IGMA SPA con CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO

C.A. de Rancagua Rancagua, veintitrés de diciembre de dos mil veinticinco.

Vistos:

A folio 1 comparece el abogado Jorge Alberto González Varas en favor de la Sociedad IGMA SpA, representada legalmente por don nombre reservado, quien interpuso acción de protección en contra de Dicom Equifax S.A., empresa del giro de procesamiento de datos personales, representada legalmente por don nombre reservado y en contra de la Cámara de Comercio de Santiago A.G., representada legalmente por don nombre reservado, por los actos arbitrarios e ilegales que, a su juicio, vulneran sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 2, 4 y 24 de la Constitución Política de la República, por su inclusión y mantención de la recurrente en los boletines sobre deudores morosos, a pesar de que nada adeuda, y que deriva de un instrumento que no está en el listado estricto que contiene el artículo 17 de la Ley 19.628, ni en sus excepciones, lo que constituye una abierta transgresión a dicha norma legal.

Explica que mantuvo una relación comercial con la empresa llamada Maxpro MYF SpA, RUT RUT reservado, que concluyó luego de haberle pagado todas las facturas, pero la empresa mencionada habría hecho cesión de facturas que IGMA SpA ya le había pagado totalmente. Al poner este antecedente en conocimiento de Dicom Equifax en la región de O`Higgins, éste le exigió a la actora efectuar una serie de gestiones, tales como una demanda y notificación contra Maxpro MYF SpA, las que fueron realizadas, a pesar de no tratarse de exigencias legales. Agrega que, luego de ello, la agencia respondió que sólo gestionan la eliminación del Boletín Laboral de forma directa, y que las demás discrepancias respecto a publicación de morosidades lo debían ver con el correo electrónico correo reservado, sin informar aquello en primer término.

Comenta que tomó conocimiento del acto recurrido con fecha 13 de junio de 2025, cuando la recurrente revisó su estado en Dicom Equifax, luego de múltiples intentos para que dicha entidad corrigiera su improcedente inclusión en los registros de documentos morosos, pero aún se mantiene publicada en dichos registros, por tener registrada a su nombre una supuesta deuda que por concepto de capital ascendería al monto de $4.015.000, lo que no es efectivo, por no tener deuda alguna por pagar a la empresa Maxpro MYF SpA.

Afirma que ha sido amenazada y también privada de su derecho de propiedad, al publicar la supuesta deuda, a pesar de que la factura de que se da cuenta fue totalmente pagada a la empresa, no contando con un título ejecutivo en contra de la recurrente a la fecha, que respalde cualquier anotación por el capital señalado. Evitar que la actora siga incorporada como morosa en los Boletines Comerciales de los recurridos es de suma importancia, ya que se encuentra postulando a distintos créditos y licitaciones públicas en forma permanente y además es consumidora de diferentes proveedores que usan las aplicaciones de informes comerciales de las recurridas, razón por la cual la recurrente podría ser privada de dichos créditos, además de que se le coartará su elegibilidad en las licitaciones públicas en que participa y se encuentra participando habitualmente, afectando su patrimonio y, por lo mismo, su derecho de propiedad.

Puntualiza que lo anterior, implica una vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley, haciendo presente que, en caso de existir una deuda con el solicitante de la publicación, el único camino para su cobro es a través de los tribunales de justicia, convirtiéndose hoy por hoy todos los boletines comerciales en una especie de casa de cobranza, ante amenazas de desacreditación a la honra, además del patrimonio. Así, no usar el camino institucional, vulnera la igualdad ante la ley, porque los boletines recurridos no son tribunales que puedan determinar si una deuda existe, o no.

Sostiene que, en el contexto referido, la recurrente se ve vulnerada en su derecho a la imagen y honra, derecho que se encuentra garantizado por la Carta Magna en el N° 4 del artículo 19 de la Constitución, vulneración que ocurre con la publicación en el boletín comercial de una morosidad que no existe, pues no existe deuda alguna con Maxpro MYF SpA.

Afirma que, además, la supuesta deuda publicada como morosa, no está contenida en ninguno de los instrumentos que autoriza el artículo 17 de la Ley 19.628, por lo que las instituciones recurridas no han eliminado y mantienen la publicación respectiva, infringiendo la disposición legal.

