Recurso de protección

Rancagua, seis de octubre de dos mil veinte.

Vistos:

Que, con fecha 30 de septiembre de 2019, comparece don Juan Alberto Molina Tapia, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación convencional de nombre reservado, en su calidad de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Pichidegua, ambos domiciliados en domicilio reservado, deduciendo recurso de protección, en contra de doña "Romina", la que conforme a rectificación que figura en el folio 25, en forma correcta es doña nombre reservado, agricultora, domiciliada en domicilio reservado; Empresa Torre Tagle - Gestión de Exportaciones Frutícolas S.A. (GESEX), domiciliada en domicilio reservado; Tobías, y Wladimir.

Funda su recurso, en que los recurridos desde el año 2017 a la fecha, han procedido a realizar obras con cuadrillas de trabajadores y maquinaria pesada en las laderas de los cerros de la comuna, con el objeto de permitir aumentar las áreas destinadas a monocultivos de paltos y frutales, afectando la biodiversidad del lugar, el patrimonio ambiental y removiendo la capa vegetal de suelo.

Se refiere a la legitimación activa que lo habilita para recurrir, citando la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la que faculta al Alcalde para representar los intereses de toda la comunidad, en los casos en que la Municipalidad resulte directamente afectada; y respecto a la oportunidad para accionar, expone que las labores se han seguido desarrollando a la fecha de la interposición del recurso.

Hace presente, que los movimientos de tierras así como actividades relacionadas con el despeje de terrenos como quemas no autorizadas y retiro masivo de especies vegetales y bosque nativo continúan hasta la actualidad, creando una situación de alta preocupación en amplios sectores de la población de la comuna, quienes ya se encuentran organizando acciones de rechazo a estas políticas de manera pacífica, polarizando así la convivencia diaria de la comunidad, situación que fue informada a las autoridades administrativas en su oportunidad.

Cita como vulneradas las garantías constitucionales contempladas en el artículo 19 N° 1, 8 24 de la Constitución Política de la República y finaliza pidiendo se ordene a los recurridos abstenerse de proseguir actualmente y en lo futuro en sus acciones de alteración de los lugares señalados y cualquier otra acción u omisión que puedan amenazar las garantías de los habitantes de la comuna.

Se declaró admisible el recurso y se pidió informe a los recurridos.

En el folio 20 de la carpeta digital, comparecen los representantes del recurrido -Torretagle S.A-, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que su parte no ha ejecutado ningún acto u omisión arbitraria o ilegal, pues las actividades agrícolas que desarrolla Torretagle cumplen con la normativa aplicable, no existiendo por tanto vulneración alguna de garantías constitucionales que deba ser corregida por medio de acciones de resguardo de carácter urgente.

Señala que desde el año 2009 ejecuta actividades agrícolas, diseñando un proyecto para efectuar plantaciones de paltos en las laderas de los cerros, efectuando estudios, obteniendo recalificación de suelo por parte del Servicio de Impuestos Internos y siendo autorizado por CONAF un Plan de Manejo de corta de bosque nativo, realizando así labores de corte y despeje, faenas que culminaron en el mes de agosto de 2018, para luego efectuar labores de preparación de terreno, contando siempre con las autorizaciones correspondientes.

Detalla que su actividad agrícola no debe ser sometida al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental ("SEIA"), no ha producido una grave pérdida de biodiversidad, ni un detrimento y menoscabo al patrimonio ambiental de la comuna, no existen riesgos de procesos de remoción en masa de tierra en altura ni aluviones.

Agrega que aledaño al proyecto de paltos, no existe ninguna población o lugar habitado y sus faenas no han generado contaminantes En la especie, entiende que el acto que se indica como contrario a derecho -toda vez que el recurso no es claro en señalar cuáles serían los actos u omisiones específicos contrarios a derecho- es el desarrollo del proyecto agrícola.

Conforme se aprecia del recurso de autos, el mismo ha sido interpuesto por el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Pichidegua en representación de los intereses de la comunidad de dicha comuna, sin identificar qué personas se entenderían afectados por los supuestos actos contrarios a derecho.

Sin embargo, conforme a la jurisprudencia uniforme de nuestros tribunales superiores de justicia, las Municipalidades no pueden entablar recursos de protección en favor de personas naturales o jurídicas indeterminadas que no hayan sido afectadas directamente por el acto u omisión recurrida.

Por último, alega la extemporaneidad de la acción, ya que conforme se aprecia del recurso de autos, el recurrente indica que los actos contrarios a derecho se estarían produciendo desde el año 2017 a la fecha. Asimismo, agrega que las extracciones y movimientos de terreno que fundamentan el recurso suceden actualmente en las laderas de diversos puntos de la comuna y hace presente que su representada en la actualidad no se encuentra realizando ninguna de las labores indicadas por el recurrente.

