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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 9727-20226 mar 2023

nombre reservado con HOSPITAL REGIONAL RANCAGUA

Fecha
6 de marzo de 2023
Corte
Corte de Apelaciones de Rancagua
Sala
Tercera
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de Rancagua, Rol N° 9727-2022, sentencia de 6 de marzo de 2023

Resumen

Se rechaza la protección contra el Hospital Regional de Rancagua por extemporánea, al superar los 30 días desde el cese notificado, y por no existir derecho indubitado amparable; se remiten antecedentes al Ministerio Público.

Texto íntegro

Rancagua, seis de marzo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 16 de junio del año 2022, comparece doña nombre reservado, enfermera, domiciliada en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, médico cirujano, en su calidad de Director del Hospital Regional de Rancagua, domiciliado en domicilio reservado.

Funda su recurso en haberse desempeñado por poco más de un año en el Hospital Regional de esta ciudad, primero en la unidad de Epidemiología, y desde el 1 de septiembre de 2021, en la unidad de Imagenología del mismo centro asistencial, como enfermera para el seriógrafo dispuesto en dicho servicio, correspondiendo las labores a realizar aquellas relativas a la instalación de CDL tunelizado y CDL transitorio, asistencia en procedimientos de radiología intervencional, aplicación de pautas de observación del programa de supervisión de prevención de IAAS, previa randomización, responsable de conocer, cumplir y hacer cumplir aplicación de protocolo y gestionar la reposición oportuna de fármacos e insumos del carro de parto, administración de medicamentos endovenosos en pacientes que presenten reacciones adversas al medio de contraste según protocolo, realización de capacitación de protocolos institucionales, y tareas específicas encomendadas por la coordinación del servicio.

Relata que, ingresó al servicio antes mencionado en calidad de “honorario covid” hasta el mes de diciembre del año 2021, y en virtud de dicha circunstancia es que durante los primeros días de aquel mes, se entrevistó con la coordinadora del servicio, señora nombre reservado, con el objeto de solicitar su continuidad en el trabajo prestado en la unidad, requerimiento que fue resuelto de manera positiva mientras la coordinadora titular se encontraba de vacaciones, modificándose su calidad a “honorario permanente”, situación que fue regularizada recién en el mes de febrero de 2022.

Refiere, que el atraso en la regularización de su situación contractual, se debió a que su contrato estaba “mal hecho”, por lo que debió hacer –a solicitud de la oficina de honorarios- una carta de renuncia al convenio de honorarios Covid, con referencia explícita de renuncia por continuidad con convenio honorario permanente, lo que determina que finalmente suscriba un convenio de “Honorario permanente con fecha desde 1 de febrero 2022 hasta 31 de diciembre 2022”, documento que señala debió firmar por lo menos 5 veces, debido a diversos errores en que se incurrió al momento de la suscripción.

Indica la actora, que estuvo con licencia médica desde el 22 de febrero al 31 de marzo del año en curso, oportunidad en que acusa se habría adulterado el convenio de honorarios permanente que suscribió en forma previa a su licencia, de lo cual señala haber sido advertida por la secretaria del servicio de imagenología. Por lo anterior, es que al regresar de su reposo médico, solicitó vía correo electrónico dirigido a la oficina de compra de servicios, la copia del convenio suscrito, oportunidad en que advierte que dicho convenio señala que aquel es válido entre el 1 de febrero de 2022, hasta el 31 de marzo del mismo año.

Luego de hacer referencia a una serie de solicitudes de información realizadas por la actora, con el objeto de aclarar y definir su situación, expone que una funcionaria de la unidad de compra de servicios, a quien identifica como Jessica, la cita a reunión, oportunidad en que dicha funcionaria reconoce haber adulterado el contrato, cambiando la primera hoja. Dicha reunión habría sido grabada por la actora, y el objetivo de la misma habría sido obtener la firma de la recurrente en un nuevo convenio cuya fecha de expiración era precisamente el 31 de marzo de 2022, a lo que ésta se negó.

De esta forma, en el mes de abril de 2022, expone que fue notificada del término anticipado del convenio a honorarios sin expresión de causal, explicándole únicamente en forma verbal que la razón de desvinculación era de carácter técnico. Agrega que junto el acta de notificación se acompañaba el convenio de honorarios con vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2022.

Arguye la actora, que la desvinculación fue mediante empleo de artilugios no propios de una entidad pública, apartándose al principio de probidad administrativa.

Luego de citas legales al Código del Trabajo y a la Ley N° 19.880, alega que la actuación de la recurrida denota la existencia de una evidente vulneración a la garantía de igualdad ante la ley, existiendo una discriminación arbitraria, en tanto otros trabajadores a honorarios permanecen trabajando y ella se encuentra desvinculada.

Finalmente, solicita que se acoja la presente acción constitucional de protección y en virtud de ello, se ordena al recurrido dejar sin efecto el despido, de la manera realizada, disponiendo su reincorporación, con expresa condenación en costas.

En folio N°8, con fecha 26 de agosto del año en curso, comparece el abogado Juan Pablo Pacheco Morales, en representación del recurrido, evacuando el informe solicitado.

En primer término, alega la extemporaneidad de la acción impetrada, la que sustenta en el hecho de desprenderse de los propios dichos de la recurrente que ésta recurre en contra de su desvinculación anticipada respecto del Hospital Regional de Rancagua, lo que habría acontecido el día 17 de abril de 2022, por lo que al haber sido deducida la presente acción el 16 de junio del año en curso, se ha excediendo con creces el plazo de 30 días corridos establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección.

