privación, perturbación o amenaza de alguna o algunas garantías constitucionales expresamente señaladas en la Constitución Política de la República, a fin de restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección a quien pueda resultar afectado.

2.- Que, se dedujo recurso de protección en contra de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y La Araucana, atribuyéndoles a éstas, como acto ilegal y arbitrario, el haber ordenado el descuento de cuotas de un crédito social de la remuneración de la recurrente desde el mes de junio de 2025, en pago de cuotas atrasadas de un mutuo contratado por ésta con la Caja Los Andes en el año 2017.

3.- Que, en su informe, las recurridas reconocieron lo señalado por la parte recurrente, respecto de haber efectuado el descuento cuestionado por el actor, esgrimiendo que tal conducta fue ejecutada utilizando el mecanismo autorizado por el artículo 22 de la Ley 18.833, destacando que la última reprogramación del crédito, a solicitud del recurrente, se realizó en el mes de mayo del año 2023.

4.- Que, el artículo 22 de la citada ley, dispone que: “Lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales.

Practicada la deducción al trabajador, se entenderá extinguida a su respecto y de sus codeudores la parte correspondiente de la deuda, desde la fecha en que ella hubiera tenido lugar, aunque no haya sido remesada por el empleador a la Caja, debiendo dirigirse exclusivamente contra éste las acciones destinadas al cobro de las sumas no enteradas.

En caso que la entidad empleadora afiliada tenga la calidad de deudora de un procedimiento concursal de liquidación, y una vez que se haya dictado la resolución de liquidación pertinente, regirán las siguientes reglas:

1.- Las cuotas de créditos sociales devengadas y descontadas de la remuneración por el empleador que no hayan sido remesadas a la Caja de Compensación a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación gozarán de la preferencia del número 5 del artículo 2472 del Código Civil, siendo obligación de la respectiva Caja de Compensación verificar su crédito.

2.- Corresponderá al trabajador el pago de las cuotas de créditos sociales no devengadas a la fecha de la dictación de la resolución de liquidación, no siendo de cargo de la masa. Para estos efectos, se tendrán por no escritas las convenciones que permitan al empleador, en caso de término de la relación laboral por dictación de la resolución de liquidación, descontar los saldos pendientes por créditos sociales de las indemnizaciones por término de contrato a que tenga derecho el trabajador”.

5.- Que, en efecto, la señalada disposición faculta a las Cajas recurridas para efectuar los descuentos correspondientes al pago de los créditos otorgados, de las remuneraciones del deudor, facultad que ha sido debidamente ejercida, por cuanto el actor ha reconocido la existencia de la obligación y se encuentran acompañados en la causa suficientes antecedentes que dan cuenta de la reprogramación de crédito social suscrita por las partes con fecha 4 de mayo de 2023, así como el certificado correspondiente a la deuda y, la liquidación de remuneraciones del actor correspondiente al mes de junio de 2025, documentos que dan cuenta que se efectuó un descuento, por lo que la deuda se encuentra vigente y de este modo, el procedimiento utilizado por el acreedor resulta oportuno y ajustado a las normas que regulan la materia.

6.- Que, al efecto, y en relación con lo señalado por el actor en cuanto nunca habría renegociado la deuda que mantenía con la recurrida, consta del documento acompañado a folio 39, denominado “Información de Créditos Personales”, que el deudor autorizó una repactación de la deuda con fecha 4 de mayo de 2023, vía telemática, lo que se justifica atendida la contingencia por la pandemia por Covid-19 que implicó la limitación del derecho de todos los ciudadanos a trasladarse a otros lugares.

En efecto, si bien se trata de capturas de pantalla, en ellas consta su fecha, así como las condiciones del nuevo crédito, las que resultan íntegramente coincidentes con aquellas señaladas por la recurrida en su informe.

Asimismo, de los documentos acompañados a folio 7, se tiene que el recurrente, mediante su firma e impresión digito pulgar, autorizó una repactación previa de la deuda, con fecha 5 de marzo de 2018. Constando, asimismo, que en el pagaré suscrito se autorizó tanto al acreedor, como al empleador y otras instituciones retenedoras, el descuento por planilla de las cuotas del crédito otorgado.

De lo anterior, se colige que el recurrente sí repactó la deuda que mantenía con la recurrida y sí tuvo conocimiento de la facultad de aquélla para proceder al descuento de lo adeudado de sus liquidaciones de remuneraciones, toda vez que ello se lee expresamente en el mandato que otorgó para ello en el pagaré suscrito, no pudiendo alegar ahora tal circunstancia, al ser el contrato una ley para las partes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1545 del Código Civil.

7.- Que, en consecuencia, no cabe sino concluir que la recurrida ha desplegado una actuación que se ajusta a las normas y prerrogativas que la ley que regula esta materia le otorga, respecto de una obligación vigente, de manera que la obligación de pago que se reclama por la recurrida y se hace efectiva mediante los descuentos que por esta acción se impugnan, no se encuentran prescritas y son actualmente exigibles, de lo que se sigue que la actuación de la recurrida no resulta ser arbitraria ni ilegal y no ha afectado el derecho de propiedad del recurrente respecto de sus remuneraciones, por lo que se desestimará el recurso de protección incoado, según se dirá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que rige la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 981-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.