Protección contra Liceo nombre reservado

C.A. de Rancagua.

Rancagua, treinta y uno de julio dos mil veintiséis.

Vistos:

Con fecha 21 de abril del año en curso, comparece nombre reservado, cédula de identidad N°NUM000, con domicilio en domicilio reservado, e interpone Recurso de Protección en contra de Liceo nombre reservado, por la actuación relativa a su hijo, quien fue expulsado de dicho establecimiento, por aplicación de la “Ley aula segura”.

Explica que se vulneraron sus derechos, ya que su hijo nunca había vivido una situación similar, que siempre ha sido un estudiante tranquilo y fue molestado por bullying lo que habría originado el episodio por el cual se encontraría imposibilitado de volver en 3 años, en circunstancias que no se aplicó la misma sanción a todos los involucrados, lo que encuentra injusto.

A folio 16 comparece el establecimiento recurrido, quien señala que el hijo de la apoderada, nombre reservado -de tercero medio- y otro estudiante de segundo medo protagonizaron el 26 de marzo de 2026, una agresión física mutua mediante golpes de puño durante el recreo, situación que generó una grave alteración de la convivencia escolar, movilizó a numerosos alumnos, obligó a terminar anticipadamente el recreo y provocó incluso la desregulación de otro estudiante que resultó lesionado y debido a la gravedad de los hechos, el liceo activó el protocolo correspondiente y aplicó las medidas contempladas en la Ley Aula Segura y en su Reglamento Interno.

En conclusión, el establecimiento sostiene que actuó conforme a la normativa vigente, respetando el debido proceso, informando oportunamente a la apoderada y otorgando las instancias para presentar descargos y defensas. Por ello, rechaza que exista arbitrariedad o ilegalidad en la sanción aplicada y afirma que la medida tuvo por objeto resguardar la seguridad y la convivencia dentro de la comunidad educativa.

A folio 23 comparece la Superintendencia de Educación a fin de complementar su informe inicial de folio 6.

Indica que, habiéndose efectuado la revisión del procedimiento disciplinario, por parte de la Unidad de Fiscalización, ésta constató que el establecimiento incorporó antecedentes relativos al inicio del procedimiento disciplinario a la comunicación de la medida de expulsión, a la información sobre el derecho a solicitar reconsideración y a la notificación de la medida de expulsión. Además, que si bien se verificó que no existían medidas previas respecto del estudiante, no fue posible acreditar la existencia de medios de verificación suficientes que permitan constatar que el estudiante o su apoderada hubiesen contado con una oportunidad efectiva para formular descargos respecto a los hechos que dieron inicio al procedimiento disciplinario, ya que el documento denominado “descargos” correspondía a la etapa investigativa y en particular al relato de los hechos por parte del joven y no a una presentación formal relativa al ejercicio del derecho de defensa, razón por la cual se instruyó un procedimiento sancionatorio. En su oportunidad se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales que esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, dificulte o amague ese ejercicio. SEGUNDO: Que, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario por la recurrente, corresponde a la expulsión de su hijo del colegio recurrido, medida que estima no se ajusta a derecho y resulta además desproporcionada, por cuanto no había tenido problemas anteriores, lo cual afecta su derecho a la vida e integridad psíquica, debido proceso y a la educación.

TERCERO: Que, informando el establecimiento educacional recurrido, solicitó el rechazo del recurso, ya que la expulsión del alumno por quien se recurre se adoptó en la forma prescrita en la ley y el Reglamento de Convivencia Escolar, luego de un debido proceso que fue originado en las causales graves que ameritan dicha sanción y adoptando los resguardos necesarios al respecto.

CUARTO: Que, el artículo 6 letra d) del D.F.L. N°2 de 1998 del Ministerio de Educación, modificado por la Ley 21.128, autoriza la aplicación de medidas de expulsión o cancelación de matrícula únicamente cuando concurran causales graves expresamente previstas en el reglamento interno del establecimiento y siempre que dichas medidas sean adoptadas mediante un procedimiento racional y justo, previamente regulado, que garantice al estudiante afectado y a su apoderado el derecho a ser oídos, efectuar descargos y solicitar reconsideración de la decisión.