En segundo término, alega que la acción cautelar de autos no es la vía idónea para resguardar los derechos reclamados, en tanto éstos no son derechos indubitados y consolidados en una persona, y en virtud de ello estima que esta Corte no es el tribunal competente para conocer de estos antecedentes, puesto que de conformidad a lo establecido en el Código del Trabajo, serían competentes los respectivos tribunales de letras del trabajo, por cuanto lo cuestionado es el ejercicio de una cláusula contemplada en el convenio de honorarios suscrito entre la recurrente y la recurrida.

En cuanto al fondo, señala que la recurrente ingresó a trabajar para la recurrida el 15 de enero de 2021, para desempeñarse en el Hospital en distintos servicios clínicos como personal “de apoyo” contratado en modalidad de Convenio Honorario COVID-2019, vinculación que se mantuvo hasta el 31 de enero de 2022. Previo a ello, ingresó al Servicio de Imagenología a partir del mes de septiembre del año 2021, en el contexto de requerirse por dicho servicio una profesional del área que pudiera encargarse del seriógrafo. Así, en consideración a ello y por razones de “buen servicio”, se solicitó a la Dirección del Hospital Regional, formalizar la permanencia de la recurrente, pero a partir de enero de 2022, en modalidad “Honorario Permanente”, lo cual se formalizó mediante el Memorándum N° 1309 de fecha 29 de diciembre de 2021. Sin embargo, en el caso de la recurrente dada la solicitud del Servicio de Imagenología de fecha 29 de diciembre del 2021, la recurrida procedió a autorizar dicho requerimiento con fecha 31 de enero del 2022. Con todo esto, la Unidad de Honorarios, luego de recibir autorización el día 2 de febrero de la misma anualidad, confeccionó el convenio respectivo a contar del 1 de febrero de 2022 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, dado que las remuneraciones de enero fueron pagadas bajo el presupuesto Covid-19.

En cuanto a la alegación realizada por la recurrida, en lo relativo a la “adulteración de un documento público”, señala que aquello no es efectivo, ya que luego de revisar el caso con el Departamento de Administración de las Personas, se pudo comprobar que efectivamente existió un error al momento de compaginar el contrato para ser escaneado y enviado a la recurrente para su firma, sin embargo, el contrato legítimo y válido es aquel que establece como fecha de prestación de servicios, desde el 1 de febrero de 2022, al 31 de diciembre del mismo año.

Finalmente, en lo que respecta al término de funciones de la recurrente, hace presente que el contrato firmado, señala en su punto “Vigésimo Primero” lo siguiente: “Sin perjuicio del periodo de vigencia del presente convenio, cualquiera de las partes podrá poner término anticipado y sin expresión de causa, dando aviso por escrito a la otra parte, de su intención. En la eventualidad de poner término anticipado a los servicios, se rebajará el honorario a suma alzada de manera proporcional el tiempo efectivamente trabajado, debiendo pagarse sólo las cuotas correspondientes a dicho período”, arguyendo entonces que por lo señalado, el término del convenio de manera anticipada se ampara en una disposición expresa del contrato, ajustándose a derecho su desvinculación.

Finalmente, en atención a los antecedentes que detalladamente refiere en su informe, solicita el rechazo de la presente acción constitucional de protección, por considerar que no ha existido respecto de la recurrente, actuaciones de su parte que determinen la existencia de vulneración alguna de las garantías constitucionales de la actora.

Con fecha 28 de noviembre pasado, se da traslado a la recurrente respecto de la alegación de extemporaneidad alegada por la recurrida.

Con fecha 9 de diciembre la recurrente, evacuando el traslado otorgado pide rechazar la excepción alegada por la recurrida en cuanto a que se declare extemporánea esta acción, por improcedente y carecer de fundamento fáctico.

Con fecha 5 de marzo de 2023, la institución recurrida acompaña la Resolución Exenta N°2038 de fecha 10 de mayo de 2022 por medio del cual se pone término al Convenio de Honorarios suscrito entre la recurrente y el Hospital Regional Libertador Bernardo O´Higgins en donde se establece que ello ocurrió a contar del día 18 de Abril de 2022 y Carta de Notificación de término anticipado del Contrato firmada por la recurrente.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1° Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o perturbe ese ejercicio.

2° Que, mediante el presente recurso se reprocha la desvinculación de la recurrente el 17 de abril de 2022, dejando sin efecto en forma unilateral el convenio de honorarios suscrito en forma anticipada, y la circunstancias en que dicha situación ocurrió, como el fundamento de la misma.

3° Que, en primer término, respecto de la excepción de extemporaneidad, cabe tener presente que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, en su numeral 1° dispone que éste debe ser deducido “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

4° Que, en ese sentido consta en la carpeta de tramitación digital de esta causa que el recurso fue interpuesto el día 16 de junio de 2022, esto es de forma extemporánea, toda vez que la notificación del cese de los servicios fue practicada con fecha 14 de abril de 2022 y el acto administrativo formal que regularizó la decisión antes adoptada, con fecha 10 de mayo de 2022, esto es, en ambos casos excediendo el termino de 30 días contemplado el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

5° Que, no obstante lo anterior y a mayor abundamiento, en razón de los términos de la cláusula vigésimo primera del contrato de honorarios y lo expuesto por la recurrida en su informe, no es posible entender que exista un derecho indubitado susceptible de ser amparado por la presente vía, correspondiendo a una acción constitucional de urgencia, lo que debe entenderse sin perjuicio de otras acciones declarativas que la actora pueda intentar en la sede competente.

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección, se rechaza, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del HOSPITAL REGIONAL DE RANCAGUA.

Atendido lo señalado por la recurrente en el sentido de haberse incurrido en la especie en un ilícito de documental, remítanse los antecedentes al Ministerio Público, para los fines respectivos. Ofíciese.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Corte 9727-2022 Protección.

“Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos para ser anonimizada de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema.”