Finalizó solicitando a esta Corte que, acogiendo el presente recurso, se ordene a las recurridas que eliminen a la actora de su boletín, que dejen de anotarla o incorporarla en el boletín comercial o boletín electrónico Dicom y que, consecuencialmente, se abstengan de toda anotación o incorporación en dichos registros, en relación con la factura 647 del 30 de enero de 2025, por tratarse de un documento que no está habilitado para su incorporación en dichos registros, de acuerdo con lo que dispone el artículo 17 de la Ley 19.628, además de encontrarse pagada, o bien, ordenar las medidas que fueren pertinentes para restablecer el imperio del derecho, todo lo anterior, con costas.

A folio 6 y 7 informó la recurrida Cámara de Comercio de Santiago A.G., que la recurrente, Sociedad IGMA SpA, no registra ni ha registrado anotaciones en sus registros, esto es, que no presenta ninguna anotación en el Boletín de Informaciones Comerciales ni en el Sistema de Morosidad Financiera-Comercial Consolidada (INFOCOM), ambos administrados por la Cámara de Comercio de Santiago A.G., acompañando un certificado que daría cuenta de aquello.

Hace presente que no representa, ni administra, el banco de datos correspondiente a la Empresa Dicom, el cual se encuentra relacionado con la Empresa Equifax, siendo por lo tanto entidades diferentes.

A folio 1 informó la recurrida Servicios Equifax Chile Limitada solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Explica que, dentro de su giro, se procesa información aportada por comerciantes, industriales o profesionales asociados a la base de datos Boletín Electrónico Dicom (“BED”). Esta base de datos se confecciona con antecedentes proporcionados por los propios aportantes al sistema, como ocurre en el caso sub-lite, quien es el único responsable de la exactitud de la información proporcionada. Los aportantes deben informar a Equifax, en el instante que ello ocurra, los pagos, y/o regularizaciones de los registros, utilizando el portal BED. Para tales efectos, el aportante dispone de una clave de acceso o password secreta, de su exclusivo conocimiento y administración. De esta manera, el aportante de información asume la obligación de no ingresar al BED morosidades respecto de las cuales exista concesión de esperas, prórroga de plazo; contienda, recursos o acciones anteriores o posteriores a la entrega de la información; que consten en documentos reclamados o con más de 5 años contados desde la fecha de su exigibilidad. Aún más, el responsable del ingreso de información al portal BED es el aportante, por lo tanto, es quien asume contractualmente toda responsabilidad derivada del ingreso de datos inexactos, inexistentes, incompletos, erróneos o caducos.

Señala que, luego de efectuada una revisión de sus canales de atención, constató que efectivamente la recurrente había realizado dos presentaciones: La primera, el Caso N° 21663695, donde se solicitó la eliminación de la factura reclamada por haber efectuado el pago de la misma al emisor original, por ello, se solicitó los respaldos de la publicación al Aportante Factoring Ahumada SpA, resultando que estos fueron enviados dentro de los plazos establecidos para tal efecto, acompañando documentos que dan cuenta de la correcta cesión del crédito y donde consta que las facturas no fueron reclamadas dentro del plazo de 8 días de acuerdo a la Ley 19.983, estando irrevocablemente aceptada. El Aportante en su comunicación señala que el pago informado por el deudor fue realizado a un acreedor que no era el dueño actual del crédito, por lo que la factura reclamada debió ser pagada al factoring y no a su emisor original, cumpliendo así, al menos formalmente, con los requisitos para su publicación, por lo que se mantuvo vigente en nuestro Boletín Electrónico Dicom, situación que fue informada a ambas partes mediante correo electrónico.

Luego, el Caso N° 22266246, por el que la recurrente solicitó nuevamente la eliminación de la publicación, alegando los mismos motivos señalados anteriormente, alegando además la existencia de una contienda judicial, hecho que no se pudo constatar debido a que la acción señalada no había sido notificada, por lo que nuestro servicio de atención no pude verificar la veracidad de la misma a través de la Oficina Judicial Virtual. Por lo anterior, dicho reclamo fue respondido indicando que no se puede acreditar la existencia de una contienda judicial por el hecho de no estar notificada la contraparte y, en consecuencia, la publicación se mantuvo en nuestras bases de datos.

Afirma que, por lo anterior, se desprende que no existe acto ilegal ni arbitrario que pudiere imputarse a Equifax, por cuanto ha obrado en todo momento, con estricto apego a sus obligaciones legales y contractuales, motivos por los cuales el recurso de protección deberá ser rechazado. Adicionalmente las supuestas infracciones denunciadas por la recurrente están basadas en un estatuto legal que no le es aplicable en su calidad de persona jurídica, toda vez que la Ley 19.628 aplica sólo a personas naturales.