QUINTO: Que, de los antecedentes allegados a la causa aparece que el estudiante participó en un incidente de violencia escolar ocurrido el día 26 de marzo de 2026, antecedente cuya gravedad no puede ser minimizada y que facultaba al establecimiento recurrido para activar los protocolos disciplinarios correspondientes.

Sin embargo, aquello no exime al colegio de observar estrictamente las garantías procedimentales previstas en la legislación educacional, desde que, aun tratándose de conductas graves o gravísimas, la potestad disciplinaria de los establecimientos educacionales se encuentra limitada por los principios de legalidad, proporcionalidad y debido proceso.

SEXTO: Que, en este sentido, de los antecedentes acompañados, se advierte que la autoridad fiscalizadora revisó el procedimiento efectuado, expediente del cual se desprende como registrada una actuación bajo el rótulo “descargos”, sin embargo ella simplemente contiene la versión del estudiante de cómo ocurrieron los hechos al tiempo de los mismos, y por tanto, no consta que le haya proporcionado la oportunidad de realizar alguna presentación formal para efectuar sus descargos en el marco del procedimiento, y consecuentemente no se otorgó al estudiante o a su apoderado, la oportunidad de ejercer su derecho a defensa.

SÉPTIMO: Que, de este modo, no consta que el alumno afectado y su apoderada hubiesen contado efectivamente con una instancia previa, real y útil para ejercer su derecho a defensa antes de imponerse la máxima sanción disciplinaria contemplada en el ordenamiento escolar, limitándose el establecimiento a recopilar declaraciones de terceros y adoptar la decisión expulsiva con anterioridad a escuchar formalmente al estudiante involucrado y que éste pudiera presentar prueba de descargo.

OCTAVO: Que, la circunstancia que el establecimiento hubiere otorgado posteriormente un plazo para apelar no es más que la materialización del derecho a impugnar lo resuelto, pero en caso alguno subsana la ilegalidad ya producida, desde que las garantías del debido proceso exigen necesariamente que la audiencia, descargos y posibilidades de defensa precedan a la adopción de la decisión sancionatoria y no que sean desarrolladas una vez ejecutada ésta.

NOVENO: Que, en consecuencia, la actuación impugnada deviene ilegal, por infringir el procedimiento previsto en el artículo 6 letra d) del D.F.L. N°2 de 1998 y los principios que informan la normativa educacional vigente, afectando con ello el legítimo ejercicio del derecho a la educación del estudiante amparado, garantía que, si bien no reviste carácter absoluto, sólo puede ser restringida mediante procedimientos ajustados estrictamente a derecho.

Por consiguiente, dicha actuación vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, desde que la alumna recurrente fue sometido a una decisión disciplinaria adoptada al margen de las garantías procedimentales mínimas que el ordenamiento jurídico reconoce a todo estudiante sujeto a un procedimiento sancionatorio, configurándose así una diferenciación carente de justificación razonable respecto de otros alumnos que se encuentran en igual situación y que si han tenido la posibilidad de acceder a un debido proceso.

DÉCIMO: Que, habiéndose verificado que la actuación impugnada constituye un acto ilegal que ha perturbado el legítimo ejercicio de la garantía constitucional invocada por la recurrente, se acogerá el arbitrio impetrado en la forma que se dirá.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y lo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en favor de su hijo nombre reservado en contra del Liceo nombre reservado en cuanto se deja sin efecto la medida de expulsión aplicada al referido alumno mediante decisión de fecha 2 de abril de 2026, debiendo ser reintegrado al establecimiento, sin perjuicio que la recurrida, en el evento de reanudar el procedimiento disciplinario, deberá retrotraer el mismo al estado de conferir al alumno y a su apoderada una instancia efectiva y previa de descargos y defensa, tramitando cualquier eventual procedimiento sancionatorio con estricto apego a la normativa educacional vigente, al Reglamento Interno del establecimiento y a las garantías de un debido proceso.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Corte 960-2026 Protección.

Se deja constancia que esta sentencia reúne los presupuestos para ser anonimizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Acta 44-2020 de la Excma. Corte Suprema.