En el folio 44, comparece doña nombre reservado, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

Expone que es dueña desde el año 2017 de una propiedad de aproximadamente 123 hectáreas de extensión, que se encuentra ubicada en una zona rural dentro de la comuna de Pichidegua, siendo el sector poblado más próximo Almahue Viejo, distante aproximadamente a 5 kilómetros.

Agrega que adquirió dicho inmueble, con la finalidad de desarrollar un proyecto agrícola, consistente en la plantación de cítricos y paltos, especies para las cuales el clima de la zona es adecuado, lo que ha motivado que muchos agricultores estén desarrollando proyectos de la misma naturaleza.

Explica que dentro de su propiedad, se intervino una superficie de 20 hectáreas, que representa aproximadamente el 16% del total del inmueble, correspondiente a la zona plana y a las laderas de cerro, efectuando en dicha zona labores de movimiento de tierra, con la finalidad de realizar camellones de una altura aproximada de 50 a 60 cm.

Destaca que mediante esa intervención, se transformó dicha superficie en un terreno agrícola productivo, siendo anteriormente un terreno dedicado principalmente al pastoreo con ganadería doméstica, con bajo nivel productivo y sin bosque nativo, a excepción de las quebradas, lo que está corroborado por estudios encargados por su parte.

Agrega, que con los antecedentes con que contaba, durante el año 2018 y parte de 2019 comenzó la intervención de la propiedad y realizó las labores de movimiento de tierra necesarias para llevar adelante el proyecto agrícola, procediendo en el segundo semestre de 2019 a establecer las plantas de cítricos con un sistema de riego por goteo.

Cuestiona la legitimación activa del recurrente, señalado que se está ante una acción popular, alegando asimismo la extemporaneidad del recurso, pues en el mismo libelo se expresa que los hechos denunciados ocurren desde el año 2017, lo que está corroborado con el mérito del oficio que se remitió a la Súper intendencia del Medio Ambiente y CONAF, con fecha 25 de junio de 2018.

Señala que el recurso no está fundado, en ningún momento especifica cual es la acción u omisión de su parte, que materializa la amenaza, privación o perturbación de derechos amparados constitucionalmente, limitándose a describir en términos generales, vagos o ambiguos hechos que habrían comenzado a ocurrir a partir del año 2017, no especifica cuáles son los hechos vulneratorios, quien los realiza, en qué oportunidad son realizados, y como ellos afectan derechos concretos y específicos.

Expone en todo caso que su actuar se ajustó a la normativa vigente, no siendo posible los deslizamientos de tierra por cuanto existe una amplia franja de terreno plano, aproximadamente de 8 hectáreas, colindante con el camino público, de modo que no es concebible un desplazamiento de tierra como el que supone el recurrente, no ha realizado quemas ilegales, no ha intervenido las vías naturales de escurrimiento de aguas, los arbustos talados fue en base a un plan de manejo aprobado por la autoridad competente, y la remoción de matorrales no requiere autorización, como tampoco ha efectuado una remoción de la capa vegetal, por cuanto la capa vegetal de la propiedad es la misma con las que se trabaja para la generación de las zonas plantables.

Refiere que el actor ha recurrido a otras instancias, lo que demuestra la caducidad del plazo para interponer la acción de protección.

Que por resolución que figura en el folio 56, se hizo efectivo un apercibimiento decretado en su oportunidad y en consecuencia se tuvo por no recurridos a Wladimir y Tobías.

Que, tal como se aprecia de la historia virtual de estos antecedentes, se puede constatar que en su oportunidad se solicitó información a distintos organismos públicos.

En tal sentido, en presentaciones que figuran con los folios 33 y 92, CONAF, señala respecto a doña nombre reservado, que cuenta con plan de manejo de recuperación de terrenos con fines agrícolas, aprobado mediante Resolución N° 7/39-61/17, de fecha 25 de agosto de 2017, por una superficie de 7,6 hectáreas. Hace presente que respecto al predio en cuestión se presentó denuncia por corta no autorizada de bosque nativo.

Agrega que en su momento la Superintendencia del Medio Ambiente, se declaró incompetente para conocer de la denuncia que realizó la Municipalidad de Pichidegua, derivándole los antecedentes.

Manifiesta que no se realizaron nuevas acciones, ya que con fecha 13 de mayo de 2016 y 27 de septiembre de 2019, se habían realizado dos fiscalizaciones, en las que se pudo observar maquinarias trabajando en los cerros, detallando las especies arbóreas que estaban en el lugar, informando a los responsables de las faenas que el Quilay es una especie protegida y no debían ser arrancadas sin autorización previa. Constató que las empresas fiscalizadas contaban con plan de manejo.

