Protección contra CAJA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

Rancagua, seis de octubre de dos mil veinte.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la CAJA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA, ignora representante legal y domicilio.

Indica que en enero de 2014 solicitó un préstamo social a la recurrida, no recordando el monto exacto, en 36 cuotas de $37.767, quedando pendiente 4 cuotas, deuda que no fue cobrada.

Indica que con fecha 4 de agosto de 2020 su empleador le notificó que la Caja recurrida había enviado una nómina de deudores, donde lo incluían, por lo que le descontaría las cuotas mencionadas.

Añade que no desconoce la deuda, sin embargo, el descuento efectuado en su liquidación excedería el 15% de descuento a que se refiere la norma sobre créditos descontados por planilla. Además, a la fecha del cobro han transcurrido 6 años y 7 meses, por lo que habría una evidente prescripción, sin que la recurrida haya efectuado alguna cobranza previa.

Finalmente, refiere que el actuar de la recurrida transgrediría su derecho de propiedad, por tanto pide, salvaguardar su remuneración.

Evacuó informe solicitado la recurrida, Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, indicando que se le otorgó al recurrente el 22 de enero de 2014 un crédito social, por la suma de $803.213, pactado en 36 cuotas mensuales de $37.767, venciendo la primera de ellas en febrero de 2014, crédito respecto del que se han pagado 32 cuotas, 19 durante el 2014 y 2015, 2 cuotas en el 2017 y 10 cuotas en el 2018, correspondiendo la última de ellas al 8 de octubre de 2018, no existiendo más pagos por dicho concepto.

Añade que actualmente el recurrente se encuentra afiliado a la Caja a través de la empresa Pedro Nolasco Marín Aravena, RUT N°RUT reservado, y si bien se le remitieron las cuotas para efectuar los descuentos, su empleador no ha efectuado ninguna remesa correspondiente a algún descuento durante el 2020.

Indica que en sus sistemas no existe ninguna solicitud de repactación por parte del recurrente o que haya reclamado o concurrido a su entidad.

Señala que conforme lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°18.833, las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de previsión social instituidas como corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuyo único objeto es la administración de prestaciones de seguridad social. De este modo, las Cajas de Compensación deben formar un Fondo Social, cuyos recursos se destinan a financiar los regímenes de prestaciones adicionales y de crédito social.

Expone que dado lo anterior, y a fin de cautelar el fondo social de las C.C.A.F., la Superintendencia de Seguridad Social ha venido impartiendo instrucciones a las Cajas de Compensación, relativas a la implementación de un sistema de información sobre colocaciones de crédito social, vigentes y morosas, implementando una central de riesgo financiero de las C.C.A.F., instrucciones contenidas en Circulares N°2627 del año 2010, N°2714 y N°2743 del año 2011, N°2839 del año 2012, N°2925 del año 2013.

Precisa que los descuentos a aplicar en una liquidación de remuneraciones tienen su asidero legal en el artículo 22 de la Ley N°18.833, en concordancia con el artículo 11 del Decreto Supremo N°91, de 1978 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Además, hace presente que las facultades que tienen las Cajas de Compensación para ordenar a los empleadores los descuentos de las cuotas impagas, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo, que dispone que el empleador debe deducir de las remuneraciones de los trabajadores los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos. Es más, en la propia solicitud de crédito que se acompaña firmada por el recurrente consta la autorización por parte del deudor para proceder al descuento.

Respecto a la prescripción de las acciones, señala que ésta debe ser alegada, declarada judicialmente y que no opera de pleno derecho como pretende hacerlo valer el recurrente. Por ende, si se consideran las fechas en que se practicaron los descuentos, a saber, 2014, 2015, 2017 y 2018, en relación con lo dispuesto por el artículo 2518 del Código Civil, que establece: “La prescripción que extingue acciones ajenas puede interrumpirse, ya natural, ya civilmente. Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación, ya expresa, ya tácitamente….”, es posible inferir que cada vez que el deudor recibía su liquidación, la prescripción de la obligación emanada del contrato de mutuo en el caso de marras se interrumpió manteniéndose como obligación civil, y por tanto exigible para la Caja acreedora.

Indica que en todo momento su representada ha actuado conforme a las atribuciones por las que legal y legítimamente se encuentra investida, sin que se haya atribuido, ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias, funciones que vayan más allá de la normativa vigente que regula esta materia.

Finalmente, respecto al descuento indicado por el recurrente, reitera que no consta en su sistema la respectiva remesa y que se cesó en el descuento conforme la orden de no innovar decretada.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que nombre reservado, dedujo recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, atribuyéndole a ésta, como acto ilegal y arbitrario, el haber ordenado el descuento de cuotas de un crédito social de su remuneración del mes de julio de 2020, en pago de cuotas atrasadas de un mutuo contratado por él con la Caja en el mes de enero del año 2014, obligaciones que, por lo demás, se encontraban impagas desde la cuota N° 33 con vencimiento el 31 de octubre de 2016.

SEGUNDO: Que en su informe la recurrida reconoció haber efectuado los descuentos cuestionados por el actor, esgrimiendo que tal conducta fue ejecutada utilizando un mecanismo autorizado por el artículo 22 de la Ley Nº18.833, afirmando, además, que la prescripción de las acciones debe ser alegada y declarada judicialmente. Sin embargo, afirma no haber recibido la respectiva remesa y que se cesó en el descuento conforme la orden de no innovar decretada.

TERCERO: Que reiteradamente esta Corte ha expresado que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes consagradas en la Carta Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

CUARTO: Que, en tal orden de ideas, es posible concluir que la conducta de la Caja recurrida aparece como arbitraria, toda vez que según se señala en el recurso han pasado casi cuatro años desde el pago de la última cuota adeudada y, sin perjuicio de que la recurrida señale que se canceló la última cuota en el año 2018, nada de ello fue acreditado, constando de los documentos acompañados al recurso que la última cuota del préstamo vencía en enero de 2017, por lo que a lo menos han transcurrido más de dos años desde el último pago, sin que en el tiempo intermedio la recurrida haya ejecutado acción alguna que resultare mínimamente eficaz para perseguir su cumplimiento, reviviendo y forzando de manera unilateral un beneficio que la ley contempla para un cobro oportuno, por lo que el acto cuestionado resulta antojadizo, caprichoso y carente de razón, privando al recurrente de su derecho de propiedad sobre parte de la retribución económica obtenida con motivo de la actividad laboral que desempeña y de su posibilidad de efectuar defensas en contra de la cobranza de lo adeudado, derechos que se encuentran amparados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Caja de Asignación Familiar La Araucana, ordenándose el cese de los descuentos efectuados sobre la remuneración del actor.

Acordado lo anterior con el voto en contra de la Ministra de Orúe, quien fue de opinión de rechazar la acción deducida por cuanto atendida la fecha en que debió pagarse la última cuota del crédito a la fecha en que la Caja solicitó el descuento al empleador del recurrente no había transcurrido el plazo de prescripción de la acción ordinaria derivada del contrato de mutuo que avala el crédito concedido al recurrente, por lo cual la acción reclamada en autos no resulta ni arbitraria ni ilegal.

Anótese, regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Rol I Corte 9769 -2020 Protección.