Expresa que el recurso de protección deberá ser rechazado, puesto que carece de objeto y actualidad, no existe un acto u omisión arbitrario o ilegal imputable a Servicios Equifax Chile Limitada que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales de la sociedad recurrente.

Comenta que, contrario a lo sostenido por la recurrente, la actividad que realiza Equifax se enmarca dentro de la legalidad, la que no le impone la obligación de hacer, previamente a la publicación de los antecedentes comerciales que recibe, un estudio o análisis de la razonabilidad de la deuda e investigar la efectividad de la misma, ya que la responsabilidad de la veracidad de esta información comercial no recae en quien la publicita, sino en quien proporciona la información para ser publicada, en este caso, en Factoring Ahumada SpA.

Hace presente que en la normativa vigente no existe una regulación expresa en materia de remisión de información sobre personas jurídicas. Por ende, no existiendo norma legal que impida publicar o hacer circular una factura, ha de concluirse que, situado el conflicto en el ámbito del derecho privado en el que se puede realizar todo aquello que no está prohibido por la ley expresamente, la conducta de Equifax no resulta contraria al ordenamiento jurídico, lo que desde luego obsta a que la presente acción constitucional pueda prosperar.

Finalizó reiterando su solicitud de rechazo del recurso, con costas.

A folio 18 informó Factoring Ahumada SpA., solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Indica, en primer lugar, que la recurrente tiene conocimiento de que se encuentra incorporado en los boletines comerciales desde el mes de febrero del 2025, por cuanto, realizó un reclamo a Equifax con esa fecha, pero el presente recurso fue ingresado con fecha 14 de junio del 2025, por tanto, conforme al numeral 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, el presente recurso es extemporáneo.

Señala, luego, que no se entiende cuál es la factura reclamada, ya que el recurrente indica que corresponde a la N° 647 de 30 de enero de 2025, pero la fecha correcta de dicha factura es la del 4 de octubre de 2024 y, además la copia de factura que acompaña es la N° 667, lo que genera confusión.

Afirma que indica la recurrente que no existe algún requerimiento de pago en su contra, situación que no es efectiva, por cuanto, en causa Rol C-1440-2025 del 1° Juzgado de Letras de Rengo, con fecha 24 de octubre de 2025 le fue notificado del mandamiento de ejecución y embargo.

Hace presente que la factura de autos fue cedida por MAXPRO MYF SPA a Factoring Ahumada SpA y dicho Documento Tributario Electrónico, no fue reclamado por el receptor dentro del plazo de 8 días contado desde su recepción, y de acuerdo a lo señalado por la Ley 19.983, se entiende que ha sido irrevocablemente aceptado, y se presume que las mercaderías han sido entregadas o los servicios han sido prestados, puntualizando que la respectiva cesión, consta en el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, del Servicio de Impuestos Internos. En base a lo anterior y en atención a que la factura no ha sido pagada, inició una gestión preparatoria de notificación de cobro de factura, en contra de Sociedad IGMA SpA, la cual recayó en el 1° Juzgado de Letras de Rengo, Rol C-1440-2025, proceso que se encuentra actualmente en etapa de prueba de las excepciones interpuestas por la recurrente.

Expone que, efectivamente, Equifax le solicitó información por un reclamo del recurrente, la que fue remitida dentro del plazo otorgado al efecto, señalando que la factura se encuentra correctamente cedida, irrevocablemente aceptada y el pago que el deudor Igma Spa dice haber realizado a Maxpro MyF SpA, fue posterior a dicha cesión, por lo que considera que está correctamente publicado. Por lo expuesto, es que la recurrente Sociedad IGMA SpA, se encuentra incorporado en los boletines comerciales que ahora reprocha.

Concluye que la actora pretende, por la vía del recurso de protección, eludir su incorporación en los boletines comerciales de las recurridas, como consecuencia del no pago de la factura N° 647, cuyo cobro se encuentra en tramitación en la causa Rol C-1440-2025, del 1° Juzgado de Letras de Rengo.

Releva que en el recurso se señala que la factura N° 647 se encontraría pagada, sin embargo, no se acompañó ningún comprobante al respecto y, en el evento hipotético que la factura N° 647 hubiera sido pagada a MAXPRO MYF SPA, dicho pago no es válido, por cuanto la recurrente sí tuvo conocimiento que la factura N° 647 había sido cedida, ya que, dicha cesión fue comunicada por el Servicio de Impuestos Internos, por lo cual, el pago debió haberse realizado el pago a mi representada y se le debe aplicar el aforismo “el que paga mal paga dos veces”.