Respecto a Empresa Torre Tagle, expone que no existen antecedentes respecto a aquélla.

En el folio 32, informa el Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, señalando que con fecha 27 de junio de 2018, el recurrente le remitió un oficio, en que le informó respecto a la plantación de frutales en distintas laderas de cerros, respondiendo que debido a las potestades con que cuenta su organismo, el encargado para fiscalizar y eventualmente sancionar las infracciones a la legislación ambiental es la Superintendencia del Medio Ambiente.

En actuación que rola en el folio 70, informa el Superintendente del Medio Ambiente, manifestando que el día 27 de junio de 2018 recibió una denuncia deducida por la Municipalidad de Pichidegua, la que se refería parcialmente a los hechos descritos en el recurso. En atención a que los actos descritos, son de competencia de CONAF, es que le remitió la denuncia a ese organismo.

Que, por resolución que figura en el folio 98, se ordenó que se remitiera la causa Rol 1683-2018, del Juzgado de Policía Local de Pichidegua. Además se ordenó oficiar al Segundo Tribunal Ambiental, con el objeto de que se señalara los hechos que dieron origen a la causa Rol 48-2018 y su estado procesal.

En el folio 103, el Segundo Tribunal Ambiental, señala que con fecha 30 de septiembre de 2019, el Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Pichidegua, Sr.

Rubén Cerón González, ingresa una solicitud de medida prejudicial cautelar, en la que solicitó la suspensión de todas las faenas y obras que realiza la Empresa Torre Tagle - Gestión de Exportaciones Frutícolas S.A. (GESEX), por el plazo de 30 días, petición a la que no se hizo lugar. Agrega que no se interpuso demanda por daño ambiental y actualmente la causa está finalizada y archivada.

En el folio 108, rola respuesta del Juzgado de Policía Local de Pichidegua, quien adjunta copia digital de los antecedentes requeridos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 1.- Que, el Recurso de Protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal , que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas. 2.- Que, el recurrente, Rubén Cerón González en su calidad de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Pichidegua, alega como acto u omisión arbitrario e ilegal que las recurridas nombre reservado y Empresa Torre Tagle - Gestión de Exportaciones Frutícolas S.A. (GESEX), han procedido a realizar obras con cuadrillas de trabajadores y maquinaria pesada en las laderas de los cerros de la comuna, con el objeto de permitir aumentar las áreas destinadas a monocultivos de paltos y frutales, afectando la biodiversidad del lugar, el patrimonio ambiental y removiendo la capa vegetal de suelo. Dice que para ello, han efectuado actividades relacionadas con el despeje de terrenos como quemas no autorizadas y retiro masivo de especies vegetales y bosque nativo que continúan hasta la actualidad. 3.- Que, ambas recurridas alegan la extemporaneidad de la acción de protección, pues los actos denunciados como ilegales o arbitrarios, según lo informa el propio recurrente ocurren desde el año 2017. Agregan que no han realizado acto ilegal ni arbitrario alguno, pues toda su actividad se encuentra amparada en las normas aplicables y vigentes, que dicen relación con la actividad agrícola.

Es así que la recurrida Torretagle S.A. señala que, desde año 2009 ejecuta actividades agrícolas, diseñando un proyecto para efectuar plantaciones de paltos en las laderas de los cerros, efectuando estudios, obteniendo recalificación de suelo por parte del Servicio de Impuestos Internos y siendo autorizado por CONAF un Plan de Manejo de corta de bosque nativo, realizando así labores de corte y despeje, faenas que culminaron en el mes de agosto de 2018, para luego efectuar labores de preparación de terreno, contando siempre con las autorizaciones correspondientes.

Por su parte, nombre reservado, refiere que adquirió en la zona un inmueble con la finalidad de desarrollar un proyecto agrícola, consistente en la plantación de cítricos y paltos, especies para las cuales el clima de la zona es adecuado, lo que ha motivado que muchos agricultores estén desarrollando proyectos de la misma naturaleza.

Explica que dentro de su propiedad, se intervino una superficie de 20 hectáreas, que representa aproximadamente el 16% del total del inmueble, correspondiente a la zona plana y a las laderas de cerro, efectuando en dicha zona labores de movimiento de tierra, con la finalidad de realizar camellones de una altura aproximada de 50 a 60 cm.

Destaca que mediante esa intervención, se transformó dicha superficie en un terreno agrícola productivo, siendo anteriormente un terreno dedicado principalmente al pastoreo con ganadería doméstica, con bajo nivel productivo y sin bosque nativo, a excepción de las quebradas, lo que está corroborado por estudios encargados por su parte.