A folio 19 la parte recurrente pidió tener presente que Factoring Ahumada, con fecha muy posterior a la interposición de la acción de protección de autos, inició una gestión preparatoria que ha desembocado en un juicio ejecutivo en actual discusión ante el Primer Juzgado de Letras de Rengo, bajo rol C-1440-2025, puntualizando que la vulneración de las normas y garantías que se han denunciado en esta acción de protección sigue ocurriendo, lo que no se ve aminorado por lo que ha hecho Factoring Ahumada.

Acompañaron las partes los documentos que se encuentran agregados a la causa.

En su oportunidad, se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Fundamental, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben estimar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio.

2.- Que, en cuanto a la extemporaneidad del recurso alegada por la recurrida Dicom Equifax S.A., consta de los documentos acompañados a folio 18 que Factoring Ahumada SpA recibió un correo electrónico con fecha 12 de febrero de 2025 de Dicom Equifax S.A., en que se le requería antecedentes en relación con el reclamo realizado por la recurrente, relativo a la publicación de la deuda morosa de la factura N° 647, requerimiento que fue contestado en la misma fecha. Asimismo, consta que el presente recurso fue interpuesto el 14 de junio de 2025.

3.- Que, así las cosas, resulta inconcuso que la recurrente estaba en pleno conocimiento del acto recurrido en estos autos, al menos desde febrero de 2025, por lo que la acción deducida el 14 de junio de este año, resulta claramente extemporánea.

En efecto, si bien el recurrente señala haber tomado conocimiento del acto el 15 de junio de 2025, lo cierto es que también aseveró que con esa fecha revisó su situación en los registros de Dicom Equifax S.A., atendidos los reiterados reclamos que realizó anteriormente, lo que fue corroborado por la recurrida al señalar que la actora realizó dos solicitudes en relación con la publicación reprochada en autos, las que fueron rechazadas, por lo que, necesariamente, a lo menos desde la fecha de la solicitud de información a Factoring Ahumada S.A. por el reclamo de la recurrente, debe contarse el plazo que el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recurso de Protección concede para los efectos de deducir la acción constitucional de que se trata, ya que de contrario la parte podría, no obstante el tiempo transcurrido, generarse un plazo para los efectos de presentar el recurso.

4.- Que, conforme a lo expuesto, dado que el recurso se presentó recién el día 14 de junio del presente año, es decir, transcurrido en exceso el plazo de treinta días corridos que establece el Auto Acordado que regula la materia, corresponde rechazar el presente arbitrio por ser éste extemporáneo.

5.- Que, sin perjuicio de lo anterior, no siendo un hecho discutido que actualmente se sigue ante el Primer Juzgado de Letras de Rengo la causa Rol C-1440-2025, que incide en la procedencia del cobro de la factura N° 647, se sigue que la presente controversia no puede ser resuelta mediante la presente acción, atendido el evidente carácter contradictorio de las pretensiones de las partes, ya que la acción constitucional de protección supone que la titularidad del derecho del recurrente sea indubitada, al contrario de lo que consta en este caso, lo cual desborda los márgenes de la acción de protección, resultando una labor ajena a este procedimiento cautelar, el cual constituye una medida de tutela urgente para dar remedio pronto y eficaz a los atropellos que sufra el ciudadano en sus derechos constitucionales, producto de una acción u omisión que a todas luces sea ilegal y arbitraria, y que pueda ser atribuible al recurrido, cuestión que justifica una intervención jurisdiccional rápida que ampare suficientemente el derecho amagado.

6.- Que, a mayor abundamiento, el actor reprocha que, según la copia de factura que acompaña a su recurso, la deuda morosa que se le imputa se encuentra pagada; sin embargo, dicho documento corresponde a la factura N° 667, en circunstancias que, de acuerdo al mérito del proceso, la que fue publicada como adeudada, ha sido la factura N° 647, motivo por el cual el recurso también debe ser rechazado, al no haberse ni siquiera acreditado el pago que invoca el recurrente.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, por extemporáneo, el recurso de protección deducido por Sociedad IGMA SpA, en contra de Dicom Equifax S.A., y la Cámara de Comercio de Santiago A.G.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol I. Corte 966-2025 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia no reúne los presupuestos del Acta 44-2022 de la Excma. Corte Suprema para ser anonimizada.