I.- EN CUANTO A LA EXTEMPORANEIDAD 4.- Que como es posible apreciar, las recurridas están contestes en que han realizado labores agrícolas en las laderas de los cerros de la comuna de Pichidegua. Añaden que en el caso de Torretagle comenzó a realizar las labores agrícolas en el año 2009 y finalizó en el mes de agosto del año 2018, para luego sólo realizar trabajos de preparación de terreno. Por su parte, doña nombre reservado, indica que adquirió la propiedad para su proyecto agrícola en el año 2017 y en el segundo semestre del año 2019 lo finalizó con plantas de cítricos con un sistema de riego por goteo. 5.- Que, lo señalado por los recurridos se ve corroborado por los diversos documentos acompañados a la tramitación del recurso, como el ORD.238 de fecha 27 de junio de 2018, por el cual el Alcalde de la comuna de Pichidegua don Rubén Cerón González, denuncia los mismos hechos materia del presente recurso de protección al Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental, Región de O'higgins. Lo mismo sucede con el ORD.234 de fecha 25 de junio de 2018, dirigido por el Alcalde a don nombre reservado, Superintendencia del Medio Ambiente Región de O'higgins, o la Resolución N° 4/39-61/18 de fecha 22 de febrero de 2018, por medio de la cual CONAF aprueba el Paln de Manejo de Corta de Bosque Nativo para Recuperar Terrenos con Fines Agrícolas, o la Carta N° 2/211-61/16, de fecha 11 de marzo de 2016, que corresponde a la Aprobatoria del Estudio de Cobertura Vegetacional, emitida por la Conaf con fecha 11 de marzo de 2016, entre otros, todos, documentos que dan cuenta del conocimiento del recurrente respecto de los actos denunciados como ilegales o arbitrarios y que evidencian la extemporaneidad del recurso deducido, pues estos ya se estaban ejecutando durante el año 2018 y, el recurso fue incoado en septiembre de 2019, tiempo que excede con creces el término de 30 días establecido en el numeral 1 del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, en cuanto establece este será interpuesto "dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos".

II.- EN CUANTO AL FONDO 6.- Que, aún cuando se estime que el recurso fue deducido dentro de plazo por continuar ejecutándose los actos denunciados como ilegales y arbitrarios, se debe tener en cuenta para la resolución de la cuestión sometida a la decisión de este Tribunal de Alzada que, como ya se dijo, ellos consisten en que los recurrentes han procedido sistemática y de manera combinada a realizar obras mayores con cuadrillas de trabajadores y maquinaria pesada en las laderas de los cerros de la comuna, en niveles y concentraciones tales que les permitan aumentar las áreas destinadas a monocultivos de paltos y frutales, especialmente cítricos, en diversas localidades de la comuna, afectando gravemente la biodiversidad del lugar y el patrimonio ambiental, a través de acciones relacionadas con el despeje de terrenos como quemas no autorizadas y retiro masivo de especies vegetales y bosque nativo. 7.- Que, de los hechos expuestos en el recurso, aparece claro que el recurrente en su calidad de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Pichidegua, carece de legitimación activa para incoarlo, puesto que lleva razón el recurrido Torretagle S.A., al señalar que la presente acción constitucional no es una acción popular y debe ser interpuesta por el afectado o cualquier persona en su nombre, ello implica que quien deduce el recurso de protección debe tener un interés jurídico en su resultado. En cambio, el deducido por el Alcalde de Pichidegua invocando en abstracto los derechos de los habitantes de la comuna y sin determinar en concreto a algún afectado por el mismo carece de los requisitos necesarios para estimarlo como suficiente para demostrar el interés directo e inmediato que se pretende cautelar con la acción constitucional de protección, por lo que no es posible que pueda prosperar. 8.- Que, no obstante lo anterior y, que la protección del medio ambiente constituye un asunto de alta importancia y relevancia, lo cierto es que, el recurrente de todas formas no ha logrado establecer a través de esta acción constitucional de protección, que los actos ejecutados por los recurridos sean ilegales o arbitrarios, desde que ellos han demostrado que para la realización de su actividad han contado con todos los permisos sectoriales necesarios, tanto para la corta de bosques, con los debidos planes de manejo y, las quemas, que han sido debidamente autorizadas, y cuando no han cumplido con la mencionada normativa, se han aplicado las sanciones correspondientes, según se desprende de la documentación acompañada, relacionada con planes de manejo y autorización de quemas, operando los procedimientos correspondientes y específicos en la materia, por lo que la acción de emergencia deducida ha perdido su finalidad, desde que lo pretendido por el recurrente ha sido discutido por los recurridos y, además, han justificado sus acciones, no siendo idónea esta vía cautelar.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales y demás normas pertinentes, SE RECHAZA, el recurso de protección presentado por don nombre reservado, en su calidad de Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Pichidegua sin costas.

Redacción a cargo del Ministro Sr. González.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol IC N° 9601-2019-Protección.